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México, DF, 21 de marzo de 2007.
Servicio informativo núm. 34
Sumario:
I. Rechaza el Gobierno Legítimo la reforma a la Ley del ISSSTE
II. Denuncia “La verdad sea dicha” la mercantilización del patrimonio cultural
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RECHAZA EL GOBIERNO LEGÍTIMO LA REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE
“La iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una ley ‘espejo’ de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que entró en vigor en 1997. Obedece al mismo esquema privatizador y tiene los mismos efectos perjudiciales para la pensión de los trabajadores y sobre los servicios médicos”.
Así lo declararon en conferencia de prensa este día Mario Di Constanzo, Bertha Luján y Cristina Laurell, secretarios de la Hacienda Pública, del Trabajo y de Salud del Gobierno Legítimo de México, respectivamente, quienes agregaron que dicho proyecto de reforma “tiene las mismas promesas que la del IMSS, que hoy sabemos que no se cumplieron. Entonces, como hoy, los legisladores encargados de pasarla descalificaron todos los argumentos y las evidencias presentadas por los expertos en seguridad social y la ley se aprobó contra la protesta masiva de trabajadores, académicos y expertos”.
Los funcionarios lopezobradoristas destacaron distintos aspectos a los que se opone el Gobierno Legítimo en relación con la iniciativa de ley que los partidos de derecha —Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)— se aprestan a aprobar en la Cámara de Diputados.
Al dar lectura a un pronunciamiento en el que se analizan los riesgos del curso privatizador de la seguridad pública, Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo señaló: “El nuevo sistema de pensiones se basa en cuentas de capitalización individual con un monto de pensión desconocido que contrasta con el actual, en el cual el monto de la pensión es fijado en la ley. La administración de estas cuentas se hará a través del sistema Afore-Siefore, que cobra una comisión e invierte el fondo en la bolsa o en papeles del gobierno. El monto de la pensión depende entonces del monto depositado en la cuenta del trabajador más los intereses ganados menos las comisiones cobradas por su administración. Los últimos dos montos no se conocen de antemano y por tanto no se puede decir cuánto recibirá el trabajador por concepto de pensión. Con la experiencia de las Afores, la pensión será mucho más baja que con el sistema actual porque con 30 años de cotización el trabajador apenas logra una pensión del orden de 25-30% de su último salario”.
Laurell indicó también que en la propuesta calderonista de ley, los años de cotización y la cuota del trabajador se incrementan. “El sistema de capitalización individual requiere entonces que el trabajador cotice más años y que pague una cuota más alta. Por ello, en la iniciativa de ley se quita gradualmente la jubilación por años de servicio y se incrementa gradualmente la edad para jubilarse, a 65 años, y la cotización sube de 3.5% del salario básico a 6.125”.
Asimismo, afirmó que con este sistema el ahorro de los trabajadores se entrega a los grandes grupos financieros: “El Pensionissste funcionará como cualquier Afore y después de tres años los fondos pueden entrar a todas las demás Afores. Es decir, los grandes grupos financieros ligados a los bancos y a las aseguradoras de pensiones tendrán en sus manos nuevos y cuantiosos fondos financieros. Esto les permite sacar ganancias mediante las comisiones de alrededor de 25% de los depósitos en las cuentas de los trabajadores. Pero además tienen en sus manos grandes cantidades de dinero para especular con él e, incluso, provocar altas y bajas en el mercado financiero según sus intereses particulares, sean estos económicos o políticos”.
