Vaya con el gallego orejón si que se ha enriquecido a costa del pueblo de México
Puerto gratis a Repsol para que venda gas licuado a CFE
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Mouriño debe aclarar si firmó contratos: AMLO
* Calderón está en sociedad con el secretario, sostiene
* Los acuerdos con el gobierno favorecieron intereses familiares, afirma
* Insiste en luchar en defensa de Pemex
Jala, Nay., 28 de febrero. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, tendrá que responder si firmó contratos con el gobierno para favorecer los intereses de su familia cuando se desempeñó como diputado federal y subsecretario de Energía, demandó Andrés Manuel López Obrador.
Al recorrer municipios de la sierra y el centro de la entidad, el “presidente legítimo” pidió a los ciudadanos no transigir ante el intento del gobierno de Felipe Calderón de entregar las riquezas naturales, propiedad de la nación, a los intereses del capital privado nacional y extranjero.
Acusó a Calderón Hinojosa de conformar sociedad con Mouriño. “¡Que no se apague la llama de la esperanza! Somos millones. Y a la indolencia y a la indiferencia no debemos otorgarle nada. Les pido que nos inconformemos, que luchemos; si no nos levantamos nos van a reclamar nuestros hijos por qué no actuamos cuando se estaban acabando el país”.
Al entrar en la segunda etapa de recorridos por todos los municipios del país –que pretende culminar a finales del año–, López Obrador emprendió una crítica contra los sectores gubernamental y empresarial, que ambicionan desmesuradamente, dijo, hacerse de la propiedad de las riquezas naturales.
Ante centenares de mujeres, hombres, jóvenes y niños congregados en cada uno de los mítines que realizó en seis poblaciones, reconoció que si no ha ocurrido un estallido social se debe a la madurez y conciencia del pueblo, a pesar de que “estos usurpadores quieren regresar el petróleo a los extranjeros; desean volver al porfiriato y que acabemos como esclavos en nuestra propia tierra”.
Después de remontar la sierra que lo condujo a Amatlán de Cañas, el tabasqueño llegó a Ahuacatlán, donde reclamó la escasez de resultados de la administración federal en beneficio de la mayoría. “Qué ha hecho el pelele Calderón en un año y dos meses. ¡No ha hecho nada bueno! Incrementó los precios de los artículos de primera necesidad, del maíz, de las tortillas, de la leche. ¿Qué otra cosa ha hecho? Aumentar los impuestos, y ahora quieren quedarse con el petróleo. Ya acabaron con el patrimonio nacional, entregaron los bancos, los ferrocarriles, la industria energética, Telmex”.
Con ironía, reclamó directamente al propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, el derecho de réplica ante las constantes críticas a su postura y su proyecto de modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Estoy esperando la repuesta de Emilio Azcárraga a una carta que le envié. En el programa de Carlos Loret ya permitieron que se expresara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida y Georgina Kessel. No es posible que Televisa le sirva a la derecha, y estoy seguro que me van a dar el derecho de réplica”.
La atención de las personas que acudieron a los mítines de López Obrador se centró en el tema de la probable privatización de ramas productivas de Pemex.
“Voy a seguir conduciendo este movimiento con firmeza y responsabilidad. Son momentos de definición. Si se salen con la suya estos vendepatrias vamos a sufrir mucho. ¡Que no entreguen el petróleo a manos privadas, porque es propiedad de la nación”.
Se refirió al titular de Gobernación e incluyó en el tema energético a Felipe Calderón y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub. “Estamos haciendo la denuncia de que Juan Camilo Mouriño con su jefe, el pelele, y el director de la CFE, están metidos en negocios. Que el secretario de Gobernación diga si firmó contratos que beneficiaron a su familia cuando fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subsecretario de Energía y asesor de Calderón.
“Hoy dice que no. Lo único que pedimos es que haga una declaración de cuándo firmó los contratos, que responda que no tiene nada que ver. Pero quién sabe quién le va a creer, yo ando buscando un tonto que se lo crea”.
En Jala, donde el despoblamiento por la migración a Estados Unidos es patente, como en muchas regiones de Nayarit, cuestionó por qué los contratos autorizados para beneficiar a la familia Mouriño se entregaron sin licitación, y el beneficio redundó con la figura de adjudicación directa. “Eso es lo que tiene que aclarar, y no si va a enviar documentos. ¡No hay justificación para privatizar el petróleo!”
