La áspera textura de la política mexicana
Lorenzo Meyer
La vida política como guerra civil fría. En la presentación de la crónica del sexenio pasado que acaba de publicar Alejandra Lajous -Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar, (Océano, 2007)- Jesús Silva-Herzog Márquez caracterizó la actual confrontación de los actores políticos mexicanos como una guerra civil fría. Visualizar de esa manera la relación que mantienen entre sí los tres principales partidos políticos y sus aliados -la desconfianza sin límites, el choque constante y, sobre todo, el deseo de eliminar al otro- permite entender la dureza que ha marcado la política del supuesto arranque de la consolidación democrática de México.
Las razones por las cuales el juego del poder entre la derecha dominante y las izquierdas en el México de hoy puede ser caracterizado como de guerra fría tiene su origen inmediato en las formas y el contenido de la política de Vicente Fox y la reacción de sus oponentes. Impedir el éxito del otro desplazó a la democratización como proyecto nacional.
Desde su primera crónica sobre el foxiato -¿Dónde se perdió el cambio?- publicada en 2003, y cuando en muchos círculos aún reinaba un cierto optimismo sobre la transformación de México, Lajous sostuvo que el nuevo gobierno ya había perdido el rumbo, y que Fox y los suyos no tenían una idea clara de hacia dónde dirigir las energías que habían despertado en julio del 2000. Ese juicio resultó casi exacto.
En efecto, para la segunda mitad del sexenio ya era claro que Fox carecía de una propuesta positiva y coherente de largo plazo para cambiar a México, pero que, sobre la marcha, había construido lo que podría definirse como un "propósito negativo" y una obsesión presidencial y de la derecha en su conjunto: impedir que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -el "peligro para México"- triunfase en las elecciones del 2006.
Para entonces ya era evidente la influencia que los grandes empresarios sobre Fox en materia de toma de decisiones (véanse al respecto algunos de los retratos que hacen Jorge Castañeda y Rubén Aguilar de la relación entre Fox y el gran capital en La diferencia. Radiografía de un sexenio). Al final, el Jefe del Ejecutivo, el PAN, el PRI, Elba Esther y su sindicato y la élite empresarial, decidieron impedir "a como diera lugar" una alternancia que dejase a AMLO en control de la Presidencia. Fue de esta manera torcida y reactiva que Fox dio forma a su pobre proyecto político: el veto.
Esa voluntad explica el ambiente de guerra fría que hoy priva en nuestra política y que va desde el ilegítimo desafuero de AMLO hasta la actual crisis del Instituto Federal Electoral (IFE), pasando por la feroz campaña electoral negativa del PAN y los poderes fácticos, el plantón de Reforma o la caótica transmisión de poderes en diciembre del año pasado.
La política de preservación del status quo que da sentido a las acciones del PAN y del PRI ha buscado, sistemáticamente, obtener la colaboración -cooptación- de una parte de la izquierda perredista. Para lograr este objetivo, particularmente importante después de las alecciones del 2006, las derechas parecen dispuestas a garantizarle a la "izquierda moderna" y colaboracionista un espacio político, que sería el pago por su valiosa e insustituible ayuda para darle el golpe final a las fuerzas lopezobradoristas. Los mejores ejemplos de este intercambio de apoyos se tienen hoy en la colaboración entre los gobernadores del PRD y el Gobierno Federal.
Y esta "guerra fría" se ha extendido. Hoy por hoy, la estrategia de destrucción del lopezobradorismo tiene apoyos en el gran capital local e internacional, en los principales medios de comunicación, la Iglesia Católica y en el conjunto de fuerzas económicas externas con intereses en México.
Por su parte, la izquierda encabezada por AMLO, aunque innegablemente debilitada, se mantiene con vida e insiste en su "larga marcha" para volver a competir en las urnas. Su camino rumbo a las nuevas elecciones pasa por una campaña permanente de movilización y reclutamiento que a nivel municipal constituye hoy el objetivo político central de quien encabeza la Convención Democrática Nacional y es reconocido por los suyos como "presidente legítimo". En estas condiciones, es la resistencia de la izquierda inconforme a los resultados del 2006 lo que le da el tono ríspido a la política mexicana en temas como los siguientes.
