MEXICO, S.A.
Carlos Fernández-Vega
Recorte a la educación para que vivamos mejor
Afanes de legitimidad vía espots
Embotelladores y tabacaleras dicen no a más impuestos
Más tardó el nuevo inquilino de Los Pinos en hacer llegar su propuesta económica 2007 a los diputados, que éstos en rechazar buena parte de ella, especialmente la relativa al sector educativo, con lo que Felipe Calderón se lleva su primer revés en San Lázaro.
Legisladores de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados PAN incluido rechazaron, por medio de un punto de acuerdo, la pretensión calderonista de amputar el gasto educativo, principalmente el destinado a la educación superior, recorte cuyo principal objetivo es la máxima casa de estudios del país, la UNAM.
Desde que se conoció tal intentona, el rechazo fue generalizado salvo el de ciertos primitivos especímenes panistas, no sólo en San Lázaro, cuyos inquilinos están constitucionalmente facultados para decidir cómo se reparte el pastel presupuestal. La presidencial es una propuesta y los diputados deciden si la aceptan o la modifican.
Pero el del gobierno de la "continuidad" es un ejercicio absurdo, en línea con las pifias de su antecesor: primero propone el recorte presupuestal a la educación, y ya encendida la mecha se apresura a decir que "está en la mejor disposición de aceptar las reasignaciones" que establezcan los diputados, como lo aseguró el flamante subsecretario de Egresos, Ernesto Cordero, mientras el titular de Hacienda, Agustín Carstens, rápidamente organizaba un encuentro con rectores y legisladores "para analizar" el mutilado presupuesto (se supone por él estructurado) para las instituciones de educación pública, principalmente las de estudios superiores. Entonces, ¿Calderón no pulsó lo que políticamente provocaría el recorte, o de plano son esas las propuestas "para que vivamos mejor"?
Y mientras a unos les quitan, a otros les devuelven, como en el caso del otrora Banco Nacional de México, ahora propiedad de las trasnacional financiera Citigroup. Una nota divulgada por InfoSel Financiero da cuenta de lo siguiente: "Banamex ganó uno de los litigios fiscales más cuantiosos de los últimos años, con lo que se libró de pagar más de mil 600 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Un tribunal federal amparó a ese grupo financiero, que durante más de cuatro años litigó para anular un crédito fiscal notificado por el SAT el 21 de enero de 2002, con el argumento de que la visita domiciliaria al banco tomó demasiado tiempo y por tanto fue inconstitucional. El gobierno determinó que ese banco debía mil 619 millones 833 mil 692 pesos por concepto de IVA, ISR, actualizaciones, multas y recargos correspondientes al ejercicio de 1996. Esa cantidad es superior al presupuesto de las Secretarías de Turismo o de la Función Pública, y equivale a 10 por ciento de las utilidades netas del grupo financiero durante 2005. La institución bancaria alegó que el SAT se excedió en los tiempos de la visita domiciliaria, porque pasaron 12 meses y 25 días entre el inicio de la verificación en junio de 2000 y la notificación de las primeras observaciones. El argumento del banco fue aceptado el 15 de noviembre por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, máxima autoridad en la materia. Los magistrados argumentaron que las visitas fiscales a los bancos sí pueden durar más tiempo que a otros contribuyentes, pero no pueden prolongarse indefinidamente".
Mil 600 millones de pesos menos para el erario, con lo que esta institución (antes en manos de "mexicanos", y ahora de estadunidenses) está preparada para ingresar al libro de récord como evasora del fisco, pues no hay que olvidar que la parte "nacional" con Roberto Hernández a la cabeza en la venta de Banamex a Citigroup, en 2001, se "ahorró" alrededor de 4 mil millones de pesos en pago de impuestos al concretar la compra-venta por medio del mercado bursátil, sin que ello quiera decir que fueron los únicos.
Quienes de plano se niegan a incrementar su pago de impuestos aunque éstos los cubran los consumidores, como siempre son los empresarios embotelladores y tabacaleros, que ya hicieron sentir su peso en los pasillos de San Lázaro, y, según el legislador priísta Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, "existe un acuerdo entre fracciones para no aprobar el impuesto al tabaco que propone Calderón". Paralelamente, como lo señalamos ayer, el oligopolio (controlado por las trasnacionales Coca-Cola y Pepsico) de las bebidas embotelladas amenaza con despedir a más de 36 mil trabajadores (empleos directos e indirectos), reducir en 500 millones de dólares sus inversiones y abstenerse de comprar más de 73 mil toneladas de azúcar, si aumenta el impuesto a refrescos y demás bebidas embotelladas.
