PULSO POLITICO
Francisco Cárdenas Cruz
Habrá más extradiciones de ´capos´ del narco
Con eso intenta el gobierno frenar la violencia
Si con ese anuncio de que el gobierno federal extraditará a Estados Unidos a más capos del narco, en los altos niveles de mando del país creen que van a frenar la ola de violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado o que van a atemorizar a quienes los encabezan, los "asesores" militares, policiacos y políticos del presidente Felipe Calderón estarán engañándolo de nuevo y lo menos que puede esperarse es que en días y semanas venideros haya más ejecuciones, masacres y secuestros como los ocurridos en las dos últimas semanas en Culiacán, Acapulco y en la zona metropolitana de Monterrey.
Los ilusos que en el gobierno calderonista siguen esperanzados en que la mejor manera de combatir esos flagelos es con discursos, mensajes, declaraciones y "advertencias" de que seguirán más extradiciones, están equivocados porque ya se vio que aun con operativos contra la inseguridad en ciudades del interior de la República virtualmente militarizadas y repletas de soldados, marinos, agentes y policías federales, los baños de sangre continúan.
José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y hoy subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, fue quien ayer anunció nuevas extradiciones de narcotraficantes, aunque se negó a dar nombres, y aseguró que nueve de ellos que fueron trasladados a Estados Unidos hace unas semanas, reclamados por la justicia de ese país, no regresarán a México porque los amparos que solicitaron "en todos los casos les fue negada en sentencia definitiva la protección de la justicia federal" en nuestro país, en virtud de que esas acciones "estuvieron estrictamente apegadas a derecho", no obstante que abogados penalistas y juristas como don Raúl Carrancá y Rivas insisten en que las extradiciones de los capos fueron inconstitucionales.
Si bien es loable y debe ser apoyada por todos los mexicanos la intención presidencial de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mientras éstos sigan contando con la protección y la complicidad de autoridades federales y estatales del presente y del pasado, contra los que no se quiere actuar, resultará difícil, si no es que imposible, que el Ejecutivo federal pueda lograr éxito.
Y si los que lo convencieron de que lo prioritario en el inicio de su gobierno debería ser aplicar "toda la fuerza del Estado" contra esos flagelos para ganarse la confianza y credibilidad ciudadana, erraron y lo hicieron errar porque hasta la fecha y después de dos meses de operativos antinarco, los resultados, como lo reconoció el gobernador perredista de Guerrero, Zeferino Torreblanca, "son muy pobres".
Y lo son, ciertamente, porque, al menos hasta hoy, todo ha quedado en lo mediático.
Sorpresiva renuncia de Wilfrido Robledo Madrid como comisionado de la Agencia de Seguridad del estado de México, cargo que desempeñaba desde principios del año pasado y que en mayo hubo de enfrentar los hechos de Texcoco-San Salvador Atenco, que ahora serán investigados por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la dimisión no obedeció a ello sino a problemas de "personalidad" que hubo permanentemente con el gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, quien de inmediato designó al hasta ayer subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Baca, como nuevo titular de la ASE. Robledo Madrid es un reconocido investigador en áreas de inteligencia a cuyo grupo perteneciera el hoy secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al que tanta falta le hace una gente de la talla de aquél en los actuales tiempo de violencia que se viven en el país. Esa visita que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hará a México dentro de un mes, será el segundo encuentro entre ambos mandatarios. La "prohibición" de la Secretaría de Gobernación a que se transmitiera el video en el que aparece Andrés Manuel López Obrador rindiendo su protesta como "presidente legítimo", acabó en una tormenta en un vaso de agua. Esa dependencia, a través de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, dio luz verde para que el controvertido video se difunda en el tiempo destinado a los partidos políticos. Cumbre en la sede de la Secretaría del Trabajo, ayer, con dirigentes del Congreso del Trabajo y, hoy, con los de la UNT, en la que estarán el titular de aquella dependencia, Javier Lozano Alarcón, con el de Economía, Eduardo Sojo, y de Agricultura, Alberto Cárdenas, a quienes el presidente Calderón encomendó atender las demandas habidas en la megamarcha de la semana pasada. A lo largo del día de ayer, y con el mismo propósito, el titular del Trabajo recibió al líder del STUNAM, Agustín Rodríguez, quien forma parte de la dirigencia colegiada de la UNT, y hoy lo hará con Francisco Hernández Juárez, integrante de la misma y líder de los telefonistas, así como con los del Congreso del Trabajo. Por cierto que Lozano Alarcón tiene como nuevo responsable de Comunicación Social a Héctor Alcudia Goya, quien fuera integrante del equipo cercano que tuvo cuando fue subsecretario de Gobernación en el sexenio zedillista. Vaya brete en el que está el presidente municipal panista de Cuernavaca, Jesús Giles, porque después de que el jurado que se integró para designar al cronista de esa ciudad acordó por unanimidad que fuera Teodoro Lavín León, una regidora municipal del blanquiazul se opone y pretende que lo cambien, no obstante que la decisión, de acuerdo a la convocatoria, es inapelable. El jurado que eligió a Lavín León lo integraron el pintor Jorge Cázares, el escultor Víctor Manuel Contreras, la directora del Instituto de Cultura de Morelos, Marta Kechup y el subdirector Kart Ayala, así como el abogado Armando Mier y Gerardo Güemes. Varios de ellos han rechazado las presiones de la regidora panista -que es esposa del coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul en el Congreso local- para que no firmen el acta respectiva y modifiquen su decisión.