Al referirse al organismo que manejará los ahorros de los trabajadores, el comun icado del Gobnierno Legítimo señala que “Pensionissste manejará los ahorros de los trabajadores por tres años en una especie de Afore pública pero con características que le permitirán a Elba Esther Gordillo (cacique sindical del magisterio) y a Joel Ayala (dirigente de la federación sindical que agrupa a todos los trabajadores del Estado) manejar discrecionalmente estos fondos. Pero aún más grave resulta que la iniciativa establece que Pensionissste preferentemente deberá invertir los ahorros de los trabajadores en vivienda, generación de energía eléctrica, explotación de gas y petróleo y construcción de carreteras, cuando ninguna de estas opciones puede ser considerada como una inversión segura y de alta rentabilidad”.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo abundó sobre las repercusiones de la iniciativa de ley en los servicios médicos y señaló que “la situación de los servicios médicos prestados en el ISSSTE es grave. Tienen un déficit de infraestructura de por lo menos 4 000 camas hospitalarias y 25 000 equipos obsoletos, así como falta de personal, medicamentos y otros insumos. Le falta $4.6 mil millones para su gasto de operación. Como resultado hay un diferimiento de atención en todos los servicios que incluso puede causar la muerte de los pacientes. El fondo emergente de $8 mil millones prometido en la iniciativa no alcanza para corregir esta situación. El incremento en las cotizaciones para el seguro de salud de 5.445% sobre el salario básico es gradual y no estará completo hasta 2011. Por la experiencia del IMSS es insuficiente la cotización de 1.345% para los servicios médicos para los pensionados, lo que hace vislumbrar la permanencia del déficit en los servicios de salud”.
Finalmente, en su turno Asa Cristina Laurell aseveró que “el sistema de cuentas individuales no implica que las transferencias fiscales al ISSSTE para el pago de las pensiones vayan a desaparecer. Van a seguir otorgándose y van a aumentar, ya que el Estado asume el pago de las pensiones en curso y las de los que no entran en el nuevo sistema. También pondrá el dinero para completar los fondos de los trabajadores para que alcancen la pensión mínima garantizada. En términos prácticos, el gobierno está expropiando los fondos de los trabajadores para ser invertidos en las áreas que el propio gobierno designe, cubriendo así la ausencia de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, al mismo tiempo, está trasladando el problema de las pensiones para dentro de quince años en el mejor de los casos, y el costo de esto lo van a pagar los futuros jubilados con una pensión insuficiente”.
Complementando el pronunciamiento que el Gobierno Legítimo hizo respecto al proyecto de reformas a la Ley del ISSSTE, en su turno Mario Di Costanzo señaló que el estado de los salarios actuales en México no permite que la aportación mensual genere una pensión digna para los trabajadores a través del mecanismo de los contratos individualizados. “Es una reforma costosa, muy costosa que no cumple con su objetivo en materia de pensiones”, señaló, y agregó que “es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos”, ya que “los que aportan menos no tendrán acceso a esta privatización de los servicios y el ISSSTE no tendrá recursos para mejorar su calidad de atención”.
Más adelante acusó al PRI de estar politizando el tema, puesto que ha detenido la reforma no por consideraciones humanas sino por el miedo de que Elba Esther Gordillo (convertida en enemiga de este partido) será la que maneje gran cantidad de los recursos. “Se está dejando en menos de 10 artículos de la ley el funcionamiento de una Afore que en principio va a manejar una bolsa que se estima entre 50 y 160 mil millones de pesos en los próximos tres años; sin criterios de vigilancia, de transparencia y sin criterios técnicos. Es prácticamente una expropiación de fondos de los trabajadores”, afirmó el secretario de la Hacienda Pública del gabinete lopezobradorista. Esta iniciativa, concluyó, “es una irresponsabilidad que responde al pago de facturas del gobierno espurio a los líderes sindicales que lo apoyaron en su campaña y, por tanto, no responde a consideraciones técnicas sino políticas”.
Por su parte, Berta Luján, secretaria de Trabajo, informó que esta ley está teniendo un gran rechazo por parte de muchos grupos de trabajadores, sobre todo de los que trabajan para el Estado, y añadió que las acciones concretas que tomará el gobierno legítimo saldrán de la Convención Nacional Democrática que comienza hoy sus discusiones.
Como alternativa a la política de privatización de la seguridad social que propone la derecha, los voceros del Gobierno Legítimo consideraron “necesaria y urgente una reforma alternativa del sistema mexicano de seguridad social para corregir su deterioro generalizado y la pérdida de derechos”. Indicaron que el Gobierno Legítimo tiene como objetivo prioritario elevar el Estado de Bienestar a rango constitucional y, en este marco, las instituciones de seguridad social juegan un papel central. “Estas instituciones, dijeron, deben mantener y fortalecer su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Deben ser garantes de los derechos sociales de todos los mexicanos”.
