AMLO: en defensa de la nación
Magdalena Gómez
Durante la tercera asamblea de la convención nacional democrática (CND) Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después del golpe que significó el fraude de 2006, asume su responsabilidad como dirigente social sin la cortapisa que le significaba la contienda electoral. En primer lugar habló reiteradamente de un movimiento, prácticamente sin mencionar al Partido de la Revolución Democrática ni a procesos electorales recientes, y señaló: “lograremos la mejor organización ciudadana que se haya tenido en la historia del país” al referirse a la meta de lograr para el año próximo cinco millones de representantes del “gobierno legítimo”.
Abrió anunciando un enero negro a partir del aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal, y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y frijol que afectará a los productores nacionales. Y pronto enfiló sus baterías al anuncio de un plan para la defensa del petróleo en cuya amplia explicación llamó a las cosas por su nombre, refiriendo claramente las políticas del Fondo Monetario Internacional: “en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque, reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar”.
Al desplegar las características del plan en defensa del petróleo señaló la necesidad de canalizar recursos para recuperar las tareas de exploración, la perforación de nuevos pozos, la construcción de tres nuevas refinerías y el mantenimiento a ductos e instalaciones petroleras. Para lograr estos fondos planteó que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno federal, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial, gastos médicos mayores, pensiones a ex presidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios, así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia. Sabe de lo que habla: aunque en otra escala, él aplicó estas medidas en el Distrito Federal, pero lo hizo en el contexto de un gobierno democrático con funcionarios públicos comprometidos en un proyecto.
Su propuesta muy probablemente será rechazada; basta recordar el pánico que vivieron en 2006 los tecnócratas que sentían en riesgo sus privilegios ante el inminente triunfo de López Obrador, o simplemente los regateos que hubo en días recientes en el Congreso de la Unión en torno a la definición de la cantidad que aportarían para los damnificados de Tabasco
El asunto de fondo es el relativo a detener la inserción de los inversionistas extranjeros en el sector energético, ésa es la madre de las batallas en la que tendrán que tejerse las más amplias alianzas. Terreno complejo, pero indispensable para fortalecer esa decisión. AMLO propuso integrar la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo, “encargada de organizar todo este proceso”. Si se abre, la comisión que se nombró, tendría que reflejar las alianzas o atenerse a la definición de otra instancia coordinadora. Lo que no parece factible es que una batalla por la soberanía nacional sea conducida sólo por la CND con sus propias fuerzas, aun con el liderazgo de AMLO.
Por otra parte, reiteró la resistencia civil pacífica en todo el país, “bajo tres criterios básicos: la no violencia, no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación”. Éste es otro terreno delicado, pues los linderos entre las acciones de resistencia y las no afectaciones a terceros son casi imperceptibles; sólo recordemos las marchas, así que tendría que problematizarse más aún y ubicarse de entrada dentro del derecho a la protesta social, cuyos costos son parte de la lucha por derechos fundamentales. De lo contrario, esos criterios así planteados se pueden convertir en vulnerables para el propio movimiento: o se inmovilizan o trivializan la protesta para respetarlos o abren la puerta a la política de criminalización de luchas sociales.
Fue además importante la referencia a los derechos humanos, la adhesión al Frente Nacional contra la Represión. Escuchamos el grito de AMLO: “Presos políticos, libertad”. Asimismo, respecto al caso Tabasco explicó que la denuncia penal interpuesta ante la PGR no es ninguna contradicción con aquello de “al diablo con sus instituciones”, pues aclaró que el caso lo amerita, ya que la PGR no es la última instancia y es el requisito para acudir a instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, López Obrador y su movimiento avanzan la agenda de los grandes retos nacionales, la cual tendrá que ser fortalecida sin sectarismos por los más amplios sectores democráticos y de izquierda.
Durante la tercera asamblea de la convención nacional democrática (CND) Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después del golpe que significó el fraude de 2006, asume su responsabilidad como dirigente social sin la cortapisa que le significaba la contienda electoral. En primer lugar habló reiteradamente de un movimiento, prácticamente sin mencionar al Partido de la Revolución Democrática ni a procesos electorales recientes, y señaló: “lograremos la mejor organización ciudadana que se haya tenido en la historia del país” al referirse a la meta de lograr para el año próximo cinco millones de representantes del “gobierno legítimo”.
