Las andanzas del gallego orejón por tierras Mexicanas 7

Juan Caído Mouriño

México, D.F., 11 de marzo (apro).- El implacable humor en los círculos políticos mexicanos ya le encontró un nuevo sobrenombre al titular de Gobernación: Juan Caído Mouriño. Su caída resulta espectacular y cada vez es menos metafórica. Mientras más se defiende al frente de la dependencia clave en la política interna, Juan Camilo Mouriño se hunde más en una espiral que alcanza ya a su propio jefe, el presidente Felipe Calderón.

Para otros observadores, Iván el Terrible, como gusta Mouriño que le llamen sus amigos, se ha convertido a ojos de la picaresca mexicana en Iván el Risible. Sus desafortunadas participaciones en medios de comunicación para “aclarar” las acusaciones que en su contra ha ido dosificando hábilmente Andrés Manuel López Obrador y los coordinadores legislativos del Frenta Amplio Progresista (FAP), sólo han resultado tranquilizadoras para sus oponentes.

Este martes, Mouriño abrió un nuevo frente al entregarle a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública un legajo de documentos sobre siete contratos que él firmó entre sus empresas y Petróleos Mexicanos. Tuvo el buen tino de aclarar que “no hay más” contratos que él haya firmado para favorecer a sus compañías, cuando es obvio que con un solo contrato se puede acreditar el tráfico de influencias y el abierto conflicto de interés que tiene el joven nacido en España.

Con un candor que vuelve a rayar en el cinismo, Mouriño, responsable de velar por la legalidad y el estado de derecho en el país, afirmó que nunca ha utilizado los cargos públicos para beneficiarse. Quizá se le ocurra declarar después que en retribución a los “sacrificios” que implicó dejar los baluartes campechanos y la brisa de Ciudad del Carmen para dedicarse al servicio público, se dedicó a asegurar el futuro patrimonio familiar con sendos contratos que rebasan los 39 millones de pesos.

El problema fundamental para Mouriño consiste en que mientras más insista en quedarse al frente de la Secretaría de Gobernación, sus errores, mentiras y enredos se harán más visibles y su efecto negativo escalará hasta la propia oficina presidencial.

Desde que Mouriño abandonó el papel de enigmático y hasta mítico “súper asesor” presidencial perdió el aura de misterio para adquirir un aire de jactancia derrotada ante los hechos y los documentos donde estampó su firma. Por muchas entrevistas amables que se le hagan en Televisa, en horarios estelares, su credibilidad ha sido dañada de manera irreparable.

Los mercadólogos políticos del calderonismo quisieron vender la figura de Mouriño como la de un delfín político, un precandidato presidencial aventajado, pero en menos de un mes pasó a ser algo más similar a un coyote de altos vuelos. Pretendió operar como el José Córdoba Montoya, el famoso “vicepresidente de facto” en el sexenio de Carlos Salinas, para transformarse en una mala réplica de Esteban Moctezuma, el efímero delfín de Ernesto Zedillo.

Sus seguidores advirtieron que “ahora sí”, existiría al frente de la Secretaría de Gobernación un auténtico “operador político”, con vínculo directo con el presidente de la República para sacar adelante las reformas más complicadas del sexenio, en especial, la energética.

Sin embargo, Mouriño se hundió más temprano que tarde en las aguas profundas del tráfico de influencias y de una corrupción confesa y documentada. De operador estrella se ha convertido en pasivo político para el gobierno panista.

¿Cómo podrá operar desde la Secretaría de Gobernación alguien que representa ya para la opinión pública todo lo contrario al eslogan de “las manos limpias”?

Los delitos y la confesión

México, D.F., 10 de marzo (apro).- Juan Camilo Mouriño Terrazo, al reconocer públicamente la veracidad de los contratos que su empresa familiar Ivancar estableció con Pemex-Refinación, aportó indicios suficientes para que sea juzgado por la violación de diversos delitos, entre ellos el “uso indebido de atribuciones y facultades”, pues contrató servicios al gobierno mientras se desempeñaba como funcionario de la Secretaría de Energía (Sener).

Pablo Casas Lías, abogado especialista en derecho penal y administrativo, llegó a esas conclusiones tras analizar los contratos entre Pemex-Refinación y Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V, que el actual secretario de Gobernación firmó como apoderado legal de la empresa de su familia.

