La carestía, desatada
La Jornada
Tan sólo un día después de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo, anunciara la firma de un convenio entre esa dependencia y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos en cerca de 300 productos durante los primeros meses de 2008, para “favorecer la economía familiar” en una cuesta de enero que amenaza con ser agravada por la entrada en vigor del gasolinazo, los precios en las grandes cadenas comerciales acusaron un incremento inverosímil ante la mirada atónita de los consumidores. Por mencionar algunos ejemplos, tan sólo en almacenes de la capital del país el jitomate –cuya alza no representa un indicador contundente de la situación económica actual, pero sí una ofensiva a los bolsillos de la mayoría de la población– mostró un incremento de entre 200 y 300 por ciento; la cebolla prácticamente triplicó su precio y el chile costó cuatro veces más de lo habitual.
Esta circunstancia, aunque desoladora, no resulta extraña en un contexto marcado por el incremento a los precios de artículos antes infaltables en la dieta del mexicano: durante el año que termina, el primero de la administración calderonista, el precio de la canasta básica ha aumentado 35 por ciento. En contraste, las cifras oficiales reportan un alza de tan sólo 3.9 por ciento respecto de la inflación en su conjunto, pero basta con salir a la calle y preguntar a la gente para dar cuenta de que la carestía se encuentra desatada en vísperas de las celebraciones de fin de año: con espanto, se ha visto en los anaqueles que la subida de los precios en lo que va de la presente administración es mucho mayor de lo que oficialmente se reconoce.
Esto evidencia el doble discurso del gobierno federal, que desató el incremento a los precios desde hace meses con el anuncio del gasolinazo, y en días recientes ha exhibido un cariz populista e incongruente al enarbolar una pretendida intención de apoyar los bolsillos de las familias mexicanas, a pesar de que las condiciones actuales han sido propiciadas, precisamente, por decisiones gubernamentales tan desatinadas e insensibles como la aplicación del impuesto a los combustibles.
Del mismo modo, la escalada de los precios da cuenta de la falta de compromiso de los empresarios con los consumidores. Es claro que los dueños de las grandes tiendas de autoservicio buscan allegarse ganancias de último minuto, antes de que se implemente el referido convenio con la SE y para ello aplican aumentos estratosféricos como los mencionados.
Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que la administración pública presente una medida orientada a controlar los precios cuando es claro que carece de capacidad para lograr ese efecto. Tal situación se explica por la visión fundamentalista del libre mercado, propia de los gobiernos neoliberales –que ha derivado en el desmantelamiento de los aparatos de regulación de los precios–, así como por la debilidad que caracteriza a la actual administración ante el conjunto de sus interlocutores, incluidos los que desempeñaron un papel fundamental para que Felipe Calderón accediera al poder, y que encuentra su factor fundamental en el déficit de legitimidad que el presente gobierno padece de origen.
En suma, ha quedado al descubierto que las medidas supuestamente orientadas a controlar los precios en nada ayudan a la cada vez más castigada economía popular. Por desgracia, los efectos provocados por los desatinos gubernamentales van, precisamente, en contra de la población que los padece. A la vista de estos hechos, cabe preguntarse, ¿a quién se quiere engañar?
Tan sólo un día después de que el titular de la Secretaría de Economía (SE), Eduardo Sojo, anunciara la firma de un convenio entre esa dependencia y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para aplicar descuentos en cerca de 300 productos durante los primeros meses de 2008, para “favorecer la economía familiar” en una cuesta de enero que amenaza con ser agravada por la entrada en vigor del gasolinazo, los precios en las grandes cadenas comerciales acusaron un incremento inverosímil ante la mirada atónita de los consumidores. Por mencionar algunos ejemplos, tan sólo en almacenes de la capital del país el jitomate –cuya alza no representa un indicador contundente de la situación económica actual, pero sí una ofensiva a los bolsillos de la mayoría de la población– mostró un incremento de entre 200 y 300 por ciento; la cebolla prácticamente triplicó su precio y el chile costó cuatro veces más de lo habitual.
Esta circunstancia, aunque desoladora, no resulta extraña en un contexto marcado por el incremento a los precios de artículos antes infaltables en la dieta del mexicano: durante el año que termina, el primero de la administración calderonista, el precio de la canasta básica ha aumentado 35 por ciento. En contraste, las cifras oficiales reportan un alza de tan sólo 3.9 por ciento respecto de la inflación en su conjunto, pero basta con salir a la calle y preguntar a la gente para dar cuenta de que la carestía se encuentra desatada en vísperas de las celebraciones de fin de año: con espanto, se ha visto en los anaqueles que la subida de los precios en lo que va de la presente administración es mucho mayor de lo que oficialmente se reconoce.
Esto evidencia el doble discurso del gobierno federal, que desató el incremento a los precios desde hace meses con el anuncio del gasolinazo, y en días recientes ha exhibido un cariz populista e incongruente al enarbolar una pretendida intención de apoyar los bolsillos de las familias mexicanas, a pesar de que las condiciones actuales han sido propiciadas, precisamente, por decisiones gubernamentales tan desatinadas e insensibles como la aplicación del impuesto a los combustibles.
Del mismo modo, la escalada de los precios da cuenta de la falta de compromiso de los empresarios con los consumidores. Es claro que los dueños de las grandes tiendas de autoservicio buscan allegarse ganancias de último minuto, antes de que se implemente el referido convenio con la SE y para ello aplican aumentos estratosféricos como los mencionados.
Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que la administración pública presente una medida orientada a controlar los precios cuando es claro que carece de capacidad para lograr ese efecto. Tal situación se explica por la visión fundamentalista del libre mercado, propia de los gobiernos neoliberales –que ha derivado en el desmantelamiento de los aparatos de regulación de los precios–, así como por la debilidad que caracteriza a la actual administración ante el conjunto de sus interlocutores, incluidos los que desempeñaron un papel fundamental para que Felipe Calderón accediera al poder, y que encuentra su factor fundamental en el déficit de legitimidad que el presente gobierno padece de origen.
En suma, ha quedado al descubierto que las medidas supuestamente orientadas a controlar los precios en nada ayudan a la cada vez más castigada economía popular. Por desgracia, los efectos provocados por los desatinos gubernamentales van, precisamente, en contra de la población que los padece. A la vista de estos hechos, cabe preguntarse, ¿a quién se quiere engañar?
posted by H2AGUA at
2:43 p.m.
