Sin maíz no hay país... con impunidad tampoco
Por Esto / Julio Pimentel Ramírez
Mientras el gobierno espurio pretende poner oídos sordos a los crecientes reclamos campesinos y de amplios sectores sociales que demandan la cancelación o revisión a fondo del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que al abrir totalmente la entrada al país de maíz y frijol agrava aún más la crítica situación del campo mexicano y torpedea los débiles sustentos de la alimentación popular, en el terreno de la justicia persiste la impunidad como patente de corso para tropelías y agravios de funcionarios de toda laya.
Al clásico estilo salinista de gobernar, Felipe Calderón "ni ve, ni oye" las voces de organizaciones campesinas, diputados de oposición y partidos políticos que desconocen como interlocutor al titular de la SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez, dado que lo consideran insensible y ajeno a los graves problemas del golpeado sector agropecuario, así como por su tajante negativa, por orden directa de Los Pinos, de sondear siquiera la posibilidad de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN y su monótono discurso sobre los supuestos "beneficios" generados por el mismo tratado en igual renglón.
Los voceros oficiales y oficiosos insisten en que la importación de granos básicos traerá beneficios a los consumidores, afirmación que será puesta a prueba en el futuro mediato. En todo caso, cabrá preguntarse por la suerte de todos aquellos "consumidores" que se sumarán a las filas del desempleo, al ser expulsados de sus tierras por la voraz competencia de los productores estadounidenses fuertemente subsidiados por su gobierno, sin contar aquellos que en el subempleo y la economía informal perciben ingresos miserables.
Datos de la SAGARPA, presentados como "beneficios" del sector durante la vigencia del TLC, desmienten el discurso optimista de los funcionarios panistas: si bien el rendimiento por hectárea incrementó y se elevó la producción, el área cultivada disminuyó, la exportación cayó 31 por ciento y la importación de cereales y oleaginosas incrementó un 114 por ciento (en el caso particular del maíz, las compras al extranjero subieron 185 por ciento).
Asimismo en la otra parte del binomio, que en esta ocasión abordaremos en forma breve en las páginas de POR ESTO!, vemos un ejemplo mayúsculo de impunidad en el caso del ex desgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, impunidad que se pretende hacer extensiva a José Carlos Guzmán Alcocer, su alfil en el despojo y tráfico de terrenos ejidales, turbios negocios de los que se ha beneficiado el actual secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Aquí también, fueron ignoradas por el usurpador de Palacio Nacional --simbólico sitio del poder al que Calderón solamente puede entrar subrepticiamente y resguardado fuertemente por la tropa-- los señalamientos acerca de la notoria incapacidad de Patrón Laviada para ocupar la dependencia encargada, en el papel, de proteger el medio ambiente.
En los hechos esto significa entregarle un pasaporte, ya veremos por cuántos años, de impunidad al depredador yucateco para que continúe haciendo "negocios" al amparo del poder público, en beneficio del clan familiar y de su protector el neobanquero Roberto Hernández, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, quien, a su vez, es uno de los grandes empresarios que apoyaron a Calderón en la consumación de la imposición presidencial del 2006.
En otro orden de ideas, sobre el tema de la (in)justicia y la impunidad, cabe observar que la avalancha de acontecimientos, entre los que destacan los intentos de privatización de los energéticos, la apertura del capítulo agrario del TLCAN, la amenazante reforma judicial, las consecuencias en nuestra dependiente economía de los problemas estadounidenses, dejan poco espacio para hacer público --al menos en los medios de comunicación-- que siguen pendientes múltiples y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de sectores sociales vulnerables, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
Como denuncian familiares de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos, desaparecidos desde hace ocho meses, quienes se han visto obligados a conformar el comité "Hasta Encontrarlos": "....el gobierno de Felipe Calderón tiene el descaro de asentar que en nuestro país todo esta bien, que existe la democracia y que se respetan los Derechos Humanos de la población, ¡qué mentira!, pues a un año de su gobierno tan sólo en la ciudad de Oaxaca, se han dado los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, ya que además de la desaparición de los señores Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, se suma la desaparición de Daniela Ortiz Ramírez, de 14 años de edad, y Virginia Ortiz Ramírez, de 20, ambas indígenas Triquis de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, quienes están desaparecidas desde el 5 de julio del 2007. El señor Lauro Juárez, de 43 años de edad, campesino de la comunidad La Arena, de Santa María Temaxcaltepec, quien desapareció el 30 de diciembre del 2007".
"En ninguna de las cinco desapariciones anteriores, el gobierno estatal y el federal han dado solución a las exigencias de nuestras familias de presentar con vida a nuestros seres queridos, tampoco han realizado operativos de búsqueda para dar con su paradero. Al contrario, a estas desapariciones en la ciudad de Oaxaca se suma una más, la del señor Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos y miembro de la fundación Diego Lucero, quien fue desaparecido en el Estado de Michoacán el 26 de septiembre del 2007y de quien, desafortunadamente, tampoco se tienen noticias".
Finalmente cabe señalar que del 30 de enero al 20 de febrero, se llevará a cabo la sexta visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), con sede en Barcelona, España, e integrada, en esta ocasión, por 51 personas. Recorrerán Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.
Sostendrán audiencias con autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas con comuneros de Atenco, quienes representan un paradigmático caso de lo que actualmente es la justicia mexicana: implacable con sus opositores y benigna con los represores. En fin, la impunidad.