Lo importante, aclara, no es determinar si su conducta en los contratos fue “legal y ética”, como aseguró Juan Camilo Mouriño al acudir al noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa la noche del jueves 6, sino que “aceptó la veracidad de los documentos y, además, que quien firmó los contratos como responsable de la empresa es a la vez un servidor público y como tal está impedido. Al hacerlo violó disposiciones administrativas y penales por las cuales debe ser juzgado”.

Consultado aparte, Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación, explica que “el reconocimiento de la existencia de los contratos es un indicio o supuesto tal que hace susceptible de análisis político a las cámaras (de Diputados y Senadores) para ver si van a sujetar al funcionario a la justicia federal, es decir, para que un juez determine si hay delito. Pero antes tiene que darse un desafuero”.

Pulcro en su declaración, Reyes Orona precisa: “La responsabilidad de las cámaras es tramitar y desahogar el proceso previsto en el artículo 110 de la Constitución (juicio político), a efecto de verificar si el funcionario contratante involucrado ha incurrido o no en responsabilidad penal o administrativa. El punto es que el requisito previo es quitarle la protección constitucional al funcionario involucrado (Juan Camilo Mouriño). La autoridad judicial es la que tiene que decir si fue indebido o no, y para eso se le debe quitar la protección constitucional”.

En una analogía, ejemplifica, se trataría de un caso similar al de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le desaforó por el caso de El Encino.

El fundador de Casa Lías Abogados, fue asesor de la segunda comisión investigadora que se formó en la Cámara de Diputados para investigar el presunto tráfico de influencias de los Bribiesca Sahagún.

En el caso de Mouriño, coincide en que hay indicios suficientes para que las cámaras lo sometan a juicio político.

Aunque puntualiza que es un juez quien debe determinarlo, desde su punto de vista incurrió en varios delitos como el “ejercicio indebido de atribuciones y facultades”.

Para sustentar su declaración se remite al Código Penal Federal, que en su artículo 217, fracción 1, inciso D, establece: “Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor que indebidamente otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económico públicos”.

Además está la fracción II, la cual señala que incurre en el uso indebido de atribuciones “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las mismas”.

De acuerdo con ese mismo artículo, cuando el monto de la operación exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, “se impondrá de dos años a 12 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Y en este caso está Mouriño, dice Casas.

Incluso, afirma, el secretario de Gobernación también incurrió en una falta al artículo 220 del mismo código, que define el “ejercicio abusivo de funciones”:

“Mouriño cae en el supuesto de la fracción I, que dice: ‘El servidor público que en el desempeño de su empleo o cargo o comisión, indebidamente… efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte...”

Servidor público y contratista

El 16 de febrero pasado, Ana Lilia Pérez publicó en la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo, 10 contratos que Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. firmó con Pemex-Refinación entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004.

El domingo 24 Andrés Manuel López Obrador entregó a los legisladores que forman parte del Frente Amplio Progresista (FAP) un expediente con los contratos firmados por Mouriño. Cuatro días después el periódico El Universal publicó con detalles los documentos entregados a los coordinadores legislativos del PRD. Y en una primera declaración, el secretario de Gobernación dijo en Los Cabos, el 29 de febrero, que López Obrador, su acusador, era “mezquino y doloso”.

El pasado jueves 6, el secretario de Gobernación reconoció la existencia de dichos contratos, en los cuales él firma en su calidad de “apoderado legal” de la empresa familiar Ivancar.

De 1997 a 2000, Mouriño fue diputado local en el estado de Campeche; de 2000 a 2003 fue diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; y del 16 de octubre de 2003 al 24 de marzo de 2004 fue “director general” en la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; su jefe era el secretario Felipe Calderón Hinojosa. Del 24 de marzo al 30 de septiembre de 2004, Mouriño se desempeñó como subsecretario de Electricidad en la misma dependencia.

Todos estos datos fueron aportados por él en sus declaraciones patrimoniales, que aparecen en la página electrónica de la Secretaría de la Función Pública.

El abogado Casas Lías explica que en el artículo 108 constitucional, título cuarto, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, “se considera como tales a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal”.

Eso significa que desde 1997 Juan Camilo Mouriño Terrazo ha sido funcionario público.