Al respecto, Mario di Costanzo afirmó que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha fungido como “tapadera de los gobiernos panistas”, porque en la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2003 detectó irregularidades en el otorgamiento de contratos en la CFE y Pemex, que configuraban delitos, y para no “comprometer su puesto” no fincó responsabilidades penales contra quien resultara responsable; sólo pidió al gobierno de Vicente Fox que se revisara a sí mismo.
Estas revelaciones propiciaron asombro entre los asistentes, y López Obrador insistió en que su movimiento no es de rebeldes sin causa, pero previó que se endurecerá la campaña mediática en su contra.
“Están a punto de iniciar una campaña para manipular y decirle al pueblo que le conviene la privatización. Actúan como en la Alemania nazi, donde un hombre, Joseph Goebbels, sostenía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.”
El periplo por tierras nayaritas culminó con un encuentro con ciudadanos en Santa María del Oro y Xalisco.
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Mouriño firmó contratos por más de $26 millones
* Las copias fueron entregadas por AMLO al FAP
* Pemex le autorizó transportar derivados del petróleo
En sólo dos años, desde su paso por la Cámara de Diputados hasta la Subsecretaría de Energía, Juan Camilo Mouriño obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos para el transporte terrestre de derivados del petróleo por 26 millones 700 mil pesos, e incluso fue beneficiario de un plan piloto de la paraestatal para la apertura de cinco nuevas rutas de “distribución dedicada de combustibles” en igual número de estados.
Las copias de los contratos, entregadas por Andrés Manuel López Obrador a los diputados de PRD, PT y Convergencia, revelan que el primer contrato fue de adjudicación directa, firmado el 20 de diciembre de 2002, cuando el secretario de Gobernación era presidente de la Comisión de Energía y el presidente Felipe Calderón coordinador de la diputación de Acción Nacional.
Los otros dos contratos son ampliaciones consecutivas del primero, y en los tres casos Mouriño los firmó como apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar. Inclusive, la primera ampliación del convenio coincidió con el tercer Informe de gobierno de Vicente Fox, el primero de septiembre de 2003.
Ante las evidencias, el presidente de la comisión especial que investiga el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Elías Cárdenas Márquez, informó que solicitará a la Comisión de Vigilancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue si Mouriño tiene contratos vigentes con Pemex, y refirió que el grupo parlamentario de Convergencia solicitará que el secretario de Gobernación comparezca para que explique el presunto tráfico de influencias en favor de la empresa familiar.
Mouriño pudo firmar los tres contratos con Pemex gracias a que su hermana María de los Angeles Mouriño Terrazo le cedió “poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio” de la empresa Transportes Especializados Ivancar, con sede en Campeche. Dicha cesión consta en la escritura pública 67, ante el notario público 2 de Champotón, Juan Antonio Renedo Dorantes.
Dicho poder le fue ampliado el 7 de noviembre de 2000, dos meses después de que Mouriño rindió protesta como diputado federal del PAN, pues hasta entonces el único que tenía facultades de llevar y otorgar la firma de la sociedad no en forma mancomunada, sino individual y distinta, era Manuel Carlos Mouriño Atanes.
La ampliación se acordó en la sesión que la sociedad llevó a cabo ese día. El testimonio de escritura pública 2000, que protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de la empresa, fue certificada por Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, notario 18 con sede en la capital del estado.
Con esa facultad, Mouriño firmó el convenio de prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo, número GTT-00142-01/2003, por adjudicación directa, con vigencia del primero de enero de 2003 al 31 de diciembre del mismo año. El contrato, al igual que sus dos ampliaciones, consideraba un monto mínimo de 3 millones 320 mil pesos por cada uno, y de 8 millones 300 mil pesos como máximo.
Firmaron por triplicado el gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, Jesús Villarreal Gallegos; Juan Camilo Mouriño, como apoderado general de Transportes Especializados Ivancar, y la jefa de Asuntos Jurídicos de la paraestatal, Liliana Anzaldúa Medina.
El primer convenio modificatorio se realizó el mismo día en que Fox rendía su tercer Informe, y se justificó a partir del acuerdo que tomó el consejo de administración de Pemex Refinación, que autorizó realizar un plan piloto de “transporte dedicado”, a partir de enero de 2003, en cinco rutas donde en ese momento no participaban autotanques para la distribución de energéticos, y que se consideró podían ser “altamente rentables”.
