¿Qué futuro?
Ricardo Andrade Jardí
Mientras “el combate” contra “el crimen organizado” sigue cobrando sus cuotas, pues en realidad no se combate a las organizaciones criminales, que se establecen desde el interior mismo de las “instituciones democráticas” (terminar con la guerra perdida contra el narcotráfico tiene una única salida: la legalización), sino que se hacen demostraciones armamentistas que buscan más presumir que hacer, el deterioro social y la inseguridad pública se acentúan frente al desgobierno usurpador que sólo destaca por el tamaño mayúsculo de sus incapacidades, sumadas a sus mediocridades e hipocresías conservadoras y trasnochadas.
Asociado a lo peor de la dinosaurio y corruptísima clase política el usurpador presume de “revoluciones educativas”, mientras el sindicato magisterial de “la maestra”, recibe los favores económicos a las costillas del trabajo honesto de cientos de ciudadanos, siempre privados de los privilegios que otros les arrebatan a nombre de las causas más “justas”. La criminalización de la protesta toma forma desde los micrófonos nauseabundos de la telecracia y los monopólicos concesionarios cobran también, como “la maestra”, el costo de sus favores, para secuestrar la opinión pública de una sociedad mayoritariamente cooptada por los dichos vociferados por los comentaristas a modo, convertidos en jueces y verdugos de toda forma de disidencia u oposición contra lo establecido, por más inmoral e ilegal que sea: “la regla es la regla”, vomitan los Alatorre y los Doriga cada noche para que nadie olvide que la impunidad y la corrupción son la única regla que debemos respetar para que nadie (de las oligarquías) se altere. “Han secuestrado el Congreso”, afirman sin empacho las imágenes de la caja idiota, mientras se olvidan del deber moral y ético que deberían tener los legisladores para defender y hacer valer la Constitución, aunque la acción amerite tomar las tribunas PUBLICAS, que no privadas, cuando las oligarquías afilan sus garras comerciales para despojar al pueblo de los recursos PUBLICOS.
Los jóvenes al Norte del país evitan el fracaso de la pobreza y aspirando al sentido de éxito del imaginario colectivo rápidamente abandonan estudios y vocaciones para ingresar a las filas del “crimen organizado” que si bien no les garantiza un promedio de vida amplio, les promete la “admiración” y el bienestar económico (ofertado por la publicidad comercial y electoral) que la realidad social y la demagogia partidista no pueden cumplirles.
La impunidad como regla de un sistema político que persigue como criminales peligrosos a estudiantes universitarios o campesinos en defensa de sus tierras, mientras solapa la desfachatez pederasta de los “góber preciosos”, de los extranjeros que usurpan puestos de seguridad nacional para enriquecer los intereses colonialistas de sus empresas familiares, o protege asesinos gobernantes a cambio de los votos legislativos que avalen las reformas anticonstitucionales con las que se pretende pagar el favor trasnacional de la imposición con la que se ha usurpado no sólo la silla presidencial, sino a la nación entera.
El debate nacional también debe abrir la discusión sobre las formas de la democracia que tendríamos que empezar a construir, pues la importada idea de la democracia representativa, en América Latina, no es más que el instrumento para otorgarle fuero a una pandilla de delincuentes que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos y sí mucho con los intereses de las oligarquías dominantes.
¿Podemos sentirnos representados por diputados plurinominales (que no fueron votados por nadie) acusados de mantener nexos con las redes empresariales de la pornografía y el abuso sexual infantil? ¿Estamos dispuestos a ser representados por senadores presuntamente ligados al narcotráfico, cada día más institucionalizado? Eso por no hablar de las y los legisladores que rayan en los límites de la estupidez y la mediocridad, que lo mismo modifican y proponen leyes, sin siquiera entender lo que leen. ¿Por qué tanto miedo a la idea de participación ciudadana en lugar de la de representatividad? ¿Será que si las decisiones las tomamos nosotros nos ira peor que ahora? O ¿Será que los privilegiados de siempre no quieren que los dejemos sin el estupendo negocio de vivir a nuestras costillas, mientras se llenan la boca de una fingida e inexistente democracia?
¿Acaso seguir por el camino de representatividad puede ofrecernos un futuro distinto al presente que tenemos? La respuesta está en el aire… pero probablemente la participación ciudadana sí.
