México 2008: Petróleo y política
Prensa Latina
México, 1 ene (PL) La energía y la política irán de la mano en este 2008 que comienza en México y hoy se afirma en los círculos financieros que la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), está próxima.
Pero para ello se requieren reformas constitucionales, y para lograrlas, el presidente Felipe Calderón necesita hacer política. Es decir, conseguir los votos en el Congreso del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), algo, que distintos analistas consideran un hecho.
En ese contexto, se ha revelado que Pemex, la mayor empresa de México y América Latina y el mayor contribuyente fiscal del país, ha establecido convenios de cooperación con cinco multinacionales: la anglo holandesa Royal Dutch Shell, Petrobras, de Brasil, Staoil, de Holanda, la canadiense Nexen y el gigante petrolero estadunidense Chevron-Texaco.
Según autoridades de la paraestatal, se trata de convenios "sin carácter comercial", en materia de investigación científica y tecnológica, apegados a los actuales ordenamientos constitucionales y legales de México.
Sin embargo, el diario La Jornada denunció en diciembre pasado que existía un convenio de carácter confidencial con la Shell, para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, Veracruz, lo que está vedado por la Constitución.
Entonces se especuló que el llamado Proyecto Margarita permitiría posicionar a la empresa anglo-holandesa en el país, ante una eventual eliminación de las restricciones constitucionales a la inversión privada en el sector energético.
De acuerdo con información difundida, Pemex acordó con las cinco empresas multinacionales ocultar los acuerdos. Es decir, clasificó como "información confidencial" los resultados derivados de los acuerdos suscritos con esas compañías, e incluso asumió con esas firmas extranjeras el compromiso de no proporcionarlos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Según el compromiso asumido por Pemex, si rompe la reserva de los acuerdos deberá pagar una indemnización por un monto de 500 mil dólares por evento. Y en caso de una controversia entre ambas partes, ésta se tendrá que dirimir en las cortes internacionales de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, Francia.
El presidente Felipe Calderón ha dicho que Pemex no se privatizará. Igual afirman legisladores del partido oficial, Acción Nacional (PAN), y sus homólogos del PRI.
Sin embargo, desde hace años los privatizadores han emprendido una campaña que busca presentar a la paraestatal como una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra. Lo que induce a pensar a los opositores de la privatización, que el grupo en el poder quiere justificar la venta de Pemex a un precio muy por debajo de su valor real.
A ello se suma la actitud demagógica del gobierno, expresada en la negativa sistemática de las intenciones de privatización, cuando ha sido el propio Calderón quien, en 2003, siendo ministro de Energía en el gabinete de Vicente Fox, abogó por la apertura al capital privado de la Compañía Federal de Electricidad, mediante adecuaciones al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin de otorgar "certidumbre jurídica" a los inversionistas extranjeros.
Ahora sólo es cuestión de cambiar "sector eléctrico" por "sector petrolero". Asimismo, y no es un secreto para nadie, los distintos gobiernos neoliberales, desde Carlos Salinas de Gortari a Vicente Fox, pasando por la gestión de Ernesto Zedillo, han venido suscribiendo acuerdos, aparentemente inconfesables, con empresas internacionales, como el firmado con la Shell.
Durante más de 15 años, entre tantos otros trucos semánticos que intentan ocultar la privatización por partes de Pemex al margen de la Constitución, se ha llegado a hablar incluso de "acuerdos verbales", alianzas "sin documento alguno", convenios "de colaboración" y "pactos sin carácter comercial."
Afirmar que los convenios que se han suscrito con varias compañías multinacionales del sector energético son de carácter "no comercial" y se limitan a la investigación científica y tecnológica es, por decir lo menos, ingenuo.
Es bien sabido que en la industria petrolera lo que vale es, precisamente, la posesión de tecnología que permita la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos, pues de nada sirven las reservas si no se puede acceder a ellas.
Además, cabría preguntarse que interés podrían tener empresas como Chevron-Texaco o Shell, que no se caracterizan por ser hermanitas de la caridad, en colaborar con Pemex sí, como se afirma, no esperan recibir ganancias económicas a cambio.
Lo anterior permite aventurar con ciertos visos se certidumbre, que Calderón ya tiene amarrada para 2008 la reforma energética, tan demandada por el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el Banco Mundial.
Ello es lo que ha permitido decir a Banamex, filial en México del consorcio financiero estadunidense Citigroup, que "los tiempos parecen estar a punto" para que el PRI y el PAN realicen las reformas pertinentes para permitir la inversión privada en el sector energético.
O como planteó en su informe sobre México Economist Intelligence Unit, uno de los medios más influyentes de la comunidad financiera internacional, que edita la revista The Economist, "no es un secreto que a Calderón le gustaría dar a Pemex mayor flexibilidad para involucrar a compañías privadas".
Sin duda, Calderón tiene por delante un año desafiante. Se ha comprometido a abrir Pemex al capital privado, nacional y extranjero, y en 2008 deberá tomar la decisión. Cuenta, al parecer, con el aval del PRI.
Pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opone a la privatización de la paraestatal, y su líder, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la defensa de Pemex su principal bandera de lucha. Ello anticipa un año agitado.