Dicha asamblea se realizó el 2 de diciembre de 2002, y en la siguiente, del 3 de marzo de 2003, se autorizó a esa subsidiaria de Pemex formalizar las rutas Irapuato-El Castillo-ASA Guadalajara; Rosarito-ASA Mexicali; Madero-San Luis Potosí, y Gómez Palacio-Parral. El monto del contrato fue igual al original, y esta vez además lo firmó José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Contratos y Convenios, por la oficina del abogado general de Pemex. Sin embargo, se le agregó una cláusula segunda, para beneficiar a la empresa si la ruta excedía de 8 mil kilómetros base del convenio, y se fijó un costo adicional de 11.82 y 9.10 pesos por kilómetro excedente.
Además, se estableció que las rutas parte del contrato no eran limitadas, sino que también podía participar “en aquellas que se vayan integrando conforme al análisis de los pares origen-destino resultantes, requeridas por las necesidades operativas de Pemex-Refinación.
Finalmente, el tercer contrato se suscribió el 29 de diciembre de 2003, con duración del primero de enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo año, cuando Mouriño ya trabajaba en la Secretaría de Energía como coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. En los tres casos, Pemex incluyó en las cláusulas la obligación de pagarle a la empresa de Mouriño los peajes en las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales.
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Considera el FAP que sí hay tráfico de influencias
* Favorecidos, el titular de Gobernación y su familia, dice
No existe la menor duda de que la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el propio funcionario, han sido favorecidos con diversos contratos promovidos “por el segundo hombre en el gobierno”, desde su posición como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. “Hay en todo, por lo menos, tráfico de influencias”, advirtieron los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo (PT) y Convergencia, Javier González Garza, Ricardo Cantú y Alejandro Chanona, respectivamente.
En conferencia de prensa conjunta, el perredista respondió a los señalamientos del secretario de Gobernación, respecto de los documentos que el pasado domingo entregó Andrés Manuel López Obrador a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).
González Garza sostuvo que si hay alguien “mezquino” en este caso es el propio funcionario y no los legisladores, quienes se encuentran en el proceso de análisis de dichos documentos para determinar los pasos a seguir, que pueden ir desde la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta la autoridad judicial.
“Se atreve a hablar de mezquindad, cuando resulta que no se sabe qué documentos hay; él acusa y dice: ‘estoy dispuesto a que cualquier gente del gobierno –es decir, cualquiera de los suyos– me pida las cosas y yo se las doy’, cuando él es el segundo hombre en el gobierno federal”, acusó el perredista.
Destacó que por el momento tanto los coordinadores del FAP en la Cámara de Diputados como en el Senado, están revisando los documentos que detallan las operaciones que favorecieron a las empresas de la familia de Mouriño y de él mismo ya que, asegura, firma como apoderado de algunas de estas empresas. En las próximas horas los legisladores se reunirán para determinar qué es lo que van a hacer con esta información.
“Lo que les queremos reiterar es que por supuesto que vamos a llegar al fondo del asunto, vamos a ver cuáles son las posibilidades concretas para demostrar o no si hay conflicto de intereses, si los hubo, si los ha habido y los sigue habiendo”, comentó González Garza.
* Se compromete un presupuesto de 16 mil millones de dólares, dice el “gobierno legítimo”
* Transportará el energético desde la costa desértica de Perú hasta Manzanillo, Colima
* El año pasado, la empresa española signó el contrato que la favorecerá durante 15 años
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (SE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron en septiembre del año pasado un contrato para suministro de gas natural licuado con la trasnacional española Repsol, durante 15 años, y que de acuerdo con estimaciones del “gobierno legítimo” comprometen un presupuesto de 16 mil millones de dólares.
En los documentos que Andrés Manuel López Obrador entregó el domingo pasado a diputados que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) se informa que Repsol suministrará el gas desde instalaciones ubicadas en la costa desértica central de Perú, en la región de Camisea, y que con esta operación esa compañía concentrará la mayor parte del mercado de distribución de gas LP.
Además, denunció, se le construirá un puerto sin costo para desembarcar el gas traído de Perú, y se le entregarán las instalaciones de suministro de electricidad, como ha ocurrido con otros licitantes.
El contrato se firmó el 6 de septiembre de 2007, por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, a un precio de 0.0300 centavos de dólar por litro de gas, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso de licitación.
