Mouriño, discípulo de Hank
Revsita Proceso
México, D.F., 25 de febrero (apro).- El empresario Juan Camilo Mouriño Terrazo ha decretado que lo ocupan cosas más importantes que aclarar si es mexicano o español, o inclusive si goza de doble nacionalidad, un asunto de legalidad que, en teoría, es su deber esclarecer como secretario de Gobernación.
“Son cosas, simplemente, que no deben distraer la acción del secretario de Gobernación, del gobierno en su conjunto”, respondió a la pregunta de un periodista, el viernes 15, que lo interrogó sobre el vacío de información de su auténtica nacionalidad, y añadió: “Nosotros estamos concentrados en los verdaderos asuntos que son de relevancia para la Secretaría y para el país, y trabajando arduamente en ello.”
Con tal antecedente es de esperarse que Mouriño --español por haber nacido en Madrid, mexicano por decisión propia al cumplir la mayoría de edad y voluntariamente convertido otra vez en súbdito de la Corona cuando estudiaba en Estados Unidos-- actúe con el mismo desprecio a la legalidad y sobre todo a la sociedad en el caso de sus negocios en el sector energético.
Mouriño Terrazo, colocado por Calderón en la operación política para los grandes negocios sexenales, puede anticiparse que guardará silencio sobre pruebas documentales que acreditan el tráfico de influencias que ejerció cuando presidió la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, después, como subsecretario en la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón.
Pero, igual que en su nacionalidad a conveniencia --español, mexicano, otra vez español y otra vez mexicano, algo que nada tiene que ver con la xenofobia que tanto enfurece a los propagandistas de la derecha--, hay documentos que demuestran cómo las empresas de la familia Mouriño se beneficiaron con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Juan Camilo era ya servidor público.
La información la da a conocer la revista Contralínea que, en la edición 95 correspondiente a la segunda quincena de febrero y bajo la firma de la reportera Ana Lilia Pérez, documenta cómo el grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia Mouriño, logró contratos de Pemex por casi 100 millones de pesos, mediante el procedimiento de adjudicación directa.
Bajo las órdenes de Calderón, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Mouriño presidió la Comisión de Energía y en ese carácter participó, el 6 de noviembre de 2000, en una asamblea general extraordinaria de GES y la empresa Ivancar, en la que se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de ese grupo empresarial, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas” para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta.
De acuerdo con la información documental de la revista, un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Pemex Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.
Continúa la revista: “El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.
“El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.
“Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.
“El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
“El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.
“Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.”
Esta información de la revista Contralínea, que en su edición precisa que buscó a Mouriño y a todos los organismos y personajes interesados, fue retomada por Andrés Manuel López Obrador para acusar a Mouriño de ser un traficante de influencias, un señalamiento que, sin duda, quedará sin respuesta oficial, igual que en el caso de la dudosa mexicanidad del funcionario federal.
Pero una cosa es segura: Como ya es habitual, la defensa y el debate en estos como en cualquier tema no viene del gobierno federal ni del Partido Acción Nacional (PAN), sino de las cuadrillas de portavoces oficiosos en radio, televisión y medios escritos.
Tal comportamiento en los medios no es fortuito y forma parte de la involución que padece la República: Como con los priistas, se reproducen las formas de abyección al poder, en las que Mouriño, por ejemplo, busca poner en práctica las enseñazas del “profesor” Carlos Hank González, incluyendo la sentencia de que “un político pobre es un pobre político”.
Y aunque ha sido menos favorecido que Mouriño, Calderón busca ponerse a nivel con su subordinado, como lo dijo él mismo en Puebla, en abril de 2005: “A todos nos gusta mandar y ser obedecidos, ¿a poco no? A todos nos gusta tener mucho dinero y a todos nos gusta el placer.”
La vía, entonces, es la privatización de los recursos energéticos que Calderón, Mouriño y sus socios pretenden. Como diría el primero, “¿A poco no?”
Apuntes
En la misma lógica de la involución en México, hacer fortunas al amparo del poder, se ubica el proyecto –ya un hecho-- de darle poder a las policías de ingresar a domicilios sin orden judicial. Se justifica la violación de derechos humanos, como la intervención ilegal de comunicaciones –como telefonía y correo--, con la engañifa de garantizar la seguridad pública… ¿Ley Gestapo? Pues sí… Otra burla para las víctimas del multihomicidio en Pasta de Conchos: Un tribunal colegiado le dio la razón a la Industrial Minera México y a General de Hulla, las empresas contratantes de los 65 trabajadores muertos en la mina de carbón, para que éstas no sean obligadas a entregar indemnizaciones adicionales a los deudos. Javier Lozano, quien cobra como secretario del Trabajo, festejó que un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó que las indemnizaciones debían ser con base en un salario diario de 300 pesos y no de 110 pesos, cantidad que las víctimas realmente cotizaban ante el IMSS. Siempre no… Aquí se ha considerado siempre deleznable la violencia, incluyendo la de partidos políticos: Así se escribió aquí cuando, en noviembre del año pasado, se produjo la irrupción de un grupo de perredistas a la Catedral Metropolitana y lo mismo ahora con las agresiones a Javier González y Carlos Navarrete. Igual repudio se anotó cuando Manuel Espino, presidente del PAN, fue humillado con una silbatina orquestada por los allegados a Calderón, que la convalidó porque no se deslindó ni la condenó, y fue festejada con estruendo por los jilgueros oficialistas. Pura hipocresía.
México, D.F., 25 de febrero (apro).- El empresario Juan Camilo Mouriño Terrazo ha decretado que lo ocupan cosas más importantes que aclarar si es mexicano o español, o inclusive si goza de doble nacionalidad, un asunto de legalidad que, en teoría, es su deber esclarecer como secretario de Gobernación.
