DE MAL EN PEOR VA ESTE ZACATECAS MIO

Derechos humanos

Yadira Rivera

Policías municipales y estatales, alcaldes, autoridades de tránsito, y hasta del sector educativo, figuran entre los principales funcionarios públicos que incurren en violaciones a los derechos humanos. Los expertos en el tema lanzan la alerta: en el estado disminuye la cultura de la denuncia y la tendencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a hacer recomendaciones.

En Zacatecas la cultura del respeto a los derechos humanos por parte del gobierno y la sociedad transita por una crisis porque con frecuencia se infringe la ley, y no existen sanciones específicas contra servidores públicos que abusan del poder, principalmente en zonas rurales. Expertos en el tema señalan que los derechos humanos requieren una reforma que vaya más allá de la recomendación y la reconciliación.

Políticos, funcionarios y organizaciones civiles, reconocen un declive en la aplicación de normas y en el respeto a las mismas de parte de los poderes públicos. Tan sólo de 1993 al 2006, se han emitido 284 recomendaciones en contra de autoridades que han violado los derechos de ciudadanos, de los cuales la mayoría corresponde a agresiones físicas o abusos cometido por alguna corporación de seguridad, aunque hay casos que van desde la denigración que sufre un niño por sus creencias religiosas hasta la falta de procuración de justicia.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio origen al reconocimiento de las garantías individuales, como el respeto a la vida y las creencias.

En México, fue hasta 1992 cuando se creó un organismos nacional que vigilara el respeto a los derechos humanos, y un año más tarde, comisiones estatales que estuvieran atentas a las violaciones a las garantías cometidas por los gobiernos mediante sus aparatos de coerción: las policías y el ejército.

En entrevista, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Eladio Navarro Bañuelos, explica que la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en aplicar dentro de su normativa derechos sociales, pero la disparidad entre el discurso oficial y los hechos hizo necesaria la creación de organismos autónomos encargados de vigilar que los gobiernos procuraran los derechos de los individuos.

Para Navarro Bañuelos, las comisiones estatales o federales de derechos humanos, desde la década de los noventa han intentado defender a los individuos de los excesos de la autoridad, debido a que es el gobierno el que tiene mayor responsabilidad de respetar a las personas. “El Estado tiene la tarea de promover y mantener las condiciones necesarias para que en un clima de justicia, paz y libertad las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos en busca del bienestar común”.

Sin embargo, las estadísticas indican que aun cuando en la Constitución en el Artículo 133, a través de tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano como el Pacto de San José o las leyes estatales que garantizan el respeto a los derechos humanos, la protección de las garantías de las personas continúa siendo un tema pendiente en Zacatecas, donde hay una tendencia en declive para recomendar a las autoridades involucradas en casos que lesionan las libertades individuales.

Para Navarro Bañuelos esta situación tiene su justificación en que “la cultura de los derechos humanos está más arraigada” y los servidores públicos son más cautelosos al momento de interactuar con los ciudadanos. De 1993 al año 2006, la CEDH ha capacitado en la materia a 23 mil 305 ciudadanos. En 1993 sólo se capacitó a 273 personas, mientras que para el año 2006 se promovió la cultura de los derechos humanos en tres mil 521 personas.

Autoridades impunes

Para el diputado local, Hilario Torres Juárez, encargado de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la actual legislación protege las libertades ciudadanas y está diseñada para garantizar y defender la integridad de las personas, “la legislación es adecuada”, pero aun cuando la mayoría de las autoridades atienden las recomendaciones existe resistencia de algunos gobiernos para reconocer que sus servidores públicos abusan de su poder.

Torres Juárez puso el ejemplo del Ayuntamiento de Zacatecas, “tenemos un caso especial, que está fuera de la normativa”, donde las autoridades encabezadas por el alcalde perredista Gerardo de Jesús Félix Domínguez, munícipe con permiso y ahora en precampaña en busca de una diputación local, ignoraron las recomendaciones sobre la violación de los derechos humanos, “simplemente no le hacen caso a la Comisión” y al ignorarla, evaden la ley.

El legislador añade que hubo mucha resistencia por parte del presidente municipal. En el resto de los municipios, dice, casi siempre se aceptan las recomendaciones, la conciliación o el allanamiento.

Para Torres Juárez el hecho de que el Ayuntamiento no haya aceptado una de las últimas recomendaciones emitidas en la entidad se debe al conflicto ideológico entre el alcalde y el presidente de la CEDH, “estamos hablamos de servidores públicos que por rivalidad perjudican a la sociedad”.

En la actualidad el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Derechos Humanos, trabaja conjuntamente con la CEDH para que las autoridades acaten las recomendaciones; en otras palabras, les piden que cumplan la ley, que admitan la violación a los derechos fundamentales de las personas, y que realicen un proyecto para la integración de un informe sobre la actuación de los servidores públicos en materia de difusión y respeto de la cultura del trato digno.