Se trata de la licitación pública internacional 18164067-009-006 (LI-509-06), en la que fungieron como testigos el analista David Shields Campbell, quien es defensor de la privatización de Petróleos Mexicanos, por parte de la Fundación Heberto Castillo, y Gonzalo Martínez Corbalá, como “testigo social” designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con los documentos oficiales de la CFE, la apertura de propuestas se realizó el 4 de septiembre de 2007, ante el notario público 103, Armando Gálvez Pérez Aragón, y se determinó que la única postulante era la española Repsol, luego de que ese mismo día las empresas Tokio Gas Col, Ltd, Marubeni México SA de CV, Mitsui & Co. Ltd y Sumimoto Corporation “presentaron carta excusa”.
Ante ello, la proposición de Repsol se aceptó “para su análisis detallado” y se convocó para una nueva sesión donde se daría a conocer el nombre del ganador de la licitación.
El acta de presentación y apertura de proposiciones fue firmada por los representantes de la CFE, Yuriria Mascott Pérez, gerente de Abastecimientos; Jesús Buentello Medina, subdirector de Energéticos y Seguridad; Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Proyectos de Inversión Financiada; Juan Granados Zúñiga A., gerente de Proyectos de Productores Externos; el ingeniero Francisco de la Parra; Alfredo Granados Gallardo, jefe del Departamento de Concursos; Eduardo Buendía Domínguez, subgerente de Cogeneración y Abastecimiento, y Alicia Rodríguez Alvarez, representante de la Gerencia de Abastecimientos.
Por la Secretaría de Energía suscribieron el acta respectiva Julio Alberto Valle Pereña, subdirector de Formulación de Balances de la Subsecretaría de Planeación, y Reyna Velázquez Montes, directora de Promoción de Inversión.
Por Pemex lo hizo el superintendente de Ventas, René Ramírez Romero, y por la Comisión Reguladora de Energía Fernando Granados Fernández, director general de Gas Natural. También suscribieron el documento los representantes del Órgano Interno de Control en la CFE en la región Centro/Centro Oriente, así como los representantes legales de cada una de las empresas licitantes. En el caso de Repsol, la firma es de Antonio Carlos Díaz González.
Los mismos funcionarios y representantes firmaron el contrato a favor de Repsol, que se encuentra en el lugar 97 de las 500 mayores empresas trasnacionales del mundo por volumen de ingresos, estimado en 44 mil 857.5 millones de dólares, y en el lugar 13 del sector hidrocarburos.
El documento del “gobierno legítimo” asegura que el contrato se otorgó como parte de la corrupción que impera en el gobierno federal y con objeto de beneficiar a una trasnacional, cuando Pemex perfectamente pudo realizar la compra de gas natural del sitio de licuefacción y encargarse de su transporte. “Sin embargo, CFE prefirió dárselo a las petroleras extranjeras y le ocasionó un daño al país, porque las ganancias son para Repsol y no para Pemex; además, comprometió su presupuesto futuro hasta por 15 años”.
De acuerdo con el análisis, el capital social de Repsol está valuado en mil 220 millones 863 mil 463 euros, con datos a diciembre de 2004, y en él tienen participación, entre otros, BBVA Bancomer, el Chase Manhattan Bank, Brandes Investment y Petróleos Mexicanos, este último con 4.8 por ciento, a través de PMI.
En México, refirió, Repsol concentra siete permisos de distribución de gas natural, de un total de 21, a través de su subsidiaria Gas Natural, que adquirió cinco plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado y un gasoducto propiedad de Electricité de France y Mitsubishi de México, en una operación valuada en mil 448 millones de dólares.
El análisis del “gobierno legítimo” afirma que el crecimiento del emporio de Repsol está basado en privatizaciones corruptas y oscuras en los países donde se ha establecido, y para el caso del contrato con CFE refiere que el gas lo obtendrá de Perú. “La española Repsol-Perú decidió la compra de las estaciones de servicio Mobil. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que los ejecutivos comunicaron esta operación a las autoridades peruanas”, señala. Añade que en enero “comenzó las obras de construcción de una planta de licuefacción en la zona desértica de la costa central de Perú, desde donde se exportará el gas del yacimiento de Camisea a México”.
Esta operación tendrá un impacto negativo en Petroperú, una vez que Recosac, brazo comercial de Repsol en ese país, se fusionó con la refinería La Pampilla, que tiene la capacidad de absorber la demanda del negocio mayorista y de las estaciones de servicio Mobil. Con ello, Petroperú dejaría de ser el mayor productor de combustibles en el mercado local.