“Son cosas, simplemente, que no deben distraer la acción del secretario de Gobernación, del gobierno en su conjunto”, respondió a la pregunta de un periodista, el viernes 15, que lo interrogó sobre el vacío de información de su auténtica nacionalidad, y añadió: “Nosotros estamos concentrados en los verdaderos asuntos que son de relevancia para la Secretaría y para el país, y trabajando arduamente en ello.”
Con tal antecedente es de esperarse que Mouriño --español por haber nacido en Madrid, mexicano por decisión propia al cumplir la mayoría de edad y voluntariamente convertido otra vez en súbdito de la Corona cuando estudiaba en Estados Unidos-- actúe con el mismo desprecio a la legalidad y sobre todo a la sociedad en el caso de sus negocios en el sector energético.
Mouriño Terrazo, colocado por Calderón en la operación política para los grandes negocios sexenales, puede anticiparse que guardará silencio sobre pruebas documentales que acreditan el tráfico de influencias que ejerció cuando presidió la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y, después, como subsecretario en la Secretaría de Energía, cuyo titular era Felipe Calderón.
Pero, igual que en su nacionalidad a conveniencia --español, mexicano, otra vez español y otra vez mexicano, algo que nada tiene que ver con la xenofobia que tanto enfurece a los propagandistas de la derecha--, hay documentos que demuestran cómo las empresas de la familia Mouriño se beneficiaron con contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando Juan Camilo era ya servidor público.
La información la da a conocer la revista Contralínea que, en la edición 95 correspondiente a la segunda quincena de febrero y bajo la firma de la reportera Ana Lilia Pérez, documenta cómo el grupo Energético del Sureste (GES), propiedad de la familia Mouriño, logró contratos de Pemex por casi 100 millones de pesos, mediante el procedimiento de adjudicación directa.
Bajo las órdenes de Calderón, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Mouriño presidió la Comisión de Energía y en ese carácter participó, el 6 de noviembre de 2000, en una asamblea general extraordinaria de GES y la empresa Ivancar, en la que se ratificó a los hermanos Juan Camilo y Carlos como apoderados de ese grupo empresarial, otorgándoles “poder general amplísimo para pleitos y cobranzas” para ejercerlos de manera indistinta e individual, según acta.
De acuerdo con la información documental de la revista, un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Pemex Refinación le adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía entre 10 y 20 años.
Continúa la revista: “El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como apoderado de Ivancar.
“El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002 que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.
“Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001, el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por Juan Camilo Mouriño.
“El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones 100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.
“El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre como marítima en Refinación.
“Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.”
Esta información de la revista Contralínea, que en su edición precisa que buscó a Mouriño y a todos los organismos y personajes interesados, fue retomada por Andrés Manuel López Obrador para acusar a Mouriño de ser un traficante de influencias, un señalamiento que, sin duda, quedará sin respuesta oficial, igual que en el caso de la dudosa mexicanidad del funcionario federal.
Pero una cosa es segura: Como ya es habitual, la defensa y el debate en estos como en cualquier tema no viene del gobierno federal ni del Partido Acción Nacional (PAN), sino de las cuadrillas de portavoces oficiosos en radio, televisión y medios escritos.
Tal comportamiento en los medios no es fortuito y forma parte de la involución que padece la República: Como con los priistas, se reproducen las formas de abyección al poder, en las que Mouriño, por ejemplo, busca poner en práctica las enseñazas del “profesor” Carlos Hank González, incluyendo la sentencia de que “un político pobre es un pobre político”.
Y aunque ha sido menos favorecido que Mouriño, Calderón busca ponerse a nivel con su subordinado, como lo dijo él mismo en Puebla, en abril de 2005: “A todos nos gusta mandar y ser obedecidos, ¿a poco no? A todos nos gusta tener mucho dinero y a todos nos gusta el placer.”
La vía, entonces, es la privatización de los recursos energéticos que Calderón, Mouriño y sus socios pretenden. Como diría el primero, “¿A poco no?”
Apuntes
En la misma lógica de la involución en México, hacer fortunas al amparo del poder, se ubica el proyecto –ya un hecho-- de darle poder a las policías de ingresar a domicilios sin orden judicial. Se justifica la violación de derechos humanos, como la intervención ilegal de comunicaciones –como telefonía y correo--, con la engañifa de garantizar la seguridad pública… ¿Ley Gestapo? Pues sí… Otra burla para las víctimas del multihomicidio en Pasta de Conchos: Un tribunal colegiado le dio la razón a la Industrial Minera México y a General de Hulla, las empresas contratantes de los 65 trabajadores muertos en la mina de carbón, para que éstas no sean obligadas a entregar indemnizaciones adicionales a los deudos. Javier Lozano, quien cobra como secretario del Trabajo, festejó que un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó que las indemnizaciones debían ser con base en un salario diario de 300 pesos y no de 110 pesos, cantidad que las víctimas realmente cotizaban ante el IMSS. Siempre no… Aquí se ha considerado siempre deleznable la violencia, incluyendo la de partidos políticos: Así se escribió aquí cuando, en noviembre del año pasado, se produjo la irrupción de un grupo de perredistas a la Catedral Metropolitana y lo mismo ahora con las agresiones a Javier González y Carlos Navarrete. Igual repudio se anotó cuando Manuel Espino, presidente del PAN, fue humillado con una silbatina orquestada por los allegados a Calderón, que la convalidó porque no se deslindó ni la condenó, y fue festejada con estruendo por los jilgueros oficialistas. Pura hipocresía.
posted by H2AGUA at
9:56 p.m.
