LA GENERACION DE EMPLEO A SEGUNDO PLANO, PRIMERO ES FORTALECER AL EJERCITO, PFP Y PGR

La mano dura de un presidente débil

Zósimo Camacho

La “seguridad nacional” se instala como el tema prioritario en la agenda de Felipe Calderón. La “amenaza” de la delincuencia organizada se convierte en la coartada para incrementar el presupuesto destinado a las labores de inteligencia, centralizar los mandos policiacos, militarizar el país y criminalizar los movimientos sociales. Especialistas coinciden en que la “mano dura” será la principal característica del nuevo gobierno.

A dos meses de la accidentada toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República ante el Congreso de la Unión -con el respaldo castrense-, las promesas de creación de empleos y combate a la pobreza pasaron a segundo plano. Sólo prevaleció la oferta de mayor “seguridad” y “mano dura” contra la delincuencia organizada, término que se utilizó lo mismo para referirse al narcotráfico, como a los grupos armados y organizaciones político sociales disidentes.

Luego del proceso electoral, que supuestamente ganó con menos de un punto porcentual y que generó protestas en las que se le tachaba de “espurio”, Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Presupuesto de Egresos en el que el 40 por ciento del total de los recursos de la Secretaría de Gobernación (SG) se destinaría a “soberanía y servicios de inteligencia”.

Los legisladores autorizaron a la SG un gasto por 5 mil 83 millones 252 mil 769 pesos para 2007. De ellos, 2 mil 228 millones 797 mil se emplearán en las áreas de “servicios de inteligencia y soberanía”. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ejercerá directamente mil 114 millones 398 mil 723 pesos.

Sin embargo, ni la Presidencia de la República ni la SG consideraron necesario justificar el incremento presupuestal en los organismos militares, policiacos y de espionaje, mientras se reducen los recursos destinados a educación, cultura, salud y vivienda. El gobierno federal tampoco ha informado de cuáles son los objetivos de la política de seguridad nacional de la nueva administración ni cuáles son las amenazas que enfrenta el Estado mexicano.

“Es difícil evaluar si se está invirtiendo en las áreas correctas, porque no se sabe claramente cuáles son los riesgos a la seguridad nacional que ellos están identificando. No sabemos cuáles son los objetivos e intenciones más allá del problema de las organizaciones criminales”, considera Ana María Salazar, investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y ex funcionaria del Pentágono y la Casa Blanca.

Quien fuera Consejera Política del presidente William Clinton en 1998 y subsecretaria Adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos de 1998 a 2001, reconoce que los organismos de inteligencia deben mantener “cierta secretividad” para cumplir las funciones que tienen asignadas; pero al mismo tiempo deben proporcionar la información suficiente para que, sin comprometer sus objetivos, legisladores y ciudadanos tengan la certeza de que los recursos se están usando correctamente.

“En Estados Unidos, la seguridad nacional es parte del debate presupuestal. Cada año el Congreso le exige al Ejecutivo que plantee su estrategia en esta materia para saber objetivos, prioridades y cambios en este rubro. En América Latina todavía hay problemas al definir lo que es la seguridad nacional y cuáles son sus riesgos.”

A este respecto, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño, dice que si se considera a la inteligencia como la capacidad de obtener información, prever escenarios y adelantarse a los riesgos, “pues qué bueno que va a haber un incremento en ello”. Sin embargo, reconoce que con aparatos de inteligencia “muy activos”, el país también corre riesgos.

“Uno sería que los organismos tomen la información para uso y beneficio de grupos. Y otro, que se burocraticen y sólo almacenen información irrelevante para proyectar escenarios. Tendríamos que tener un aparato de inteligencia del siglo XXI, no de chismes ni de estar indagando la vida personal de ciudadanos, que ésa es la peor estupidez.”

Los saldos de Fox

Gilberto López y Rivas, investigador de la Dirección Estudios en Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, considera que Felipe Calderón sabe que tiene “escasa legitimidad” y que seguramente enfrentará grandes movimientos sociales durante su gobierno.

El antropólogo social –a quien se le señaló como agente del servicio secreto soviético de 1971 a 1978– agrega que “el gobierno ha vislumbrado la posibilidad de un proceso que conjugue a los sectores más organizados y que tienen más raigambre. Y por supuesto que sabe muy bien quiénes son sus enemigos tácticos y estratégicos. La cooptación va a ser el arma contra la izquierda institucional, mientras que la represión será para los sectores más decididos y frontales al régimen. El país se está militarizando y los aparatos de inteligencia ya están actuando”.

Para Ana María Salazar los operativos militares y el incremento en las labores de recaudación de inteligencia son, más que propaganda y mensajes de fortaleza, resultado del estado en que Vicente Fox dejó el país.

“No sabemos si México tiene riesgos de seguridad nacional en términos de gobernabilidad. Al parecer no, pues a pesar de unas elecciones muy contenciosas, no hubo guerra civil ni enfrentamientos ni el Ejército tuvo que salir a aplacar a la oposición. Sin embargo, tal vez sí le heredaron un país con focos rojos tan serios que tuvo que dar pasos contundentes.”

