PLAZA PUBLICA
Miguel Angel Granados Chapa
Desmantelar la banca de desarrollo
Hoy que es Día del Abogado, el presidente Calderón debería recordar que lo es y procurar que los actos de su gobierno se ajusten a las leyes, lo menos que se puede demandar de un profesional del derecho. No basta, como se oye al propio Ejecutivo y no pocos de sus colaboradores, proclamar la vigencia del Estado de derecho, algo que hacen con insistencia que fatiga, por hueca, sino proveer a su establecimiento y respeto. Apenas este lunes, al presentar el nuevo organismo llamado Proméxico Calderón atentó contra las atribuciones del Congreso de la Unión en materia de comercio exterior.
Proméxico es un fideicomiso público cuyo decreto obtuvo la firma presidencial el 13 de junio pasado. Si hubo la intención de significar aun en el calendario uno de los propósitos de ese documento, que es privar de recursos y funciones al Banco Nacional de Comercio Exterior, el objetivo se logró. La agresión a Bancomext se consumó cinco días después de que ese banco llegó a los setenta años de edad. La sola mención de ese lapso puede conducir a la falsa impresión de que una institución septuagenaria acaso requiera un tratamiento vigorizante y aun reconstructivo. Si así fuera, hay un modo legal de hacerlo, que consiste en modificar la legislación correspondiente. Pero el Gobierno decidió ir por el camino corto que combina la expedición de un decreto presidencial y la infracción a la norma expedida por el Legislativo.
El banco fue imaginado por un prócer de la economía pública mexicana, don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de dos presidentes de personalidades y propósitos contrastantes, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho y de ambos recibió confianza y consideraciones. Junto con el director del Banco de México Luis Montes de Oca, y con el apoyo de Cárdenas, Suárez creó el banco que en su denominación llevaba implícito el propósito de promover y financiar el comercio exterior. El acta constitutiva se firmó el ocho de junio de 1937 y sus operaciones comenzaron el dos de julio siguiente. Su primer director fue don Roberto López, una de las figuras señeras de las finanzas públicas mexicanas y quien, en 1965, presidió el inicial Consejo de Administración de Siglo XXI, la empresa editorial con que un vasto sector de la sociedad mexicana respondió al autoritarismo del presidente Díaz Ordaz al despedir a Arnaldo Orfila.
Otros actos de autoritarismo, más o menos disimulado, sufrió el banco a lo largo de su desempeño que, como todo en la vida, tuvo buenas y malas tardes. El presidente Echeverría, por ejemplo, buscó anularlo mediante la creación de un Instituto Mexicano de Comercio Exterior que sólo dejó como herencia el edificio donde hoy despacha el secretario de Economía, Eduardo Sojo. Resistió el banco ése y otros avatares; fue reforzado por su actual ley orgánica, de 1986 (época de Miguel de la Madrid que, bien se sabe, nada tenía de estatista) y cumplió sus funciones, no sólo de financiar exportaciones e importaciones, sino otras complementarias: Su Departamento de Estudios Económicos y su revista Comercio exterior contribuyeron en grado de excelencia a la comprensión de ese fenómeno desde mucho antes de que la globalización, como el remolino, viniera a alevantarnos.
El Banco Mundial, que no osa pedir a Estados Unidos y a Japón, por ejemplo, que se deshagan del Eximbank correspondiente, lo demandó al gobierno de Zedillo. Fox, ahora vemos que con la asesoría de Sojo, quiso caminar en esa ruta. Y ahora Calderón está recorriéndola. Nombró director del Banco al mismo Mario Laborín que dirige Nacional Financiera, y otras designaciones de la misma naturaleza, han privado en los hechos de dirección al banco, pues los funcionarios no es que trabajen doble turno sino que apenas se les ve en el Banco. Fue el preámbulo para la creación de Proméxico, que acaso sea la respuesta del siglo XXI al comercio exterior pero por lo pronto resulta de decisiones inconsultas y de arrebatar funciones, recursos y personal a un organismo creado por ley del Congreso.
Dijo Calderón el lunes pasado que “si queremos desarrollar el enorme potencial económico que tiene nuestro país, deberemos ser capaces de sacar el mayor provecho posible del proceso de apertura comercial que tanto trabajo ha costado consolidar. Sobre todo debemos promocionar (sic, por promover, pues uno no se mociona de un lado a otro) mucho mejor nuestros bienes y servicios, porque cada mercado que se abre es una oportunidad de venta para productores, empresarios y trabajadores que no podemos darnos el lujo de desperdiciar”.
¿No era dable alcanzar esos plausibles propósitos con el organismo ya experimentado en promover el comercio exterior? Si un diagnóstico probó tal imposibilidad, debe ser mostrado al público y al personal del Banco, que tienen una palabra qué decir al respecto. Y, sobre todo, debió convertirse ese diagnóstico en la exposición de motivos de una reforma legal que reestructurara el banco. O lo suprimiera de plano, si tal fuera el caso, en vez de elegir el camino sinuoso y perverso de achicarlo y de machacar sus defectos al mismo tiempo que se cantan loas al nuevo mecanismo que, por su propia naturaleza, ofrece luminosas expectativas. Para desmantelar el Banco de Comercio Exterior —como anticipo del mismo propósito respecto de toda la banca de desarrrollo— y para crear Proméxico, dice el sindicato bancario, han “pesado más compromisos políticos, proclividades ideológicas e intereses de grupo”. Así es.