Abrió anunciando un enero negro a partir del aumento a las gasolinas y al diesel; los aumentos de impuestos por la llamada reforma fiscal, y la apertura de las fronteras para la importación de maíz y frijol que afectará a los productores nacionales. Y pronto enfiló sus baterías al anuncio de un plan para la defensa del petróleo en cuya amplia explicación llamó a las cosas por su nombre, refiriendo claramente las políticas del Fondo Monetario Internacional: “en los últimos 25 años, los gobiernos neoliberales han tratado con saña a las empresas públicas del sector energético, porque, reitero, siempre han buscado justificar o tener el pretexto para privatizar”.
Al desplegar las características del plan en defensa del petróleo señaló la necesidad de canalizar recursos para recuperar las tareas de exploración, la perforación de nuevos pozos, la construcción de tres nuevas refinerías y el mantenimiento a ductos e instalaciones petroleras. Para lograr estos fondos planteó que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno federal, reducir a la mitad el sueldo de los altos funcionarios públicos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Suprimir las partidas para el fondo de ahorro especial, gastos médicos mayores, pensiones a ex presidentes y bonos discrecionales para los altos funcionarios, así como muchos otros privilegios con que cuenta la alta burocracia. Sabe de lo que habla: aunque en otra escala, él aplicó estas medidas en el Distrito Federal, pero lo hizo en el contexto de un gobierno democrático con funcionarios públicos comprometidos en un proyecto.
Su propuesta muy probablemente será rechazada; basta recordar el pánico que vivieron en 2006 los tecnócratas que sentían en riesgo sus privilegios ante el inminente triunfo de López Obrador, o simplemente los regateos que hubo en días recientes en el Congreso de la Unión en torno a la definición de la cantidad que aportarían para los damnificados de Tabasco
El asunto de fondo es el relativo a detener la inserción de los inversionistas extranjeros en el sector energético, ésa es la madre de las batallas en la que tendrán que tejerse las más amplias alianzas. Terreno complejo, pero indispensable para fortalecer esa decisión. AMLO propuso integrar la Comisión Coordinadora para la Defensa del Petróleo, “encargada de organizar todo este proceso”. Si se abre, la comisión que se nombró, tendría que reflejar las alianzas o atenerse a la definición de otra instancia coordinadora. Lo que no parece factible es que una batalla por la soberanía nacional sea conducida sólo por la CND con sus propias fuerzas, aun con el liderazgo de AMLO.
Por otra parte, reiteró la resistencia civil pacífica en todo el país, “bajo tres criterios básicos: la no violencia, no afectar a terceros y poner en práctica medidas eficaces que realmente cumplan con el propósito de mantener el petróleo bajo el dominio de la nación”. Éste es otro terreno delicado, pues los linderos entre las acciones de resistencia y las no afectaciones a terceros son casi imperceptibles; sólo recordemos las marchas, así que tendría que problematizarse más aún y ubicarse de entrada dentro del derecho a la protesta social, cuyos costos son parte de la lucha por derechos fundamentales. De lo contrario, esos criterios así planteados se pueden convertir en vulnerables para el propio movimiento: o se inmovilizan o trivializan la protesta para respetarlos o abren la puerta a la política de criminalización de luchas sociales.
Fue además importante la referencia a los derechos humanos, la adhesión al Frente Nacional contra la Represión. Escuchamos el grito de AMLO: “Presos políticos, libertad”. Asimismo, respecto al caso Tabasco explicó que la denuncia penal interpuesta ante la PGR no es ninguna contradicción con aquello de “al diablo con sus instituciones”, pues aclaró que el caso lo amerita, ya que la PGR no es la última instancia y es el requisito para acudir a instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En suma, López Obrador y su movimiento avanzan la agenda de los grandes retos nacionales, la cual tendrá que ser fortalecida sin sectarismos por los más amplios sectores democráticos y de izquierda.
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4:00 p.m.
