Negocios presidenciales
Rogelio Hernández Rodríguez
3 de noviembre de 2007
Todavía Vicente Fox no termina de aclarar el origen de sus bienes y su fortuna, y ya han aparecido noticias que extienden las sospechas a colaboradores, amigos y familiares. Hasta ahora los malos manejos parecían concentrarse en el matrimonio Fox y en las prácticas que habían empleado para obtener bienes y favores, al amparo del poder presidencial. Pero lo que han revelado los reporteros de EL UNIVERSAL en los últimos días rebasa con mucho a la polémica pareja y permite advertir que, de confirmarse los ilícitos, se trató de una estrategia deliberada de enriquecimiento de un grupo cercano al ex presidente, a la que difícilmente serían ajenos Fox y su esposa. De ser cierto, se estaría frente a una red de corrupción que haría palidecer cualquier historia conocida hasta ahora, incluidas, desde luego, las de cualquier priísta reconocido en estas prácticas.
Lo mismo en la caprichosa remodelación de Los Pinos que, sobre todo, en los contratos manejados en Pemex no sólo han aparecido gastos excesivos, sino el evidente interés de favorecer a amigos y familiares. En el primer caso, los informes disponibles en la antigua contraloría revelan que se asignaron las obras y el equipamiento a un proveedor sin la capacidad necesaria, mediante adjudicación directa, con costos excesivos y que lo hicieron funcionarios sin facultades legales para ello. Este desastre se explicaría porque, como lo indica el reporte, el proveedor fue recomendado por el hermano de Vicente Fox.
Pero donde no terminan los motivos para sorprenderse es en Pemex, donde los informes de la Secretaría de la Función Pública sugieren tráfico de influencias para favorecer deliberadamente a algunas empresas. Lo publicado por EL UNIVERSAL señala que el ex director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, creó una red de colaboradores que le permitió asignar contratos millonarios a dos compañías, Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Ocean Mexicana, muchos sin licitación alguna y otros en condiciones a modo que garantizaban la adjudicación, aun cuando significaran costos elevados, muy superiores a los que ofrecían compañías internacionales, y que resentiría el erario público.
En esa red no sólo aparecen cercanos colaboradores y familiares del ex director, sino ex colaboradores de Fox en su campaña presidencial. Y por si fuera poco, un cercano empresario a los hijos de la señora Sahagún. Para completar el cuadro, el reciente accidente en la Sonda de Campeche parece indicar que la empresa responsable de las embarcaciones salvavidas, cuyo mal estado fue determinante en la pérdida de vidas, fue Oceanografía, vinculada, de nuevo, a los hijos de Sahagún.
La repetición de prácticas poco claras, el propósito explícito de favorecer empresas específicas y la frecuente presencia de familiares y amigos, cercanos en menor o mayor medida al matrimonio Fox, estaría mostrando una estrategia y no una actividad marginal. Se trataría de poner en práctica un plan previamente elaborado para enriquecerse a costa de los recursos públicos, y para el cual era indispensable, por lo tanto, conseguir la Presidencia.
En este contexto, cualquier objetivo sobre la democracia habría sido un simple pretexto. A la luz de estos hechos, las propuestas de Fox, planteadas desde su campaña y materializadas en su gabinete, de alejar a los políticos por ser irresponsables y corruptos, para incorporar a empresarios, honestos, expertos en finanzas y capaces de velar por los intereses de la sociedad, se muestra como un recurso demagógico y, ahora, después de las informaciones disponibles, como una burla a los ciudadanos que en su momento lo creyeron.
Las implicaciones de estas prácticas son tan importantes que exigen aclaraciones que no dejen ninguna duda. No habrían salido a la opinión pública si las autoridades gubernamentales no lo hubieran permitido. Pero si las indagaciones no prosperan o terminan por exonerar en medio de sospechas a los involucrados, será el gobierno de Calderón el que pague los costos. Si el propósito de dar a conocer los ilícitos es tan sólo obligar al ex presidente a guardar silencio y no proceder al castigo, en caso de merecerlo, Calderón habrá regresado a las peores prácticas del sistema para ajustar cuentas con sus adversarios. Mientras tanto, la corrupción tendrá suficientes oportunidades para continuar.