* Transportará el energético desde la costa desértica de Perú hasta Manzanillo, Colima
* El año pasado, la empresa española signó el contrato que la favorecerá durante 15 años
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (SE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron en septiembre del año pasado un contrato para suministro de gas natural licuado con la trasnacional española Repsol, durante 15 años, y que de acuerdo con estimaciones del “gobierno legítimo” comprometen un presupuesto de 16 mil millones de dólares.
En los documentos que Andrés Manuel López Obrador entregó el domingo pasado a diputados que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) se informa que Repsol suministrará el gas desde instalaciones ubicadas en la costa desértica central de Perú, en la región de Camisea, y que con esta operación esa compañía concentrará la mayor parte del mercado de distribución de gas LP.
Además, denunció, se le construirá un puerto sin costo para desembarcar el gas traído de Perú, y se le entregarán las instalaciones de suministro de electricidad, como ha ocurrido con otros licitantes.
El contrato se firmó el 6 de septiembre de 2007, por un “servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima”, a un precio de 0.0300 centavos de dólar por litro de gas, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso de licitación.
Se trata de la licitación pública internacional 18164067-009-006 (LI-509-06), en la que fungieron como testigos el analista David Shields Campbell, quien es defensor de la privatización de Petróleos Mexicanos, por parte de la Fundación Heberto Castillo, y Gonzalo Martínez Corbalá, como “testigo social” designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con los documentos oficiales de la CFE, la apertura de propuestas se realizó el 4 de septiembre de 2007, ante el notario público 103, Armando Gálvez Pérez Aragón, y se determinó que la única postulante era la española Repsol, luego de que ese mismo día las empresas Tokio Gas Col, Ltd, Marubeni México SA de CV, Mitsui & Co. Ltd y Sumimoto Corporation “presentaron carta excusa”.
Ante ello, la proposición de Repsol se aceptó “para su análisis detallado” y se convocó para una nueva sesión donde se daría a conocer el nombre del ganador de la licitación.
El acta de presentación y apertura de proposiciones fue firmada por los representantes de la CFE, Yuriria Mascott Pérez, gerente de Abastecimientos; Jesús Buentello Medina, subdirector de Energéticos y Seguridad; Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Proyectos de Inversión Financiada; Juan Granados Zúñiga A., gerente de Proyectos de Productores Externos; el ingeniero Francisco de la Parra; Alfredo Granados Gallardo, jefe del Departamento de Concursos; Eduardo Buendía Domínguez, subgerente de Cogeneración y Abastecimiento, y Alicia Rodríguez Alvarez, representante de la Gerencia de Abastecimientos.
Por la Secretaría de Energía suscribieron el acta respectiva Julio Alberto Valle Pereña, subdirector de Formulación de Balances de la Subsecretaría de Planeación, y Reyna Velázquez Montes, directora de Promoción de Inversión.
Por Pemex lo hizo el superintendente de Ventas, René Ramírez Romero, y por la Comisión Reguladora de Energía Fernando Granados Fernández, director general de Gas Natural. También suscribieron el documento los representantes del Órgano Interno de Control en la CFE en la región Centro/Centro Oriente, así como los representantes legales de cada una de las empresas licitantes. En el caso de Repsol, la firma es de Antonio Carlos Díaz González.
Los mismos funcionarios y representantes firmaron el contrato a favor de Repsol, que se encuentra en el lugar 97 de las 500 mayores empresas trasnacionales del mundo por volumen de ingresos, estimado en 44 mil 857.5 millones de dólares, y en el lugar 13 del sector hidrocarburos.
El documento del “gobierno legítimo” asegura que el contrato se otorgó como parte de la corrupción que impera en el gobierno federal y con objeto de beneficiar a una trasnacional, cuando Pemex perfectamente pudo realizar la compra de gas natural del sitio de licuefacción y encargarse de su transporte. “Sin embargo, CFE prefirió dárselo a las petroleras extranjeras y le ocasionó un daño al país, porque las ganancias son para Repsol y no para Pemex; además, comprometió su presupuesto futuro hasta por 15 años”.
De acuerdo con el análisis, el capital social de Repsol está valuado en mil 220 millones 863 mil 463 euros, con datos a diciembre de 2004, y en él tienen participación, entre otros, BBVA Bancomer, el Chase Manhattan Bank, Brandes Investment y Petróleos Mexicanos, este último con 4.8 por ciento, a través de PMI.