México, 1 ene (PL) La energía y la política irán de la mano en este 2008 que comienza en México y hoy se afirma en los círculos financieros que la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), está próxima.
Pero para ello se requieren reformas constitucionales, y para lograrlas, el presidente Felipe Calderón necesita hacer política. Es decir, conseguir los votos en el Congreso del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), algo, que distintos analistas consideran un hecho.
En ese contexto, se ha revelado que Pemex, la mayor empresa de México y América Latina y el mayor contribuyente fiscal del país, ha establecido convenios de cooperación con cinco multinacionales: la anglo holandesa Royal Dutch Shell, Petrobras, de Brasil, Staoil, de Holanda, la canadiense Nexen y el gigante petrolero estadunidense Chevron-Texaco.
Según autoridades de la paraestatal, se trata de convenios "sin carácter comercial", en materia de investigación científica y tecnológica, apegados a los actuales ordenamientos constitucionales y legales de México.
Sin embargo, el diario La Jornada denunció en diciembre pasado que existía un convenio de carácter confidencial con la Shell, para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de Chicontepec, Veracruz, lo que está vedado por la Constitución.
Entonces se especuló que el llamado Proyecto Margarita permitiría posicionar a la empresa anglo-holandesa en el país, ante una eventual eliminación de las restricciones constitucionales a la inversión privada en el sector energético.
De acuerdo con información difundida, Pemex acordó con las cinco empresas multinacionales ocultar los acuerdos. Es decir, clasificó como "información confidencial" los resultados derivados de los acuerdos suscritos con esas compañías, e incluso asumió con esas firmas extranjeras el compromiso de no proporcionarlos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Según el compromiso asumido por Pemex, si rompe la reserva de los acuerdos deberá pagar una indemnización por un monto de 500 mil dólares por evento. Y en caso de una controversia entre ambas partes, ésta se tendrá que dirimir en las cortes internacionales de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, Francia.
El presidente Felipe Calderón ha dicho que Pemex no se privatizará. Igual afirman legisladores del partido oficial, Acción Nacional (PAN), y sus homólogos del PRI.
Sin embargo, desde hace años los privatizadores han emprendido una campaña que busca presentar a la paraestatal como una empresa depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra. Lo que induce a pensar a los opositores de la privatización, que el grupo en el poder quiere justificar la venta de Pemex a un precio muy por debajo de su valor real.
A ello se suma la actitud demagógica del gobierno, expresada en la negativa sistemática de las intenciones de privatización, cuando ha sido el propio Calderón quien, en 2003, siendo ministro de Energía en el gabinete de Vicente Fox, abogó por la apertura al capital privado de la Compañía Federal de Electricidad, mediante adecuaciones al texto de los artículos 27 y 28 constitucionales, con el fin de otorgar "certidumbre jurídica" a los inversionistas extranjeros.
Ahora sólo es cuestión de cambiar "sector eléctrico" por "sector petrolero". Asimismo, y no es un secreto para nadie, los distintos gobiernos neoliberales, desde Carlos Salinas de Gortari a Vicente Fox, pasando por la gestión de Ernesto Zedillo, han venido suscribiendo acuerdos, aparentemente inconfesables, con empresas internacionales, como el firmado con la Shell.
Durante más de 15 años, entre tantos otros trucos semánticos que intentan ocultar la privatización por partes de Pemex al margen de la Constitución, se ha llegado a hablar incluso de "acuerdos verbales", alianzas "sin documento alguno", convenios "de colaboración" y "pactos sin carácter comercial."
Afirmar que los convenios que se han suscrito con varias compañías multinacionales del sector energético son de carácter "no comercial" y se limitan a la investigación científica y tecnológica es, por decir lo menos, ingenuo.
Es bien sabido que en la industria petrolera lo que vale es, precisamente, la posesión de tecnología que permita la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos, pues de nada sirven las reservas si no se puede acceder a ellas.
Además, cabría preguntarse que interés podrían tener empresas como Chevron-Texaco o Shell, que no se caracterizan por ser hermanitas de la caridad, en colaborar con Pemex sí, como se afirma, no esperan recibir ganancias económicas a cambio.
Lo anterior permite aventurar con ciertos visos se certidumbre, que Calderón ya tiene amarrada para 2008 la reforma energética, tan demandada por el presidente de Estados Unidos, George Bush, y el Banco Mundial.
Ello es lo que ha permitido decir a Banamex, filial en México del consorcio financiero estadunidense Citigroup, que "los tiempos parecen estar a punto" para que el PRI y el PAN realicen las reformas pertinentes para permitir la inversión privada en el sector energético.
O como planteó en su informe sobre México Economist Intelligence Unit, uno de los medios más influyentes de la comunidad financiera internacional, que edita la revista The Economist, "no es un secreto que a Calderón le gustaría dar a Pemex mayor flexibilidad para involucrar a compañías privadas".
Sin duda, Calderón tiene por delante un año desafiante. Se ha comprometido a abrir Pemex al capital privado, nacional y extranjero, y en 2008 deberá tomar la decisión. Cuenta, al parecer, con el aval del PRI.
Pero el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se opone a la privatización de la paraestatal, y su líder, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la defensa de Pemex su principal bandera de lucha. Ello anticipa un año agitado.
posted by H2AGUA at
3:59 p.m.