En ese sentido, consideraron que “las grandes cantidades de dinero que el Estado se ha comprometido dedicar a sus reformas privatizadoras de los institutos de seguridad social son suficientes para instrumentar la reforma alternativa de seguridad social. Alcanzan para fortalecer los servicios públicos de salud y darles viabilidad a largo plazo. Las instituciones públicas fortalecidas pueden prestar servicios cruzados entre sí como el primer paso para un sistema público único de salud”.
De esta forma, concluyeron su exposición señalando que “los fondos alcanzan para construir un sistema de pensiones solidario basado en un sistema de reparto proporcional que evita los altos gastos de administración y las extraordinarias ganancias del sector privado, pero que sobre todo garanticen una pensión digna para los trabajadores y que esté administrado con transparencia por personal competente. Si a esto se añade una política de austeridad republicana y de combate frontal a la corrupción, habría fondos suficientes para extender la pensión alimentaria universal a todos los adultos mayores de 70 años”.
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DENUNCIA “LA VERDAD SEA DICHA” LA MERCANTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
En estos tiempos en que los gobiernos neoliberales han puesto a la venta todo el país, incluidos sus habitantes, la mercantilización del patrimonio cultural y natural es un problema de primer orden.
El programa de televisión “La verdad sea dicha” dedicó buena parte de su emisión del pasado 20 de marzo a este tema, al abordar tres ejemplos de agravios al patrimonio cultural de la nación: primero, la mercantilización del corredor cultural Cancún-Tulum, en la zona del antiguo imperio maya; en segundo lugar, la apropiación para lucro personal de inmuebles coloniales como el ex Convento de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; y tercero, la destrucción de espacios culturales que pretende realizar la empresa Minera San Xavier, en San Luis Potosí.
Entrevistado al respecto, Alfonso Suárez del Real, diputado del Partido de la Revolución Democrática, declaro que “se ha malinterpretado el patrimonio cultural que es patrimonio de la nación, que es patrimonio de las naciones indígenas; se está manejando con un sentido netamente patrimonialista, mercantilista, lo que puede generar situaciones muy difíciles y contrarias al espíritu mismo de la Federación”.
“En todo el país se repite la misma historia —indicó el programa televisivo que produce el Gobierno Legítimo de México—: las autoridades federales y locales se vuelven cómplices y defensoras de los intereses económicos de empresas privadas que se aprovechan del patrimonio histórico y cultural para hacer buenos negocios. Así sucede en la Rivera Maya, sobre todo en el corredor que va de Cancún a Tulum, donde grandes grupos económicos nacionales y extranjeros han destruido recursos naturales y comercializado monumentos arqueológicos para construir hoteles y centros de entretenimiento para turistas; el gobierno estatal ,en complicidad con autoridades federales, está vendiendo parte del Parque Nacional y del monumento arqueológico de Tulum; hasta el momento se han construido sin permiso cuatro hoteles dentro de la zona arqueológica de Tulum, los cuales ponen en peligro el área protegida”, denunció la emisión televisiva lopezobradorista.
Sobre el mismo tema, se señaló que “en el Parque Nacional de Tulum existen 14 hoteles con 954 cuartos en total, pero la mayoría de las 664 hectáreas del parque están en litigio con particulares por la tenencia de la tierra, quienes quieren levantar desarrollos turísticos en solares que consideran propios sin que las autoridades hagan algo por impedirlo”.
En cuanto al mal uso de inmuebles del patrimonio nacional, “La verdad sea dicha” retomó el caso del ex convento de Santo Domingo, que, como ha documentado el diario La Jornada, es administrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dirigido por Mari Cruz Montelongo, hija de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo y esposa del actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez. “Durante su gestión —señaló la emisión televisiva—, la señora Montelongo ha comercializado el inmueble, alquilándolo como salón de fiestas, bodas y cocteles, lo que contraviene el proyecto original del gobierno capitalino que dio al sindicato de maestros el edificio del siglo XVI para convertirlo en biblioteca y centro cultural”.
El diputado Suárez del Real demandó que “se analice y se constate que ha habido violaciones en las disposiciones para lo que se dio ese inmueble, se revoque y se piense en que el gobierno del Distrito Federal lo destine para el fin para el cual fue creado el espacio”.
