México: Paraíso de los sátrapas
Álvaro delgado
México, D.F., 3 de diciembre (apro).- La sociedad de todo el país debe una disculpa a Mario Marín, gobernador constitucional del estado de Puebla, a quien la población que gobierna se la dio inobjetablemente apenas el 11 de noviembre con la aplastante victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones estatales.
La sociedad mexicana está obligada a ofrecer una disculpa, también, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por poner en entredicho su sano juicio y exigirle sólo sentencias populares.
En un país de leyes, donde prevalece el estado de derecho, nadie puede impunemente cuestionar a las instituciones, en este caso a un gobernador electo por su pueblo y al máximo tribunal constitucional, última instancia en la impartición de justicia.
Quienes, ruidosa y groseramente, rechazan la sentencia del máximo tribunal porque esperaban, hambrientos de sangre, una sanción contra el legítimo gobernador de Puebla por haber puesto en su lugar a la periodista Lydia Cacho, y sobre todo por exigir investigaciones sobre las redes de pornografía y abusos sexuales contra niños y niñas, deben acatar la decisión inatacable de los ministros o atenerse a las consecuencias.
Y éstas son, al menos, ser exhibidos como enemigos de la ley y de las instituciones que nos hemos dado todos con tanto sacrificio y ser tildados de “renegados” de la consolidación de la democracia, en la que nadie está por encima de la ley y se gobierna “para los que menos tienen”.
Quienes osan cuestionar, con falacias y con insolencias, el ánimo de justicia de la mayoría del pleno de la SCJN --porque hubo tres ministros que, populistas, trataron de tramar una conspiración contra Mario Plutarco Marín Torres--, deben cesar el encono que también mantienen contra otro mandatario, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Como el de Puebla, el legítimo gobernador de Oaxaca enfrenta la inquina de sectores resentidos vinculados con grupos terroristas como el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien ha recibido la asesoría criminal de Al Qaeda, y que han buscado desestabilizar a ese estado y también a todo el país, una empresa frustrada por la decidida acción de los gobiernos estatales y federal.
Es preciso anticiparles a los enemigos de la ley y las instituciones que, como en el caso de Puebla, no tendrán éxito, porque el pueblo y sus autoridades encabezadas por el ciudadano Felipe Calderón, dotado de una legitimidad que sólo ponen en entredicho los que exigen neciamente castigo al licenciado Marín, no permitirán que se frene el progreso de México.
¿No eran estos mismos los que, con ánimo de venganza, exigían castigo contra el licenciado Raúl Salinas de Gortari, a quien le fabricaron delitos de enriquecimiento ilícito, relación con el narcotráfico y hasta el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu? ¿No se comprobó su inocencia de todos los cargos, entre ellos que recibió dinero de narcotraficantes, porque ciudadanos de intachable solvencia moral le prestaron los millones de dólares que había depositado en Suiza, como Carlos Hank y Ricardo Salinas Pliego, este último dueño de las mueblerías Elektra y el que, en un impecable proceso de privatización, compró Televisión Azteca al gobierno de Carlos Salinas?
¿No son los mismos resentidos sociales los que exigieron el castigo de otro intachable gobernador, el guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, acusado injustamente del asesinato de 17 pobretones campesinos, en junio de 1995, un hecho que ni siquiera probó el video truqueado que transmitió Ricardo Rocha? Sólo porque sabía que era inocente, el licenciado Figueroa --cuyo padre tuvo la gallardía de perseguir a gavilleros encabezados por Lucio Cabañas-- pidió licencia para no obstaculizar las investigaciones.
Sí, se trata de los mismos revoltosos y argüenderas que fastidian con que en Acteal, Chiapas, hubo un plan de Estado para cometer la matanza de 45 indígenas, cuando se trató sólo de pleito intercomunitario por un banco de arena; son los mismos que exigen castigo contra militares y civiles patriotas que impidieron la instauración del comunismo en México ciertamente con unos cuantos muertos en Tlatelolco, un sacrificio que valió la pena; son los mismos que siguen quejándose de que hubo y ahora hay otra vez una “guerra sucia”; son los mismos, en fin, que ponen en duda la palabra del “señor presidente” en la muerte --por gastritis-- de la indígena veracruzana Ernestina Ascensión y no por la violación sexual de soldados, los que quieren castigar a los culpables de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila.
