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viernes, 9 de febrero de 2007

INDICADOR POLITICO

Carlos Ramírez

* Narcoguerra: imprevisiones del Estado
* Cambiar la estrategia; colombianización

Como ocurre en una guerra tradicional, la respuesta del enemigo siempre llega por el lado inesperado. El ataque de narcocomandos a instalaciones policiacas municipales fue un aviso de que comenzó una batalla sin reglas. Y los capos de la droga dieron un paso audaz hacia la colombianización.

El diseño del operativo el martes contra agencias ministeriales municipales en Acapulco dejó varios mensajes: usaron la estrategia militar de incautar armas, vistieron ropas del ejército, asesinaron a mansalva a personas, videograbaron los operativos; liquidaron a ministerios públicos y mujeres; y reivindicaron el operativo criminal con un comunicado dirigido a las autoridades federales.

El recado fue más que claro: nadie está seguro, el narco puede golpear donde menos suponen las autoridades y ciudadanos del área judicial no operativa fueron liquidados para dejar sentada la tesis de una falconización de la violencia del narco, una reproducción a escala mínima del asesinato en Palermo del juez Falcone que había encarcelado a importantes jefes de la mafia. Se trata de provocar miedo en las autoridades judiciales.

El ataque de respuesta del narcotráfico, por lo demás, evidenció la insuficiencia de los operativos policiacos y militares de las últimas semanas. Pero sobre todo, reveló la falta de previsión de las autoridades al darle de escobazos al panal del narcotráfico --operativos, aprehensiones y extradiciones-- sin suponer reacciones.

Y sobre todo, mostró que los operativos callejeros son insuficientes para combatir a los comandos. En Acapulco un comando con armas de alto calibre pudo pulular por las calles. Y serán insuficientes mientras no exista en la estrategia gubernamental técnicas para la previsión de respuesta criminal. Los ataques contra agencias ministeriales evidenciaron la ausencia de un escudo de defensa del aparato judicial, policiaco y militar.

Por si fuera poco, este último ataque mostró una de las fallas graves de la estrategia gubernamental: la falta de coordinación con las autoridades municipales y estatales. Algo se había visto en Tijuana: la decisión de incautar armas de la policía municipal fue respondida con la imagen mediática de policías armados con resorteras y canicas. El gobierno federal no aguantó la burla de esas fotografías y regresó las armas sin haber terminado su revisión ni haber evaluado los expedientes de los policías municipales, muchos de ellos sospechosos de servir al narcotráfico.

En Acapulco ocurrió algo similar. El crítico mayor de los operativos es el presidente municipal Félix Salgado Macedonio, también señalado de responsable del auge del narcotráfico y absolutamente incompetente para manejar a las policías municipales. Y el gobernador Zeferino Torreblanca podría estar metido en un grave problema: la contratación de asesores sospechosos de haber tenido hace tiempo relación con el narco. Ambos, Salgado y Torreblanca, han eludido su responsabilidad en el narcotráfico y de muchas maneras se han convertido en obstáculos para la eficacia de los operativos oficiales federales.

Pero más que los operativos, las extradiciones de las principales cabezas del narco explicarían la radicalización de la violencia del narcotráfico. Los capos enviados a los Estados Unidos aún mantenían el control de sus organizaciones. Y al facilitar las extradiciones sin evaluaciones y operativos de resistencia, la lucha contra el narcotráfico entró ya en una zona de guerra.

Al final, las experiencias habrían de reforzar la tesis de que el narcotráfico en México representa una red de poder criminal. Que el descabezamiento de algunas bandas y la extradición de capos no quiebran el poder del crimen organizado alrededor del tráfico de drogas. Que, con todo, la capacidad de reorganización de las bandas es más dúctil de lo que se esperaba. Y que en realidad el punto más vulnerable de la industria del narcotráfico es el financiero o del lavado de dinero, un sector apenas tocado por los operativos.

Pero también comienzan a revisarse indicios de que en las bandas del narco hay inteligencias estratégicas: la respuesta a operativos y extradiciones no se enfilaron contra la AFI, la Policía Federal Preventiva o el ejército sino contra modestas agencias ministeriales. Asimismo, la copia del esquema de incautación de armas representó también un mensaje a las autoridades: regresar el golpe con sus mismos métodos. Con ello, las bandas del narco no hacen sino burlarse de las autoridades y demostrar que los operativos carecen de mecanismos estrictos de seguridad y de fallas garrafales de comunicación.

El saldo final del ataque de comandos a agencias ministeriales de Acapulco mostró la ineficacia de la estrategia gubernamental contra el narco. O cuando menos, su falta de integralidad porque atacan por un flanco y descuidan otro. Por tanto, el paso siguiente de las autoridades deberá ser ahora sí más completo y sobre todo menos candorosamente mediáticos que los operativos callejeros.

El país, por tanto, entró ya en una zona de guerra contra el narcotráfico. Y las extradiciones de capos y la respuesta violenta del narco son apenas el principio de una batalla más cruel y criminal. Y el Estado ya fue rebasado por el poder violento del narco.