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Migrantes de la pobreza

* Travesía de vejaciones

Revista Proceso

Cada año, expulsados de sus tierras por la miseria, cientos de miles de jornaleros mexicanos y de Centro y Sudamérica emprenden su itinerario hacia el norte en busca de trabajo. La mayor parte de los primeros es enganchada para trabajar, en condiciones infrahumanas, en las agroindustrias del norte de México, mientras que los demás sufren lo indecible en su travesía rumbo a Estados Unidos. Tales estampas de la miseria, el abuso y la explotación las aborda Víctor Ronquillo en su libro Migrantes de la pobreza. Con autorización de Grupo Editorial Norma y del autor, Proceso ofrece dos fragmentos de este trabajo, que comenzará a circular esta semana.

Existen más de dos millones de mexicanos a los que se les niega su derecho al trabajo, a la salud y a un lugar digno para vivir. Dos millones de trabajadores cuya fuerza laboral es la base de un negocio que en sus mejores momentos puede generar un movimiento económico de cientos de miles de millones de dólares al año. Son los jornaleros agrícolas, los jornaleros que viajan del empobrecido sur –Guerrero, Oaxaca, Chiapas– al noroeste de la agroindustria en Sinaloa, Sonora, Baja California.

El diagnóstico de lo que ocurre con los trabajadores de la costa de Hermosillo, Guaymas, Caborca, de los valles de San Luis Río Colorado, el Yaqui y el Mayo, en Sonora, es dramático: son víctimas de enganchadores que, mediante engaños, los llevan a los campos a trabajar en las más precarias condiciones; padecen de desnutrición ancestral; sus hijos pocas veces tienen acceso a la educación; se les margina y discrimina por proceder de etnias como los mixtecos de Guerrero o los triquis de Oaxaca; no tienen ninguna seguridad social y padecen la violación de sus derechos humanos y laborales.

Este dramático diagnóstico fue elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sonora –con información del sindicato Salvador Alvarado de la CNC–, por el DIF estatal, Sedesol y el Colegio de Sonora.

Los ejemplos de esta situación sobran. En el campo Santa Inés, uno de los más importantes en la costa de Hermosillo, llegan a trabajar en el verano hasta 7,000 jornaleros agrícolas, quienes viven en las peores condiciones en los campos. La higiene se dificulta, los mínimos servicios escasean, la salud está en riesgo, sobre todo la de los niños, porque a los campos de la agroindustria llegan a trabajar familias enteras.

El campo Santa Inés, como muchos de los campos, está cercado por rejas y alambre de púas, no se puede entrar y mucho menos salir sin permiso. Los accesos a los campos están custodiados por guardias armados, mismos que imponen el orden dentro de ellos. Un orden siempre al filo de la violencia, ya que muchas veces los jornaleros vienen de distintas regiones y etnias.

En época de cosecha, en Santa Inés llegan a producirse hasta dos millones de cajas de uva al año. Si el valor de cada caja en el mercado es de 25 dólares, en este campo, sólo por concepto de este producto, se manejan 50 millones de dólares al año.

A los jornaleros se les paga a destajo, aunque el salario mínimo establecido por el sindicato Salvador Alvarado y la Asociación de Productores Agropecuarios de Sonora es de 111 pesos con 88 centavos.

La mayoría de los trabajadores llegan a Sonora, Sinaloa y Baja California por los contratistas. Estos verdaderos coyotes cobran comisión por cada camión cargado de mano de obra barata que llevan a los campos agrícolas. El arreglo es con los productores, para quienes la fuerza laboral de los jornaleros agrícolas migrantes es imprescindible a fin de producir hortalizas y frutos a un precio con el que puedan seguir en el competido mercado de la importación a Estados Unidos.

Muchas veces, la recompensa para los enganchadores, contratistas o coyotes es la concesión de la tienda o las tiendas del campo, las cuales todavía operan con el esquema de las tiendas de raya de las haciendas porfiristas.

A los jornaleros migrantes los acechan distintos problemas sociales. El alcoholismo es atávico, pero la drogadicción se propaga a través de los vendedores que son capaces de introducirla a los campos de la agroindustria y ofrecer una dosis de cristal en 10 pesos o una de coca en 50. Las denuncias de la existencia de prostitución, donde es frecuente la explotación sexual de niñas, se suman a las condiciones de promiscuidad con la que viven los jornaleros agrícolas en los galerones de los campos.

