El “nuevo zar del petróleo”
La Jornada / rosalía vergara
México, D.F., 28 de febrero (apro).- Al definir la reforma energética como una de sus prioridades en la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño atizó el conflicto en torno de la privatización, dado que su familia participa en negocios con Pemex y desarrolla proyectos relacionados en otras ramas de generación de energía. Más parte que juez en el debate, el bisoño funcionario se constituyó en un argumento más para que los sectores políticos opositores, señaladamente el PRD y Andrés Manuel López Obrador, se cohesionen en la defensa de la estratégica paraestatal.
El artífice de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón para permitir la incursión del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex) es Juan Camilo Mouriño, recién estrenado secretario de Gobernación, acusó el senador perredista Graco Ramírez.
Pese a que la propuesta oficial aún no se presenta al Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que Mouriño asumió el cargo para que se concrete dicha reforma, y prepara una estrategia encabezada por el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador para “la defensa de Pemex como propiedad de la nación”, aseguró el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, en la reunión plenaria de la bancada del viernes 18.
Su compañero Graco Ramírez, entrevistado por Proceso antes de que se oficializara el nombramiento de Mouriño, afirmó que éste elaboró una propuesta de reforma energética para modificar el Consejo de Administración de Pemex en forma que tuviera 70% de representantes del gobierno federal y 30% de “capital social”, es decir empresas privadas que cotizarían como tales en la Bolsa de Valores.
El exjefe de la Oficina de la Presidencia y actual encargado de la política interna del país “es el artífice de este plan que contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para aceptar la inversión privada en contratos de riesgo. Con esto se convertiría en el zar del petróleo, con los nuevos amigos de Calderón”, reiteró Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado.
En la reunión mencionada, Navarrete explicó: “Si das esa tajada de 30% de Petróleos Mexicanos a inversionistas privados, les estás dando casi la mitad de la riqueza petrolera mexicana”, por eso “el gobierno ha colocado a su jefe de staff en Gobernación, para dirigir la maniobra de entrega de Pemex al capital extranjero”.
Para contrarrestar esa intención, Graco Ramírez elaboró el documento “Propuesta de reformas en el sector energético. Pemex”, que presentaría en privado a legisladores priistas y perredistas entre el jueves 17 y el viernes. Sin embargo, en su reunión plenaria los senadores del PRD acordaron que no presentarán una iniciativa alterna, sino esperarán a que el gobierno federal “se quite la careta y de una vez proponga la privatización de Pemex” en la iniciativa de reforma que atribuye a Mouriño.
Navarrete incluso instó al gobierno a que formalice de una vez su propuesta, para enfrentarla con una estrategia parlamentaria y la movilización nacional de un “frente común” conformado por legisladores, militantes del PRD y de la Convención Nacional Democrática encabezada por López Obrador, así como algunos sindicatos.
El senador Graco Ramírez coordina la estrategia, que comenzará entre febrero y abril, durante el período extraordinario del Congreso de la Unión, para que coincida con las sesiones sobre la reforma energética. Y el 18 de marzo los senadores perredistas encabezarán junto con López Obrador una concentración para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera.
“Prepararemos el Estado Mayor de la Defensa de Pemex, con López Obrador a la cabeza de un intenso movimiento donde los senadores estaremos en primera fila -adelantó Navarrete-. La batalla está cantada, el tema es concreto: Pemex en manos privadas o Pemex en manos de la nación. Son dos proyectos de nación distintos, irreconciliables para lo cual los senadores del PRD estamos listos.”
Designio salinista
De acuerdo con el senador Ramírez, las maniobras para privatizar Pemex comenzaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que descentralizó a la paraestatal y creó las cuatro subsidiarias: Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.
Después, bajo el mandato de Ernesto Zedillo, se crearon los Proyectos de Impacto Diferido a los Registros de Gasto (Pidiregas), que endeudaron a la paraestatal, y en la llamada “transición democrática”, con Vicente Fox al frente del Ejecutivo, se le exprimieron recursos económicos extraordinarios.
Como resultado, dijo el legislador, en la actualidad los activos y pasivos de Pemex son iguales, por lo que la empresa está técnicamente quebrada.
Por eso, añadió el legislador, no se ha construido una sola refinería desde la década de los ochenta, se importa 40% de las gasolinas que necesita el país, se sobreexplotan pozos y yacimientos, no se ha ensanchado el horizonte de reservas petroleras y no avanza en la exploración y producción de crudo para garantizar las reservas probadas.
