INTINERARIO POLITICO

Ricardo Alemán


La casta divina

Cuando se revisa la iniciativa, resulta que la llamada "ley de salario máximo" se queda en un insulto colectivo

Es previsible que en las próximas horas, en una votación que podría alcanzar unanimidad, todos los partidos representados en el Senado de la República aprueben la reforma constitucional que establecerá salario máximo para los servidores públicos de todo el país. Según la iniciativa, que aún deberá pasar a la colegisladora de los diputados, el tope máximo será el salario del Presidente, que anda por ahí de 163 mil pesos mensuales.

Sin duda, el espíritu de la reforma se aproxima a la "moral y la ética republicana" a la que todos aspiran -como lo dice su principal impulsor, el senador Pablo Gómez-, pero lo cierto es que más allá de los reflectores mediáticos por esas buenas intenciones, en los hechos esa enmienda constitucional parece más emparentada con la simulación legislativa y el engaño, propios del Congreso mexicano.

En efecto, nadie en su sano juicio podría estar en contra de regular los excesos salariales de gobernantes y servidores públicos que ostentan cargos de elección popular, tanto en los tres niveles de gobierno como en los tres poderes de la Unión. Es decir, en todas las instituciones del Estado mexicano. Pero cuando se revisa la iniciativa, y cuando se la compara con el derroche presupuestal, legal e ilegal, en que incurren casi todas las instituciones -incluido de manera destacada el Congreso-, resulta que la llamada "ley de salario máximo" se queda en un insulto colectivo.

La ley establece, entre otras cosas, que ningún servidor público podrá ganar un salario mayor al del Presidente de la República, sea gobernador, jefe de Gobierno, alcalde o jefe delegacional; sea diputado local, federal, senador; sea ministro de la Corte, juez o magistrado, sea consejero o magistrado electoral; sea secretario de Estado o director de una empresa paraestatal u organismo descentralizado. Hasta aquí todo parece bien.

Pero cuando se realiza una aproximación a los casos, por ejemplo, del Presidente de la República y de los gobernadores de los estados -salvo el Distrito Federal-, resulta que el salario de esos 32 servidores públicos -uno el Ejecutivo federal y los otros ejecutivos de sus respectivas entidades- es lo más parecido a "una propina" por desempeñar la elevada responsabilidad que ostentan. ¿Por qué una propina? Porque tanto el Presidente de todos los mexicanos, su familia, lo mismo que los 31 gobernadores y sus respectivas familias viven en la llamada "casa de gobierno", que para el caso del Presidente es la residencia oficial de Los Pinos.

¿Quién paga los gastos de Los Pinos, en el caso del Presidente, y las casas de gobierno, en el de los mandatarios estatales? ¿A poco el Presidente o los gobernadores pagan de su bolsa, de su salario, todos los gastos? Y no se trata de erogaciones menores. A saber: electricidad, agua, predial, teléfonos, menaje, ropa, escuelas, transporte de toda la familia, comida para toda la prole, choferes, automóviles, viajes... todo. ¿Cuál es el monto de esa erogación, que sale del dinero público? Es tal el escándalo, que en seis años el Presidente y los gobernadores no conocen el dinero. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. De ese tamaño es el problema, y el insulto, no de salario

Se puede aventurar que si el Presidente y los gobernadores estuvieran obligados a pagar los gastos de Los Pinos y las casas de gobierno, su cheque no sólo llegaría en blanco, sino con una deuda. ¿Por qué entonces los señores senadores, con ese talento que los caracteriza, no atacan el inmoral y nada ético derroche de recursos desde el otro flanco: el desmantelamiento de esa ofensiva red de privilegios, muchos de ellos legales y otros ilegales? Pero no, se van por lo llamativo, lo que vende, como el tope salarial y la reducción del salario de los ex presidentes. Demagogia populachera.

Pero el asunto es igual o peor en los poderes Legislativo y Judicial, federal y locales. En efecto, los diputados y senadores no viven en la casa donde legislan. Nomás faltaba. Pero el dinero público les paga todo o casi todo: seguro de vida, atención médica en Houston -no en el modesto Seguro Social o el ISSSTE-, gasolina, choferes, casetas de peaje, boletos de avión, secretarias, viajes al extranjero, coches nuevos, créditos de todo tipo... El salario de los diputados y senadores es un extra que hasta les permite, como en el casos del PRD, para pagar todo lo que requiere su "presidente legítimo". Por eso no se van en serio contra los privilegios, muchos legales y otros ilegales, pero todos inmorales.

Y lo mismo ocurre en el IFE, en el Tribunal Electoral, en sus réplicas en todo el país, en los partidos políticos, en la Suprema Corte, en gran parte de las secretarías de Estado, en el Gobierno del Distrito Federal...

El problema, por más que los senadores y diputados del PRD y de todos los partidos pretendan jugar el dedo en la boca de los ciudadanos, no es de salarios, o no sólo de salarios. El problema es que la vieja estructura montada por el PRI para el ejercicio del poder no fue sino la creación de una "casta divina", un puñado de privilegiados, de la alta burocracia, que permanece intocada por los gobiernos del PRI, PAN y PRD. Lo demás no es más que lo de siempre, culto al engaño. Y luego hasta se quejan de la riqueza de Slim.