SIGUEN LOS EMBATES DE LA TELECRACIA

Muchos pensarán que esto no podrá pasar nunca

Ricardo Andrade Jardí
martes, 25 de septiembre de 2007

Mientras la telecracia sigue con su estrategia golpista, en aras de no perder el jugoso negocio de hacer de la política electoral un mercado, maquillando su defensa en la libertad de expresión, un derecho que jamás han ejercido a favor de los espectadores, ocultando los verdaderos intereses económicos y de control político que gozan actualmente gracias fundamentalmente a los tecnócratas del PRIAN, que más que gobierno han sido empleados del poder mediático de la radio y la televisión basura. No faltan las voces que intentando manipular a la enajenada teleaudiencia afirman sin descaro que la reforma es un retroceso. Cuando la nueva ley electoral, de ser aprobada en cuando menos 16 Congresos estatales, permitirá los cambios constitucionales que dejan fuera de la lucha por el poder, como debe ser, a los concesionarios de la radio y la televisión, abriendo, como debe ser, los espacios de promoción electoral sólo a los tiempos oficiales, es decir, lo que elimina la perfectible ley electoral, y, es un acierto, es el dinero público de los partidos políticos para la compra de spots (anuncios) en la señal de transmisión de lo que es y sigue siendo un bien público, aunque la mentirosa telecracia se olvide de mencionarlo cada vez que intenta golpear a los legisladores que son, pese a todo y bajo las reglas del sistema que la radio y televisión privada han defendido como la única verdad universal de la democracia, los representantes legítimos del pueblo.

Dicen que esta reforma constitucional abre un agujero negro en el tráfico y compra de espacio de televisión, a saber, programas, invitaciones y espacios noticiosos, para la promoción velada de quienes aspiren a un puesto de elección popular; es verdad que dicha ley puede dar espacio para que se utilicen o mejor dicho se desvíen recursos públicos en la compra de esos espacios, lo que además servirá para que los concesionarios (siempre tan honestos) además no declaren esas entradas, pues en teoría no existirán como tales.

Son dos formas de ver el mundo. Para unos, principalmente los intelectuales a modo y los comentaristas empleados de la telecracia, esta reforma electoral abrirá el tráfico de espacios "legales" para la promoción de los políticos que tengan una mayor ambición de poder. Es una visión chata de la realidad que responde a las subjetividades de control y opresión del sistema y de quienes viven del confort de sus complicidades con esas subjetividades siempre represivas.

Por otro lado, lo que en realidad demuestra esa visión de mundo es que un grupo de aspirantes a alcanzar puestos de elección popular, es decir, de aspirantes al poder mostrarán su ética o su falta de ética, develarán su vocación de justicia y su respeto a la ley o su absoluta corrupción junto con la de los medios (concesionarios) que se presten a esa velada promoción. No hay más: el político que compre espacios cometerá un delito junto con el medio que se los venda. Y eso es corrupción y no sólo tráfico de influencias. Y quienes hablan de esto son los mismos que están viendo cómo hacer para no perder sus jugosas ganancias y sus aspiraciones de control mediático sobre el electorado. No hay que buscar más. No veremos un desfile de tráfico y compra-venta de espacios, veremos a corruptos comprando intereses corruptos a empresarios corruptos. Y ahí radica uno de los mayores aciertos de esta reforma electoral, si los concesionarios tienen prohibida la venta y los permisionarios la compra, lo que no emane de una natural noticia informativa será a la vista de todos un acto de corrupción.

Lo cual en una democracia haría que ni el aspirante pudiera seguir su carrera electoral ni el concesionario pueda seguir manteniendo su concesión al violar ni más ni menos que la Constitución.

Muchos pensarán que esto no podrá pasar nunca.

Pero... nadie imaginó tampoco que Fujimori sería extraditado para ser juzgado por ladrón y corrupto en Perú o menos aún imaginamos después del 2 de julio del 2006 que el Congreso de la Unión respondería, a los intentos golpistas de la telecracia, con una reforma electoral que, de ser aprobada en los Congresos locales, fundamentalmente hará que nuestras próximas elecciones se decidan por las ideas y no por los spots, que se decidan por la voluntad popular y no por la voluntad de Azcárraga y Salinas Pliego. Es un primer paso, aún falta mucho, pero dejar fuera a la telecracia de los procesos electorales es un intento último por conquistar un México más justo y democrático por la vía electoral, lo que jamás ha sido ni siquiera en el discurso de los empresarios concesionados y sus empleados y sobretodo es un principio hacia una nueva ley de radio y telecomunicaciones que reglamente, obligue y limite a los concesionarios privados a hacer un buen y democrático uso de lo que es un bien público.

El movimiento ciudadano sabrá defender estas conquistas contra la voluntad golpista de los poderes mediáticos de facto. ¡Ni un peso de dinero público a la telecracia!