El propio Calderón sabe que Pemex es viable porque tiene nueve años y medio de reservas petroleras -prosiguió Ramírez-, se pueden extraer de 30 a 50 mil barriles de petróleo en el Golfo de México y los yacimientos de la línea transfronteriza en el Hoyo de Dona.
Pese a esto, Calderón se propone explorar los 3 mil metros de aguas profundas que tiene México sin explotar, a fin de incrementar las reservas. No obstante, al carecer de la tecnología idónea, se le planteó a Satoil y Petróleo de Brasil (Petrobras) que se alíen con Pemex para explorar y extraer crudo, lo que estas empresas han rechazado argumentando que no les interesan las alianzas, sino los contratos de riesgo.
Además, estas empresas quieren perforar y compartir tanto la inversión como el hidrocarburo, lo que está prohibido en la Constitución. Esta es la razón por la que Calderón pretende aprobar su reforma, afirmó el senador.
Sin embargo, el proyecto de reforma elaborado por Ramírez sostiene que el propósito de Calderón, de explorar aguas profundas para extraer más crudo, no tiene fundamento técnico y científico porque más del 70% de aguas someras y en territorio nacional están sin explorar.
Autonomía e inversión
El eje principal de la iniciativa perredista es que “se seguirá garantizando la exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos, la exploración, la explotación, transporte y almacenamiento, comercialización, así como los procesos industriales inherentes a éste”.
La propuesta prevé reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para desaparecer las cuatro empresas subsidiarias de Pemex.
De igual manera, propone modificar el Consejo de Administración de Pemex para que sea autónomo.
Estaría integrado por 11 miembros: seis designados por el Ejecutivo, un representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) “y cuatro consejeros representantes sociales”, electos en ternas propuestas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el director del Instituto Politécnico Nacional. Los consejeros deberán ser ratificados al menos por dos terceras partes del Senado.
Por parte del Ejecutivo, integrarían el consejo el secretario de Energía (presidente de dicho órgano) y los de Hacienda, de Medio Ambiente y de Economía, así como los titulares del Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los secretarios de despacho y los directores de industrias estratégicas como Pemex y la CFE también serían ratificados por la Cámara de Senadores.
Para demostrar que “es absurdo vender una riqueza que podemos potenciar”, el documento puntualiza que Pemex es la empresa petrolera que genera más utilidades antes de impuestos en el mundo, después de Exxon.
Además, México cuenta con la tercera reserva petrolera de América.
De acuerdo con datos sobre los ingresos petroleros de este año, Pemex produce 3.1 millones de barriles diarios; exporta 1 millón 687 mil barriles diarios; exporta 630 millones de barriles al año a un precio que oscila entre 70 y 80 dólares por barril; y su ingreso adicional asciende a 130 mil millones de pesos, recursos equivalentes al monto de la reforma fiscal aprobada el año pasado.
La iniciativa plantea, así mismo, dotar a Pemex de autonomía presupuestal, es decir de facultades para aprobar sus proyectos de presupuesto; autonomía técnica para realizar proyectos de inversión que garanticen el máximo rendimiento para la nación, así como autonomía de gestión, a fin de que la paraestatal cumpla con su objeto social contemplado en el Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Para garantizar dicha autonomía de gestión sin que el Estado pierda el control de la industria se creará la figura de Contrato Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Con objeto de lograr la autosuficiencia en gasolinas para 2012, el documento prevé la construcción de una nueva refinería con una inversión de 82 mil millones de pesos, que entraría en funciones dentro de cinco años y procesaría 350 mil barriles diarios de crudo, o bien la construcción de dos refinerías “con costo de 35 mil millones de pesos cada una, que refinarían 150 mil barriles diarios”.
Adicionalmente, se debe cambiar la política de generar electricidad con gas natural porque es más barato y conveniente generar combustibles líquidos; reactivar la industria petroquímica y dejar de importar gas de Estados Unidos.
Acerca de los ductos, propone que compañías extranjeras dejen de diseñarlos, construirlos, darles mantenimiento y operarlos porque desde hace 69 años Pemex ha tenido la capacidad de realizar esas labores.
Ya en la entrevista, Graco Ramírez planteó que el mal funcionamiento de los ductos obliga a transportar los hidrocarburos vía terrestre, lo cual es caro y está “monopolizado” porque es parte del negocio de Mouriño y su familia, propietaria del Grupo Energético del Sureste (GES) “que tiene cientos de pipas”.
En su página de internet, GES dice contar con 38 estaciones de servicio en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz, y poseer una flota transportista “cuya función primordial es suministrar productos de Pemex a nuestra red de estaciones de servicio”.