Y como se aprecia en el “convenio de prestación de servicios de transporte terrestre por autotanque para la aplicación de transporte dedicado” número GTT-00142-01/2004 –firmado el 29 de diciembre de 2003 y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004–, Mouriño era “apoderado general” de Transportes Especializados Ivancar al mismo tiempo que “director general” en una subsecretaría de la Sener.

En todos los convenios firmados entre Ivancar y Pemex-Refinación aparece una declaración donde se establece que Juan Camilo Mouriño acreditó tener la personalidad jurídica desde 1998:

Acredita la personalidad y facultades del Sr. Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su carácter de apoderado general, según testimonio de la escritura pública número 51, de fecha 7 de agosto de 1998, otorgada ante la fe Lic. Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, Notario Público número 18 en Cd. de Campeche, Camp.; este testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fojas 111 a 113 del tomo L-B libro III, 2 Auxiliar bajo el número 9,791, en Campeche, Camp. el 10 de agosto de 1998, manifestando bajo formal protesta de decir verdad que dicho mandato no le ha sido revocado ni modificado o limitado en forma alguna.

Para el abogado Casas Lías está claro que Camilo Mouriño ocupaba en esa época el cargo de apoderado legal y de servidor público a la vez.

Al firmar los convenios, añade, el funcionario no sólo violó el Código Penal Federal, sino también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 47 les impone la obligación de “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.

También violentó las fracciones I, XIII, XIV XVI y XVIII del mismo artículo. La primera de ellas obliga a todo servidor público a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo”.

La fracción XIII dice que los servidores “deben excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas formen o hayan formado parte”.

Y la fracción XVI dice que el servidor público debe “desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sea para él o las personas a las que se refiere la fracción XIII”.

Casas Lías se detiene en la fracción XIV y la considera de suma importancia, ya que involucra también a Felipe Calderón, que cuando se firmó el referido convenio era jefe de Mouriño, ya que era titular de la Sener.

Ahí se indica que el involucrado, en este caso Mouriño Terrazo, debe “informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción (XIII) y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos”.

Explica que, al no rechazar el contrato por su condición de servidor público y contratista a la vez, Mouriño debió haberle informado a Felipe Calderón sobre la violación en que incurría. Calderón debió estar a tanto de sus actos. Sin embargo, en la entrevista que dio el jueves 6 a Joaquín López Dóriga, el secretario de Gobernación dijo que Calderón no tuvo conocimiento a detalle de su participación.

Justificación amañada

En los mismos convenios, Juan Camilo Mouriño manifiesta en la cláusula 11.7, “bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

Pero en esto mintió, según Casas Lías. Dicho artículo señala que se abstendrán de celebrar contratos las siguientes personas:

Fracción 1: “Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas en que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes… o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.

Al declarar que no se encuentra en ningún supuesto del artículo 50, dice el abogado, el secretario de Gobernación tenía pleno conocimiento de que no debía participar en forma alguna en la formalización de dichos documentos. No obstante, lo hizo.

La situación se agrava porque todos los contratos entre la empresa familiar de Mouriño y Pemex-Refinación, en los que él firma como apoderado legal de Ivancar, fueron adjudicados de manera directa.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que todas las adjudicaciones serán por “regla general” a través de licitaciones públicas, pero en casos excepcionales se harán de manera directa. Y fija una serie de condiciones para que ello suceda.

En los convenios, la subsidiaria de Pemex justifica la adjudicación directa en el artículo 41, fracción III, que se refiere a casos en que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados”.

El abogado Casas Lías considera que “sería interesante saber cómo se justificó debidamente que provocaría pérdidas o costos adicionales a Pemex-Refinación si no se suscribieran los convenios con Ivancar, pues existe la Asociación de Transportistas al Servicio de Pemex, Clientes o Empresas Sustitutos A.C., que tienen más de 140 empresas que han dado ese servicio a la paraestatal”.

Adicionalmente, las adjudicaciones directas se justificaron, “según se desprende de la declaración 1.4 correspondiente a Pemex-Refinación, en un supuesto no previsto en la ley, como lo fue: ‘partiendo de la necesidad de Pemex-Refinación de cumplir con los programas normales y extraordinarios de transporte de productos de autotanque, coadyuvando en el abasto de productos en todo el territorio nacional”.

La ley no marca ese supuesto como justificación para la adjudicación directa, refiere el abogado.