El petróleo. Desde que el neoliberalismo arraigó en México, el Gobierno le ha arrancado a Pemex lo que más pudo en impuestos y le ha devuelto lo menos posible para inversión. También se ha tolerado, pese al escándalo del llamado "Pemexgate", al sindicalismo corrupto pero dócil creado a raíz del golpe de Carlos Salinas a "La Quina". Encima, la corrupción en grande en la relación Pemex-contratistas privados se mantiene tan vigente como siempre. Los resultados de esta descomposición de la gran paraestatal salen a la luz del día con los frecuentes accidentes, pero finalmente nadie ha sido consignado ante un juez.
Esas condiciones de sangría sistemática de la industria petrolera son el marco necesario de las presiones nacionales e internacionales para abrir Pemex al capital externo como "la única alternativa" a un desastre en materia energética. La izquierda no colaboracionista es hoy la única -y última- barrera que impide la destrucción del mayor logro del nacionalismo mexicano.
La seguridad. Hoy por hoy, lo más parecido a una guerra caliente lo tenemos en el campo de la seguridad. Hace ya casi un año que Felipe Calderón decidió afianzar su imagen presidencial con el uso del uniforme de general de cinco estrellas y la movilización del ejército en las zonas donde la presencia del narcotráfico era más descarada. Con esas acciones, la popularidad de Calderón aumentó, pero al concluir 2007 la cifra de asesinatos relacionados con la actividad de los carteles del narcotráfico ya rebasó los 2,600, lo que confirma que la movilización y visibilidad del Ejército no ha servido para restaurar el orden.
Un nuevo paso en la misma dirección es la "reforma judicial". El intento de reducir el crimen organizado mediante el otorgamiento de nuevos y mayores poderes a una policía y ministerio públicos corruptos hasta el tuétano no auguran nada bueno. La posibilidad de que el allanamiento de domicilios sin orden judicial haga una diferencia real en materia de seguridad es dudosa. Las experiencias de Atenco y Oaxaca en el 2006 y de otras muchas del pasado hacen sospechar a la izquierda que esa disminución de las garantías individuales tiene dedicatoria y no precisamente al crimen organizado. Finalmente, la "Iniciativa Mérida" parece haber sido calculada para combatir a los enemigos del Estado y para consolidar el apoyo norteamericano a Calderón.
IFE. El marco institucional que se creó para garantizar la honestidad, imparcialidad y credibilidad electoral es otro campo de batalla. La desconfianza profunda y justificada de la izquierda impidió que finalmente se cumpliera en diciembre con el plazo establecido para nombrar al nuevo presidente del IFE y a dos consejeros. Es también la desconfianza lo que llevó al lopezobradorismo a dudar de los propósitos de un nuevo Cofipe donde se condiciona hasta hacerla inútil su demanda del conteo del "voto por voto casilla por casilla" cuando los resultados son muy cerrados.
La Suprema Corte. La pobreza de argumentos que la mayoría de la SCJN empleó para sostener que no hubo una violación grave de las garantías individuales de Lydia Cacho llevó a que parte importante de la sociedad confirmara sus peores sospechas sobre la institucionalidad vigente. En el actual ambiente de polarización política, resulta casi imposible no suponer que este pronunciamiento de la SCJN buscó sostener la alianza de facto entre PAN y PRI, que es la base del gobierno actual.
Los monopolios. De tiempo atrás el Ejecutivo ha creado y sostenido a grandes concentraciones de capital monopólico. Se señala, incluso desde la óptica del juego neoliberal, que ya es indispensable llevar a cabo una reestructuración de la economía que ponga fin a la protección histórica que se ha dado a los monopolios como el de Telmex, Cemex o al duopolio televisivo. Pero la guerra fría entre derecha e izquierda le impide al Gobierno chocar con quienes constituyen una de sus principales bases de apoyo.
En suma. La dinámica política que domina en México -la de una guerra civil fría- sólo se explica porque en el momento fundacional del cambio, Fox y la derecha que lo propició y arropó, se mostraron ajenos al razonamiento democrático. Cómo reparar el daño y recuperar el tiempo perdido son hoy preguntas sin respuesta.