El documento del PRD enfatiza: “La propuesta que hacemos es viable financieramente, se puede invertir el superávit primario que es de 124 mil millones de pesos y 10 mil millones de excedente del precio de este año. Por lo tanto es un falso dilema incorporar inversión privada con fines de privatización o participación como copropietarios en la construcción y operación de instalaciones”.
De igual forma, destaca la conveniencia de reformar el sector eléctrico y la CFE.
Propuesta “alternativa”
Ante la posibilidad de que se apruebe la reforma energética de Calderón, el 19 de noviembre de 2007 el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador presentó su Proyecto alternativo para rescatar y desarrollar al sector energético.
Los encargados de elaborar la propuesta fueron los secretarios del “gobierno legítimo”: Claudia Sheinbaum, de Patrimonio Nacional; Mario di Costanzo, de Hacienda Pública; y para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero.
El proyecto coincide en varios puntos con el del senador Graco Ramírez. Sostiene que parte de las maniobras para la privatización consisten en que las reservas de crudo se reduzcan a niveles peligrosos, “negándole a Pemex los recursos para invertir en refinación y obligando a la reducción de producción en las plantas petroquímicas”, lo que ninguna empresa petrolera del mundo permite.
Por eso propone corregir la expansión del gasto corriente del sexenio pasado (que creció a 607 mil millones de pesos) para aumentar la inversión, y que se fusionen las empresas subsidiarias de Pemex.
Igualmente, plantea invertir en la producción de crudo en los campos ya existentes, principalmente en aguas someras, donde se encuentran cuando menos 15 mil millones de barriles de reservas; cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex y prescindir de los Pidiregas.
“De aplicarse esta propuesta tendríamos ahorros directos de divisas para el sector público de 10 mil millones de dólares por año, en menores importaciones de gasolina y gas”.
Sin embargo, anticipa este proyecto, “Calderón nos va a salir con que la única salida para una crisis energética y financiera es vender nuestra industria energética. Esto sería irresponsable y antipatriota, pero no obstante, sería consistente con lo que han hecho los últimos gobiernos desde principios de los ochenta”.
México, D.F., 28 de febrero (apro).- Al definir la reforma energética como una de sus prioridades en la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño atizó el conflicto en torno de la privatización, dado que su familia participa en negocios con Pemex y desarrolla proyectos relacionados en otras ramas de generación de energía. Más parte que juez en el debate, el bisoño funcionario se constituyó en un argumento más para que los sectores políticos opositores, señaladamente el PRD y Andrés Manuel López Obrador, se cohesionen en la defensa de la estratégica paraestatal.
El artífice de la reforma energética del gobierno de Felipe Calderón para permitir la incursión del capital privado en Petróleos Mexicanos (Pemex) es Juan Camilo Mouriño, recién estrenado secretario de Gobernación, acusó el senador perredista Graco Ramírez.
Pese a que la propuesta oficial aún no se presenta al Congreso de la Unión, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que Mouriño asumió el cargo para que se concrete dicha reforma, y prepara una estrategia encabezada por el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador para “la defensa de Pemex como propiedad de la nación”, aseguró el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, en la reunión plenaria de la bancada del viernes 18.
Su compañero Graco Ramírez, entrevistado por Proceso antes de que se oficializara el nombramiento de Mouriño, afirmó que éste elaboró una propuesta de reforma energética para modificar el Consejo de Administración de Pemex en forma que tuviera 70% de representantes del gobierno federal y 30% de “capital social”, es decir empresas privadas que cotizarían como tales en la Bolsa de Valores.
El exjefe de la Oficina de la Presidencia y actual encargado de la política interna del país “es el artífice de este plan que contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para aceptar la inversión privada en contratos de riesgo. Con esto se convertiría en el zar del petróleo, con los nuevos amigos de Calderón”, reiteró Ramírez, secretario de la Comisión de Energía del Senado.
En la reunión mencionada, Navarrete explicó: “Si das esa tajada de 30% de Petróleos Mexicanos a inversionistas privados, les estás dando casi la mitad de la riqueza petrolera mexicana”, por eso “el gobierno ha colocado a su jefe de staff en Gobernación, para dirigir la maniobra de entrega de Pemex al capital extranjero”.
Para contrarrestar esa intención, Graco Ramírez elaboró el documento “Propuesta de reformas en el sector energético. Pemex”, que presentaría en privado a legisladores priistas y perredistas entre el jueves 17 y el viernes. Sin embargo, en su reunión plenaria los senadores del PRD acordaron que no presentarán una iniciativa alterna, sino esperarán a que el gobierno federal “se quite la careta y de una vez proponga la privatización de Pemex” en la iniciativa de reforma que atribuye a Mouriño.
