Realidad de la resistencia civil
La Jornada
La masiva concentración realizada ayer por el movimiento de resistencia civil en el Zócalo capitalino –sin llegar a las dimensiones que alcanzaron las concentraciones electorales y poselectorales en torno a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador– mostró que la oposición cívica de izquierda al presente régimen se mantiene viva, vigente y articulada. Ciertamente, en el frente interno, esa resistencia se ha visto obstaculizada por los disensos en el Frente Amplio Progresista (FAP), las luchas por el poder en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las graves dificultades organizativas por las que atraviesa la Convención Nacional Democrática (CND); a ello debe sumarse el empeño del grupo político-empresarial gobernante por hacer invisible al lopezobradorismo y a todas sus expresiones. Para ello se ha tendido un cerco mediático implacable alrededor del movimiento y se ha recurrido a la descalificación y a la ridiculización sistemática de su principal dirigente y de sus colaboradores.
El afán de presentar a la resistencia civil como un pequeño grupo de alborotadores y chiflados es continuación de las campañas de lodo lanzadas el año pasado desde la Presidencia de la República y desde las cúpulas empresariales contra el entonces aspirante presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, y hoy en día transcurre en paralelo a la determinación de imponer, desde el poder público y desde el poderío económico privado, una visión idílica –y falsa— del acontecer nacional: conflictos electorales superados, normalidad democrática restablecida, vigencia del estado de derecho, armonía y paz social, desarrollo económico reactivado, caída del desempleo, inexistencia de la inflación y respeto pleno a los derechos humanos.
Es precisamente de las realidades que desmienten el discurso oficial, de lo que se nutre una oposición social que supera a partidos, sindicatos y a otras formas de organización tradicional y que, año y medio después de haber sufrido una derrota electoral sembrada de dudas y de sospechas, sigue llenando plazas y convocando a centenares de miles de ciudadanos: en lo que va del gobierno calderonista la seguridad pública no ha mejorado de manera perceptible, pero sí han empeorado la situación del agro, el retroceso salarial, la calidad de vida de las mayorías, los servicios públicos, el cinismo de la alta burocracia gubernamental, la erosión de las instituciones, el desbarajuste de las cuentas públicas, la desigualdad exasperante, el saqueo de Pemex, el desmantelamiento de la industria energética en general –preludio a un enésimo intento por entregarla a intereses privados, probablemente extranjeros– y el uso faccioso e inescrupuloso de los puestos de representación popular.
Lejos quedaron los propósitos del entonces candidato Felipe Calderón de “rebasar por la izquierda” a su rival perredista. Este primer año de la administración calderonista se le ha ido al Ejecutivo federal en el pago de facturas y favores políticos. El país ha vivido la profundización de la estrategia neoliberal, el avance del proyecto político autoritario de la reacción y la consecución de una lógica gubernamental que alienta la concentración de la riqueza, multiplica y ahonda la pobreza, antepone los intereses privados a los públicos y debilita la soberanía nacional.
Resulta reconfortante, dentro de lo que cabe, que el vasto descontento acumulado en el ciclo de regímenes neoliberales, de Salinas a Calderón pasando por Zedillo y por Fox, tenga ante sí cauces de expresión y lucha intachables, como son la promoción de los derechos humanos, la defensa de la economía popular, la oposición a que se culmine la destrucción del agro y la preservación de la industria petrolera como propiedad de la Nación y de todos los mexicanos. Desde este punto de vista, y por paradójico que parezca, es mucho lo que el actual gobierno le debe, en materia de estabilidad y de preservación de la paz, a la resistencia civil que se dio cita ayer en el Zócalo capitalino.
Por otra parte, no habría en el país concentraciones como la que tuvo lugar ayer en el corazón de la República si el grupo gobernante hubiese accedido, el año pasado, a efectuar un segundo recuento total de los sufragios a fin de determinar con plena certeza a quién eligieron presidente los mexicanos aquel 2 de julio.
