Desencadenando la violencia

Dossier

Sin duda el gobierno de Calderón debe ponerse las pilas. Y al parecer, no ha estado logrando los más mínimos factores de estabilidad nacional como son el orden público y la paz social. En Tijuana, refiriéndose a la delincuencia federal, declaró sin gracia ni fuerza algunas: “Vamos a echarles montón”. Como si la delincuencia federal estuviera cruzada de brazos. Nadie se lo creyó en realidad. Y la respuesta no se hizo esperar. Sí echaron montón. Pero no por parte del Gobierno Mexicano.

Dos días después de su visita a la fronteriza ciudad, un grupo armado de 15 elementos atacaron con armas de alto poder, las propias instalaciones de la Dirección de Policía y Tránsito de Rosarito, Baja California, a unos cuantos kilómetros de distancia de Tijuana. Se especula que participaron policías. Nada nuevo por cierto en las noticias diarias del país.

La intención era liquidar al director de dicha corporación quien en ese momento se encontraba atendiendo al público. No lograron el objetivo. Hoy el director, ex militar en retiro, vive rodeado de ese grupo especial del Ejército llamado GAFES. Grupo profesional que tiene una preparación castrense de excelencia.

Lo cierto amable lector, es que la criminalidad sobretodo en Tijuana, está imparable. No hay poder sobre la tierra que la pueda detener. So pretexto del tráfico de drogas las autoridades no hacen nada. Hoy y siempre todos los delitos que ocurren en Tijuana y por extensión en el país, se los acreditan al narcotráfico lo cual a todas luces es una verdadera aberración, ya que este sector es totalmente diferente en sus intenciones a como la autoridad lo maneja en sus declaraciones.

La autoridad local en cuanto se registra algún hecho delictivo, acusa al narcotráfico del mismo, y con ello tiene la gran oportunidad de no investigar, en una especie de complaciente incapacidad policial de carácter indagatorio, pero también en una especie de justificación de que el que la hace la paga, es decir, si la víctima andaba supuestamente en dicha actividad, entonces mereció que pagara con su vida tal atrevimiento. Dicho como lo declaró un insensible gobernante norteño: “lo bueno es que se están matando entre ellos”, y con esta actitud frívola amable lector, no se investigan los delitos, dejando al delincuente común con la clásica impunidad al saberse conciente de que no será objeto de sanción alguna o de ejemplar castigo.

Por eso es que el que esto escribe, está convencido que lo más importante es atacar de lleno y sin miramiento alguno, a la delincuencia del orden común. Al sonorense en particular, y al mexicano en lo general, les interesa los delitos que se registran en sus propias calles, en sus domicilios, en sus oficinas, en los caminos, en sus calles, en sus carreteras, al ser víctimas ellos mismos o sus familias, de asaltos, de violaciones sexuales, de robos, de homicidios, de amenazas de todo tipo, de riñas, de secuestros, de lesiones, por parte de esos desalmados que hoy delinquen sin que la autoridad les ponga la mano encima. ¿Qué decir amable lector, cuando esos abusos, tropelías e incluso delitos provienen de la misma autoridad, sobre todo la policíaca o de la que realiza funciones de seguridad pública?.

Sin duda el fracaso en materia de combate a la delincuencia, no sólo de la administración Calderonista sino de manera preponderante la del payo Vicente Fox, está a la vista. El gobierno de Calderón ha sido ineficaz ya no para desparecer la delincuencia en el país, sino por lo menos para reducir los índices delictivos. Por el contrario, estos han aumentado en forma escandalosa. No hay solución efectiva a la misma. No se tiene la fórmula mágica, se ha dicho por quienes tienen esa grave responsabilidad en el gobierno. Costará mucho dinero y muchas vidas el poder lograr combatir con resultados positivos. Pues señores del gobierno, esto no se ha visto aun, a pesar del dineral que se han estado gastando.

Ante el fracaso de la administración Calderonista, hoy se pretende continuar conculcando la garantía individual prevista y contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Han sido tantas y tantas las pifias del Gobierno Federal como de los Gobiernos de los Estados en materia de seguridad pública y de seguridad nacional, que hoy la población mexicana se encuentra muy preocupada por su futuro y el de sus hijos y nietos.