Navarrete incluso instó al gobierno a que formalice de una vez su propuesta, para enfrentarla con una estrategia parlamentaria y la movilización nacional de un “frente común” conformado por legisladores, militantes del PRD y de la Convención Nacional Democrática encabezada por López Obrador, así como algunos sindicatos.
El senador Graco Ramírez coordina la estrategia, que comenzará entre febrero y abril, durante el período extraordinario del Congreso de la Unión, para que coincida con las sesiones sobre la reforma energética. Y el 18 de marzo los senadores perredistas encabezarán junto con López Obrador una concentración para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera.
“Prepararemos el Estado Mayor de la Defensa de Pemex, con López Obrador a la cabeza de un intenso movimiento donde los senadores estaremos en primera fila -adelantó Navarrete-. La batalla está cantada, el tema es concreto: Pemex en manos privadas o Pemex en manos de la nación. Son dos proyectos de nación distintos, irreconciliables para lo cual los senadores del PRD estamos listos.”
Designio salinista
De acuerdo con el senador Ramírez, las maniobras para privatizar Pemex comenzaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que descentralizó a la paraestatal y creó las cuatro subsidiarias: Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.
Después, bajo el mandato de Ernesto Zedillo, se crearon los Proyectos de Impacto Diferido a los Registros de Gasto (Pidiregas), que endeudaron a la paraestatal, y en la llamada “transición democrática”, con Vicente Fox al frente del Ejecutivo, se le exprimieron recursos económicos extraordinarios.
Como resultado, dijo el legislador, en la actualidad los activos y pasivos de Pemex son iguales, por lo que la empresa está técnicamente quebrada.
Por eso, añadió el legislador, no se ha construido una sola refinería desde la década de los ochenta, se importa 40% de las gasolinas que necesita el país, se sobreexplotan pozos y yacimientos, no se ha ensanchado el horizonte de reservas petroleras y no avanza en la exploración y producción de crudo para garantizar las reservas probadas.
El propio Calderón sabe que Pemex es viable porque tiene nueve años y medio de reservas petroleras -prosiguió Ramírez-, se pueden extraer de 30 a 50 mil barriles de petróleo en el Golfo de México y los yacimientos de la línea transfronteriza en el Hoyo de Dona.
Pese a esto, Calderón se propone explorar los 3 mil metros de aguas profundas que tiene México sin explotar, a fin de incrementar las reservas. No obstante, al carecer de la tecnología idónea, se le planteó a Satoil y Petróleo de Brasil (Petrobras) que se alíen con Pemex para explorar y extraer crudo, lo que estas empresas han rechazado argumentando que no les interesan las alianzas, sino los contratos de riesgo.
Además, estas empresas quieren perforar y compartir tanto la inversión como el hidrocarburo, lo que está prohibido en la Constitución. Esta es la razón por la que Calderón pretende aprobar su reforma, afirmó el senador.
Sin embargo, el proyecto de reforma elaborado por Ramírez sostiene que el propósito de Calderón, de explorar aguas profundas para extraer más crudo, no tiene fundamento técnico y científico porque más del 70% de aguas someras y en territorio nacional están sin explorar.
Autonomía e inversión
El eje principal de la iniciativa perredista es que “se seguirá garantizando la exclusividad del Estado en materia de hidrocarburos, la exploración, la explotación, transporte y almacenamiento, comercialización, así como los procesos industriales inherentes a éste”.
La propuesta prevé reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional para desaparecer las cuatro empresas subsidiarias de Pemex.
De igual manera, propone modificar el Consejo de Administración de Pemex para que sea autónomo.
Estaría integrado por 11 miembros: seis designados por el Ejecutivo, un representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) “y cuatro consejeros representantes sociales”, electos en ternas propuestas por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y por el director del Instituto Politécnico Nacional. Los consejeros deberán ser ratificados al menos por dos terceras partes del Senado.
Por parte del Ejecutivo, integrarían el consejo el secretario de Energía (presidente de dicho órgano) y los de Hacienda, de Medio Ambiente y de Economía, así como los titulares del Instituto Mexicano del Petróleo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los secretarios de despacho y los directores de industrias estratégicas como Pemex y la CFE también serían ratificados por la Cámara de Senadores.
Para demostrar que “es absurdo vender una riqueza que podemos potenciar”, el documento puntualiza que Pemex es la empresa petrolera que genera más utilidades antes de impuestos en el mundo, después de Exxon.