Finalmente, el programa de televisión que se emite cada martes a la 1 de la mañana por Canal 13 y sus repetidoras, abordó el caso de destrucción cultural que representa la actividad de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, “uno de los más graves, pues no sólo acabará con monumentos históricos sino con una reserva ecológica y se contaminará el agua que consumen un millón y medio de potosinos”.
“Hace tres años —se informó—, una minera canadiense comenzó la destrucción del cerro de San Pedro, pueblo minero que es símbolo histórico del pueblo potosino; la empresa transnacional lleva a cabo la explotación minera de oro y plata a cielo abierto, lo que provocará un desastre ecológico en la zona, pues se acabará con la flora y la fauna de una reserva natural y contaminará con cianuro los mantos acuíferos que alimentan la capital de San Luis Potosí”.
El también legislador Enrique Rivera Sierra abundó al respecto: “Este conflicto comienza a finales del año 1994, cuando al pueblo fundador del estado de San Luis Potosí, que es el pueblo de San Pedro —municipio fundado el 4 de marzo de 1592, es decir, acaba de cumplir 415 años de existencia— llegó una transnacional canadiense llamada Metalica Resources Inc”. Entonces, Minera San Xavier S.A. de C.V. presionó a los habitantes, con el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para explotar los yacimientos.
“¿Por qué la oposición al proyecto? —se pregunta el legislador—. El sistema de tajo a cielo abierto implica la desaparición del poblado del cerro de San Pedro. El tajo, es decir, el cráter que Minera San Xavier va a construir en la zona, implica la desaparición del pueblo fundador que aparece, precisamente, en el escudo de armas de nuestro estado; este cerro va a desaparecer por la utilización de 25 toneladas de explosivos”.
“La verdad sea dicha” denunció la cadena de complicidades que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los gobiernos panistas locales y el gobierno federal han tejido para facilitar las actividades de Minera San Xavier y concluyó diciendo: “De imponerse las ambiciones de la empresa con la ayuda de Fox, Calderón y del gobierno panista que se han vuelto defensores a ultranza del proyecto, se destruiría un pueblo histórico, una iglesia considerada monumento protegido, se acabaría con una reserva natural y se pondría en riesgo la salud de los potosinos”.
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México, DF, 21 de marzo de 2007.
Servicio informativo núm. 34
Sumario:
I. Rechaza el Gobierno Legítimo la reforma a la Ley del ISSSTE
II. Denuncia “La verdad sea dicha” la mercantilización del patrimonio cultural
RECHAZA EL GOBIERNO LEGÍTIMO LA REFORMA A LA LEY DEL ISSSTE
“La iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una ley ‘espejo’ de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que entró en vigor en 1997. Obedece al mismo esquema privatizador y tiene los mismos efectos perjudiciales para la pensión de los trabajadores y sobre los servicios médicos”.
Así lo declararon en conferencia de prensa este día Mario Di Constanzo, Bertha Luján y Cristina Laurell, secretarios de la Hacienda Pública, del Trabajo y de Salud del Gobierno Legítimo de México, respectivamente, quienes agregaron que dicho proyecto de reforma “tiene las mismas promesas que la del IMSS, que hoy sabemos que no se cumplieron. Entonces, como hoy, los legisladores encargados de pasarla descalificaron todos los argumentos y las evidencias presentadas por los expertos en seguridad social y la ley se aprobó contra la protesta masiva de trabajadores, académicos y expertos”.
Los funcionarios lopezobradoristas destacaron distintos aspectos a los que se opone el Gobierno Legítimo en relación con la iniciativa de ley que los partidos de derecha —Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)— se aprestan a aprobar en la Cámara de Diputados.
Al dar lectura a un pronunciamiento en el que se analizan los riesgos del curso privatizador de la seguridad pública, Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del Gobierno Legítimo señaló: “El nuevo sistema de pensiones se basa en cuentas de capitalización individual con un monto de pensión desconocido que contrasta con el actual, en el cual el monto de la pensión es fijado en la ley. La administración de estas cuentas se hará a través del sistema Afore-Siefore, que cobra una comisión e invierte el fondo en la bolsa o en papeles del gobierno. El monto de la pensión depende entonces del monto depositado en la cuenta del trabajador más los intereses ganados menos las comisiones cobradas por su administración. Los últimos dos montos no se conocen de antemano y por tanto no se puede decir cuánto recibirá el trabajador por concepto de pensión. Con la experiencia de las Afores, la pensión será mucho más baja que con el sistema actual porque con 30 años de cotización el trabajador apenas logra una pensión del orden de 25-30% de su último salario”.