Con eso intenta el gobierno frenar la violencia
Si con ese anuncio de que el gobierno federal extraditará a Estados Unidos a más capos del narco, en los altos niveles de mando del país creen que van a frenar la ola de violencia desatada por el narcotráfico y el crimen organizado o que van a atemorizar a quienes los encabezan, los "asesores" militares, policiacos y políticos del presidente Felipe Calderón estarán engañándolo de nuevo y lo menos que puede esperarse es que en días y semanas venideros haya más ejecuciones, masacres y secuestros como los ocurridos en las dos últimas semanas en Culiacán, Acapulco y en la zona metropolitana de Monterrey.
Los ilusos que en el gobierno calderonista siguen esperanzados en que la mejor manera de combatir esos flagelos es con discursos, mensajes, declaraciones y "advertencias" de que seguirán más extradiciones, están equivocados porque ya se vio que aun con operativos contra la inseguridad en ciudades del interior de la República virtualmente militarizadas y repletas de soldados, marinos, agentes y policías federales, los baños de sangre continúan.
José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y hoy subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, fue quien ayer anunció nuevas extradiciones de narcotraficantes, aunque se negó a dar nombres, y aseguró que nueve de ellos que fueron trasladados a Estados Unidos hace unas semanas, reclamados por la justicia de ese país, no regresarán a México porque los amparos que solicitaron "en todos los casos les fue negada en sentencia definitiva la protección de la justicia federal" en nuestro país, en virtud de que esas acciones "estuvieron estrictamente apegadas a derecho", no obstante que abogados penalistas y juristas como don Raúl Carrancá y Rivas insisten en que las extradiciones de los capos fueron inconstitucionales.
Si bien es loable y debe ser apoyada por todos los mexicanos la intención presidencial de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, mientras éstos sigan contando con la protección y la complicidad de autoridades federales y estatales del presente y del pasado, contra los que no se quiere actuar, resultará difícil, si no es que imposible, que el Ejecutivo federal pueda lograr éxito.
Y si los que lo convencieron de que lo prioritario en el inicio de su gobierno debería ser aplicar "toda la fuerza del Estado" contra esos flagelos para ganarse la confianza y credibilidad ciudadana, erraron y lo hicieron errar porque hasta la fecha y después de dos meses de operativos antinarco, los resultados, como lo reconoció el gobernador perredista de Guerrero, Zeferino Torreblanca, "son muy pobres".
Y lo son, ciertamente, porque, al menos hasta hoy, todo ha quedado en lo mediático.
Sorpresiva renuncia de Wilfrido Robledo Madrid como comisionado de la Agencia de Seguridad del estado de México, cargo que desempeñaba desde principios del año pasado y que en mayo hubo de enfrentar los hechos de Texcoco-San Salvador Atenco, que ahora serán investigados por la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la dimisión no obedeció a ello sino a problemas de "personalidad" que hubo permanentemente con el gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, quien de inmediato designó al hasta ayer subsecretario de Gobierno, Javier Jiménez Baca, como nuevo titular de la ASE. Robledo Madrid es un reconocido investigador en áreas de inteligencia a cuyo grupo perteneciera el hoy secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, al que tanta falta le hace una gente de la talla de aquél en los actuales tiempo de violencia que se viven en el país. Esa visita que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hará a México dentro de un mes, será el segundo encuentro entre ambos mandatarios. La "prohibición" de la Secretaría de Gobernación a que se transmitiera el video en el que aparece Andrés Manuel López Obrador rindiendo su protesta como "presidente legítimo", acabó en una tormenta en un vaso de agua. Esa dependencia, a través de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, dio luz verde para que el controvertido video se difunda en el tiempo destinado a los partidos políticos. Cumbre en la sede de la Secretaría del Trabajo, ayer, con dirigentes del Congreso del Trabajo y, hoy, con los de la UNT, en la que estarán el titular de aquella dependencia, Javier Lozano Alarcón, con el de Economía, Eduardo Sojo, y de Agricultura, Alberto Cárdenas, a quienes el presidente Calderón encomendó atender las demandas habidas en la megamarcha de la semana pasada. A lo largo del día de ayer, y con el mismo propósito, el titular del Trabajo recibió al líder del STUNAM, Agustín Rodríguez, quien forma parte de la dirigencia colegiada de la UNT, y hoy lo hará con Francisco Hernández Juárez, integrante de la misma y líder de los telefonistas, así como con los del Congreso del Trabajo. Por cierto que Lozano Alarcón tiene como nuevo responsable de Comunicación Social a Héctor Alcudia Goya, quien fuera integrante del equipo cercano que tuvo cuando fue subsecretario de Gobernación en el sexenio zedillista. Vaya brete en el que está el presidente municipal panista de Cuernavaca, Jesús Giles, porque después de que el jurado que se integró para designar al cronista de esa ciudad acordó por unanimidad que fuera Teodoro Lavín León, una regidora municipal del blanquiazul se opone y pretende que lo cambien, no obstante que la decisión, de acuerdo a la convocatoria, es inapelable. El jurado que eligió a Lavín León lo integraron el pintor Jorge Cázares, el escultor Víctor Manuel Contreras, la directora del Instituto de Cultura de Morelos, Marta Kechup y el subdirector Kart Ayala, así como el abogado Armando Mier y Gerardo Güemes. Varios de ellos han rechazado las presiones de la regidora panista -que es esposa del coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul en el Congreso local- para que no firmen el acta respectiva y modifiquen su decisión.
posted by H2AGUA at
10:43 a.m.