Total, los que desafían el fallo de la SCJN son los inconformes de siempre, los enemigos del progreso y de la modernidad, los que no terminan de entender que en México somos iguales pero hay clases, los que niegan que no vale lo mismo el voto de un miserable al de un empresario, los que se obstinan en ignorar que México nunca será un paraíso populista y demagógico, los que piensan que podría castigarse a los delincuentes electorales José Luis Barraza y Enrique Terrazas Torres, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano por sus spots…
Claro que también hay los oportunistas de siempre, los que --por ser políticamente correctos y quedar bien con el poder-- hoy se desgarran las vestiduras por el fallo de la SCJN y niegan lo evidente: el encubrimiento de Calderón a Marín.
Bueno, si esa es otra mentira de los resentidos, pronto se verá que las dos averiguaciones previas integradas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el “escarmiento” a Lydia Cacho serán consignadas a un juez para proceder contra Mario Marín.
Y no hay que olvidar que el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora Icaza, es responsable como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox de la represión en Atenco, Estado de México, y Oaxaca.
Por eso, ante el caso de Calderón ante Marín, ¿cuándo se va visto que un delincuente impune exija la aplicación de la ley?
Pues sí, hay que ofrecerle disculpas a Marín…
Apuntes
No ha pasado una semana de ocurrido y el asesinato de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exsenador, exdiputado federal y dos veces alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, ya se echó al olvido. Es el crimen más atroz contra un personaje público que gozaba del aprecio de mucha gente, más allá de la política. Antes y después de los comicios del 11 de noviembre, había denunciado --como lo hizo tres años antes-- la colusión entre el narcotráfico y el gobierno del estado, entre ellos el procurador que ahora, qué maravilla, investiga quiénes fueron los autores del crimen. Nada pasará sencillamente porque, como en el caso de Marín y Ulises Ruiz, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, forma parte del priismo que pactó, desde las elecciones presidenciales, con Calderón, quien cumple un año con la misma ilegitimidad con que comenzó… Claro, mañana martes, Calderón condenará el abominable crimen de Sergio Gómez, vocalista del popular grupo K-Paz de la Sierra…
México, D.F., 3 de diciembre (apro).- La sociedad de todo el país debe una disculpa a Mario Marín, gobernador constitucional del estado de Puebla, a quien la población que gobierna se la dio inobjetablemente apenas el 11 de noviembre con la aplastante victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones estatales.
La sociedad mexicana está obligada a ofrecer una disculpa, también, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por poner en entredicho su sano juicio y exigirle sólo sentencias populares.
En un país de leyes, donde prevalece el estado de derecho, nadie puede impunemente cuestionar a las instituciones, en este caso a un gobernador electo por su pueblo y al máximo tribunal constitucional, última instancia en la impartición de justicia.
Quienes, ruidosa y groseramente, rechazan la sentencia del máximo tribunal porque esperaban, hambrientos de sangre, una sanción contra el legítimo gobernador de Puebla por haber puesto en su lugar a la periodista Lydia Cacho, y sobre todo por exigir investigaciones sobre las redes de pornografía y abusos sexuales contra niños y niñas, deben acatar la decisión inatacable de los ministros o atenerse a las consecuencias.
Y éstas son, al menos, ser exhibidos como enemigos de la ley y de las instituciones que nos hemos dado todos con tanto sacrificio y ser tildados de “renegados” de la consolidación de la democracia, en la que nadie está por encima de la ley y se gobierna “para los que menos tienen”.
Quienes osan cuestionar, con falacias y con insolencias, el ánimo de justicia de la mayoría del pleno de la SCJN --porque hubo tres ministros que, populistas, trataron de tramar una conspiración contra Mario Plutarco Marín Torres--, deben cesar el encono que también mantienen contra otro mandatario, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Como el de Puebla, el legítimo gobernador de Oaxaca enfrenta la inquina de sectores resentidos vinculados con grupos terroristas como el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), quien ha recibido la asesoría criminal de Al Qaeda, y que han buscado desestabilizar a ese estado y también a todo el país, una empresa frustrada por la decidida acción de los gobiernos estatales y federal.
Es preciso anticiparles a los enemigos de la ley y las instituciones que, como en el caso de Puebla, no tendrán éxito, porque el pueblo y sus autoridades encabezadas por el ciudadano Felipe Calderón, dotado de una legitimidad que sólo ponen en entredicho los que exigen neciamente castigo al licenciado Marín, no permitirán que se frene el progreso de México.
