De olvidos y traiciones
Bernardo Bátiz V.
El gobierno encabezado por Felipe Calderón, surgido de un fraude electoral ampliamente documentado, (quizás por lo mismo) es olvidadizo tanto de la doctrina del partido que lo sostuvo como candidato como de principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En los últimos días han quedado postergados preceptos básicos de nuestra ley fundamental por actos de una autoridad que toma decisiones coyunturales y desesperadas, para hacer algo, lo que sea, y al mismo tiempo quedar bien con el gobierno de Estados Unidos echando por la borda dignidad y patriotismo; se olvidan, por ejemplo, de que según el artículo 27 constitucional sólo podrán conceder derechos a los extranjeros, similares a los que tenemos los mexicanos en materia de tierras, aguas y concesiones, siempre que convengan con la llamada “cláusula Calvo”, que para quienes la hayan olvidado, les recuerdo: establece que los extranjeros que inviertan en el país deben convenir ante la Secretaría de Relaciones (SRE), el considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieren y no invocar protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder lo adquirido en beneficio de la nación . Esto es, se les permite ganar aquí, pero sólo a cambio de que corran la misma suerte que los nacionales mexicanos.
Contraviniendo el espíritu del precepto y en un acto abiertamente discriminatorio en contra de los mexicanos, el gobierno de hoy se compromete a otorgar un blindaje o garantía a las inversiones extranjeras en México, si se ven en problemas con motivo de movimientos sociales; este blindaje es sin duda discriminatorio, sólo se otorga a empresas extranjeras y no a mexicanos, y es absurdo porque el gobierno no puede garantizar en contra de riesgos posibles, que se corren en todas partes del mundo, a quienes, como los grandes inversionistas, quieren abundantes ganancias, pero sin arriesgar nada. ¿No es precisamente el riesgo una premisa del sistema de libre empresa?
Pero no, en México quieren ir súper blindados y no correr el mínimo peligro, no se conforman con la evasión fiscal y con las corruptelas habituales, sino que ahora buscan la protección gubernamental a sus inversiones. El gobierno obsecuente se apresura a servirles, ignorando u olvidando que durante todo el siglo XIX los grandes problemas del país se derivaron de la exigencia de inversionistas extranjeros buscadores del auxilio de sus gobiernos; recordemos la guerra de los pasteles y la intervención de las potencias europeas en tiempos de Juárez.
Otro olvido o franca ignorancia es el de la exigencia constitucional de que sea el Senado el que apruebe el convenio, tratado o compromiso político que el Ejecutivo pretende celebrar con el gobierno estadunidense, supuestamente en contra del terrorismo y el narcotráfico. La SRE responde a la exigencia del senador Ricardo Monreal de que entregue a los senadores el documento de ese acuerdo, diciendo que no es un tratado ni una convención internacional, sino un “compromiso político”.
¿Qué es eso? ¿Qué es un tratado si no compromisos recíprocos entre dos estados? El maestro Modesto Seara Vázquez, reconocido tratadista de derecho internacional, dice: “Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional” (Derecho internacional público, Editorial Porrúa, México). Un “compromiso político” lo llamó, en forma ambigua y elusiva, doña Patricia Espinoza, ¿no es acaso un acuerdo?; una de las partes, Estados Unidos, se compromete a donar a México mil 400 millones de dólares, ¿Cuál será la contraprestación? ¿Cuál será el compromiso de México?
Ciertamente no puede dejar de haberlo, aun cuando sólo fuera el de la gratitud, pero ya sabemos que nuestros vecinos, según su propia confesión, “no tienen amigos sino intereses”, ¿o es que se volvieron de pronto desinteresados? Claro que no; tal como exigió el senador Monreal, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe entregar el documento en que conste el compromiso político para que sea el Senado quien lo acepte o rechace.
El equipo panista que ejerce el poder, y el mismo Calderón, se olvidan también de la doctrina de su propio partido al echarse en brazos de nuestros vecinos del norte, en contra del principio número uno de su documento fundacional, denominado precisamente Principios de Doctrina, aprobado en 1939, que declaró en un texto elegante, hoy abandonado, que la nación mexicana esta “ligada esencialmente a la gran comunidad de historia y cultura que forman las naciones hispánicas”.
OTRO SÍ DIGO: Recomiendo ampliamente la película Sicko, del cineasta heterodoxo estadunidense Michael Moore, en la que se muestran las entrañas del injusto, desigual, discriminatorio y voraz sistema de salud de Estados Unidos, y se le compara con los sistemas de otros países, en los que la salud es un derecho universal a cargo del Estado, como Canadá, Inglaterra, Francia o Cuba. Especialmente deben ver esta cinta quienes están empeñados en privatizar y, por tanto, encarecer más en México los servicios de salud.