Lo cierto es que tanto el gobierno federal como los estatales, no han logrado resolver el problema de la delincuencia y se han desbrujulado por falta de programas, planes y políticas públicas serias, responsables y sobretodo, efectivas. Creen ilusamente que con reformas legales, lograrán su objetivo. Ya se dieron cuenta, por ejemplo, que el aumento o incremento en las penas por delitos cometidos por la propia población a la que gobiernan, no es la solución al problema. El que un delito que se castigaba con 10 años de prisión, haya pasado a sancionarse con el doble o triple de años en cárcel, no remedió absolutamente nada. Al delincuente lo que menos le atemoriza es el número de años a que estará sometida su condena.

Por otra parte, el pretender el gobierno en los hechos, ir conculcando día a día el contenido del artículo 16 Constitucional, al hacer nugatorio el estado de derecho con autorizar intervenciones telefónicas, con revisar la correspondencia que circula en estafetas, con decretar el arraigo de una persona excediendo los términos previstos para que el Ministerio Público no pueda retener más de cuarenta y ocho horas a un ciudadano, sin que le resulte una consignación ante juez o bien, para que lo libere; y ahora la novedad de que para efectuar cateos no se requiera orden escrita emanada de un juez, sólo proyecta una cruda realidad de que el gobierno mexicano sólo está aceptando su ineficacia y falta de resultados efectivos en el combate a la criminalidad.

Pero también aun contra el 16 citado, ya legitimó los retenes de todo tipo. Revisiones en todos lados cual si estuviéramos viviendo un Estado de Sitio. En realidad eso estamos padeciendo. Un estado de sitio en las carreteras, en las calles, en los edificios públicos, en nuestros carros, y ahora, para rematar, en nuestros domicilios. Ni mas ni menos, un estado de sitio legitimado por la autoridad que no es capaz de crear, de idear, de rodearse de gente pensante para elaborar medidas más efectivas de combate a la criminalidad, con líneas de acción que incluyan primero que nada, un reclutamiento de quienes se incorporarán a funciones de seguridad pública y seguridad nacional con perfiles realmente confiables, con gente institucional y con vocación de servir a la sociedad que paga sus emolumentos.

Asimismo, que se haga de dichos elementos, portadores dignos del uniforme que sean respetados por la sociedad, y se hagan respetar ante la misma. Por ejemplo, ¿porqué con el ejército mexicano no se juega, ni se mofa, ni se pitorrea, ni lo cuestiona la ciudadanía?. En cambio con cualquier policía, -aunque nos duela aceptarlo-, el ciudadano actúa sin respeto ni consideración alguna? ¿Será por las armas que porta el ejército y la cara de pocos amigos?. Claro que no, amable lector. Es que éstos se dan a respetar y son respetados aun, con su sola presencia. Los policías, debemos aceptarlo, han pasado a ser la botana del pueblo, pero también el temor vestido de uniforme por no saber la ciudadanía si está ante un verdadero servidor público o ante un malhechor. Todo desde luego, con sus honrosas excepciones. ¿Sabía usted por ejemplo que en Estados Unidos es más importante un policía que una autoridad administrativa?. La policía con su sola presencia se hace respetar. El ciudadano no discute ni cuestiona la acción de la policía. El segundo nivel para ello, será cuando esté frente al juez.

En segundo lugar se necesitaría la integración de una buena fuente de datos e informática moderna y eficaz para tener un antecedente único a nivel nacional que le proporcione a las organismos correspondientes, la información oportuna, veraz y completa de aquellos que delinquen o pudieran relacionarse con algún delito. Si dicha base de datos ya se encuentra integrada, entonces cabría pensar que la autoridad entonces está haciéndose tonta sola, o se ha convertido en cómplice del delincuente.
O usted, ¿qué opina amable lector?

2008. El autor es abogado postulante por la UNAM, ha sido catedrático universitario en varios Estados y articulista en diversos periódicos del país. (662) 217.9216 y (6621) 74.3898.