¿No eran estos mismos los que, con ánimo de venganza, exigían castigo contra el licenciado Raúl Salinas de Gortari, a quien le fabricaron delitos de enriquecimiento ilícito, relación con el narcotráfico y hasta el asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu? ¿No se comprobó su inocencia de todos los cargos, entre ellos que recibió dinero de narcotraficantes, porque ciudadanos de intachable solvencia moral le prestaron los millones de dólares que había depositado en Suiza, como Carlos Hank y Ricardo Salinas Pliego, este último dueño de las mueblerías Elektra y el que, en un impecable proceso de privatización, compró Televisión Azteca al gobierno de Carlos Salinas?
¿No son los mismos resentidos sociales los que exigieron el castigo de otro intachable gobernador, el guerrerense Rubén Figueroa Alcocer, acusado injustamente del asesinato de 17 pobretones campesinos, en junio de 1995, un hecho que ni siquiera probó el video truqueado que transmitió Ricardo Rocha? Sólo porque sabía que era inocente, el licenciado Figueroa --cuyo padre tuvo la gallardía de perseguir a gavilleros encabezados por Lucio Cabañas-- pidió licencia para no obstaculizar las investigaciones.
Sí, se trata de los mismos revoltosos y argüenderas que fastidian con que en Acteal, Chiapas, hubo un plan de Estado para cometer la matanza de 45 indígenas, cuando se trató sólo de pleito intercomunitario por un banco de arena; son los mismos que exigen castigo contra militares y civiles patriotas que impidieron la instauración del comunismo en México ciertamente con unos cuantos muertos en Tlatelolco, un sacrificio que valió la pena; son los mismos que siguen quejándose de que hubo y ahora hay otra vez una “guerra sucia”; son los mismos, en fin, que ponen en duda la palabra del “señor presidente” en la muerte --por gastritis-- de la indígena veracruzana Ernestina Ascensión y no por la violación sexual de soldados, los que quieren castigar a los culpables de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila.
Total, los que desafían el fallo de la SCJN son los inconformes de siempre, los enemigos del progreso y de la modernidad, los que no terminan de entender que en México somos iguales pero hay clases, los que niegan que no vale lo mismo el voto de un miserable al de un empresario, los que se obstinan en ignorar que México nunca será un paraíso populista y demagógico, los que piensan que podría castigarse a los delincuentes electorales José Luis Barraza y Enrique Terrazas Torres, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano por sus spots…
Claro que también hay los oportunistas de siempre, los que --por ser políticamente correctos y quedar bien con el poder-- hoy se desgarran las vestiduras por el fallo de la SCJN y niegan lo evidente: el encubrimiento de Calderón a Marín.
Bueno, si esa es otra mentira de los resentidos, pronto se verá que las dos averiguaciones previas integradas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el “escarmiento” a Lydia Cacho serán consignadas a un juez para proceder contra Mario Marín.
Y no hay que olvidar que el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora Icaza, es responsable como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox de la represión en Atenco, Estado de México, y Oaxaca.
Por eso, ante el caso de Calderón ante Marín, ¿cuándo se va visto que un delincuente impune exija la aplicación de la ley?
Pues sí, hay que ofrecerle disculpas a Marín…
Apuntes
No ha pasado una semana de ocurrido y el asesinato de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exsenador, exdiputado federal y dos veces alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, ya se echó al olvido. Es el crimen más atroz contra un personaje público que gozaba del aprecio de mucha gente, más allá de la política. Antes y después de los comicios del 11 de noviembre, había denunciado --como lo hizo tres años antes-- la colusión entre el narcotráfico y el gobierno del estado, entre ellos el procurador que ahora, qué maravilla, investiga quiénes fueron los autores del crimen. Nada pasará sencillamente porque, como en el caso de Marín y Ulises Ruiz, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, forma parte del priismo que pactó, desde las elecciones presidenciales, con Calderón, quien cumple un año con la misma ilegitimidad con que comenzó… Claro, mañana martes, Calderón condenará el abominable crimen de Sergio Gómez, vocalista del popular grupo K-Paz de la Sierra…
posted by H2AGUA at
11:45 a.m.