Hoy que es Día del Abogado, el presidente Calderón debería recordar que lo es y procurar que los actos de su gobierno se ajusten a las leyes, lo menos que se puede demandar de un profesional del derecho. No basta, como se oye al propio Ejecutivo y no pocos de sus colaboradores, proclamar la vigencia del Estado de derecho, algo que hacen con insistencia que fatiga, por hueca, sino proveer a su establecimiento y respeto. Apenas este lunes, al presentar el nuevo organismo llamado Proméxico Calderón atentó contra las atribuciones del Congreso de la Unión en materia de comercio exterior.
Proméxico es un fideicomiso público cuyo decreto obtuvo la firma presidencial el 13 de junio pasado. Si hubo la intención de significar aun en el calendario uno de los propósitos de ese documento, que es privar de recursos y funciones al Banco Nacional de Comercio Exterior, el objetivo se logró. La agresión a Bancomext se consumó cinco días después de que ese banco llegó a los setenta años de edad. La sola mención de ese lapso puede conducir a la falsa impresión de que una institución septuagenaria acaso requiera un tratamiento vigorizante y aun reconstructivo. Si así fuera, hay un modo legal de hacerlo, que consiste en modificar la legislación correspondiente. Pero el Gobierno decidió ir por el camino corto que combina la expedición de un decreto presidencial y la infracción a la norma expedida por el Legislativo.
El banco fue imaginado por un prócer de la economía pública mexicana, don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de dos presidentes de personalidades y propósitos contrastantes, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho y de ambos recibió confianza y consideraciones. Junto con el director del Banco de México Luis Montes de Oca, y con el apoyo de Cárdenas, Suárez creó el banco que en su denominación llevaba implícito el propósito de promover y financiar el comercio exterior. El acta constitutiva se firmó el ocho de junio de 1937 y sus operaciones comenzaron el dos de julio siguiente. Su primer director fue don Roberto López, una de las figuras señeras de las finanzas públicas mexicanas y quien, en 1965, presidió el inicial Consejo de Administración de Siglo XXI, la empresa editorial con que un vasto sector de la sociedad mexicana respondió al autoritarismo del presidente Díaz Ordaz al despedir a Arnaldo Orfila.
Otros actos de autoritarismo, más o menos disimulado, sufrió el banco a lo largo de su desempeño que, como todo en la vida, tuvo buenas y malas tardes. El presidente Echeverría, por ejemplo, buscó anularlo mediante la creación de un Instituto Mexicano de Comercio Exterior que sólo dejó como herencia el edificio donde hoy despacha el secretario de Economía, Eduardo Sojo. Resistió el banco ése y otros avatares; fue reforzado por su actual ley orgánica, de 1986 (época de Miguel de la Madrid que, bien se sabe, nada tenía de estatista) y cumplió sus funciones, no sólo de financiar exportaciones e importaciones, sino otras complementarias: Su Departamento de Estudios Económicos y su revista Comercio exterior contribuyeron en grado de excelencia a la comprensión de ese fenómeno desde mucho antes de que la globalización, como el remolino, viniera a alevantarnos.
El Banco Mundial, que no osa pedir a Estados Unidos y a Japón, por ejemplo, que se deshagan del Eximbank correspondiente, lo demandó al gobierno de Zedillo. Fox, ahora vemos que con la asesoría de Sojo, quiso caminar en esa ruta. Y ahora Calderón está recorriéndola. Nombró director del Banco al mismo Mario Laborín que dirige Nacional Financiera, y otras designaciones de la misma naturaleza, han privado en los hechos de dirección al banco, pues los funcionarios no es que trabajen doble turno sino que apenas se les ve en el Banco. Fue el preámbulo para la creación de Proméxico, que acaso sea la respuesta del siglo XXI al comercio exterior pero por lo pronto resulta de decisiones inconsultas y de arrebatar funciones, recursos y personal a un organismo creado por ley del Congreso.
Dijo Calderón el lunes pasado que “si queremos desarrollar el enorme potencial económico que tiene nuestro país, deberemos ser capaces de sacar el mayor provecho posible del proceso de apertura comercial que tanto trabajo ha costado consolidar. Sobre todo debemos promocionar (sic, por promover, pues uno no se mociona de un lado a otro) mucho mejor nuestros bienes y servicios, porque cada mercado que se abre es una oportunidad de venta para productores, empresarios y trabajadores que no podemos darnos el lujo de desperdiciar”.
¿No era dable alcanzar esos plausibles propósitos con el organismo ya experimentado en promover el comercio exterior? Si un diagnóstico probó tal imposibilidad, debe ser mostrado al público y al personal del Banco, que tienen una palabra qué decir al respecto. Y, sobre todo, debió convertirse ese diagnóstico en la exposición de motivos de una reforma legal que reestructurara el banco. O lo suprimiera de plano, si tal fuera el caso, en vez de elegir el camino sinuoso y perverso de achicarlo y de machacar sus defectos al mismo tiempo que se cantan loas al nuevo mecanismo que, por su propia naturaleza, ofrece luminosas expectativas. Para desmantelar el Banco de Comercio Exterior —como anticipo del mismo propósito respecto de toda la banca de desarrrollo— y para crear Proméxico, dice el sindicato bancario, han “pesado más compromisos políticos, proclividades ideológicas e intereses de grupo”. Así es.
posted by H2AGUA at
8:37 a.m.