Además, México cuenta con la tercera reserva petrolera de América.
De acuerdo con datos sobre los ingresos petroleros de este año, Pemex produce 3.1 millones de barriles diarios; exporta 1 millón 687 mil barriles diarios; exporta 630 millones de barriles al año a un precio que oscila entre 70 y 80 dólares por barril; y su ingreso adicional asciende a 130 mil millones de pesos, recursos equivalentes al monto de la reforma fiscal aprobada el año pasado.
La iniciativa plantea, así mismo, dotar a Pemex de autonomía presupuestal, es decir de facultades para aprobar sus proyectos de presupuesto; autonomía técnica para realizar proyectos de inversión que garanticen el máximo rendimiento para la nación, así como autonomía de gestión, a fin de que la paraestatal cumpla con su objeto social contemplado en el Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Para garantizar dicha autonomía de gestión sin que el Estado pierda el control de la industria se creará la figura de Contrato Plan de Política y Desarrollo de la Industria Petrolera.
Con objeto de lograr la autosuficiencia en gasolinas para 2012, el documento prevé la construcción de una nueva refinería con una inversión de 82 mil millones de pesos, que entraría en funciones dentro de cinco años y procesaría 350 mil barriles diarios de crudo, o bien la construcción de dos refinerías “con costo de 35 mil millones de pesos cada una, que refinarían 150 mil barriles diarios”.
Adicionalmente, se debe cambiar la política de generar electricidad con gas natural porque es más barato y conveniente generar combustibles líquidos; reactivar la industria petroquímica y dejar de importar gas de Estados Unidos.
Acerca de los ductos, propone que compañías extranjeras dejen de diseñarlos, construirlos, darles mantenimiento y operarlos porque desde hace 69 años Pemex ha tenido la capacidad de realizar esas labores.
Ya en la entrevista, Graco Ramírez planteó que el mal funcionamiento de los ductos obliga a transportar los hidrocarburos vía terrestre, lo cual es caro y está “monopolizado” porque es parte del negocio de Mouriño y su familia, propietaria del Grupo Energético del Sureste (GES) “que tiene cientos de pipas”.
En su página de internet, GES dice contar con 38 estaciones de servicio en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz, y poseer una flota transportista “cuya función primordial es suministrar productos de Pemex a nuestra red de estaciones de servicio”.
El documento del PRD enfatiza: “La propuesta que hacemos es viable financieramente, se puede invertir el superávit primario que es de 124 mil millones de pesos y 10 mil millones de excedente del precio de este año. Por lo tanto es un falso dilema incorporar inversión privada con fines de privatización o participación como copropietarios en la construcción y operación de instalaciones”.
De igual forma, destaca la conveniencia de reformar el sector eléctrico y la CFE.
Propuesta “alternativa”
Ante la posibilidad de que se apruebe la reforma energética de Calderón, el 19 de noviembre de 2007 el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador presentó su Proyecto alternativo para rescatar y desarrollar al sector energético.
Los encargados de elaborar la propuesta fueron los secretarios del “gobierno legítimo”: Claudia Sheinbaum, de Patrimonio Nacional; Mario di Costanzo, de Hacienda Pública; y para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero.
El proyecto coincide en varios puntos con el del senador Graco Ramírez. Sostiene que parte de las maniobras para la privatización consisten en que las reservas de crudo se reduzcan a niveles peligrosos, “negándole a Pemex los recursos para invertir en refinación y obligando a la reducción de producción en las plantas petroquímicas”, lo que ninguna empresa petrolera del mundo permite.
Por eso propone corregir la expansión del gasto corriente del sexenio pasado (que creció a 607 mil millones de pesos) para aumentar la inversión, y que se fusionen las empresas subsidiarias de Pemex.
Igualmente, plantea invertir en la producción de crudo en los campos ya existentes, principalmente en aguas someras, donde se encuentran cuando menos 15 mil millones de barriles de reservas; cambiar la forma de contratación de los proyectos de inversión de Pemex y prescindir de los Pidiregas.
“De aplicarse esta propuesta tendríamos ahorros directos de divisas para el sector público de 10 mil millones de dólares por año, en menores importaciones de gasolina y gas”.
Sin embargo, anticipa este proyecto, “Calderón nos va a salir con que la única salida para una crisis energética y financiera es vender nuestra industria energética. Esto sería irresponsable y antipatriota, pero no obstante, sería consistente con lo que han hecho los últimos gobiernos desde principios de los ochenta”.
posted by H2AGUA at
11:26 a.m.
