SI MONITOR TENIA ADEUDOS FUE PORQUE FeCAL AMENAZO A LOS ANUNCIANTES Y ESTOS DEJARON DE HACERLO
Orlando Delgado Selley
Monitor y la reforma del Estado
El 29 de junio salió del aire el noticiero Monitor luego de 41 mil 100 transmisiones. Durante sus 33 años de vida mantuvo una línea periodística independiente, que lo enfrentó a gobernantes de distinto nivel por el análisis que realizaba sobre la gestión pública y aspectos criticables de las políticas públicas.
De Echeverría a Zedillo, pasando por López Portillo, De la Madrid y Salinas, hubo intentos de acallarlo y todos fallaron. También gobernantes locales de la ciudad de México y del estado de México fueron duramente criticados cuando sus acciones u omisiones lo ameritaban, y también ellos intentaron controlarlo. Al gobierno de la alternancia igualmente se le cuestionó, al tiempo que en un entorno muy enfrentado se abrió ese noticiario a opiniones discordantes con la gestión foxista.
La respuesta fue un boicot publicitario del tipo que se realizó contra el Excélsior de Julio Scherer. La nueva administración panista, según Felipe Calderón, "hizo lo legalmente posible por ayudar", tanto gestionando con el IMSS y la Secretaría de Hacienda para negociar sus adeudos, como otorgando "toda la publicidad que pudo".
Monitor es un medio trascendente, escuchado por millones de personas; en consecuencia, es importante para la vida nacional. No se trata de que el Ejecutivo trate de ayudarle. Se trata de un asunto que debiera ser del interés del Estado. Ese medio, así como otros cuya opinión crítica los hace relevantes, a través de la publicidad oficial tiene que ser parcialmente financiado con recursos que provienen de las contribuciones de los ciudadanos. Para eso está legalmente mandatado el Ejecutivo federal. Obviamente, la manera en la que se da cumplimiento, da cuenta de las preferencias comerciales y de prácticas discriminatorias que son la expresión de acuerdos que remuneran apoyos políticos.
El gobierno de Felipe Calderón no puede sustraerse de una responsabilidad política y legal. Defender la libertad de prensa no se logra condenando la actuación de Hugo Chávez en Venezuela, por negarse a renovar la concesión a una televisora privada, sino ocupándose de que un medio que expresa una opinión razonada e independiente no sea eliminado del aire debido a un litigio comercial en el que una cadena radiofónica no ha cumplido con su responsabilidad legal.
El asunto no se debe a la incompetencia financiera o al resultado de la elección libre de los anunciantes. No se trata de que el mercado lo haya eliminado. Se trata del resultado de una acción política gubernamental motivada por una línea editorial respetable. Existen, además, razones económicas que obligan a quien representa al Estado mexicano a actuar a favor de Monitor.
La Constitución establece expresamente que es responsabilidad del Estado evitar la existencia de monopolios y de prácticas monopólicas. En los medios electrónicos existe una concentración económica indeseable que, además, tiende a incrementarse y dificulta la circulación equilibrada y equitativa de información así como de las diferentes opiniones.
El Estado debiera contribuir a que eso se corrija, otorgando la publicidad oficial adecuada para que ese medio pueda enfrentar sus obligaciones económicas. Sin embargo, quienes tienen el poder decidieron ejercerlo contra esa empresa radiofónica. Lo hicieron, como acostumbran, soterrada, pero eficientemente. Obedecieron a quien dio la orden de ataque sin importar que se eliminaría una opción informativa. Se conjuntaron actores económicos, políticos, legales y, como ocurre en este tipo de casos, no hubo errores ni indisciplinas.
Dado que las elecciones no zanjaron el conflicto político, era necesario que ese espacio electrónico, que indudablemente transmitía la voz de los que se sentían defraudado -lo que es periodística y políticamente conveniente-, fuese callado.
El respaldo popular que ha habido da cuenta del interés por que Monitor no desaparezca. Hace falta que desde el Legislativo se obligue al Ejecutivo a destinar parte de los enormes recursos que actualmente se usan en propaganda televisiva, para rescatar a Monitor. Así, se estaría dando cumplimiento al mandato electoral que creó las cámaras plurales, que deben ocuparse de garantizar pluralidad en los medios electrónicos e impresos, algunos de los cuales, por cierto, pronto podrían enfrentar dificultades similares.
La reforma del Estado, que tanto ruido ha hecho sin que todavía exista sustancia, podría arrancar realmente si las bancadas acuerdan que es interés de la nación que Monitor regrese al aire. Con ello se impediría que la inquina del gobierno foxista lograse cerrarlo y la pluralidad ganaría.
