NUNCA MAS

"Crímenes de Estado y desapariciones forzadas"

IV

Las cuentas de la actual administración panista, de origen ilegítimo, en materia de derechos humanos, de atención, respeto y justicia a las demandas y movimientos sociales y políticos populares opositores e independientes, no son distintas comparadas con las de los gobiernos anteriores: aceptación de palabra a los ordenamientos nacionales e internacionales en la materia; sistemática violación de las garantías constitucionales y legales en los hechos.

La impunidad de los crímenes de Estado, cometidos durante el prolongado predominio absoluto de los gobiernos priístas, persiste en las actuales administraciones federales del blanquiazul que, de esa manera, se convierten en cómplices de esas graves violaciones a los derechos humanos, ya sea por omisión o porque en el fondo no muy profundo de su conciencia, conservadora y autocrática, comparten la misma visión de cómo enfrentar a la disidencia que decida no someterse a los mecanismos de control institucional de corte corporativo, autoritario y antidemocrático.

Al iniciar la campaña "Crímenes de Estado y desapariciones forzadas: nunca más", catorce organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y corporaciones policíacas, entre ellas la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, subrayan que a pesar del cambio de partido en el gobierno federal, hasta la fecha el Estado mexicano ha incumplido por completo su responsabilidad de investigar y castigar los crímenes de Estado cometidos durante las masacres de estudiantes del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, así como de los cientos de desapariciones forzadas perpetradas durante las décadas de los setentas y ochentas.

El actual gobierno federal convalidó la decisión del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y puso las investigaciones bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR), como si fueran delitos comunes, sin que hasta la fecha haya resultado alguno.

Por su parte, el Poder Legislativo (que oculta tras la discusión sobre el formato del informe presidencial de primero de septiembre, hasta cierto punto bizantina bajo las actuales circunstancias, prepara con el voto del PRIAN la aprobación de una nueva miscelánea fiscal con más impuestos para los mexicanos) no ha realizado acción alguna para impulsar el acceso a la verdad y la justicia en estos casos; mientras que el Poder Judicial, con sus resoluciones, mantiene la práctica de obstaculizar el pleno acceso a la justicia.

Frente a esta política del Estado mexicano, diversas organizaciones de víctimas y familiares de estos crímenes de Estado y organizaciones de Derechos humanos inician un proceso de coordinación. A la fecha catorce organizaciones con sede en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal intercambian información y analizan la actuación del Estado mexicano con respecto de la demanda común de verdad y justicia para todas estas violaciones de derechos humanos.

A lo largo de este proceso han constatado: que los crímenes de Estado -masacres del 68 y 71 y desapariciones forzadas- permanecen impunes por completo. Que el actual gobierno federal está desarrollando una política que busca ignorar estos hechos y hacer prevalecer la impunidad. Que el Estado mexicano mantiene sin cumplir su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables; de llevar a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y realizar los cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos hechos.

Exigen que el actual gobierno federal informe públicamente qué acciones tomará para garantizar el derecho a la verdad y la justicia que tienen las víctimas y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, frente a crímenes de lesa humanidad.
Reconocen la necesidad de colocar en la opinión pública el tema de verdad y justicia para estos crímenes de Estado y sobre todo en relación a cuál debe ser la forma concreta de lograrlo.

Conscientes de que se requiere una fuerza social capaz de obligar al Estado mexicano a que reconozca la necesidad de poner fin a la impunidad prevaleciente, llaman a otras organizaciones civiles, del movimiento social, personalidades de la academia, cultura y otros ámbitos sociales a que se sumen a esta campaña y hagan propia la demanda común: verdad y justicia.

Consideran que las organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Internacional de Juristas, Centro Internacional por la Justicia Transicional y otras más puedan sumarse a esta misma campaña.

Expresan que es importante generar un debate serio en torno a la forma adecuada para alcanzar la verdad y la justicia tomando la experiencia y el debate sobre Comisiones de la verdad y/o instancias de investigación judicial respecto de los crímenes del pasado.

Añaden que están convencidas de que sólo con un esfuerzo coordinado y un trabajo permanente la sociedad logrará saber dónde están los desaparecidos y desaparecidas; que se investigue y sancione a los responsables de todos estos crímenes; que se lleve a cabo una reparación integral del daño a favor de las víctimas y sus familiares y se concreten los cambios legales y de práctica que hagan posible que no se repitan estos crímenes de Estado.

La impunidad que prevalece respecto de todos estos crímenes da lugar a que éstos se sigan cometiendo. Concretamente las desapariciones forzadas de Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron desaparecidos el pasado 25 de mayo. Demandan la presentación con vida de estos detenidos desaparecidos.