Exoneración a pedido

Diario Libertad / Miguel Angel Granados Chapa

El Ministerio Público Federal es lento para iniciar una averiguación previa ante la denuncia de una posible comisión de un delito. No está entre sus encomiendas efectuar una investigación a instancias de una persona que en los medios y en las Cámaras es señalada como posible autora de un ilícito, para que la exonere. Y sin embargo, en una decisión que prefigura el resultado, a unas horas de la recepción de documentos que le hizo el Secretario de Gobernación, la Procuraduría General de la República anunció que había abierto la pesquisa ministerial correspondiente.

Los legisladores del Frente Amplio Progresista que desde hace más de dos semanas conocieron parte del expediente presentado por Juan Camilo Mouriño a la PGR, debieron presentar la denuncia correspondiente. Se durmieron, deliberaron con excesiva parsimonia los pasos a dar. O quisieron participar en la gloria de exhibir al favorito del presidente Calderón, y mantuvieron hasta el día de hoy en el ámbito parlamentario la acusación contra el diputado de la LVIII legislatura que era al mismo tiempo apoderado general de un negocio familiar. La tardanza de quienes recibieron los contratos suscritos por Mouriño y Pemex de manos de Andrés Manuel López Obrador dio lugar a que el ex jefe de la Oficina de la Presidencia tomara la iniciativa ministerial.

Me pregunto si tomó la determinación después de que hace una semana recibió en su despacho de Bucareli al senador Manlio Fabio Beltrones, quien fue a darle seguridades de que en su cámara no prosperaría ninguna comisión investigadora organizada según el artículo 93 constitucional. Imagino que, en la cordialidad que suscitaba esa noticia, Beltrones aconsejara a Mouriño sobre cómo obtener ventaja de la actuación ministerial, con base en una experiencia propia. Beltrones presentó en 1998 denuncia por difamación contra Sam Dillon en México, corresponsal de The New York Times, que había dado espacio a un informe de la DEA en que el entonces Gobernador de Sonora aparecía vinculado con el narcotráfico. En rigor estricto, la acusación debió presentarse en tribunales en Nueva York, sede del diario. Pero Beltrones eligió jugar a la segura, y obtener provecho del episodio procesal.

El gobierno de Ernesto Zedillo quedó por esa denuncia preso de un grave dilema. Si la PGR iniciaba acción penal contra el representante del periódico reputado como el de mayor influencia en el mundo, jamás se borraría la imagen de represor de la libertad de expresión y cancelaría la óptima relación que mantenía y conserva con los círculos empresariales y políticos de los Estados Unidos. Pero si procedía en sentido contrario, es decir si únicamente declaraba el no ejercicio de la acción penal contra el periodista, quedaría la impresión de que su información correspondía con la verdad, en perjuicio de un alto miembros de la clase política. La cuestión quedó resuelta a favor de Dillon, a quien no se llevó a juicio, pero también en beneficio de Beltrones a quien la PGR exoneró del señalamiento en su contra, a pesar de que no había realizado investigación alguna sobre el tema. Se produjo así una exoneración a pedido del acusado.

Eso va a ocurrir con Mouriño, aun si los senadores y diputados del FAP salen de su marasmo y acuden al Ministerio Público a presentar su propia denuncia. Hasta ahora sus empeños parlamentarios han sido infructuosos. Ni siquiera en San Lázaro, donde su espacio político es mayor, lograron integrar una comisión investigadora. El asunto se aplazó hasta la semana de Pascua. Hará entonces un mes entero desde que López Obrador les solicitó hacer suya la acusación contra Mouriño.

Como lo sostuvo desde que reconoció la firma de los tres documentos difundidos por López Obrador, Mouriño se atrinchera tras criterios formales (discutibles ante la justicia) de cuya aplicación no le resulta responsabilidad legal ninguna. Supongamos que en efecto no se infringió norma jurídica ninguna. Pero salta a la vista que la dualidad de personalidades con la que actuó en ese caso no es defendible desde el punto de vista ético. El propio Mouriño parece tener conciencia de que así es. Por eso ha transitado desde negar por entero estar involucrado en esos hechos hasta reconocerlos parcial y sucesivamente. Si en su fuero interno tuviera claridad sobre las implicaciones morales de su actuación, habría hecho el 25 de febrero lo que hizo el 11 se marzo. Sólo cuando las circunstancias lo han forzado acudió a una instancia formal, de la que sin duda espera la exoneración respectiva, como corresponde al espíritu de cuerpo que impregna a un equipo de gobierno.

No es exagerado conjeturar que cuando el joven diputado Mouriño acudía a Pemex a firmar los contratos que descubrió López Obrador, no era recibido como uno más de los cientos de contrastistas de transporte que trabajan para Pemex. La sola entrega de su tarjeta de presentación sin duda le abría puertas que a otros proveedores se les mantenían cerradas. Por eso, y no sólo por ahorrarse el sueldo de un profesional que representara al grupo Mouriño, siguió siendo apoderado general de uno de los negocios familiares. En un foro sobre la condición ética de los legisladores que litigan, una joven abogada señaló a Fauzi Hamdan la diferente respuesta que obtendría ella misma de un funcionario a quien le solicitara una cita que si el peticionario fuera el senador Hamdan. Así ocurría con Mouriño, presidente de la Comisión de Energía, o asesor del secretario del ramo.