En México, refirió, Repsol concentra siete permisos de distribución de gas natural, de un total de 21, a través de su subsidiaria Gas Natural, que adquirió cinco plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado y un gasoducto propiedad de Electricité de France y Mitsubishi de México, en una operación valuada en mil 448 millones de dólares.
El análisis del “gobierno legítimo” afirma que el crecimiento del emporio de Repsol está basado en privatizaciones corruptas y oscuras en los países donde se ha establecido, y para el caso del contrato con CFE refiere que el gas lo obtendrá de Perú. “La española Repsol-Perú decidió la compra de las estaciones de servicio Mobil. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que los ejecutivos comunicaron esta operación a las autoridades peruanas”, señala. Añade que en enero “comenzó las obras de construcción de una planta de licuefacción en la zona desértica de la costa central de Perú, desde donde se exportará el gas del yacimiento de Camisea a México”.
Esta operación tendrá un impacto negativo en Petroperú, una vez que Recosac, brazo comercial de Repsol en ese país, se fusionó con la refinería La Pampilla, que tiene la capacidad de absorber la demanda del negocio mayorista y de las estaciones de servicio Mobil. Con ello, Petroperú dejaría de ser el mayor productor de combustibles en el mercado local.
Mouriño debe aclarar si firmó contratos: AMLO
* Calderón está en sociedad con el secretario, sostiene
* Los acuerdos con el gobierno favorecieron intereses familiares, afirma
* Insiste en luchar en defensa de Pemex
Jala, Nay., 28 de febrero. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, tendrá que responder si firmó contratos con el gobierno para favorecer los intereses de su familia cuando se desempeñó como diputado federal y subsecretario de Energía, demandó Andrés Manuel López Obrador.
Al recorrer municipios de la sierra y el centro de la entidad, el “presidente legítimo” pidió a los ciudadanos no transigir ante el intento del gobierno de Felipe Calderón de entregar las riquezas naturales, propiedad de la nación, a los intereses del capital privado nacional y extranjero.
Acusó a Calderón Hinojosa de conformar sociedad con Mouriño. “¡Que no se apague la llama de la esperanza! Somos millones. Y a la indolencia y a la indiferencia no debemos otorgarle nada. Les pido que nos inconformemos, que luchemos; si no nos levantamos nos van a reclamar nuestros hijos por qué no actuamos cuando se estaban acabando el país”.
Al entrar en la segunda etapa de recorridos por todos los municipios del país –que pretende culminar a finales del año–, López Obrador emprendió una crítica contra los sectores gubernamental y empresarial, que ambicionan desmesuradamente, dijo, hacerse de la propiedad de las riquezas naturales.
Ante centenares de mujeres, hombres, jóvenes y niños congregados en cada uno de los mítines que realizó en seis poblaciones, reconoció que si no ha ocurrido un estallido social se debe a la madurez y conciencia del pueblo, a pesar de que “estos usurpadores quieren regresar el petróleo a los extranjeros; desean volver al porfiriato y que acabemos como esclavos en nuestra propia tierra”.
Después de remontar la sierra que lo condujo a Amatlán de Cañas, el tabasqueño llegó a Ahuacatlán, donde reclamó la escasez de resultados de la administración federal en beneficio de la mayoría. “Qué ha hecho el pelele Calderón en un año y dos meses. ¡No ha hecho nada bueno! Incrementó los precios de los artículos de primera necesidad, del maíz, de las tortillas, de la leche. ¿Qué otra cosa ha hecho? Aumentar los impuestos, y ahora quieren quedarse con el petróleo. Ya acabaron con el patrimonio nacional, entregaron los bancos, los ferrocarriles, la industria energética, Telmex”.
Con ironía, reclamó directamente al propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, el derecho de réplica ante las constantes críticas a su postura y su proyecto de modernización de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Estoy esperando la repuesta de Emilio Azcárraga a una carta que le envié. En el programa de Carlos Loret ya permitieron que se expresara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida y Georgina Kessel. No es posible que Televisa le sirva a la derecha, y estoy seguro que me van a dar el derecho de réplica”.
La atención de las personas que acudieron a los mítines de López Obrador se centró en el tema de la probable privatización de ramas productivas de Pemex.