3 de noviembre de 2007
Todavía Vicente Fox no termina de aclarar el origen de sus bienes y su fortuna, y ya han aparecido noticias que extienden las sospechas a colaboradores, amigos y familiares. Hasta ahora los malos manejos parecían concentrarse en el matrimonio Fox y en las prácticas que habían empleado para obtener bienes y favores, al amparo del poder presidencial. Pero lo que han revelado los reporteros de EL UNIVERSAL en los últimos días rebasa con mucho a la polémica pareja y permite advertir que, de confirmarse los ilícitos, se trató de una estrategia deliberada de enriquecimiento de un grupo cercano al ex presidente, a la que difícilmente serían ajenos Fox y su esposa. De ser cierto, se estaría frente a una red de corrupción que haría palidecer cualquier historia conocida hasta ahora, incluidas, desde luego, las de cualquier priísta reconocido en estas prácticas.
Lo mismo en la caprichosa remodelación de Los Pinos que, sobre todo, en los contratos manejados en Pemex no sólo han aparecido gastos excesivos, sino el evidente interés de favorecer a amigos y familiares. En el primer caso, los informes disponibles en la antigua contraloría revelan que se asignaron las obras y el equipamiento a un proveedor sin la capacidad necesaria, mediante adjudicación directa, con costos excesivos y que lo hicieron funcionarios sin facultades legales para ello. Este desastre se explicaría porque, como lo indica el reporte, el proveedor fue recomendado por el hermano de Vicente Fox.
Pero donde no terminan los motivos para sorprenderse es en Pemex, donde los informes de la Secretaría de la Función Pública sugieren tráfico de influencias para favorecer deliberadamente a algunas empresas. Lo publicado por EL UNIVERSAL señala que el ex director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, creó una red de colaboradores que le permitió asignar contratos millonarios a dos compañías, Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Ocean Mexicana, muchos sin licitación alguna y otros en condiciones a modo que garantizaban la adjudicación, aun cuando significaran costos elevados, muy superiores a los que ofrecían compañías internacionales, y que resentiría el erario público.
En esa red no sólo aparecen cercanos colaboradores y familiares del ex director, sino ex colaboradores de Fox en su campaña presidencial. Y por si fuera poco, un cercano empresario a los hijos de la señora Sahagún. Para completar el cuadro, el reciente accidente en la Sonda de Campeche parece indicar que la empresa responsable de las embarcaciones salvavidas, cuyo mal estado fue determinante en la pérdida de vidas, fue Oceanografía, vinculada, de nuevo, a los hijos de Sahagún.
La repetición de prácticas poco claras, el propósito explícito de favorecer empresas específicas y la frecuente presencia de familiares y amigos, cercanos en menor o mayor medida al matrimonio Fox, estaría mostrando una estrategia y no una actividad marginal. Se trataría de poner en práctica un plan previamente elaborado para enriquecerse a costa de los recursos públicos, y para el cual era indispensable, por lo tanto, conseguir la Presidencia.
En este contexto, cualquier objetivo sobre la democracia habría sido un simple pretexto. A la luz de estos hechos, las propuestas de Fox, planteadas desde su campaña y materializadas en su gabinete, de alejar a los políticos por ser irresponsables y corruptos, para incorporar a empresarios, honestos, expertos en finanzas y capaces de velar por los intereses de la sociedad, se muestra como un recurso demagógico y, ahora, después de las informaciones disponibles, como una burla a los ciudadanos que en su momento lo creyeron.
Las implicaciones de estas prácticas son tan importantes que exigen aclaraciones que no dejen ninguna duda. No habrían salido a la opinión pública si las autoridades gubernamentales no lo hubieran permitido. Pero si las indagaciones no prosperan o terminan por exonerar en medio de sospechas a los involucrados, será el gobierno de Calderón el que pague los costos. Si el propósito de dar a conocer los ilícitos es tan sólo obligar al ex presidente a guardar silencio y no proceder al castigo, en caso de merecerlo, Calderón habrá regresado a las peores prácticas del sistema para ajustar cuentas con sus adversarios. Mientras tanto, la corrupción tendrá suficientes oportunidades para continuar.
posted by H2AGUA at
8:09 p.m.
