Cosechan lo que sembraron
Revista Forum
Suscritos los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, por los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las iglesias, la mediocracia, el empresariado, el corporativismo sindical y la "sociedad civil" al gusto de Los Pinos, no tardaron en llegar las primeras respuestas.
Y no son alentadoras en lo más mínimo: 28 asesinatos cometidos por el narcotráfico el viernes 22 y 21 ejecutados el sábado 23, de ellos 14 en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras sesionaban en la capital del estado los procuradores e impartidores de justicia de todo el país.
El mensaje de los capos operativos del narcotráfico y el crimen organizado es categórico. La 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública puede emitir piezas retóricas, mostrar rostros agobiados y bocas resecas, deliberar las ocasiones que decidan, pero lo anterior no alterará los planes criminales.
Escribí capos operativos porque a los financieros y bursátiles ninguna autoridad mexicana los molesta, como recientemente documentó la estadunidense DEA. Y ésta es una clave del problema. Lo demás es campaña mediática en atosigante asenso para engatusar a mayorías manipulables, multiplicar adeptos, ganar legitimidad, distraer al país con desfiles militares -como los llamaba Arturo Solís Gómez-, inhibir el reclamo social y subordinar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a los planes geoestratégicos del Pentágono y de la Casa Blanca.
Ni siquiera los integrantes del CNSP respetan sus leyes que establecen que deben sesionar dos veces al año. Tampoco los gobernadores ejercen las partidas extraordinarias autorizadas por la Federación. La Secretaría de Hacienda las entrega cuando lo dispone el súper secretario Agustín Carstens Carstens, y ya en manos de los gobernadores los recursos federales se ejercen en 50 por ciento, al decir de Emilio González Márquez, mejor conocido por lo dadivoso que es con los recursos públicos para Juan Sandoval Íñiguez y también por los alcoholizados recordatorios en actos oficiales de las progenitoras de sus críticos. Naturalmente que con la bendición del cardenal de Jalisco.
Si a lo anterior se agrega que Roberto Campa Cifrián es el secretario ejecutivo del CNSP, por obra y gracia de los invaluables y reconocidos servicios de defraudación electoral prestados a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por Elba Esther Gordillo Morales, firmante del acuerdo junto al indiciado Carlos Romero Deschamps, entonces la cumbre de Palacio Nacional fue, en buena medida, un show mediático de pésimo gusto, montado con la siempre costosa participación del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico, reincidentes secuestradores de la información, de las concesiones y de los órganos públicos que debieran regularlos.
Es, sin hipérbole, una burla a un vigoroso reclamo que, pese a los esfuerzos de empleados y voceros de la plutocracia para manipularlo, está en vías de transformarse en hartazgo ciudadano contra la inseguridad pública, la incapacidad gubernamental para afrontarla y un macro modelo económico que durante más de un cuarto de siglo fabricó un islote de multimillonarios en un mar de marginados.
Secuestrada como a juicio de una porción de los electores fue la voluntad ciudadana el 2 de julio de 2006; plagiada la justicia para los que pueden comprarla y convertida la impunidad en carta de presentación de los poderosos, se está cosechando la terrible siembre de un modelo salvaje, excluyente y depredador.
Suscritos los 75 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, por los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las iglesias, la mediocracia, el empresariado, el corporativismo sindical y la "sociedad civil" al gusto de Los Pinos, no tardaron en llegar las primeras respuestas.
Y no son alentadoras en lo más mínimo: 28 asesinatos cometidos por el narcotráfico el viernes 22 y 21 ejecutados el sábado 23, de ellos 14 en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras sesionaban en la capital del estado los procuradores e impartidores de justicia de todo el país.
El mensaje de los capos operativos del narcotráfico y el crimen organizado es categórico. La 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública puede emitir piezas retóricas, mostrar rostros agobiados y bocas resecas, deliberar las ocasiones que decidan, pero lo anterior no alterará los planes criminales.
Escribí capos operativos porque a los financieros y bursátiles ninguna autoridad mexicana los molesta, como recientemente documentó la estadunidense DEA. Y ésta es una clave del problema. Lo demás es campaña mediática en atosigante asenso para engatusar a mayorías manipulables, multiplicar adeptos, ganar legitimidad, distraer al país con desfiles militares -como los llamaba Arturo Solís Gómez-, inhibir el reclamo social y subordinar al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a los planes geoestratégicos del Pentágono y de la Casa Blanca.
Ni siquiera los integrantes del CNSP respetan sus leyes que establecen que deben sesionar dos veces al año. Tampoco los gobernadores ejercen las partidas extraordinarias autorizadas por la Federación. La Secretaría de Hacienda las entrega cuando lo dispone el súper secretario Agustín Carstens Carstens, y ya en manos de los gobernadores los recursos federales se ejercen en 50 por ciento, al decir de Emilio González Márquez, mejor conocido por lo dadivoso que es con los recursos públicos para Juan Sandoval Íñiguez y también por los alcoholizados recordatorios en actos oficiales de las progenitoras de sus críticos. Naturalmente que con la bendición del cardenal de Jalisco.
Si a lo anterior se agrega que Roberto Campa Cifrián es el secretario ejecutivo del CNSP, por obra y gracia de los invaluables y reconocidos servicios de defraudación electoral prestados a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por Elba Esther Gordillo Morales, firmante del acuerdo junto al indiciado Carlos Romero Deschamps, entonces la cumbre de Palacio Nacional fue, en buena medida, un show mediático de pésimo gusto, montado con la siempre costosa participación del duopolio televisivo y el oligopolio radiofónico, reincidentes secuestradores de la información, de las concesiones y de los órganos públicos que debieran regularlos.
Es, sin hipérbole, una burla a un vigoroso reclamo que, pese a los esfuerzos de empleados y voceros de la plutocracia para manipularlo, está en vías de transformarse en hartazgo ciudadano contra la inseguridad pública, la incapacidad gubernamental para afrontarla y un macro modelo económico que durante más de un cuarto de siglo fabricó un islote de multimillonarios en un mar de marginados.
Secuestrada como a juicio de una porción de los electores fue la voluntad ciudadana el 2 de julio de 2006; plagiada la justicia para los que pueden comprarla y convertida la impunidad en carta de presentación de los poderosos, se está cosechando la terrible siembre de un modelo salvaje, excluyente y depredador.