Laurell indicó también que en la propuesta calderonista de ley, los años de cotización y la cuota del trabajador se incrementan. “El sistema de capitalización individual requiere entonces que el trabajador cotice más años y que pague una cuota más alta. Por ello, en la iniciativa de ley se quita gradualmente la jubilación por años de servicio y se incrementa gradualmente la edad para jubilarse, a 65 años, y la cotización sube de 3.5% del salario básico a 6.125”.
Asimismo, afirmó que con este sistema el ahorro de los trabajadores se entrega a los grandes grupos financieros: “El Pensionissste funcionará como cualquier Afore y después de tres años los fondos pueden entrar a todas las demás Afores. Es decir, los grandes grupos financieros ligados a los bancos y a las aseguradoras de pensiones tendrán en sus manos nuevos y cuantiosos fondos financieros. Esto les permite sacar ganancias mediante las comisiones de alrededor de 25% de los depósitos en las cuentas de los trabajadores. Pero además tienen en sus manos grandes cantidades de dinero para especular con él e, incluso, provocar altas y bajas en el mercado financiero según sus intereses particulares, sean estos económicos o políticos”.
Al referirse al organismo que manejará los ahorros de los trabajadores, el comun icado del Gobnierno Legítimo señala que “Pensionissste manejará los ahorros de los trabajadores por tres años en una especie de Afore pública pero con características que le permitirán a Elba Esther Gordillo (cacique sindical del magisterio) y a Joel Ayala (dirigente de la federación sindical que agrupa a todos los trabajadores del Estado) manejar discrecionalmente estos fondos. Pero aún más grave resulta que la iniciativa establece que Pensionissste preferentemente deberá invertir los ahorros de los trabajadores en vivienda, generación de energía eléctrica, explotación de gas y petróleo y construcción de carreteras, cuando ninguna de estas opciones puede ser considerada como una inversión segura y de alta rentabilidad”.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo abundó sobre las repercusiones de la iniciativa de ley en los servicios médicos y señaló que “la situación de los servicios médicos prestados en el ISSSTE es grave. Tienen un déficit de infraestructura de por lo menos 4 000 camas hospitalarias y 25 000 equipos obsoletos, así como falta de personal, medicamentos y otros insumos. Le falta $4.6 mil millones para su gasto de operación. Como resultado hay un diferimiento de atención en todos los servicios que incluso puede causar la muerte de los pacientes. El fondo emergente de $8 mil millones prometido en la iniciativa no alcanza para corregir esta situación. El incremento en las cotizaciones para el seguro de salud de 5.445% sobre el salario básico es gradual y no estará completo hasta 2011. Por la experiencia del IMSS es insuficiente la cotización de 1.345% para los servicios médicos para los pensionados, lo que hace vislumbrar la permanencia del déficit en los servicios de salud”.
Finalmente, en su turno Asa Cristina Laurell aseveró que “el sistema de cuentas individuales no implica que las transferencias fiscales al ISSSTE para el pago de las pensiones vayan a desaparecer. Van a seguir otorgándose y van a aumentar, ya que el Estado asume el pago de las pensiones en curso y las de los que no entran en el nuevo sistema. También pondrá el dinero para completar los fondos de los trabajadores para que alcancen la pensión mínima garantizada. En términos prácticos, el gobierno está expropiando los fondos de los trabajadores para ser invertidos en las áreas que el propio gobierno designe, cubriendo así la ausencia de una reforma fiscal progresiva. Sin embargo, al mismo tiempo, está trasladando el problema de las pensiones para dentro de quince años en el mejor de los casos, y el costo de esto lo van a pagar los futuros jubilados con una pensión insuficiente”.
Complementando el pronunciamiento que el Gobierno Legítimo hizo respecto al proyecto de reformas a la Ley del ISSSTE, en su turno Mario Di Costanzo señaló que el estado de los salarios actuales en México no permite que la aportación mensual genere una pensión digna para los trabajadores a través del mecanismo de los contratos individualizados. “Es una reforma costosa, muy costosa que no cumple con su objetivo en materia de pensiones”, señaló, y agregó que “es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos”, ya que “los que aportan menos no tendrán acceso a esta privatización de los servicios y el ISSSTE no tendrá recursos para mejorar su calidad de atención”.