La masiva concentración realizada ayer por el movimiento de resistencia civil en el Zócalo capitalino –sin llegar a las dimensiones que alcanzaron las concentraciones electorales y poselectorales en torno a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador– mostró que la oposición cívica de izquierda al presente régimen se mantiene viva, vigente y articulada. Ciertamente, en el frente interno, esa resistencia se ha visto obstaculizada por los disensos en el Frente Amplio Progresista (FAP), las luchas por el poder en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y las graves dificultades organizativas por las que atraviesa la Convención Nacional Democrática (CND); a ello debe sumarse el empeño del grupo político-empresarial gobernante por hacer invisible al lopezobradorismo y a todas sus expresiones. Para ello se ha tendido un cerco mediático implacable alrededor del movimiento y se ha recurrido a la descalificación y a la ridiculización sistemática de su principal dirigente y de sus colaboradores.
El afán de presentar a la resistencia civil como un pequeño grupo de alborotadores y chiflados es continuación de las campañas de lodo lanzadas el año pasado desde la Presidencia de la República y desde las cúpulas empresariales contra el entonces aspirante presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, y hoy en día transcurre en paralelo a la determinación de imponer, desde el poder público y desde el poderío económico privado, una visión idílica –y falsa— del acontecer nacional: conflictos electorales superados, normalidad democrática restablecida, vigencia del estado de derecho, armonía y paz social, desarrollo económico reactivado, caída del desempleo, inexistencia de la inflación y respeto pleno a los derechos humanos.
Es precisamente de las realidades que desmienten el discurso oficial, de lo que se nutre una oposición social que supera a partidos, sindicatos y a otras formas de organización tradicional y que, año y medio después de haber sufrido una derrota electoral sembrada de dudas y de sospechas, sigue llenando plazas y convocando a centenares de miles de ciudadanos: en lo que va del gobierno calderonista la seguridad pública no ha mejorado de manera perceptible, pero sí han empeorado la situación del agro, el retroceso salarial, la calidad de vida de las mayorías, los servicios públicos, el cinismo de la alta burocracia gubernamental, la erosión de las instituciones, el desbarajuste de las cuentas públicas, la desigualdad exasperante, el saqueo de Pemex, el desmantelamiento de la industria energética en general –preludio a un enésimo intento por entregarla a intereses privados, probablemente extranjeros– y el uso faccioso e inescrupuloso de los puestos de representación popular.
Lejos quedaron los propósitos del entonces candidato Felipe Calderón de “rebasar por la izquierda” a su rival perredista. Este primer año de la administración calderonista se le ha ido al Ejecutivo federal en el pago de facturas y favores políticos. El país ha vivido la profundización de la estrategia neoliberal, el avance del proyecto político autoritario de la reacción y la consecución de una lógica gubernamental que alienta la concentración de la riqueza, multiplica y ahonda la pobreza, antepone los intereses privados a los públicos y debilita la soberanía nacional.
Resulta reconfortante, dentro de lo que cabe, que el vasto descontento acumulado en el ciclo de regímenes neoliberales, de Salinas a Calderón pasando por Zedillo y por Fox, tenga ante sí cauces de expresión y lucha intachables, como son la promoción de los derechos humanos, la defensa de la economía popular, la oposición a que se culmine la destrucción del agro y la preservación de la industria petrolera como propiedad de la Nación y de todos los mexicanos. Desde este punto de vista, y por paradójico que parezca, es mucho lo que el actual gobierno le debe, en materia de estabilidad y de preservación de la paz, a la resistencia civil que se dio cita ayer en el Zócalo capitalino.
Por otra parte, no habría en el país concentraciones como la que tuvo lugar ayer en el corazón de la República si el grupo gobernante hubiese accedido, el año pasado, a efectuar un segundo recuento total de los sufragios a fin de determinar con plena certeza a quién eligieron presidente los mexicanos aquel 2 de julio.