“Voy a seguir conduciendo este movimiento con firmeza y responsabilidad. Son momentos de definición. Si se salen con la suya estos vendepatrias vamos a sufrir mucho. ¡Que no entreguen el petróleo a manos privadas, porque es propiedad de la nación”.
Se refirió al titular de Gobernación e incluyó en el tema energético a Felipe Calderón y al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub. “Estamos haciendo la denuncia de que Juan Camilo Mouriño con su jefe, el pelele, y el director de la CFE, están metidos en negocios. Que el secretario de Gobernación diga si firmó contratos que beneficiaron a su familia cuando fue presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, subsecretario de Energía y asesor de Calderón.
“Hoy dice que no. Lo único que pedimos es que haga una declaración de cuándo firmó los contratos, que responda que no tiene nada que ver. Pero quién sabe quién le va a creer, yo ando buscando un tonto que se lo crea”.
En Jala, donde el despoblamiento por la migración a Estados Unidos es patente, como en muchas regiones de Nayarit, cuestionó por qué los contratos autorizados para beneficiar a la familia Mouriño se entregaron sin licitación, y el beneficio redundó con la figura de adjudicación directa. “Eso es lo que tiene que aclarar, y no si va a enviar documentos. ¡No hay justificación para privatizar el petróleo!”
Al respecto, Mario di Costanzo afirmó que el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha fungido como “tapadera de los gobiernos panistas”, porque en la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2003 detectó irregularidades en el otorgamiento de contratos en la CFE y Pemex, que configuraban delitos, y para no “comprometer su puesto” no fincó responsabilidades penales contra quien resultara responsable; sólo pidió al gobierno de Vicente Fox que se revisara a sí mismo.
Estas revelaciones propiciaron asombro entre los asistentes, y López Obrador insistió en que su movimiento no es de rebeldes sin causa, pero previó que se endurecerá la campaña mediática en su contra.
“Están a punto de iniciar una campaña para manipular y decirle al pueblo que le conviene la privatización. Actúan como en la Alemania nazi, donde un hombre, Joseph Goebbels, sostenía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.”
El periplo por tierras nayaritas culminó con un encuentro con ciudadanos en Santa María del Oro y Xalisco.
Mouriño firmó contratos por más de $26 millones
* Las copias fueron entregadas por AMLO al FAP
* Pemex le autorizó transportar derivados del petróleo
En sólo dos años, desde su paso por la Cámara de Diputados hasta la Subsecretaría de Energía, Juan Camilo Mouriño obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos para el transporte terrestre de derivados del petróleo por 26 millones 700 mil pesos, e incluso fue beneficiario de un plan piloto de la paraestatal para la apertura de cinco nuevas rutas de “distribución dedicada de combustibles” en igual número de estados.
Las copias de los contratos, entregadas por Andrés Manuel López Obrador a los diputados de PRD, PT y Convergencia, revelan que el primer contrato fue de adjudicación directa, firmado el 20 de diciembre de 2002, cuando el secretario de Gobernación era presidente de la Comisión de Energía y el presidente Felipe Calderón coordinador de la diputación de Acción Nacional.
Los otros dos contratos son ampliaciones consecutivas del primero, y en los tres casos Mouriño los firmó como apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar. Inclusive, la primera ampliación del convenio coincidió con el tercer Informe de gobierno de Vicente Fox, el primero de septiembre de 2003.
Ante las evidencias, el presidente de la comisión especial que investiga el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Elías Cárdenas Márquez, informó que solicitará a la Comisión de Vigilancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue si Mouriño tiene contratos vigentes con Pemex, y refirió que el grupo parlamentario de Convergencia solicitará que el secretario de Gobernación comparezca para que explique el presunto tráfico de influencias en favor de la empresa familiar.
Mouriño pudo firmar los tres contratos con Pemex gracias a que su hermana María de los Angeles Mouriño Terrazo le cedió “poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio” de la empresa Transportes Especializados Ivancar, con sede en Campeche. Dicha cesión consta en la escritura pública 67, ante el notario público 2 de Champotón, Juan Antonio Renedo Dorantes.
Dicho poder le fue ampliado el 7 de noviembre de 2000, dos meses después de que Mouriño rindió protesta como diputado federal del PAN, pues hasta entonces el único que tenía facultades de llevar y otorgar la firma de la sociedad no en forma mancomunada, sino individual y distinta, era Manuel Carlos Mouriño Atanes.
