ASIMETRIAS
Diario Libertad: Fausto Fernández Ponte
Los Motivos
I
La guerra entre el Poder Ejecutivo de México y el Crimen Organizado antójase un conflicto estéril pues la sociedad mexicana, en general, lo registra como un contencioso de violencia extrema cuyos motivos no son ni están muy claros.
Y como secuela de ello, la sociedad mexicana --o, al menos, vastos segmentos de ella-- ubícase en una posición de espectadora pasiva, vulnerable, sometida a un régimen de propaganda gubernamental cuyos efectos, tal vez indeseados, son los de desinformar.
Y el quid es, antojaríase informadamente, el método táctico empleado por el Poder Ejecutivo para salirle al paso a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en México y cuyo alcance es internacional.
Cierto. Esas organizaciones --o cárteles-- operan en nuestro país dadas las condiciones acusadamente favorables a la reproducción exponencial de sus intereses: el mercado interno mexicano y el mercado de Estados Unidos.
El mercado interno mexicano, sin compararse, desde luego, con el estadunidense, es importante, exhibiendo un crecimiento espectacular que convierte al tráfico ilícito en estupefacientes y sustancias psicotrópicas en un problema real en todos sentidos.
Es, pues, el tráfico, un problema social y, a la vez, uno de naturaleza política, amén de uno de carácter económico dado que el Crimen Organizado es el principal empleador en México, más importante en ese renglón que Petróleos Mexicanos o Wal-Mart.
Abúndese en último sesgo: Pemex emplea, según fuentes del sindicato de trabajadores del ramo, casi cien mil personas, incluyendo a eventuales y personal de confianza de la empresa. Wal-Mart ocupa en todo el país a unos cien mil mexicanos.
II
Y, obvio es, ambas empresas emplean indirectamente a otros tantos connacionales, excluyendo aquellos a quienes sirven a las citadas empresas desde el extranjero bajo alguna modalidad tangencial. El impacto sociolaboral y socioeconómico es factual.
Mas el Crimen Organizado cuya definición suele escapar a concreciones ya que no sólo son los cárteles, sino también las bandas delincuentes en general, impacta en lo sociolaboral precisamente en aquellos estratos sociales más necesitados.
Así es. El perfil del empleado medio del Crimen Organizado muestra diferencias cualitativas si se le compara con el del empleado medio de Pemex y la trasnacional estadunidense de venta de bienes al menudeo que comprende alimentos de consumo básico.
Uno de los empleados del Crimen Organizado es --ya lo adivinó el caro leyente-- nada menos que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, tanto los de alcance federal como los del ámbito local. El Crimen Organizado les paga más que el gobierno.
Pero su situación laboral en el Crimen Organizado y, por supuesto, sus emolumentos, dependen centralmente de su condición de miembro de los cuerpos de seguridad pública, pues allí reside su utilidad --la de ser policía-- para el empleador.
Ello aplicaríase también a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército Mexicano, algunos de cuyos miembros serían sospechosos de trabajar para el Crimen Organizado vendiendo más que su fuerza laboral su condición de militar en giros clave.
Descríbese aquí esta situación como un componente del contexto de este fenómeno, para fundamentar la tesis descrita aquí, en este espacio, de que la guerra entre el Poder Ejecutivo y el Crimen Organizado trasciende el ámbito meramente coactivo.
III
Trasciende esos confines. Y, por la dialéctica de la lógica, asciende transversalmente a un estadio más amplio en donde proyecta su naturaleza vera. Su complejidad variopinta exige un enfoque múltiple e interdisciplinario.
Por ello, no holgaría reiterar que éste es un problema social y político, pero también económico, con ramales --desprendidas de sus líneas troncales-- hacia otros destinos y rumbos y rutas.
Pero el Poder Ejecutivo no lo registra ni lo identifica como tal ni mucho menos lo entiende así. Es, por añadidura, un problema de salud pública de proporciones colosales que está siendo enfocado desde la perspectiva inadecuada, la de la fuerza coactiva.
El problema del Crimen Organizado existe y persiste y se reproduce óptimamente porque hay condiciones sociales, económicas, políticas y culturales propicias para su desarrollo. Para salirle al paso se requieren otras tácticas:
Una, la de educativa. Cada vez es mayor el número de niños y adolescentes y adultos jóvenes que consumen estupefacientes y sustancias psicotrópicas ofrecidos como un bien de accesibilidad abierta. Se les educa para ello, sin contrapesos deontológicos.
Otra, la sociolaboral y, en un espectro más amplio, la económica, caracterizada por el desempleo, el subempleo y el empleo de bajísima calidad --de franca explotación de mano de obra, sin prestaciones ni certidumbres-- y el decrecimiento de la esperanza.
Y una tercera, la cultural, la cual carece de constreñimientos institucionales que se expresan en un proceso constantemente fortalecido de aculturación, por el cual valores ajenos a la experiencia histórica mexicana se imponen patrones de consumo de drogas.
Esos son los frentes de guerra reales que el Poder Ejecutivo desestima, obsesionado por crear un capital político de credibilidad sostenido por una imagen de fortaleza y representatividad legítima que parece eludirlo.
Glosario:
Aculturación: Influencia dominante de una cultura sobre otra.
Quid: Esencia, punto más importante o porqué de una cosa.
