¿Estorba Mouriño a FeCAL?

Rumbo de México

Juan Camilo Mouriño Terrazo, Secretario de Gobernación, no ha logrado sustraerse del conflicto mediático que le construyó Manuel Andrés López Obrador y que pareciera comienza a preocupar hondamente al inquilino de Los Pinos. Por ahora los servicios de inteligencia han logrado dar con la identidad del infidente, Senador de la República por cierto, a quien muchos miembros de su partido han retirado el habla y al cual seguramente le aparecerá una dolencia y se verá obligado a solicitar licencia. Esto no será inmediato, y en consecuencia el nombre del autor del desaguisado lo habremos de conocer después de algunos meses, pero el fuego amigo provino de una corriente inconforme con los movimientos realizados en el gabinete por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

Ante la poca efectividad de la estrategia empleada por el directo afectado la semana pasada donde recorrió los espacios más importantes del cuadrante radiofónico y televisivo, y antes que el señor López de a conocer algún otro documento incriminatorio, es importante descalificar el hecho de que los perredistas no quieran acudir a la instancia investigadora para aclarar el escándalo, sabedores de que mientras mantengan el litigio en los medios de comunicación el desprestigio al que será sometido el señor Mouriño tendrá mayores efectos en el ánimo ciudadano. Eso explica que el Presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, Benjamín González Roaro, haya señalado que las acusaciones no son más que una estrategia distractora del PRD para atacar políticamente al funcionario.

Intentando lavar su “oficioso” silencio la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional votó ayer a favor de la creación especial para investigar a Juan Camilo Mouriño Terrazo, después de aceptar que el apoyo que le manifestaron les estaba acarreando una mala imagen mediática al ser considerados como “tapaderas” del funcionario. Mientras tanto en el Senado de la República enviaron la discusión hasta después del período vacacional de Semana Santa para decidir si se crea una comisión similar, a la vez que tanto PRI como PAN señalaron que están de acuerdo en que se investiguen y transparenten los contratos petroleros firmados por el Secretario de Gobernación, pero juzgan que no es la colegisladora la instancia adecuada y citaron a la Procuraduría General de la República. De cualquier forma se creará un grupo de expertos que analizarán la documentación entregada por Carlos Navarrete, que contiene presuntas pruebas sobre el tráfico de influencias.

Intentando adelantarse a todos los hechos a que me he referido, Juan Camilo Mouriño informó la tarde de ayer que envió a la PGR, a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de gobierno del Congreso de la unión los expedientes con los contratos que firmó como representante legal de la empresa Ivancar con Petróleos Mexicanos, con el propósito de facilitar las investigaciones y deliberaciones sobre la denuncia por supuesto conflicto de intereses presentada por López Obrador. Mientras tanto bien haría Juan Camilo Mouriño en seguir adelante con la intensa agenda que por razones de su encargo tiene como Secretario de Gobernación, pues este escándalo mediático no puede por ningún motivo paralizar las actividades del Estado Mexicano.

Desde luego que los hechos que se han sucedido en los últimos días deben preocupar al Primer Mandatario, máxime que se involucra al segundo hombre en importancia del país, pero no por ello se le tiene que condicionar su presencia en la mesa en el caso de la realización de las negociaciones en torno a la Reforma Energética, porque un linchamiento en medios como siempre lo ha acostumbrado el perredismo para entrar en una fase de ganar ganar en las negociaciones en que participa, no es el resultado de lo que mandatan las leyes. Insito, esa fue la tónica del gobierno de López Obrador en la Capital de la República para deshacerse de sus potenciales enemigos. Si mal no recuerdo, en el caso de la lideresa de Ambulantes, Alejandra Barrios, primero se le juzgó en los medios buscando que la percepción pública la condenara antes de ser sometida a un juicio, y cuando llegó ante la justicia, se le exoneró por la carencia de pruebas. Esta es la pena de infamia que prohíbe la Constitución, pero es elemento fundamental de la estrategia mediática del perredismo.

Lo mismo ocurre con Juan Camilo Moriño, y de resultar el linchamiento habrán logrado su propósito, y de dejarlo caer el Presidente de la República estará sellando su propio destino porque el siguiente puede ser él. Pémex tiene contratos con grupos de intereses heredados del sexenio pasado, y uno de ellos es Oceanografía, quien contaba como sus cabilderos a los hermanos Bribiesca y cuyos activos no valen mucho pero sus contratos resultan estratosféricos. Me parece que ocho pipas que transportan combustible no tienen comparación con barcos que presuntamente trasladaban cientos de miles de barriles de crudo, y que después eran cobrados dobles. Así de simple era el negocio de los anteriores funcionarios de la paraestatal. No quiero culpar a Juan Camilo antes de conocer las pruebas de ambos lados, pero me parece que las leyes mexicanas tutelan la inocencia de los acusados hasta que no se demuestre lo contrario, pero una campaña mediática busca linchar, aunque después poco importa si se es culpable o inocente. Al tiempo.