A decir de Salazar, Calderón no está dispuesto a dejar crecer los problemas sociales como lo hizo su antecesor. “En el sexenio pasado se desatendieron ciertos riesgos que querían resolver en el ámbito político. Y ahora hay una actitud muy diferente. Se dan pasos muy contundentes porque, con la información de que dispusieron, vieron la necesidad de implantar los operativos militares (contra el narcotráfico) e incrementar la inteligencia para obtener mejor información y análisis y tomar decisiones”.

Hasta el momento, el único gobernador que ha aceptado que la “Operación Conjunta” –operativos que desarrollan militares y policías federales en los estados desde la llegada de Felipe Calderón al poder– se realiza contra “grupos subversivos” es Zeferino Torreblanca, quien llegó al gobierno de Guerrero bajo los colores del Partido de la Revolución Democrática.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Woodrow Wilson Center for International Scholars, con sede en Washington, dice que el Estado mexicano considera que debe aplicar una “mano dura necesaria” a ciertos grupos que no tienen respeto por la Ley, pues al final del sexenio anterior había una tendencia hacia la anarquía y el vacío de poder.

Sin embargo, el especialista advierte que en esta “aplicación del Estado de derecho” la policía también puede infringir la ley y cometer abusos. “En México falta muchísimo para profesionalizar a las policías y a los cuerpos de seguridad. A Calderón aún no se le puede acusar de represor. Tiene muy poco tiempo en el poder y tiene en sus manos la posibilidad de hacer una política de seguridad nacional nueva: que imponga la ley pero al mismo tiempo que respete los derechos humanos”.

La mano dura, selectiva

Para el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, Jorge Chabat, la principal diferencia entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón en materia de seguridad nacional, es que el segundo “sí está dispuesto a usar la fuerza legítima contra los que no se ajusten al Estado de Derecho. Él no va a negociar la ley”.

A decir de Guillermo Garduño, la estrategia del gobierno de Calderón frente a los movimientos sociales será dejarlos crecer y esperar a que “caigan en la ilegalidad”; cuando lo hagan, inmediatamente reprimir en forma selectiva. No hará represiones generalizadas sino sólo contra un sector bien identificado, gracias a las labores de inteligencia que se pretenden incrementar.

“Ésa es la fórmula que utilizará, pero no es nueva. Es la que ha usado el Estado mexicano desde el fin de la Revolución armada. Lo que pasa es que Fox fue un irresponsable que ni a represor llegó y no porque tuviera claridad sobre el respeto a los derechos humanos sino porque ni siquiera entendió lo que es el Estado.”

Por su parte José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señala que la política de seguridad nacional desarrollada por Calderón al inicio de su gobierno se restringe a “la seguridad pública y el control de movimientos sociales antisistémicos”. Para el especialista no hay sorpresa en las prioridades del presidente de la República, pues –considera– la “mano dura” fue lo que ofreció durante su campaña.

“Se perfilan mayores labores de inteligencia ante la posibilidad de que haya movimientos sociales, partidistas, sindicales o gremiales. Es claro que consideraron necesario incrementar las labores de recopilación sistemática de información.”

La dirección del Cisen recayó en el ex director de la empresa GEA-ISA (Grupo de Economistas Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas), Guillermo Valdés Castellanos, a quien se le considera “amigo íntimo” del presidente de la República. La encuestadora fue la primera que dio ventaja a Calderón Hinojosa sobre Andrés Manuel López Obrador y luego fue entusiasta defensora de los resultados de la elección dados a conocer por el Instituto Federal Electoral. El propio Valdés Castellanos promovió un desplegado en los medios de comunicación, que firmó junto con otros 134 “intelectuales”, donde se asentaba que “no hubo fraude”.

A decir de Gilberto López y Rivas, “lo que privó en la designación del nuevo titular del Cisen fue la lealtad. Calderón quería tener a una persona muy cercana a él ahí. Y cubre el perfil para manejar el Centro con una visión utilitarista y pragmática. Es una máquina que va a servir bien al jefe y al sistema. Emprenderá la modernización del organismo entendida como más informática y eficiente”.

Sobre la concentración del mando de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones en las manos del ex director de Investigaciones del Cisen, Ardelio Vargas Fosado, el catedrático de la UAM José Luis Piñeyro considera que se trata de “una de las supuestas soluciones para que funcionen bien las corporaciones.

“Al haber una centralización del mando consideran que ahora sí están en igualdad de condiciones con los narcotraficantes, quienes están centralizados. Y piensan que así ya hay dos estados mayores, dos ejércitos enfrentados. Esta condición parecería tener cierta ventaja; pero si el mando es infiltrado, pues las cosas estarán peor.”

Vargas Fosado estará al mando de 40 mil hombres, de los cuales al menos 15 mil provienen de las Fuerzas Armadas.

Ana María Salazar destaca que las principales amenazas a la seguridad nacional son las que están relacionadas con el “contexto global”. Así, dice que los riesgos –aún más importantes que los derivados de la política interna– son los del cambio climático, que producirán eventos relacionados con el medio ambiente, o la posibilidad de que se produzcan pandemias y enfermedades infecciosas.