La vida política como guerra civil fría. En la presentación de la crónica del sexenio pasado que acaba de publicar Alejandra Lajous -Vicente Fox. El presidente que no supo gobernar, (Océano, 2007)- Jesús Silva-Herzog Márquez caracterizó la actual confrontación de los actores políticos mexicanos como una guerra civil fría. Visualizar de esa manera la relación que mantienen entre sí los tres principales partidos políticos y sus aliados -la desconfianza sin límites, el choque constante y, sobre todo, el deseo de eliminar al otro- permite entender la dureza que ha marcado la política del supuesto arranque de la consolidación democrática de México.
Las razones por las cuales el juego del poder entre la derecha dominante y las izquierdas en el México de hoy puede ser caracterizado como de guerra fría tiene su origen inmediato en las formas y el contenido de la política de Vicente Fox y la reacción de sus oponentes. Impedir el éxito del otro desplazó a la democratización como proyecto nacional.
Desde su primera crónica sobre el foxiato -¿Dónde se perdió el cambio?- publicada en 2003, y cuando en muchos círculos aún reinaba un cierto optimismo sobre la transformación de México, Lajous sostuvo que el nuevo gobierno ya había perdido el rumbo, y que Fox y los suyos no tenían una idea clara de hacia dónde dirigir las energías que habían despertado en julio del 2000. Ese juicio resultó casi exacto.
En efecto, para la segunda mitad del sexenio ya era claro que Fox carecía de una propuesta positiva y coherente de largo plazo para cambiar a México, pero que, sobre la marcha, había construido lo que podría definirse como un "propósito negativo" y una obsesión presidencial y de la derecha en su conjunto: impedir que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -el "peligro para México"- triunfase en las elecciones del 2006.
Para entonces ya era evidente la influencia que los grandes empresarios sobre Fox en materia de toma de decisiones (véanse al respecto algunos de los retratos que hacen Jorge Castañeda y Rubén Aguilar de la relación entre Fox y el gran capital en La diferencia. Radiografía de un sexenio). Al final, el Jefe del Ejecutivo, el PAN, el PRI, Elba Esther y su sindicato y la élite empresarial, decidieron impedir "a como diera lugar" una alternancia que dejase a AMLO en control de la Presidencia. Fue de esta manera torcida y reactiva que Fox dio forma a su pobre proyecto político: el veto.
Esa voluntad explica el ambiente de guerra fría que hoy priva en nuestra política y que va desde el ilegítimo desafuero de AMLO hasta la actual crisis del Instituto Federal Electoral (IFE), pasando por la feroz campaña electoral negativa del PAN y los poderes fácticos, el plantón de Reforma o la caótica transmisión de poderes en diciembre del año pasado.
La política de preservación del status quo que da sentido a las acciones del PAN y del PRI ha buscado, sistemáticamente, obtener la colaboración -cooptación- de una parte de la izquierda perredista. Para lograr este objetivo, particularmente importante después de las alecciones del 2006, las derechas parecen dispuestas a garantizarle a la "izquierda moderna" y colaboracionista un espacio político, que sería el pago por su valiosa e insustituible ayuda para darle el golpe final a las fuerzas lopezobradoristas. Los mejores ejemplos de este intercambio de apoyos se tienen hoy en la colaboración entre los gobernadores del PRD y el Gobierno Federal.
Y esta "guerra fría" se ha extendido. Hoy por hoy, la estrategia de destrucción del lopezobradorismo tiene apoyos en el gran capital local e internacional, en los principales medios de comunicación, la Iglesia Católica y en el conjunto de fuerzas económicas externas con intereses en México.
Por su parte, la izquierda encabezada por AMLO, aunque innegablemente debilitada, se mantiene con vida e insiste en su "larga marcha" para volver a competir en las urnas. Su camino rumbo a las nuevas elecciones pasa por una campaña permanente de movilización y reclutamiento que a nivel municipal constituye hoy el objetivo político central de quien encabeza la Convención Democrática Nacional y es reconocido por los suyos como "presidente legítimo". En estas condiciones, es la resistencia de la izquierda inconforme a los resultados del 2006 lo que le da el tono ríspido a la política mexicana en temas como los siguientes.
