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jueves, 15 de noviembre de 2007

México, paraíso de pederastas

Pablo Cabañas Díaz

* Sólo Tailandia lo supera * El país vive "una situación delicada" por la llegada de turistas exclusivamente para tener relaciones sexuales con niños y adolescentes: ECPAT * 16 mil menores, las víctimas * El tercer negocio más rentable para el crimen organizado * "Hay una ausencia del Estado": Emilio Álvarez Icaza * El Senado incrementa sanciones contra la trata de personas y la pedofilia

El 2 de octubre de 2007, el Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen que sancionará con penas de seis a 12 años de prisión, y de 500 a mil 500 días de salario mínimo de multa a quienes incurran en el delito de trata de personas. Avaló, además, una ley para la protección, atención y asistencia a las víctimas de esta trasgresión del orden social. El ordenamiento, denominado Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, establece sanciones de nueve a 18 años de cárcel, y de 750 a dos mil días de salario mínimo de multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de 18 años, o en contra de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

La definición de este delito, determina que "la trata de personas se entiende por quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí mismo o para un tercero, a una persona, por cualquier medio, para someterla a cualquier forma de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos, tejidos o componentes."

El texto señala que se perseguirá, investigará o sancionará este tipo de delitos por las autoridades federales "cuando se inicien, preparen o cometan en el extranjero y cuando se produzcan o tengan efecto en el territorio nacional".

También se establece que las penas y sanciones económicas se incrementarán para quienes realicen estas prácticas y "tengan parentesco de consanguinidad, afinidad civil o habiten el mismo domicilio que la víctima".

"Quienes incurran en este delito tendrán que reparar el daño a la víctima, por medio de la indemnización con los costos del tratamiento médico; de la terapia y rehabilitación física y ocupacional; de transporte, de vivienda provisional y cuidado de menores que sean necesarios; los ingresos perdidos y la indemnización por daño moral."

Se determina, además, la creación de un Comité Intersecretarial, a cargo del Ejecutivo federal, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, órgano que tendrá entre sus funciones la de proporcionar información jurídica -incluida la migratoria-, asistencia social, educativa y laboral a las víctimas.

El comité estará integrado por los titulares de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Desarrollo Social, Turismo, así como la Procuraduría General de la República.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas da respuesta a una problemática que requería un marco normativo adecuado a los desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia. Baste señalar que en México 85 mil menores son usados para producir pornografía infantil y 25 mil pequeños son víctimas de explotación sexual, según datos de la Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres.

Especialistas de Europa y Latinoamérica, reunidos en septiembre de 2007, en el Primer Congreso de Seguridad, Narcotráfico y Delincuencia Organizada, analizaron durante tres días en Monterrey, Nuevo León, las nuevas tendencias de los grupos criminales internacionales. El español Carlos Castresana Fernández, representante de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, alertó que el contrabando de drogas está perdiendo terreno frente al gran negocio que representa el tráfico de personas. El tráfico de personas, expresó, deja ganancias por 32 mil millones de dólares anuales.

En su conferencia titulada Migración y delincuencia organizada, Castresana afirmó que en la zona occidental y central de África cada año son vendidos 200 mil niños para trabajar en la minería y la agricultura. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, agregó, calcula que 50 mil mujeres y niños fueron introducidos ilegalmente a su país desde la frontera con México.

El embajador de la República Checa en México, Vladimir Eisenbruk, denunció que las mafias que trafican a personas están enviando a territorio mexicano entre 200 y 300 mujeres checas cada año para que trabajen como bailarinas en clubes nocturnos. "Es un tema muy delicado para nosotros y no podemos decir mucho", dijo el diplomático.

Eisenbruk destacó que las mujeres que son enviadas a México llegan a través de España y dijo que la mafia rusa es una de las más activas en este tráfico de humanos. Añadió que la mayoría de las víctimas pertenecen a la región de Moravia y que son mujeres a las que engañan con la promesa de darles empleo, pero que terminan bailando en centros nocturnos. "Las mafias que trafican con seres humanos encontraron un nuevo mercado con la caída del muro que separaba Europa del este con Occidente", afirmó el embajador checo.

En el foro participó Eva Kousalova, directora de Seguridad del Gobierno de la República Checa, quien mencionó en su conferencia que las mafias checas están colaborando con la delincuencia organizada en el tráfico de personas, sobre todo de Rumania. Pero, también "hay varios grupos foráneos que están muy activos en el país, los rusos son uno de ellos", aseguró Kousalova. Mencionó que el principal tráfico de personas es de mujeres búlgaras que se prostituyen en la República Checa y "la mayoría no están ahí por su voluntad" (Diario de Yucatán, 10-IX-07).