El gobierno encabezado por Felipe Calderón, surgido de un fraude electoral ampliamente documentado, (quizás por lo mismo) es olvidadizo tanto de la doctrina del partido que lo sostuvo como candidato como de principios fundamentales de la Constitución mexicana.
En los últimos días han quedado postergados preceptos básicos de nuestra ley fundamental por actos de una autoridad que toma decisiones coyunturales y desesperadas, para hacer algo, lo que sea, y al mismo tiempo quedar bien con el gobierno de Estados Unidos echando por la borda dignidad y patriotismo; se olvidan, por ejemplo, de que según el artículo 27 constitucional sólo podrán conceder derechos a los extranjeros, similares a los que tenemos los mexicanos en materia de tierras, aguas y concesiones, siempre que convengan con la llamada “cláusula Calvo”, que para quienes la hayan olvidado, les recuerdo: establece que los extranjeros que inviertan en el país deben convenir ante la Secretaría de Relaciones (SRE), el considerarse como nacionales respecto de los bienes que adquieren y no invocar protección de sus gobiernos, bajo la pena de perder lo adquirido en beneficio de la nación . Esto es, se les permite ganar aquí, pero sólo a cambio de que corran la misma suerte que los nacionales mexicanos.
Contraviniendo el espíritu del precepto y en un acto abiertamente discriminatorio en contra de los mexicanos, el gobierno de hoy se compromete a otorgar un blindaje o garantía a las inversiones extranjeras en México, si se ven en problemas con motivo de movimientos sociales; este blindaje es sin duda discriminatorio, sólo se otorga a empresas extranjeras y no a mexicanos, y es absurdo porque el gobierno no puede garantizar en contra de riesgos posibles, que se corren en todas partes del mundo, a quienes, como los grandes inversionistas, quieren abundantes ganancias, pero sin arriesgar nada. ¿No es precisamente el riesgo una premisa del sistema de libre empresa?
Pero no, en México quieren ir súper blindados y no correr el mínimo peligro, no se conforman con la evasión fiscal y con las corruptelas habituales, sino que ahora buscan la protección gubernamental a sus inversiones. El gobierno obsecuente se apresura a servirles, ignorando u olvidando que durante todo el siglo XIX los grandes problemas del país se derivaron de la exigencia de inversionistas extranjeros buscadores del auxilio de sus gobiernos; recordemos la guerra de los pasteles y la intervención de las potencias europeas en tiempos de Juárez.
Otro olvido o franca ignorancia es el de la exigencia constitucional de que sea el Senado el que apruebe el convenio, tratado o compromiso político que el Ejecutivo pretende celebrar con el gobierno estadunidense, supuestamente en contra del terrorismo y el narcotráfico. La SRE responde a la exigencia del senador Ricardo Monreal de que entregue a los senadores el documento de ese acuerdo, diciendo que no es un tratado ni una convención internacional, sino un “compromiso político”.
¿Qué es eso? ¿Qué es un tratado si no compromisos recíprocos entre dos estados? El maestro Modesto Seara Vázquez, reconocido tratadista de derecho internacional, dice: “Un tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional” (Derecho internacional público, Editorial Porrúa, México). Un “compromiso político” lo llamó, en forma ambigua y elusiva, doña Patricia Espinoza, ¿no es acaso un acuerdo?; una de las partes, Estados Unidos, se compromete a donar a México mil 400 millones de dólares, ¿Cuál será la contraprestación? ¿Cuál será el compromiso de México?
Ciertamente no puede dejar de haberlo, aun cuando sólo fuera el de la gratitud, pero ya sabemos que nuestros vecinos, según su propia confesión, “no tienen amigos sino intereses”, ¿o es que se volvieron de pronto desinteresados? Claro que no; tal como exigió el senador Monreal, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe entregar el documento en que conste el compromiso político para que sea el Senado quien lo acepte o rechace.
El equipo panista que ejerce el poder, y el mismo Calderón, se olvidan también de la doctrina de su propio partido al echarse en brazos de nuestros vecinos del norte, en contra del principio número uno de su documento fundacional, denominado precisamente Principios de Doctrina, aprobado en 1939, que declaró en un texto elegante, hoy abandonado, que la nación mexicana esta “ligada esencialmente a la gran comunidad de historia y cultura que forman las naciones hispánicas”.
OTRO SÍ DIGO: Recomiendo ampliamente la película Sicko, del cineasta heterodoxo estadunidense Michael Moore, en la que se muestran las entrañas del injusto, desigual, discriminatorio y voraz sistema de salud de Estados Unidos, y se le compara con los sistemas de otros países, en los que la salud es un derecho universal a cargo del Estado, como Canadá, Inglaterra, Francia o Cuba. Especialmente deben ver esta cinta quienes están empeñados en privatizar y, por tanto, encarecer más en México los servicios de salud.