Números negros

De acuerdo con Navarro Bañuelos, la CEDH tiene el fin de proteger a las personas de los abusos de autoridades y servidores públicos, “prevenir los abusos del poder, la negligencia o el simple desconocimiento de la función y crear canales y mecanismos de participación en los asuntos públicos y comunitarios”. Para lo cual cualquier persona que vea lesionados sus derechos puede presentar una denuncia o queja en contra de sus agresores.

Las cifras indican que en Zacatecas de 1993 al año 2006, periodo en el cual han sido nombrados tres ombudsman, se emitieron 284 recomendaciones por parte de la CEDH contra autoridades públicas por haber violado los derechos humanos.

De esta cifra, el año donde más se cometieron abusos contra ciudadanos fue en 1995 con 59 casos, y en 1996 con 49, periodo en el cual gobernaba el estado el priísta Arturo Romo Gutiérrez y donde se utilizó a la fuerza pública para intimidar a adversarios políticos, medios de comunicación y ciudadanos.

Le siguen en número de recomendaciones los años 1997 con 33 casos; 1994 con 26; 1993 con 23; y 1999 con 22.

A partir del 2000 con el gobierno del perredista Ricardo Monreal Ávila, el número de recomendaciones disminuyó.

Sin embargo, para algunos especialistas esto no significó que la administración de Monreal cumpliera con el respeto a los derechos humanos, sino que se debió, en primer lugar, a la falta de una cultura de la denuncia, pues parte de los afectados, por miedo, no enfrentan un proceso contra el Estado y, en segundo, a que se la CEDH ha adoptado la conciliación como medida para solucionar conflictos, en lugar de recomendar públicamente a las autoridades.

En cuanto a las estadísticas de los últimos seis años, los números indican que aun cuando existe una ley específica, continúan los abusos en contra de ciudadanos porque no existen sanciones contra los servidores, los cuales sólo se limitan a recibir regaños y en caso de una queja adoptan reconciliar con los afectados el problema para evitar una recomendación.

Del año 2000 al 2006, la CEDH emitió 36 recomendaciones a autoridades públicas, de las cuales 12 fueron dirigidas a la Presidencia Municipal de Zacatecas, siete a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), seis a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), cinco a la dirección de Transporte Público y Vialidad (DTPyV), tres al Ayuntamiento de Tlaltenango, y el mismo número a la alcaldía de Fresnillo.

En cuanto a las violaciones más frecuentes, del periodo 1993 al 2006, el 30 por ciento correspondió a lesiones, el 22.1 por ciento a detención arbitraria, el 15 por ciento a abuso de autoridad e igual número a la falta de procuración de justicia. El siete por ciento corresponde a detención arbitraria con o sin lesiones, el cinco por ciento a violación al derecho de menores a proteger su integridad, y también el cinco por ciento al ejercicio ilegal del cargo.

La violación a los derechos humanos más frecuente fue la detención arbitraria con y sin lesiones, que representa el 40 por ciento de las recomendaciones emitidas. Se considera esta violación cuando se mantiene al detenido y se le arremete, ya sea para someterlo y en el menor de los casos, para torturarlo en el proceso de la investigación.

Casos “ejemplares”

Algunos casos de violaciones a derechos humanos han generado escándalo e indignación social, como ocurrió en el 2006 cuando dos policías preventivos acudieron a un llamado a una fiesta para detener a un ciudadano que agredía a su esposa.

Al presunto infractor se le transportó en una la patrulla, fue esposado y posteriormente se le propinó una golpiza. Dos horas después los policías lo regresaron a su casa pues el juez comunitario y el médico de la dirección de seguridad no quisieron atenderlo en las celdas de retención debido a la gravedad de las lesiones. En el informe policial se señaló que el quejoso recibió la golpiza por parte de su suegro, ¡un hombre de 70 años de edad!

Otro caso se registró en junio de 2002, cuando el gobierno del estado por medio de la Procuraduría General de Justicia del estado, instaló en las escuelas el “operativo mochila”, con la finalidad de revisar los útiles escolares de estudiantes para detectar armas y drogas. Agentes policíacos llevaron a cabo la acción en varias escuelas donde supervisaban las pertenencias de los educandos. Nunca se dio a conocer cuántas armas o drogas fueron decomisadas.

La Comisión de Derechos Humanos recomendó quitar el operativo debido a que violaba las garantías constitucionales del Artículo 16. La acción policíaca contra estudiantes en lugar de aplicarla a delincuentes, fue cambiada y en su lugar se recomendó hacer exámenes antidoping.

Tal vez el peor escándalo de violación a los derechos humanos en los últimos años en Zacatecas, lo protagonizaron agentes de la Policía Ministerial, durante el sexenio del gobernador Ricardo Monreal Ávila. El hecho se originó debido a la detención ilegal de trabajadores del rancho Los Reyes, ubicado en el municipio de Pinos, quienes presuntamente fueron torturados para obtener testimonios falsos y obligarlos a confesar que pertenecían a una banda de asaltantes.

