PULSO POLITICO

Francisco Cárdenas Cruz

De esto y de aquello.

Para que tras el llamado del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, los mexicanos no nos asustemos ante el agravamiento de la violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado, ayer se reportaron nuevas ejecuciones con más mensajes amenazadores entre las ropas de las víctimas.

A un lado de la carretera Cancún-Mérida aparecieron los cadáveres de dos jóvenes, atados de pies y manos y amordazados con cinta canela y sobre el pecho de uno de ellos, la policía halló este mensaje: "Para todos, nada es mejor. Soplón".

Y en el lado opuesto del territorio nacional, en Mexicali, Baja California, se encontraron restos de tres cuerpos dentro de bolsas de plástico negras en la cajuela de un automóvil abandonado en una alejada colonia de esa capital fronteriza.

Pero como el valentón ex gobernador de Jalisco que hoy es titular de Gobernación ya anunció que la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico va para largo y costará mucho dinero y vidas humanas, habremos de irnos acostumbrando.

Lo que muchos mexicanos se preguntan es si los funcionarios de alto nivel, incluyéndolo a él y, por supuesto, a su jefe, el presidente Calderón, no anduvieran asustados, ¿por qué pues redoblaron tanto su seguridad?...

Y es que además de agentes federales, sus escoltas incluyen también un número mucho mayor al habitual de elementos del Ejército.

Lo peor es que contra las alegres cifras que Ramírez Acuña dio a conocer en su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados sobre los resultados de los operativos policiaco-militares, cada vez son más, también, los estados en que hay ejecuciones, decapitaciones y secuestros.

Además, no es hoy ningún secreto que las amenazas han llegado a los altos niveles del gobierno federal y a gobernadores y ex gobernadores de entidades federativas que en su momento -en el caso de varios de éstos- protegieron o se beneficiaron de sus presuntos o verdaderos vínculos, con el narcotráfico.

Lo menos que el cierre de la megabiblioteca José Vasconcelos , por "defectos" de construcción, debe merecer de parte del gobierno federal es una investigación del millonario despilfarro habido en esa obra el sexenio pasado.

Si en la Secretaría de la Función Pública sigue el disimulo ante los evidentes casos de corrupción, la impunidad que, precisamente, se institucionalizó en el gobierno foxista, habrá de continuar en el actual para decepción de los mexicanos.

Un ejemplo más de ello es el que acaba de ocurrir en Coahuila, en donde el juez Primero de Distrito, Eduardo Loredo Morelón, otorgó la suspensión provisional a los cinco funcionarios de la Industrial Minera México contra los que la Procuraduría de Justicia de esa entidad giró órdenes de aprehensión.

El argumento de ese juez fue que, a pesar de que en el estallido en la mina Pasta de Conchos en el que perecieron atrapados 65 mineros, el 19 de febrero del año pasado, "el delito de homicidio culposo no es grave en la legislación de Coahuila".

De todas formas, el gobernador priísta de ese estado, Humberto Moreira, insiste en que se deberá hacer justicia por encima de influencias y presiones políticas de quienes tengan una presunta responsabilidad en el homicidio industrial de mineros.