Más adelante acusó al PRI de estar politizando el tema, puesto que ha detenido la reforma no por consideraciones humanas sino por el miedo de que Elba Esther Gordillo (convertida en enemiga de este partido) será la que maneje gran cantidad de los recursos. “Se está dejando en menos de 10 artículos de la ley el funcionamiento de una Afore que en principio va a manejar una bolsa que se estima entre 50 y 160 mil millones de pesos en los próximos tres años; sin criterios de vigilancia, de transparencia y sin criterios técnicos. Es prácticamente una expropiación de fondos de los trabajadores”, afirmó el secretario de la Hacienda Pública del gabinete lopezobradorista. Esta iniciativa, concluyó, “es una irresponsabilidad que responde al pago de facturas del gobierno espurio a los líderes sindicales que lo apoyaron en su campaña y, por tanto, no responde a consideraciones técnicas sino políticas”.
Por su parte, Berta Luján, secretaria de Trabajo, informó que esta ley está teniendo un gran rechazo por parte de muchos grupos de trabajadores, sobre todo de los que trabajan para el Estado, y añadió que las acciones concretas que tomará el gobierno legítimo saldrán de la Convención Nacional Democrática que comienza hoy sus discusiones.
Como alternativa a la política de privatización de la seguridad social que propone la derecha, los voceros del Gobierno Legítimo consideraron “necesaria y urgente una reforma alternativa del sistema mexicano de seguridad social para corregir su deterioro generalizado y la pérdida de derechos”. Indicaron que el Gobierno Legítimo tiene como objetivo prioritario elevar el Estado de Bienestar a rango constitucional y, en este marco, las instituciones de seguridad social juegan un papel central. “Estas instituciones, dijeron, deben mantener y fortalecer su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Deben ser garantes de los derechos sociales de todos los mexicanos”.
En ese sentido, consideraron que “las grandes cantidades de dinero que el Estado se ha comprometido dedicar a sus reformas privatizadoras de los institutos de seguridad social son suficientes para instrumentar la reforma alternativa de seguridad social. Alcanzan para fortalecer los servicios públicos de salud y darles viabilidad a largo plazo. Las instituciones públicas fortalecidas pueden prestar servicios cruzados entre sí como el primer paso para un sistema público único de salud”.
De esta forma, concluyeron su exposición señalando que “los fondos alcanzan para construir un sistema de pensiones solidario basado en un sistema de reparto proporcional que evita los altos gastos de administración y las extraordinarias ganancias del sector privado, pero que sobre todo garanticen una pensión digna para los trabajadores y que esté administrado con transparencia por personal competente. Si a esto se añade una política de austeridad republicana y de combate frontal a la corrupción, habría fondos suficientes para extender la pensión alimentaria universal a todos los adultos mayores de 70 años”.
En estos tiempos en que los gobiernos neoliberales han puesto a la venta todo el país, incluidos sus habitantes, la mercantilización del patrimonio cultural y natural es un problema de primer orden.
El programa de televisión “La verdad sea dicha” dedicó buena parte de su emisión del pasado 20 de marzo a este tema, al abordar tres ejemplos de agravios al patrimonio cultural de la nación: primero, la mercantilización del corredor cultural Cancún-Tulum, en la zona del antiguo imperio maya; en segundo lugar, la apropiación para lucro personal de inmuebles coloniales como el ex Convento de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México; y tercero, la destrucción de espacios culturales que pretende realizar la empresa Minera San Xavier, en San Luis Potosí.
Entrevistado al respecto, Alfonso Suárez del Real, diputado del Partido de la Revolución Democrática, declaro que “se ha malinterpretado el patrimonio cultural que es patrimonio de la nación, que es patrimonio de las naciones indígenas; se está manejando con un sentido netamente patrimonialista, mercantilista, lo que puede generar situaciones muy difíciles y contrarias al espíritu mismo de la Federación”.
