Dos años de crisis y descomposición
Por Esto
Dos años han transcurrido ya desde que Felipe Calderón usurpó el gobierno de la República y a la ilegitimidad que le dio origen ahora se añaden las cuentas negativas que entrega en todos los órdenes de la realidad, desde un preocupante y agobiante crecimiento de la inseguridad; una economía en declive con su saldo de desempleo, pobreza e inequidad; un sistema político que se hunde aún más en el descrédito y, lo más preocupante, una carencia total de un proyecto de Estado que priorice la justicia social, la soberanía nacional y una auténtica democracia.
Los signos de la descomposición del régimen político dominante son innegables, en días pasados se manifestó el descontento de diversos sectores sociales, políticos e ideológicos, incluyendo a grupos empresariales que cuestionan a la administración calderonista por no cumplir su promesa de sacar adelante las llamadas reformas estructurales, entre ellas la privatización de los energéticos, además de fallar en el terreno de la seguridad pública.
En el primer tercio del actual sexenio quedó en claro que el autollamado “presidente del empleo”, quedó en la nada, es una más de las promesas incumplidas del panista michoacano que ha colocado a México como la economía latinoamericana con una de las menores tasas de crecimiento y con un incremento, en este lapso, en el número absoluto de habitantes en pobreza, según estadísticas de organismos internacionales.
Cabe subrayar que las consecuencias de la política económica no pueden desligarse del fracaso en materia de seguridad pública, como pretenden los hombres del poder y los medios de comunicación que les hacen eco. No es con endurecimiento en los castigos ni en la “mano dura” en el combate a la delincuencia (tras las que se oculta la criminalización del movimiento social), aislándolos de los cambios de fondo en materia de producción, consumo y distribución de la riqueza (sin obviar educación, cultura, principios éticos y reivindicación de la política), como se podrá contener, disminuir y eliminar la ola de violencia criminal que nos inunda.
Existe coincidencia en denunciar que la impunidad es el elemento central que posibilita la reproducción y crecimiento exponencial del crimen. Es positivo que se cense, evalúe a fondo a los diversos cuerpos policiacos y sancione cuando sea necesario, la duda surge cuando nos preguntamos ¿quién evalúa a los que cometieron fraude electoral?, ¿quién evalúa y sanciona a los que desde el poder defraudaron a la nación con el FOBAPROA? ¿Quién evalúa y sanciona a los que defraudan a PEMEX, lo llevan a la quiebra para después privatizarla?
Recuperar la confianza en los aparatos policiacos del Estado pasa por recuperar la confianza en la clase política actual, que sumida en la mediocridad, el descrédito y la corrupción lleva a que muchos concluyan que esa tarea requiere de una verdadera renovación de la vida pública, que solamente será posible con la participación consciente, amplia y decidida de la ciudadanía y de aquellos políticos que comprenden la necesidad de poner sobre los intereses individuales los de la sociedad en su conjunto.
En tanto, el sábado marcharon miles de personas, la mayoría de ellas de sectores medios y altos de la sociedad, agraviadas por la violencia delincuencial desatada por el crimen organizado, en cuyas filas militan no pocas autoridades gubernamentales. Entre las consignas que prevalecieron destacaron las de repudio a las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Al día siguiente el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo dio muestras de que sigue con la guardia en alto en prevención de que en el Senado el PAN y el PRI pretendan aprobar la privatización de PEMEX. En el acto central de esta jornada nacional, Andrés Manuel López Obrador denunció nuevos hechos de corrupción en la paraestatal, en los que se encuentran involucrados el ex presidente Vicente Fox y el actual arrendatario de Los Pinos.
Para rematar el primero de septiembre organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores hacia la política económica, laboral y energética del calderonismo. Desde la mañana comenzó la protesta con motivo del segundo Informe de gobierno en diversos sectores y ciudades de la república.
En la Ciudad de México se llevó a cabo la manifestación más concurrida, la cual convocó a electricistas, mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, tranviarios, estudiantes, campesinos, maestros disidentes, organizaciones urbanas y sociales, que llegaron a la plancha capitalina para hacer patente que la insatisfacción social se generaliza y que existe una crisis política y social del régimen usurpador.