El 29 de junio salió del aire el noticiero Monitor luego de 41 mil 100 transmisiones. Durante sus 33 años de vida mantuvo una línea periodística independiente, que lo enfrentó a gobernantes de distinto nivel por el análisis que realizaba sobre la gestión pública y aspectos criticables de las políticas públicas.
De Echeverría a Zedillo, pasando por López Portillo, De la Madrid y Salinas, hubo intentos de acallarlo y todos fallaron. También gobernantes locales de la ciudad de México y del estado de México fueron duramente criticados cuando sus acciones u omisiones lo ameritaban, y también ellos intentaron controlarlo. Al gobierno de la alternancia igualmente se le cuestionó, al tiempo que en un entorno muy enfrentado se abrió ese noticiario a opiniones discordantes con la gestión foxista.
La respuesta fue un boicot publicitario del tipo que se realizó contra el Excélsior de Julio Scherer. La nueva administración panista, según Felipe Calderón, "hizo lo legalmente posible por ayudar", tanto gestionando con el IMSS y la Secretaría de Hacienda para negociar sus adeudos, como otorgando "toda la publicidad que pudo".
Monitor es un medio trascendente, escuchado por millones de personas; en consecuencia, es importante para la vida nacional. No se trata de que el Ejecutivo trate de ayudarle. Se trata de un asunto que debiera ser del interés del Estado. Ese medio, así como otros cuya opinión crítica los hace relevantes, a través de la publicidad oficial tiene que ser parcialmente financiado con recursos que provienen de las contribuciones de los ciudadanos. Para eso está legalmente mandatado el Ejecutivo federal. Obviamente, la manera en la que se da cumplimiento, da cuenta de las preferencias comerciales y de prácticas discriminatorias que son la expresión de acuerdos que remuneran apoyos políticos.
El gobierno de Felipe Calderón no puede sustraerse de una responsabilidad política y legal. Defender la libertad de prensa no se logra condenando la actuación de Hugo Chávez en Venezuela, por negarse a renovar la concesión a una televisora privada, sino ocupándose de que un medio que expresa una opinión razonada e independiente no sea eliminado del aire debido a un litigio comercial en el que una cadena radiofónica no ha cumplido con su responsabilidad legal.
El asunto no se debe a la incompetencia financiera o al resultado de la elección libre de los anunciantes. No se trata de que el mercado lo haya eliminado. Se trata del resultado de una acción política gubernamental motivada por una línea editorial respetable. Existen, además, razones económicas que obligan a quien representa al Estado mexicano a actuar a favor de Monitor.
La Constitución establece expresamente que es responsabilidad del Estado evitar la existencia de monopolios y de prácticas monopólicas. En los medios electrónicos existe una concentración económica indeseable que, además, tiende a incrementarse y dificulta la circulación equilibrada y equitativa de información así como de las diferentes opiniones.
El Estado debiera contribuir a que eso se corrija, otorgando la publicidad oficial adecuada para que ese medio pueda enfrentar sus obligaciones económicas. Sin embargo, quienes tienen el poder decidieron ejercerlo contra esa empresa radiofónica. Lo hicieron, como acostumbran, soterrada, pero eficientemente. Obedecieron a quien dio la orden de ataque sin importar que se eliminaría una opción informativa. Se conjuntaron actores económicos, políticos, legales y, como ocurre en este tipo de casos, no hubo errores ni indisciplinas.
Dado que las elecciones no zanjaron el conflicto político, era necesario que ese espacio electrónico, que indudablemente transmitía la voz de los que se sentían defraudado -lo que es periodística y políticamente conveniente-, fuese callado.
El respaldo popular que ha habido da cuenta del interés por que Monitor no desaparezca. Hace falta que desde el Legislativo se obligue al Ejecutivo a destinar parte de los enormes recursos que actualmente se usan en propaganda televisiva, para rescatar a Monitor. Así, se estaría dando cumplimiento al mandato electoral que creó las cámaras plurales, que deben ocuparse de garantizar pluralidad en los medios electrónicos e impresos, algunos de los cuales, por cierto, pronto podrían enfrentar dificultades similares.
La reforma del Estado, que tanto ruido ha hecho sin que todavía exista sustancia, podría arrancar realmente si las bancadas acuerdan que es interés de la nación que Monitor regrese al aire. Con ello se impediría que la inquina del gobierno foxista lograse cerrarlo y la pluralidad ganaría.
posted by H2AGUA at
8:34 a.m.