Menos de la mitad de los jornaleros agrícolas del estado de Sonora se han visto beneficiados por el programa Jornaleros Agrícolas de la Sedesol, y aun menos cuentan con la mínima seguridad laboral y los beneficios del Seguro Social. Esos jornaleros cuyo trabajo es la base del prominente negocio de la agroindustria no sólo en Sonora, sino en todo México.



Galería de polleros



Por sus características geográficas, la frontera del desierto, con una extensión de 588 kilómetros, es muy porosa, con lugares de sobra para cruzar lo mismo migrantes indocumentados que cargamentos de droga. Las autoridades mexicanas tienen registrados 49 “cruces informales” en la frontera Sonora-Arizona en las poblaciones de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Caborca, Altar, Sáric y Agua Prieta.

Ésta es una frontera “caliente”, donde han proliferado las organizaciones dedicadas al tráfico de indocumentados y con una creciente importancia en el trasiego de drogas rumbo al mercado del norte y sus dólares. Una región donde la violencia va en aumento, donde los índices delictivos son cada vez más altos y cada vez son más frecuentes las ejecuciones entre quienes buscan controlar las rutas del tráfico ilegal de drogas y seres humanos en las montañas y el desierto.

Documentos confidenciales de áreas de inteligencia del gobierno mexicano revelan la forma de operar de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas en la frontera Sonora-Arizona:

Este corredor fronterizo ha generado que ilegales provenientes de Irak, Pakistán, India, Jordania, Libia, Turquía, así como de China, Macedonia, entre otros países como Perú y Brasil, opten por internarse por esa zona debido a la multiplicidad de opciones de cruce con menor vigilancia (…). Este fenómeno es un riesgo latente para ambos países, ya que individuos de corte terrorista pueden adoptar alguna de las nacionalidades antes mencionadas.

En Altar y en otros poblados fronterizos de Sonora operan varias bandas de traficantes de indocumentados bien organizadas. Lo que sigue es una galería de peligrosos traficantes.

Judith Treviño Cabrera fue detenida a principios del mes de mayo de 2005. La organización Treviño Cabrera, que se extiende hasta el sureste mexicano y el norte de Centroamérica, controla la mayor parte del tráfico de indocumentados en la ruta Altar-El Sásabe.

Un par de casas de huéspedes y cinco autobuses de pasajeros son parte de la infraestructura con la que cuenta esta banda para operar.

En Tapachula, Vicente Chilel Joel es el encargado de proporcionarle credenciales de elector falsificadas a los migrantes indocumentados que viajan desde Centroamérica. Otro de los operadores de la organización Treviño Cabrera es Genaro de la Cruz Gómez, quien desde la frontera sur de México maneja una de las rutas de la migración clandestina por medio país hasta llegar a la ciudad de Puebla.

Esta organización había comprado prácticamente a todos los operadores de los autobuses de transporte público que viajan de Altar al poblado de El Sásabe.

La ruta para el tráfico de indocumentados usada por la organización Treviño Cabrera tenía como uno de sus enclaves principales la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, donde muchos migrantes iniciaban el viaje en autobús rumbo al norte y sus dólares. El siguiente punto de importancia en este itinerario era Puebla, donde polleros ligados a esta red organizaban a los indocumentados según su destino. Los llevaban en distintos autobuses rumbo a las ciudades de Nogales, Altar y El Sásabe.

Esta banda contaba con varias casas de seguridad en Puebla y tenía los recursos suficientes para utilizar autobuses en las distintas carreteras rumbo al otro lado de la frontera.

Las operaciones de tráfico de indocumentados de la banda Treviño Cabrera eran protegidas por una amplia red de corrupción, en la que se sospecha estaban involucrados miembros de la policía municipal de Altar y El Sásabe, integrantes de la policía judicial del estado de Sonora, e incluso del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración.

La banda de Santiago Molina Gastélum, quien ya fue detenido, tenía como base de operaciones el poblado de Altar. Además del negocio de los indocumentados, “manejaba” la droga que circulaba por la ruta del desierto rumbo al voraz mercado del norte.