Complicidad

Los delitos penales y administrativos en que según el abogado Pablo Casas incurrió el secretario de Gobernación, involucran también a César Nava, actual secretario particular del presidente Felipe Calderón.

Nava se desempeñó de octubre de 2001 a octubre de 2003 como abogado general de Pemex. Entre sus funciones estaba la labor de supervisión y por lo tanto “él debió verificar que en los contratos no se violaba ninguna ley”.

En el mismo caso de complicidad incurrió otro integrante del grupo compacto de Calderón: Manuel Minjares, quien durante la época en que se firmó el último convenio, el 29 de diciembre de 2003, era el oficial mayor de la Secretaría de Energía y tenía la responsabilidad de “verificar y realizar toda la contratación de bienes y servicios”, como lo establecen sus funciones, publicadas en la página electrónica de la secretaría.

Al igual que el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, Casas Lías considera que existen elementos suficientes para presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, a la que el artículo 79 de la Constitución faculta para “investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el egreso, manejo y aplicación de fondos y recursos federales”.

Los convenios como objeto material son legales. Cualquier persona puede celebrar un contrato, el problema es el impedimento: que el contratista y el servidor público sean una misma persona. Entonces el contrato se convierte en indebido, porque quien interviene viola algunos preceptos, resume Casas.

Calderón: El autismo del cómplice

México, D.F., 10 de marzo (apro).- Durante dos semanas, exactamente quince días a partir del 24 de febrero y hasta este martes 10, Felipe Calderón ha guardo silencio sobre las conductas confesas y constitutivas de delitos derivadas de la entrega de contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la empresa Ivancar, S.A. de C.V., propiedad de Juan Camilo Mouriño Terrazo, el futuro exsecretario de Gobernación.

El mismo día en que Andrés Manuel López Obrador acusó a Mouriño de ser un traficante de influencias y adelantó que presentaría documentos para probarlo, el domingo 24 de febrero, Calderón se hallaba en Iguala, Guerrero, en una ceremonia con motivo del Día de la Bandera, resguardado por un impresionante aparato de seguridad, muy mayor al que se vio, más tarde, cuando fue recibido como uno de los suyos en la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Pero desde ese día, el autismo de Calderón sobre el escándalo del empresario Mouriño --que ha desesperado hasta a los habituales amanuenses del poder-- ha sido manifiesto.

El martes fue a San Luis Potosí y se reunió con empresarios de México y Estados Unidos. El miércoles apenas salió de Los Pinos, donde encabezó dos actos públicos, y por la noche inauguró una exposición en el Museo de Antropología.

El jueves estuvo en Querétaro, y fue durante esa gira que Mouriño se refirió, por primera vez, a los contratos de Pemex que firmó como apoderado legal de Ivancar, S.A., siendo ya diputado federal y funcionarios de la Secretaría de Energía, ambos tendiendo como jefe a… Felipe Calderón.

Pero éste siguió mudo sobre un asunto que involucra no sólo al principal funcionario de su gobierno, sino a su delfín, quien precisamente la víspera de su fallida defensa desde Los Cabos, Baja California, bebió hasta muy tarde su bebida favorita, ron Matusalem, que explica por qué tenía barba crecida y vestía el mismo saco al día siguiente.

El silencio de Calderón se mantuvo toda la semana, cuando ya era escándalo nacional, y aun el viernes 29, cuando se reunió con los gobernadores de la Conago en Campeche, justamente donde Mouriño y su clan instalaron el Grupo Energético del Sureste (GES), del que Ivancar, S.A. de C.V., es sólo una de las 80 empresas que lo integran y que se llamó así en honor al apelativo con el que los amigos y cómplices se refieren al funcionario: Iván.

El sábado 1 y el domingo 2 de marzo Calderón descansó --¡nomás eso faltaba!-- y aguantó pronunciarse sobre el escándalo de Mouriño otro día y medio: El lunes, por la mañana, se congració con la iniciativa privada dándole los subsidios a los que es tan afecto --eso no es populismo-- y por la tarde dio el arranque de la colecta de la Cruz Roja.

Antes de irse a una gira de toda la semana, primero a Centroamérica y luego a Dominicana, se reunió con empresarios de Canacintra y puso en marcha el operativo de Semana Santa. Y regresó a México, el fin de semana, para seguir en el limbo.