Mientras el gobierno espurio pretende poner oídos sordos a los crecientes reclamos campesinos y de amplios sectores sociales que demandan la cancelación o revisión a fondo del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que al abrir totalmente la entrada al país de maíz y frijol agrava aún más la crítica situación del campo mexicano y torpedea los débiles sustentos de la alimentación popular, en el terreno de la justicia persiste la impunidad como patente de corso para tropelías y agravios de funcionarios de toda laya.
Al clásico estilo salinista de gobernar, Felipe Calderón "ni ve, ni oye" las voces de organizaciones campesinas, diputados de oposición y partidos políticos que desconocen como interlocutor al titular de la SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez, dado que lo consideran insensible y ajeno a los graves problemas del golpeado sector agropecuario, así como por su tajante negativa, por orden directa de Los Pinos, de sondear siquiera la posibilidad de renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN y su monótono discurso sobre los supuestos "beneficios" generados por el mismo tratado en igual renglón.
Los voceros oficiales y oficiosos insisten en que la importación de granos básicos traerá beneficios a los consumidores, afirmación que será puesta a prueba en el futuro mediato. En todo caso, cabrá preguntarse por la suerte de todos aquellos "consumidores" que se sumarán a las filas del desempleo, al ser expulsados de sus tierras por la voraz competencia de los productores estadounidenses fuertemente subsidiados por su gobierno, sin contar aquellos que en el subempleo y la economía informal perciben ingresos miserables.
Datos de la SAGARPA, presentados como "beneficios" del sector durante la vigencia del TLC, desmienten el discurso optimista de los funcionarios panistas: si bien el rendimiento por hectárea incrementó y se elevó la producción, el área cultivada disminuyó, la exportación cayó 31 por ciento y la importación de cereales y oleaginosas incrementó un 114 por ciento (en el caso particular del maíz, las compras al extranjero subieron 185 por ciento).
Asimismo en la otra parte del binomio, que en esta ocasión abordaremos en forma breve en las páginas de POR ESTO!, vemos un ejemplo mayúsculo de impunidad en el caso del ex desgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, impunidad que se pretende hacer extensiva a José Carlos Guzmán Alcocer, su alfil en el despojo y tráfico de terrenos ejidales, turbios negocios de los que se ha beneficiado el actual secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Aquí también, fueron ignoradas por el usurpador de Palacio Nacional --simbólico sitio del poder al que Calderón solamente puede entrar subrepticiamente y resguardado fuertemente por la tropa-- los señalamientos acerca de la notoria incapacidad de Patrón Laviada para ocupar la dependencia encargada, en el papel, de proteger el medio ambiente.
En los hechos esto significa entregarle un pasaporte, ya veremos por cuántos años, de impunidad al depredador yucateco para que continúe haciendo "negocios" al amparo del poder público, en beneficio del clan familiar y de su protector el neobanquero Roberto Hernández, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, quien, a su vez, es uno de los grandes empresarios que apoyaron a Calderón en la consumación de la imposición presidencial del 2006.
En otro orden de ideas, sobre el tema de la (in)justicia y la impunidad, cabe observar que la avalancha de acontecimientos, entre los que destacan los intentos de privatización de los energéticos, la apertura del capítulo agrario del TLCAN, la amenazante reforma judicial, las consecuencias en nuestra dependiente economía de los problemas estadounidenses, dejan poco espacio para hacer público --al menos en los medios de comunicación-- que siguen pendientes múltiples y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de sectores sociales vulnerables, opositores políticos y defensores de los derechos humanos.
Como denuncian familiares de los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos, desaparecidos desde hace ocho meses, quienes se han visto obligados a conformar el comité "Hasta Encontrarlos": "....el gobierno de Felipe Calderón tiene el descaro de asentar que en nuestro país todo esta bien, que existe la democracia y que se respetan los Derechos Humanos de la población, ¡qué mentira!, pues a un año de su gobierno tan sólo en la ciudad de Oaxaca, se han dado los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, ya que además de la desaparición de los señores Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, se suma la desaparición de Daniela Ortiz Ramírez, de 14 años de edad, y Virginia Ortiz Ramírez, de 20, ambas indígenas Triquis de la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, quienes están desaparecidas desde el 5 de julio del 2007. El señor Lauro Juárez, de 43 años de edad, campesino de la comunidad La Arena, de Santa María Temaxcaltepec, quien desapareció el 30 de diciembre del 2007".
"En ninguna de las cinco desapariciones anteriores, el gobierno estatal y el federal han dado solución a las exigencias de nuestras familias de presentar con vida a nuestros seres queridos, tampoco han realizado operativos de búsqueda para dar con su paradero. Al contrario, a estas desapariciones en la ciudad de Oaxaca se suma una más, la del señor Francisco Paredes Ruiz, defensor de derechos humanos y miembro de la fundación Diego Lucero, quien fue desaparecido en el Estado de Michoacán el 26 de septiembre del 2007y de quien, desafortunadamente, tampoco se tienen noticias".
Finalmente cabe señalar que del 30 de enero al 20 de febrero, se llevará a cabo la sexta visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), con sede en Barcelona, España, e integrada, en esta ocasión, por 51 personas. Recorrerán Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.
Sostendrán audiencias con autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas con comuneros de Atenco, quienes representan un paradigmático caso de lo que actualmente es la justicia mexicana: implacable con sus opositores y benigna con los represores. En fin, la impunidad.
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12:19 a.m.