Mientras “el combate” contra “el crimen organizado” sigue cobrando sus cuotas, pues en realidad no se combate a las organizaciones criminales, que se establecen desde el interior mismo de las “instituciones democráticas” (terminar con la guerra perdida contra el narcotráfico tiene una única salida: la legalización), sino que se hacen demostraciones armamentistas que buscan más presumir que hacer, el deterioro social y la inseguridad pública se acentúan frente al desgobierno usurpador que sólo destaca por el tamaño mayúsculo de sus incapacidades, sumadas a sus mediocridades e hipocresías conservadoras y trasnochadas.
Asociado a lo peor de la dinosaurio y corruptísima clase política el usurpador presume de “revoluciones educativas”, mientras el sindicato magisterial de “la maestra”, recibe los favores económicos a las costillas del trabajo honesto de cientos de ciudadanos, siempre privados de los privilegios que otros les arrebatan a nombre de las causas más “justas”. La criminalización de la protesta toma forma desde los micrófonos nauseabundos de la telecracia y los monopólicos concesionarios cobran también, como “la maestra”, el costo de sus favores, para secuestrar la opinión pública de una sociedad mayoritariamente cooptada por los dichos vociferados por los comentaristas a modo, convertidos en jueces y verdugos de toda forma de disidencia u oposición contra lo establecido, por más inmoral e ilegal que sea: “la regla es la regla”, vomitan los Alatorre y los Doriga cada noche para que nadie olvide que la impunidad y la corrupción son la única regla que debemos respetar para que nadie (de las oligarquías) se altere. “Han secuestrado el Congreso”, afirman sin empacho las imágenes de la caja idiota, mientras se olvidan del deber moral y ético que deberían tener los legisladores para defender y hacer valer la Constitución, aunque la acción amerite tomar las tribunas PUBLICAS, que no privadas, cuando las oligarquías afilan sus garras comerciales para despojar al pueblo de los recursos PUBLICOS.
Los jóvenes al Norte del país evitan el fracaso de la pobreza y aspirando al sentido de éxito del imaginario colectivo rápidamente abandonan estudios y vocaciones para ingresar a las filas del “crimen organizado” que si bien no les garantiza un promedio de vida amplio, les promete la “admiración” y el bienestar económico (ofertado por la publicidad comercial y electoral) que la realidad social y la demagogia partidista no pueden cumplirles.
La impunidad como regla de un sistema político que persigue como criminales peligrosos a estudiantes universitarios o campesinos en defensa de sus tierras, mientras solapa la desfachatez pederasta de los “góber preciosos”, de los extranjeros que usurpan puestos de seguridad nacional para enriquecer los intereses colonialistas de sus empresas familiares, o protege asesinos gobernantes a cambio de los votos legislativos que avalen las reformas anticonstitucionales con las que se pretende pagar el favor trasnacional de la imposición con la que se ha usurpado no sólo la silla presidencial, sino a la nación entera.
El debate nacional también debe abrir la discusión sobre las formas de la democracia que tendríamos que empezar a construir, pues la importada idea de la democracia representativa, en América Latina, no es más que el instrumento para otorgarle fuero a una pandilla de delincuentes que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de los pueblos y sí mucho con los intereses de las oligarquías dominantes.
¿Podemos sentirnos representados por diputados plurinominales (que no fueron votados por nadie) acusados de mantener nexos con las redes empresariales de la pornografía y el abuso sexual infantil? ¿Estamos dispuestos a ser representados por senadores presuntamente ligados al narcotráfico, cada día más institucionalizado? Eso por no hablar de las y los legisladores que rayan en los límites de la estupidez y la mediocridad, que lo mismo modifican y proponen leyes, sin siquiera entender lo que leen. ¿Por qué tanto miedo a la idea de participación ciudadana en lugar de la de representatividad? ¿Será que si las decisiones las tomamos nosotros nos ira peor que ahora? O ¿Será que los privilegiados de siempre no quieren que los dejemos sin el estupendo negocio de vivir a nuestras costillas, mientras se llenan la boca de una fingida e inexistente democracia?
¿Acaso seguir por el camino de representatividad puede ofrecernos un futuro distinto al presente que tenemos? La respuesta está en el aire… pero probablemente la participación ciudadana sí.