El periodista Víctor Ronquillo refiere en Los niños de nadie (Ediciones B, 2007), testimonios de algunas de las víctimas que narran las redes criminales que los sometieron a una vida de esclavitud. En el libro se reproducen los testimonios de adultos que refieren crudas experiencias de su infancia al servicio de pederastas y explotadores sexuales. Destaca la historia de Víctor, un niño de la calle en la ciudad de México que era recogido en la estación del metro Hidalgo, en la plaza San Fernando, por un grupo de hombres que después lo conducían a un hotel para tomarle fotos desnudo. A Víctor le ofrecían 300 pesos por la sesión de fotos y la posibilidad de pasar la noche en el hotel y no en la calle.

También está el caso de Anita, quien desde su experiencia personal detalla el funcionamiento de las organizaciones mexicanas de pornografía y pederastia, después de que un día fuera secuestrada de su hogar por desconocidos y cayera en las manos de esas redes criminales.

Según Ronquillo, en México existen organizaciones de trata de menores que operan en casi todo el país, pero especialmente en la fronteras norte con Estados Unidos y la del sur con Guatemala y Belice, y en la capital del país, Guadalajara, Cancún y Monterrey.

El Informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal, de agosto de 2007, confirmó que hay al menos 20 sitios en donde florecen estas actividades ilícitas, al amparo de la protección de agentes policiacos.

Aunque no hay cifras sobre la magnitud del fenómeno en la capital, se estima que en todo el país unas 16 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual. Emilio Álvarez Icaza, el titular de la autónoma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), criticó la falta de programas y de resultados en el combate a este delito. "Hay una ausencia del Estado en el tema de la explotación sexual comercial infantil.

"Recopilamos todos los reportes que solicitamos y en esencia lo que encontramos es que no hay programas específicos o no hay acciones a nivel local, donde se presenta la práctica de manera muy delicada no hay ninguna", dijo el ombudsman citadino a la prensa. México es considerado por organizaciones no gubernamentales internacionales un paraíso de la explotación sexual infantil, al punto de ser ubicado mundialmente sólo detrás de Tailandia en cuanto a la importancia de esta industria criminal, que anualmente mueve cerca de mil millones de dólares.

Según información de la Policía Federal Preventiva, un pederasta demora 15 días en tener relaciones sexuales con un menor luego de conocerlo en internet. Otra estadística escalofriante es que 95 por ciento de los 13 mil infantes que viven en las calles capitalinas ya sostuvo al menos un encuentro sexual con un adulto.

Muchas niñas y niños son traídos de los estados del país al Distrito Federal mediante engaños por parte de grupos criminales, que utilizan falsas promesas de empleo en el servicio doméstico para ello.

El informe de la CDHDF constata que, en dos años, el país registró un aumento en la cantidad de sitios de pornografía infantil, de 72 mil en enero de 2004 a 100 mil en 2006. Cada 22 segundos surge una nueva página de ese tipo en la red mundial de computadoras.

En su Informe Global de Monitoreo de la explotación sexual infantil de marzo, la Red de Organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ECPAT, por sus siglas inglesas), alertó que México vive "una situación delicada" por la llegada de turistas exclusivamente para tener relaciones sexuales con niños y adolescentes.

Mediante sitios de internet, los turistas provenientes de Estados Unidos y de países europeos como Alemania y Holanda son atraídos para llegar a México.

La capital mexicana no es el único sitio que atestigua la explotación sexual de menores, pues ésta se repite también en los centros turísticos de Acapulco, en la costa del océano Pacífico y Cancún, sobre el mar Caribe, y las fronteras con Estados Unidos y Guatemala.

En Chiapas, un infante puede costar entre 100 y 200 dólares, según denuncias de organizaciones humanitarias. México se comprometió en 1996 a combatir este delito en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez, al respaldar la declaración final de ese encuentro.

En América Latina, sólo México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil y Chile cuentan con planes de acción nacionales frente al comercio sexual infantil. Para combatir a esta problemática, en febrero pasado el Senado aprobó reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal para tipificar la explotación y el turismo sexuales, así como la pornografía infantil. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alrededor de dos millones de niñas y niños son explotados sexualmente en el mundo, con lo que es la tercera actividad ilegal más lucrativa después del tráfico de drogas y el de armas y personas. Esta cifra muestra la dimensión del reto que enfrentan los Estados en su lucha contra el crimen organizado.