El trasiego de los ilegales lo llevan a cabo en los estados de Sonora y Baja California y en el área metropolitana de Phoenix, Arizona. En su mayoría trafican con mexicanos y centroamericanos. Por las actividades que realizan, hay información de que en ocasiones han utilizado a los indocumentados como “burros” para trasladar droga hacia Estados Unidos.

Así se describen las actividades de la banda de Molina Gastélum en informes de inteligencia del gobierno mexicano.

Además de un rancho en Altar, Molina Gastélum tiene una casa de huéspedes llamada “Casa Maggy” en la ciudad de Caborca y es dueño de varios vehículos registrados como taxis en las ciudades de Tijuana, en Baja California, y Culiacán, en Sinaloa.

Las operaciones de tráfico de indocumentados y de narcotráfico de esta banda se extendían por Agua Prieta, Caborca, Nogales, Altar, El Sásabe, en la frontera sonorense, y en el poblado de Algodones en el municipio de Mexicali, en Baja California. Trabajaba con una sofisticada red de enganchadores, choferes de vehículos, guías y encargados de la protección del negocio. El costo por cruzar andando la frontera por la ruta “segura” de los Molina Gastélum oscilaba entre 1,000 y 1,500 dólares.

En cuanto al manto de la corrupción –imprescindible para las operaciones de la banda–, el mencionado informe de inteligencia del gobierno mexicano dice lo siguiente:

Santiago tiene comprados en Sinaloa a integrantes de la Agencia Federal de Investigación, así como a policías estatales y municipales en la frontera de Sonora. Estos últimos permiten que los enganchadores realicen su trabajo sin ningún problema, mientras que los federales y estatales permiten el acceso hacia la frontera de Estados Unidos.

En Caborca fue detenido recientemente Anastasio Franco Cabrera, líder de una de las organizaciones con mayores recursos para operar; era una red que, según las autoridades mexicanas, se extendía hasta Centroamérica.

Informes de inteligencia sobre esta organización, conocida en la región como Los Franco, apuntan:

Esta organización cuenta con un importante número de miembros, por lo que es considerada una de las bandas más peligrosas e importantes en el traslado de indocumentados en la zona sur del estado de Arizona, teniendo contactos tanto en México como en Estados Unidos y países de Centroamérica y Europa.

Era una organización que funcionaba con un considerable número de células, donde cada una de las cabezas de estas células tenía su modo de operar y su propio territorio.

Además, la banda de Los Franco era extremadamente peligrosa:

La organización se encuentra involucrada en crímenes con violencia (ejecuciones con tiros de gracia), secuestros, robos, asaltos, allanamientos e invasión de propiedades, posesión de armas, lavado de dinero, falsificación de documentos y tráfico de drogas. De mayo de 2001 a mayo de 2003 se registraron 13 ejecuciones en las que se vieron involucrados de manera directa algunos miembros de Los Franco.

Las tarifas establecidas por Los Franco por un viaje al otro lado de la frontera eran de 1,000 a 1,500 dólares para los mexicanos; de 2,000 a 4,000 dólares para los centroamericanos, y de 4,000 a 10,000 para los sudamericanos y migrantes provenientes de otros países.

Muchos de los “clientes” pagaron los servicios de la banda vía Western Union. Entre 2001 y 2003 distintos miembros de la familia Franco recibieron envíos por más de 725,000 dólares.

Los costos de operación de Los Franco eran similares a los de muchas de las organizaciones dedicadas al tráfico de indocumentados en la frontera de Sonora. Los enganchadores (quienes ofrecen el servicio del viaje al otro lado) cobraban 30 dólares por cada “pollo” entregado al traficante. El guía cobraba 100 dólares por cada grupo conducido por las brechas de las montañas y el desierto. Cada grupo constaba de 10 a 12 personas. El chofer (que recoge a los pollos en lugares específicos para transportarlos en camionetas y autos) cobraba 200 dólares. Los cuidadores de las casas de seguridad necesarias para “guardar” a los pollos hasta el momento indicado para hacer el viaje, cobraban 30 dólares por cada migrante indocumentado “hospedado”.

Pero los mayores costos para las organizaciones dedicadas al tráfico de indocumentados, son los “arreglos” con las autoridades de ambos lados de la frontera para que les permitan operar. Son los costos de la corrupción.