El mutismo de Calderón es, sin embargo, muy elocuente. Tantas oportunidades para emitir una posición sobre un asunto tan delicado, que en cualquier democracia habría ya implicado una recomposición del gobierno, sólo obedece a un ánimo de encubrimiento.

En efecto, Calderón colocó a Mouriño como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y por tanto es cómplice de las conductas ilegales y antiéticas que cometió para favorecer a las empresas de su propiedad, de las que se separó --según él mismo reconoció-- sólo hasta que ingresó a la Secretaría de Energía, en octubre del 2003.

Calderón fue jefe de Mouriño en esa secretaría cuando se asignaron otros contratos de Pemex, cuyo abogado general era César Nava Vázquez, actual secretario particular de Calderón, quien precisamente era… presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.

Hay un dato exquisito: El funcionario que en representación de César Nava Vázquez hizo la revisión jurídica para el contrato de Pemex a Ivancar, S.A. de C.V., y cuya firma aparece al lado de Mouriño, es José Antonio Prado Carranza, amigo y compañero de la Universidad Panamericana de… César Nava.

(Dicho sea de paso, ahora Prado Carranza es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, cuyo sindicato ha emplazado a huelga. Se trata del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al que, apenas este sábado, Mouriño identificó como un gremio con grandes “privilegios laborales” y que sostiene un “falso sentido nacionalista”. Sí, ya se sabe que murió Marx y se vino abajo el Muro del Berlín, pero los sindicatos, antes y después de esos acontecimientos, tenían y tienen un objetivo, si es que no se niegan a sí mismos: Luchar por mejores condiciones salariales y de vida de sus agremiados. Y lo del falso sentido nacionalista, queda mejor en el caso de Mouriño, confusa su auténtica nacionalidad.)

El silencio de Calderón es, entonces, un recurso para ganar tiempo y liquidar el escándalo: Ha comenzado ya, y se hará más evidente en unos días, la estrategia de desaparecer de los medios el tema –particularmente de la radio y la televisión-- y sustituirlo por cualquier cosa, sobre todo la urgencia de “sacar el tesoro de aguas profundas”.

En ése, como en cualquier otro asunto que tienen que ver con la corrupción y la impunidad, el PAN cuenta con un socio: El priismo en cualquiera de sus expresiones. Beatriz Paredes, Mario Marín, Ulises Ruiz, Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones. Da lo mismo, porque cobran igual.

Por eso el sonsonete de Germán Martínez de discutir los grandes temas, como la reforma energética y evadir el tráfico de influencias… en el sector energético. Como si fueran cosas separadas.

Apuntes

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) puede constituirse en un gran apoyo para Calderón y Mouriño, así como para toda la derecha: Dar, el próximo domingo, el espectáculo esperado de trinquetes que ahogue, además, las acciones contra la privatización de Pemex el próximo 18 de marzo, cuando se conmemorará otro aniversario de la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas, cuyo hijo no ve intentos de privatización por ningún lado.

Sólo fueron siete contratos, alega Mouriño Terrazo

México, D.F., 11 de marzo (apro).- “Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones de secretario de Gobernación”, afirmó hoy Juan Camilo Mouriño, quien aseguró que, de diciembre del 2000 a enero de 2004, solamente firmó siete contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) en su doble condición de servidor público y apoderado legal de la empresa familiar Ivancar SA de CV.

Sin embargo, el funcionario federal insistió en que no cometió ningún delito ni se benefició económicamente él o su familia, por lo que anunció que envió el expediente de su caso a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) --que jerárquicamente dependen del titular de Gobernación--, así como a los órganos de gobierno de las dos cámaras del Congreso de la Unión “para facilitar sus deliberaciones”.

“Este expediente contiene los documentos que acreditan la legalidad de todos mis actos. Cumplo así con mi deber y también con mi convicción, como servidor público y como ciudadano, de actuar con toda transparencia frente a la sociedad”, expuso Mouriño, quien más tarde comió en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón.

En una nueva campaña de defensa después del escándalo que detonó el 24 de febrero, cuando el líder opositor Andrés Manuel López Obrador lo acusó de tráfico de influencias y después exhibió documentos para acreditar su denuncia, Mouriño Terrazo apareció hoy ante los medios, en un encuentro que se retrasó casi dos horas y en el que sólo admitió dos preguntas.