La ampliación se acordó en la sesión que la sociedad llevó a cabo ese día. El testimonio de escritura pública 2000, que protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de la empresa, fue certificada por Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, notario 18 con sede en la capital del estado.
Con esa facultad, Mouriño firmó el convenio de prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo, número GTT-00142-01/2003, por adjudicación directa, con vigencia del primero de enero de 2003 al 31 de diciembre del mismo año. El contrato, al igual que sus dos ampliaciones, consideraba un monto mínimo de 3 millones 320 mil pesos por cada uno, y de 8 millones 300 mil pesos como máximo.
Firmaron por triplicado el gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, Jesús Villarreal Gallegos; Juan Camilo Mouriño, como apoderado general de Transportes Especializados Ivancar, y la jefa de Asuntos Jurídicos de la paraestatal, Liliana Anzaldúa Medina.
El primer convenio modificatorio se realizó el mismo día en que Fox rendía su tercer Informe, y se justificó a partir del acuerdo que tomó el consejo de administración de Pemex Refinación, que autorizó realizar un plan piloto de “transporte dedicado”, a partir de enero de 2003, en cinco rutas donde en ese momento no participaban autotanques para la distribución de energéticos, y que se consideró podían ser “altamente rentables”.
Dicha asamblea se realizó el 2 de diciembre de 2002, y en la siguiente, del 3 de marzo de 2003, se autorizó a esa subsidiaria de Pemex formalizar las rutas Irapuato-El Castillo-ASA Guadalajara; Rosarito-ASA Mexicali; Madero-San Luis Potosí, y Gómez Palacio-Parral. El monto del contrato fue igual al original, y esta vez además lo firmó José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Contratos y Convenios, por la oficina del abogado general de Pemex. Sin embargo, se le agregó una cláusula segunda, para beneficiar a la empresa si la ruta excedía de 8 mil kilómetros base del convenio, y se fijó un costo adicional de 11.82 y 9.10 pesos por kilómetro excedente.
Además, se estableció que las rutas parte del contrato no eran limitadas, sino que también podía participar “en aquellas que se vayan integrando conforme al análisis de los pares origen-destino resultantes, requeridas por las necesidades operativas de Pemex-Refinación.
Finalmente, el tercer contrato se suscribió el 29 de diciembre de 2003, con duración del primero de enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo año, cuando Mouriño ya trabajaba en la Secretaría de Energía como coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. En los tres casos, Pemex incluyó en las cláusulas la obligación de pagarle a la empresa de Mouriño los peajes en las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales.
Considera el FAP que sí hay tráfico de influencias
* Favorecidos, el titular de Gobernación y su familia, dice
No existe la menor duda de que la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el propio funcionario, han sido favorecidos con diversos contratos promovidos “por el segundo hombre en el gobierno”, desde su posición como asesor del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón. “Hay en todo, por lo menos, tráfico de influencias”, advirtieron los coordinadores parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo (PT) y Convergencia, Javier González Garza, Ricardo Cantú y Alejandro Chanona, respectivamente.
En conferencia de prensa conjunta, el perredista respondió a los señalamientos del secretario de Gobernación, respecto de los documentos que el pasado domingo entregó Andrés Manuel López Obrador a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP).
González Garza sostuvo que si hay alguien “mezquino” en este caso es el propio funcionario y no los legisladores, quienes se encuentran en el proceso de análisis de dichos documentos para determinar los pasos a seguir, que pueden ir desde la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta la autoridad judicial.
“Se atreve a hablar de mezquindad, cuando resulta que no se sabe qué documentos hay; él acusa y dice: ‘estoy dispuesto a que cualquier gente del gobierno –es decir, cualquiera de los suyos– me pida las cosas y yo se las doy’, cuando él es el segundo hombre en el gobierno federal”, acusó el perredista.
Destacó que por el momento tanto los coordinadores del FAP en la Cámara de Diputados como en el Senado, están revisando los documentos que detallan las operaciones que favorecieron a las empresas de la familia de Mouriño y de él mismo ya que, asegura, firma como apoderado de algunas de estas empresas. En las próximas horas los legisladores se reunirán para determinar qué es lo que van a hacer con esta información.
“Lo que les queremos reiterar es que por supuesto que vamos a llegar al fondo del asunto, vamos a ver cuáles son las posibilidades concretas para demostrar o no si hay conflicto de intereses, si los hubo, si los ha habido y los sigue habiendo”, comentó González Garza.
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10:57 a.m.