De acuerdo con la averiguación previa 21/99 y el proceso 20/99 del Distrito Judicial de Pinos, los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 1999, cuando se registró un robo de ocho tractores marca New Holland en la carretera Zacatecas-San Luis Potosí. Los vehículos robados fueron llevados por los asaltantes al rancho Los Reyes, donde fueron ingresados con mentiras. Los trabajadores del lugar avisaron a Rogelio López Ibarra, dueño del rancho, quien alertó que tales vehículos no deberían de estar en su propiedad.

Sin una averiguación sustentada, el propietario del rancho y varios de sus trabajadores fueron arrestados por agentes ministeriales. El caso llegó en octubre de 1999 ante Amnistía Internacional, asunto jurídico defendido por Carlos Pinto Núñez, actual procurador de Justicia del Estado. En la indagatoria se confirmaron violaciones a los derechos humanos por parte del entonces director de la Policía Ministerial, Miguel Ángel Hernández Muñoz y 10 agentes, quienes supuestamente torturaron a los detenidos para que confesaran un delito que nunca cometieron.

Derechos de los débiles

Para Irma Serrano Esparza, de la asociación civil Mujeres y Punto, en Zacatecas el clima de segregación hacia la mujer es frecuente. “Los derechos humanos de las mujeres son pisoteados al ser discriminadas en los trabajos sobre todo cuando existe un embarazo de por medio, son despedidas injustificadamente y reciben indemnizaciones por debajo de lo que la Ley establece sin un argumento válido de por medio”, explica la defensora.

De acuerdo con Serrano Esparza, las mujeres son excluidas por enfermedad: por padecer cáncer o sida, las prostitutas, las madres solteras, las mujeres con capacidades diferentes, las adolescentes embarazadas, las niñas exhibidas en pornografía y todo aquello que ubique a una mujer fuera del estereotipo social. “Si hablamos de vejaciones, es evidente que el abuso hacia la mujer sigue latente, la mujer es agredida física, psicológica y económicamente, y no solamente en el contexto intrafamiliar”, dice.

Irma Serrano sostiene que, ante la falta de programas específicos para combatir la discriminación de la mujer, las asociaciones civiles participan para evitar los abusos, mediante el fomento de la cultura del respeto a los derechos humanos.

“Partimos de hacer un trabajo de género porque en Zacatecas no se valora a la mujer, todo gira en torno al varón, mientras que la mujer debe incluirse a través de una participación activa”. Agrega que además, la organización que preside trabaja en elevar la autoestima de género, “estamos centrando esfuerzos para que se quieran y nos queramos como género. Dejando de lado esa idea de que sin un hombre las mujeres no tienen valor”.

Medidas insuficientes

De acuerdo con Jaime Cervantes Durán, presidente de la asociación civil Consejo Independiente Defensor de los Derechos Humanos Tenamaxtle, el número de violaciones a los derechos humanos ha disminuido en los últimos años en Zacatecas, porque en la actual administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se habla de conciliación en lugar de sanción y la violación a los derechos humanos se arregla con una disculpa.

Para quien fuera el primer presidente de la CEDH en Zacatecas (durante el sexenio del priista Arturo Romo Gutiérrez), cuando se constriñen los derechos humanos no se puede negociar con las autoridades y las decisiones no pueden ser tibias.

“Existe una ilegalidad de por medio que debe ser sancionada a través de una recomendación, pues se violaron los derechos fundamentales de un individuo”, señala.

Cervantes Durán dice que en Zacatecas aún persiste la vieja práctica de utilizar la tortura como principal recurso para arrancar las confesiones a los presuntos culpables de delitos.

Agrega que actualmente los servidores públicos que frecuentemente violan los derechos humanos son las policías en todos sus niveles: preventiva, ministerial, estatal y todo tipo de seguridad pública.

“El Estado a través de la función de los servidores públicos tiene la obligación y responsabilidad de garantizar la vigencia de los derechos humanos, por lo que el cumplimiento de las libertades tienen que ver muchas autoridades, un gobierno debe proveer la salud, la paz, la seguridad, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, el acceso a la información, el libre tránsito, la educación”, dice el ex ombudsman.

Asegura que el desconocimiento de los derechos humanos y las responsabilidades del Estado, han centrado el desempeño de la CEDH en los encargados de procurar justicia, “este es un sector vulnerable que generalmente se asocia con lesiones o detención arbitraria, elementos visibles que el agraviado puede rápidamente denunciar y dar seguimiento”.

Aunado a los números estadísticos negativos, en la entidad los grupos más vulnerables de ser víctimas del abuso de las autoridades gubernamentales son entre otros, los vinculados a elevados niveles de pobreza, a su origen étnico, a sus condiciones de salud, a situaciones de edad, género o discapacidad, donde la vulnerabilidad coloca a las personas ante una clara desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. La falta de reformas legales, carencia de mayor rigor normativo e impunidad de autoridades locales, marcan una clara crisis en el cumplimiento de los derechos humanos en Zacatecas.