El petróleo. Desde que el neoliberalismo arraigó en México, el Gobierno le ha arrancado a Pemex lo que más pudo en impuestos y le ha devuelto lo menos posible para inversión. También se ha tolerado, pese al escándalo del llamado "Pemexgate", al sindicalismo corrupto pero dócil creado a raíz del golpe de Carlos Salinas a "La Quina". Encima, la corrupción en grande en la relación Pemex-contratistas privados se mantiene tan vigente como siempre. Los resultados de esta descomposición de la gran paraestatal salen a la luz del día con los frecuentes accidentes, pero finalmente nadie ha sido consignado ante un juez.
Esas condiciones de sangría sistemática de la industria petrolera son el marco necesario de las presiones nacionales e internacionales para abrir Pemex al capital externo como "la única alternativa" a un desastre en materia energética. La izquierda no colaboracionista es hoy la única -y última- barrera que impide la destrucción del mayor logro del nacionalismo mexicano.
La seguridad. Hoy por hoy, lo más parecido a una guerra caliente lo tenemos en el campo de la seguridad. Hace ya casi un año que Felipe Calderón decidió afianzar su imagen presidencial con el uso del uniforme de general de cinco estrellas y la movilización del ejército en las zonas donde la presencia del narcotráfico era más descarada. Con esas acciones, la popularidad de Calderón aumentó, pero al concluir 2007 la cifra de asesinatos relacionados con la actividad de los carteles del narcotráfico ya rebasó los 2,600, lo que confirma que la movilización y visibilidad del Ejército no ha servido para restaurar el orden.
Un nuevo paso en la misma dirección es la "reforma judicial". El intento de reducir el crimen organizado mediante el otorgamiento de nuevos y mayores poderes a una policía y ministerio públicos corruptos hasta el tuétano no auguran nada bueno. La posibilidad de que el allanamiento de domicilios sin orden judicial haga una diferencia real en materia de seguridad es dudosa. Las experiencias de Atenco y Oaxaca en el 2006 y de otras muchas del pasado hacen sospechar a la izquierda que esa disminución de las garantías individuales tiene dedicatoria y no precisamente al crimen organizado. Finalmente, la "Iniciativa Mérida" parece haber sido calculada para combatir a los enemigos del Estado y para consolidar el apoyo norteamericano a Calderón.
IFE. El marco institucional que se creó para garantizar la honestidad, imparcialidad y credibilidad electoral es otro campo de batalla. La desconfianza profunda y justificada de la izquierda impidió que finalmente se cumpliera en diciembre con el plazo establecido para nombrar al nuevo presidente del IFE y a dos consejeros. Es también la desconfianza lo que llevó al lopezobradorismo a dudar de los propósitos de un nuevo Cofipe donde se condiciona hasta hacerla inútil su demanda del conteo del "voto por voto casilla por casilla" cuando los resultados son muy cerrados.
La Suprema Corte. La pobreza de argumentos que la mayoría de la SCJN empleó para sostener que no hubo una violación grave de las garantías individuales de Lydia Cacho llevó a que parte importante de la sociedad confirmara sus peores sospechas sobre la institucionalidad vigente. En el actual ambiente de polarización política, resulta casi imposible no suponer que este pronunciamiento de la SCJN buscó sostener la alianza de facto entre PAN y PRI, que es la base del gobierno actual.
Los monopolios. De tiempo atrás el Ejecutivo ha creado y sostenido a grandes concentraciones de capital monopólico. Se señala, incluso desde la óptica del juego neoliberal, que ya es indispensable llevar a cabo una reestructuración de la economía que ponga fin a la protección histórica que se ha dado a los monopolios como el de Telmex, Cemex o al duopolio televisivo. Pero la guerra fría entre derecha e izquierda le impide al Gobierno chocar con quienes constituyen una de sus principales bases de apoyo.
En suma. La dinámica política que domina en México -la de una guerra civil fría- sólo se explica porque en el momento fundacional del cambio, Fox y la derecha que lo propició y arropó, se mostraron ajenos al razonamiento democrático. Cómo reparar el daño y recuperar el tiempo perdido son hoy preguntas sin respuesta.
posted by H2AGUA at
2:59 p.m.
