Cuán gratificante no sería…

Por Esto / María Teresa Jardí

A la Villa de rodillas, para agradecer a la Guadalupana, tendríamos que ir todos los mexicanos, si el Ejército nacional estuviera integrado por muchos generales “desesperados”, como escuchaba que decía, en un noticiero radial, el viernes por la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana presentado, como integrante, de una comisión de participación ciudadana, minimizando para no enfrentarse con el procurador ni con el gobernador, a pesar de reconocer que el general “tenía razón al denunciar que la institución procuradora de justicia y los cuerpos policiacos están infiltrados por el narcotráfico”. A pesar de que incluso reconocía que la corporación que él encabeza también está infiltrada por el narcotráfico. Minimizando la denuncia presentada por el General de División DEM y Comandante-Jefe de la Segunda Región Militar, Sergio Aponte Polito, diciendo que “el general está desesperado por la delincuencia que a todos los cuerpos policiacos atraviesa”, para no quedar mal con los otros funcionarios públicos, a pesar de reconocer la veracidad de lo contenido en la misma.

Y al escucharlo no cabía más que pensar en cuán gratificante no sería para los mexicanos un Ejército integrado por muchos generales “desesperados” por la situación que atraviesan las instituciones procuradoras y administradoras, hoy, sólo de injusticia.

Es ahí, en reconocer que se corrompieron de arriba abajo y de abajo hasta arriba, donde se encuentra el principio que, quizá, pudiera lograr el inicio de la reconstrucción del rearme ético de las instituciones elementales para que un país pueda ser considerado una República.

República que tendría que iniciar de nuevo con sólo un puñado de instituciones entre las que destacan las procuradoras y las administradoras de justicia.

En reconocer que no tenemos policía, que es lo que hace el General al presentar su denuncia, se abre una pequeña luz que, de agrandarse, quizá podría ayudarnos a pasar el oscuro túnel de la injusticia ligado a la inseguridad pública y jurídica.

Si estuvieran desesperados todos los generales --encargado que ha sido el Ejército de la lucha contra el narcotráfico-- quizá esa lucha no estaría tan perdida o al menos la situación de la policía, que no tenemos en México, cambiaría.

La única justificación válida para ordenar la salida del Ejército a la calle está en la aspiración de cambiar lo que se ha convertido en incontrolable por los poderes civiles de la nación. Claro, lo ideal es no llegar a eso y por ello las constituciones señalan el ámbito de competencia de los diversos poderes y de las instituciones que de ellos emanan. Pero aquí estamos y el paso dado por el General Aponte es un gran paso.

Si cuando se hizo público que la PGR se estaba involucrando en el problema del narcotráfico, entonces, quizá, todavía controlable, al menos en algunas vertientes como la de la venta de droga al menudeo que aquí no se daba, es decir, cuando aún no se había convertido a México, por decisión gubernamental, como se hizo, en un país de adictos, si se hubiera metido mano a la PGR en lugar de crear una comisión para encubrirla, otra sería la historia de nuestro país. No habríamos llegado al grado de impunidad que hoy nos ubica en el mundo como el país más peligroso del planeta.

Se creó la CNDH por Carlos Salinas, es claro a la luz de lo acontecido después, porque no hay mejor manera de lograr el desarme ético de las instituciones que crear instituciones, sobre las instituciones que no funcionan, para que tampoco funcionen.
La CNDH nace para tapar las quejas incontrolables contra las instancias procuradoras de injusticia. Pero como igual genera molestia, ella misma da vida a otras comisiones para que los gobernadores nombren al empleado que quieran al frente de las mismas y se tornan en gubernamentales las comisiones nacidas como estatales. Y ahora ya tendrían que crear otra comisión, sobre la CNDH, para encubrir las burradas, por decir lo menos, del enterrador de la institución del Ombudsman que declaró que una anciana fue asesinada por una gastritis.

La denuncia del General merece mucho más que el dar de baja a la directora de Control y Seguimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y las ONGs defensoras de los derechos humanos tendrían que abocarse a darle seguimiento al trato que se dé a esa denuncia, incluso porque en la contaminación policiaca está una de las franjas de mayor violación a los derechos humanos de las personas. Hay que denunciar cada violación cometida por elementos del Ejército en contra de los derechos humanos. Pero también hay que reconocer y apoyar cuando las decisiones vayan en el sentido correcto.