Dos años han transcurrido ya desde que Felipe Calderón usurpó el gobierno de la República y a la ilegitimidad que le dio origen ahora se añaden las cuentas negativas que entrega en todos los órdenes de la realidad, desde un preocupante y agobiante crecimiento de la inseguridad; una economía en declive con su saldo de desempleo, pobreza e inequidad; un sistema político que se hunde aún más en el descrédito y, lo más preocupante, una carencia total de un proyecto de Estado que priorice la justicia social, la soberanía nacional y una auténtica democracia.
Los signos de la descomposición del régimen político dominante son innegables, en días pasados se manifestó el descontento de diversos sectores sociales, políticos e ideológicos, incluyendo a grupos empresariales que cuestionan a la administración calderonista por no cumplir su promesa de sacar adelante las llamadas reformas estructurales, entre ellas la privatización de los energéticos, además de fallar en el terreno de la seguridad pública.
En el primer tercio del actual sexenio quedó en claro que el autollamado “presidente del empleo”, quedó en la nada, es una más de las promesas incumplidas del panista michoacano que ha colocado a México como la economía latinoamericana con una de las menores tasas de crecimiento y con un incremento, en este lapso, en el número absoluto de habitantes en pobreza, según estadísticas de organismos internacionales.
Cabe subrayar que las consecuencias de la política económica no pueden desligarse del fracaso en materia de seguridad pública, como pretenden los hombres del poder y los medios de comunicación que les hacen eco. No es con endurecimiento en los castigos ni en la “mano dura” en el combate a la delincuencia (tras las que se oculta la criminalización del movimiento social), aislándolos de los cambios de fondo en materia de producción, consumo y distribución de la riqueza (sin obviar educación, cultura, principios éticos y reivindicación de la política), como se podrá contener, disminuir y eliminar la ola de violencia criminal que nos inunda.
Existe coincidencia en denunciar que la impunidad es el elemento central que posibilita la reproducción y crecimiento exponencial del crimen. Es positivo que se cense, evalúe a fondo a los diversos cuerpos policiacos y sancione cuando sea necesario, la duda surge cuando nos preguntamos ¿quién evalúa a los que cometieron fraude electoral?, ¿quién evalúa y sanciona a los que desde el poder defraudaron a la nación con el FOBAPROA? ¿Quién evalúa y sanciona a los que defraudan a PEMEX, lo llevan a la quiebra para después privatizarla?
Recuperar la confianza en los aparatos policiacos del Estado pasa por recuperar la confianza en la clase política actual, que sumida en la mediocridad, el descrédito y la corrupción lleva a que muchos concluyan que esa tarea requiere de una verdadera renovación de la vida pública, que solamente será posible con la participación consciente, amplia y decidida de la ciudadanía y de aquellos políticos que comprenden la necesidad de poner sobre los intereses individuales los de la sociedad en su conjunto.
En tanto, el sábado marcharon miles de personas, la mayoría de ellas de sectores medios y altos de la sociedad, agraviadas por la violencia delincuencial desatada por el crimen organizado, en cuyas filas militan no pocas autoridades gubernamentales. Entre las consignas que prevalecieron destacaron las de repudio a las autoridades de todos los ámbitos y niveles de gobierno.
Al día siguiente el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo dio muestras de que sigue con la guardia en alto en prevención de que en el Senado el PAN y el PRI pretendan aprobar la privatización de PEMEX. En el acto central de esta jornada nacional, Andrés Manuel López Obrador denunció nuevos hechos de corrupción en la paraestatal, en los que se encuentran involucrados el ex presidente Vicente Fox y el actual arrendatario de Los Pinos.
Para rematar el primero de septiembre organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores hacia la política económica, laboral y energética del calderonismo. Desde la mañana comenzó la protesta con motivo del segundo Informe de gobierno en diversos sectores y ciudades de la república.
En la Ciudad de México se llevó a cabo la manifestación más concurrida, la cual convocó a electricistas, mineros, telefonistas, trabajadores universitarios, tranviarios, estudiantes, campesinos, maestros disidentes, organizaciones urbanas y sociales, que llegaron a la plancha capitalina para hacer patente que la insatisfacción social se generaliza y que existe una crisis política y social del régimen usurpador.
posted by H2AGUA at
3:33 p.m.