Ahí, Mouriño anunció que envió el expediente a la PGR --que anoche confirmó haberlo recibido--, y a la SFP, así como a los órganos de gobierno de las cámaras de Diputados y Senadores.

La propia PGR informó este martes en un boletín que ya recibió el expediente y “ha iniciado una averiguación previa para esclarecer dichos hechos y determinar lo que en derecho corresponda”.

Más adelante Mouriño insistió en que sólo fueron siete los contratos que firmó, el mismo número que hasta ayer fue dado a conocer por López Obrador.

“Aclaro terminantemente que no hay más contratos en los que yo haya participado, en momento alguno de mi vida, como apoderado legal de la empresa Transportes Especializados Ivancar SA” (TEISA), aseguró el funcionario, quien reiteró que la firma de los convenios se apegó al marco legal, aunque ahora evitó aludir a cualquier consideración ética.

Mouriño dijo que sus acusadores no han acudido a las instancias para presentar denuncias en su contra, y por ello él mismo decidió enviar el expediente a la PGR y a la SFP, así como a las cámaras del Congreso de la Unión que en estos momentos deliberan si crean una comisión especial para investigarlo.

Mouriño explicó que Ivancar se fundó en 1985 --“cuando yo tenía 14 años”—y, entre 1985 y 1993, recibió contratos de Pemex, hasta que este último año se firmó un “contrato marco” entre la paraestatal y la Cámara Nacional del Autotransporte (Canacar), así como con la Asociación de Transportistas, sobre la adjudicación directa de contratos.

“En el año de 1998, bajo los términos del contrato-marco, Pemex-Refinación solicitó la celebración de contratos individuales con cada una de las empresas transportistas afiliadas a la Canacar, entre ellas TEISA”, y las condiciones fueron semejantes para todas las empresas.

“Todos los contratos que Pemex-Refinación ha celebrado con los transportistas han sido asignados directamente por acuerdo del Comité de Adquisiciones de la paraestatal y validados por la Secretaría de la Función Pública”, insistió Mouriño, quien aseguró que todos estos convenios se firman bajo los mismos términos y las mismas condiciones para los afiliados de la Canacar.

“Es decir, todas las empresas transportistas que contratan con Pemex-Refinación firman el mismo contrato modelo y se sujetan al mismo precio. En efecto, las tarifas establecidas para la prestación de estos servicios son las mismas para todos los transportistas, ya que están determinadas por un Comité de Precios integrado por diversas dependencias del gobierno federal.”

Así, insistió, Ivancar no podría haber obtenido privilegio alguno con motivo de la firma de estos contratos.

“Mi paso por la Cámara de Diputados y por la Secretaría de Energía tampoco significó beneficio alguno para la empresa. Ninguno de los siete contratos celebrados por TEISA, cuando yo era su representante, viola las leyes aplicables.”

Mouriño Terrazo aceptó responder sólo dos preguntas y una de ellas fue si se separaría del cargo para dar paso a una investigación imparcial y no ser un lastre para el gobierno de Calderón Hinojosa.

Respondió: “Por supuesto que puedo y sigo adelante en mis funciones como secretario de Gobernación. Los problemas de México, he dicho, son los mismos que existían antes de que todo esto iniciase. Y la responsabilidad que tenemos de resolverlos y la determinación que tenemos de hacerlo, la convicción con la que trabajamos sigue siendo la misma.

“Nosotros seguimos en comunicación constante con actores políticos y sociales de las diversas fuerzas políticas en este país y seguimos haciendo el trabajo que al secretario de Gobernación le corresponde, y por supuesto que sigo trabajando firme y hacia delante en el proyecto del presidente y en el proyecto de México.”

A la otra pregunta, de si el gobierno había ya detectado el origen de los documentos dados a conocer por López Obrador --aunque previamente habían sido publicados por la revista Contralínea--, Mouriño respondió que se trata de documentos públicos.

“Entonces, yo no tengo por qué llegar a conclusiones de dónde surge la información. La única afirmación que yo hago es que es información pública, transparente, legal y que está al acceso de cualquier mexicano que quiera solicitarla por la vía que nos hemos dado los propios mexicanos, que es precisamente por la vía de transparencia.”