“En todo el país se repite la misma historia —indicó el programa televisivo que produce el Gobierno Legítimo de México—: las autoridades federales y locales se vuelven cómplices y defensoras de los intereses económicos de empresas privadas que se aprovechan del patrimonio histórico y cultural para hacer buenos negocios. Así sucede en la Rivera Maya, sobre todo en el corredor que va de Cancún a Tulum, donde grandes grupos económicos nacionales y extranjeros han destruido recursos naturales y comercializado monumentos arqueológicos para construir hoteles y centros de entretenimiento para turistas; el gobierno estatal ,en complicidad con autoridades federales, está vendiendo parte del Parque Nacional y del monumento arqueológico de Tulum; hasta el momento se han construido sin permiso cuatro hoteles dentro de la zona arqueológica de Tulum, los cuales ponen en peligro el área protegida”, denunció la emisión televisiva lopezobradorista.
Sobre el mismo tema, se señaló que “en el Parque Nacional de Tulum existen 14 hoteles con 954 cuartos en total, pero la mayoría de las 664 hectáreas del parque están en litigio con particulares por la tenencia de la tierra, quienes quieren levantar desarrollos turísticos en solares que consideran propios sin que las autoridades hagan algo por impedirlo”.
En cuanto al mal uso de inmuebles del patrimonio nacional, “La verdad sea dicha” retomó el caso del ex convento de Santo Domingo, que, como ha documentado el diario La Jornada, es administrado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dirigido por Mari Cruz Montelongo, hija de la cacique magisterial Elba Esther Gordillo y esposa del actual subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez. “Durante su gestión —señaló la emisión televisiva—, la señora Montelongo ha comercializado el inmueble, alquilándolo como salón de fiestas, bodas y cocteles, lo que contraviene el proyecto original del gobierno capitalino que dio al sindicato de maestros el edificio del siglo XVI para convertirlo en biblioteca y centro cultural”.
El diputado Suárez del Real demandó que “se analice y se constate que ha habido violaciones en las disposiciones para lo que se dio ese inmueble, se revoque y se piense en que el gobierno del Distrito Federal lo destine para el fin para el cual fue creado el espacio”.
Finalmente, el programa de televisión que se emite cada martes a la 1 de la mañana por Canal 13 y sus repetidoras, abordó el caso de destrucción cultural que representa la actividad de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, “uno de los más graves, pues no sólo acabará con monumentos históricos sino con una reserva ecológica y se contaminará el agua que consumen un millón y medio de potosinos”.
“Hace tres años —se informó—, una minera canadiense comenzó la destrucción del cerro de San Pedro, pueblo minero que es símbolo histórico del pueblo potosino; la empresa transnacional lleva a cabo la explotación minera de oro y plata a cielo abierto, lo que provocará un desastre ecológico en la zona, pues se acabará con la flora y la fauna de una reserva natural y contaminará con cianuro los mantos acuíferos que alimentan la capital de San Luis Potosí”.
El también legislador Enrique Rivera Sierra abundó al respecto: “Este conflicto comienza a finales del año 1994, cuando al pueblo fundador del estado de San Luis Potosí, que es el pueblo de San Pedro —municipio fundado el 4 de marzo de 1592, es decir, acaba de cumplir 415 años de existencia— llegó una transnacional canadiense llamada Metalica Resources Inc”. Entonces, Minera San Xavier S.A. de C.V. presionó a los habitantes, con el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para explotar los yacimientos.
“¿Por qué la oposición al proyecto? —se pregunta el legislador—. El sistema de tajo a cielo abierto implica la desaparición del poblado del cerro de San Pedro. El tajo, es decir, el cráter que Minera San Xavier va a construir en la zona, implica la desaparición del pueblo fundador que aparece, precisamente, en el escudo de armas de nuestro estado; este cerro va a desaparecer por la utilización de 25 toneladas de explosivos”.
“La verdad sea dicha” denunció la cadena de complicidades que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los gobiernos panistas locales y el gobierno federal han tejido para facilitar las actividades de Minera San Xavier y concluyó diciendo: “De imponerse las ambiciones de la empresa con la ayuda de Fox, Calderón y del gobierno panista que se han vuelto defensores a ultranza del proyecto, se destruiría un pueblo histórico, una iglesia considerada monumento protegido, se acabaría con una reserva natural y se pondría en riesgo la salud de los potosinos”.
posted by H2AGUA at
9:14 p.m.