La guerra entre el Poder Ejecutivo de México y el Crimen Organizado antójase un conflicto estéril pues la sociedad mexicana, en general, lo registra como un contencioso de violencia extrema cuyos motivos no son ni están muy claros.
Y como secuela de ello, la sociedad mexicana --o, al menos, vastos segmentos de ella-- ubícase en una posición de espectadora pasiva, vulnerable, sometida a un régimen de propaganda gubernamental cuyos efectos, tal vez indeseados, son los de desinformar.
Y el quid es, antojaríase informadamente, el método táctico empleado por el Poder Ejecutivo para salirle al paso a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en México y cuyo alcance es internacional.
Cierto. Esas organizaciones --o cárteles-- operan en nuestro país dadas las condiciones acusadamente favorables a la reproducción exponencial de sus intereses: el mercado interno mexicano y el mercado de Estados Unidos.
El mercado interno mexicano, sin compararse, desde luego, con el estadunidense, es importante, exhibiendo un crecimiento espectacular que convierte al tráfico ilícito en estupefacientes y sustancias psicotrópicas en un problema real en todos sentidos.
Es, pues, el tráfico, un problema social y, a la vez, uno de naturaleza política, amén de uno de carácter económico dado que el Crimen Organizado es el principal empleador en México, más importante en ese renglón que Petróleos Mexicanos o Wal-Mart.
Abúndese en último sesgo: Pemex emplea, según fuentes del sindicato de trabajadores del ramo, casi cien mil personas, incluyendo a eventuales y personal de confianza de la empresa. Wal-Mart ocupa en todo el país a unos cien mil mexicanos.
II
Y, obvio es, ambas empresas emplean indirectamente a otros tantos connacionales, excluyendo aquellos a quienes sirven a las citadas empresas desde el extranjero bajo alguna modalidad tangencial. El impacto sociolaboral y socioeconómico es factual.
Mas el Crimen Organizado cuya definición suele escapar a concreciones ya que no sólo son los cárteles, sino también las bandas delincuentes en general, impacta en lo sociolaboral precisamente en aquellos estratos sociales más necesitados.
Así es. El perfil del empleado medio del Crimen Organizado muestra diferencias cualitativas si se le compara con el del empleado medio de Pemex y la trasnacional estadunidense de venta de bienes al menudeo que comprende alimentos de consumo básico.
Uno de los empleados del Crimen Organizado es --ya lo adivinó el caro leyente-- nada menos que los miembros de los cuerpos de seguridad pública, tanto los de alcance federal como los del ámbito local. El Crimen Organizado les paga más que el gobierno.
Pero su situación laboral en el Crimen Organizado y, por supuesto, sus emolumentos, dependen centralmente de su condición de miembro de los cuerpos de seguridad pública, pues allí reside su utilidad --la de ser policía-- para el empleador.
Ello aplicaríase también a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército Mexicano, algunos de cuyos miembros serían sospechosos de trabajar para el Crimen Organizado vendiendo más que su fuerza laboral su condición de militar en giros clave.
Descríbese aquí esta situación como un componente del contexto de este fenómeno, para fundamentar la tesis descrita aquí, en este espacio, de que la guerra entre el Poder Ejecutivo y el Crimen Organizado trasciende el ámbito meramente coactivo.
III
Trasciende esos confines. Y, por la dialéctica de la lógica, asciende transversalmente a un estadio más amplio en donde proyecta su naturaleza vera. Su complejidad variopinta exige un enfoque múltiple e interdisciplinario.
Por ello, no holgaría reiterar que éste es un problema social y político, pero también económico, con ramales --desprendidas de sus líneas troncales-- hacia otros destinos y rumbos y rutas.
Pero el Poder Ejecutivo no lo registra ni lo identifica como tal ni mucho menos lo entiende así. Es, por añadidura, un problema de salud pública de proporciones colosales que está siendo enfocado desde la perspectiva inadecuada, la de la fuerza coactiva.
El problema del Crimen Organizado existe y persiste y se reproduce óptimamente porque hay condiciones sociales, económicas, políticas y culturales propicias para su desarrollo. Para salirle al paso se requieren otras tácticas:
Una, la de educativa. Cada vez es mayor el número de niños y adolescentes y adultos jóvenes que consumen estupefacientes y sustancias psicotrópicas ofrecidos como un bien de accesibilidad abierta. Se les educa para ello, sin contrapesos deontológicos.
Otra, la sociolaboral y, en un espectro más amplio, la económica, caracterizada por el desempleo, el subempleo y el empleo de bajísima calidad --de franca explotación de mano de obra, sin prestaciones ni certidumbres-- y el decrecimiento de la esperanza.
Y una tercera, la cultural, la cual carece de constreñimientos institucionales que se expresan en un proceso constantemente fortalecido de aculturación, por el cual valores ajenos a la experiencia histórica mexicana se imponen patrones de consumo de drogas.
Esos son los frentes de guerra reales que el Poder Ejecutivo desestima, obsesionado por crear un capital político de credibilidad sostenido por una imagen de fortaleza y representatividad legítima que parece eludirlo.
Glosario:
Aculturación: Influencia dominante de una cultura sobre otra.
Quid: Esencia, punto más importante o porqué de una cosa.