En octubre del año pasado, justo en tiempos de análisis del paquete económico correspondiente a 2006, en la tribuna de San Lázaro se denunciaron actos de corrupción presuntamente cometidos por un grupo de legisladores que fueron "convencidos" (viajes, automóviles de lujo y algo más) por las trasnacionales Phillips Morris Co. (asociada con el Grupo Carso de Carlos Slim, por medio de Cigarrera La Tabacalera Mexicana) y Britsh America Tobacco (ahora BAT México, antes Cigarrera La Moderna), el poderoso dupolio que opera en el país en este sector industrial, para que no autorizaran nuevos gravámenes en detrimento de sus ventas. Lo lograron, aunque los legisladores denunciados negaron su participación en el enjuague. Algo similar sucedió en 2004 y años previos, y puede suceder en la revisión del paquete 2007.
Las rebanadas del pastel
Y entre cortes y recortes, el gobierno calderonista tira el dinero del erario e insiste en la repudiada dosis que durante seis años aplicó Vicente Fox y su "cambio" a los mexicanos: el inmisericorde cuan oneroso bombardeo propagandístico, en aras de una "legitimidad" que nunca alcanzará por la vía de los spots.
Afanes de legitimidad vía espots
Embotelladores y tabacaleras dicen no a más impuestos
Más tardó el nuevo inquilino de Los Pinos en hacer llegar su propuesta económica 2007 a los diputados, que éstos en rechazar buena parte de ella, especialmente la relativa al sector educativo, con lo que Felipe Calderón se lleva su primer revés en San Lázaro.
Legisladores de todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados PAN incluido rechazaron, por medio de un punto de acuerdo, la pretensión calderonista de amputar el gasto educativo, principalmente el destinado a la educación superior, recorte cuyo principal objetivo es la máxima casa de estudios del país, la UNAM.
Desde que se conoció tal intentona, el rechazo fue generalizado salvo el de ciertos primitivos especímenes panistas, no sólo en San Lázaro, cuyos inquilinos están constitucionalmente facultados para decidir cómo se reparte el pastel presupuestal. La presidencial es una propuesta y los diputados deciden si la aceptan o la modifican.
Pero el del gobierno de la "continuidad" es un ejercicio absurdo, en línea con las pifias de su antecesor: primero propone el recorte presupuestal a la educación, y ya encendida la mecha se apresura a decir que "está en la mejor disposición de aceptar las reasignaciones" que establezcan los diputados, como lo aseguró el flamante subsecretario de Egresos, Ernesto Cordero, mientras el titular de Hacienda, Agustín Carstens, rápidamente organizaba un encuentro con rectores y legisladores "para analizar" el mutilado presupuesto (se supone por él estructurado) para las instituciones de educación pública, principalmente las de estudios superiores. Entonces, ¿Calderón no pulsó lo que políticamente provocaría el recorte, o de plano son esas las propuestas "para que vivamos mejor"?
Y mientras a unos les quitan, a otros les devuelven, como en el caso del otrora Banco Nacional de México, ahora propiedad de las trasnacional financiera Citigroup. Una nota divulgada por InfoSel Financiero da cuenta de lo siguiente: "Banamex ganó uno de los litigios fiscales más cuantiosos de los últimos años, con lo que se libró de pagar más de mil 600 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Un tribunal federal amparó a ese grupo financiero, que durante más de cuatro años litigó para anular un crédito fiscal notificado por el SAT el 21 de enero de 2002, con el argumento de que la visita domiciliaria al banco tomó demasiado tiempo y por tanto fue inconstitucional. El gobierno determinó que ese banco debía mil 619 millones 833 mil 692 pesos por concepto de IVA, ISR, actualizaciones, multas y recargos correspondientes al ejercicio de 1996. Esa cantidad es superior al presupuesto de las Secretarías de Turismo o de la Función Pública, y equivale a 10 por ciento de las utilidades netas del grupo financiero durante 2005. La institución bancaria alegó que el SAT se excedió en los tiempos de la visita domiciliaria, porque pasaron 12 meses y 25 días entre el inicio de la verificación en junio de 2000 y la notificación de las primeras observaciones. El argumento del banco fue aceptado el 15 de noviembre por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, máxima autoridad en la materia. Los magistrados argumentaron que las visitas fiscales a los bancos sí pueden durar más tiempo que a otros contribuyentes, pero no pueden prolongarse indefinidamente".
Mil 600 millones de pesos menos para el erario, con lo que esta institución (antes en manos de "mexicanos", y ahora de estadunidenses) está preparada para ingresar al libro de récord como evasora del fisco, pues no hay que olvidar que la parte "nacional" con Roberto Hernández a la cabeza en la venta de Banamex a Citigroup, en 2001, se "ahorró" alrededor de 4 mil millones de pesos en pago de impuestos al concretar la compra-venta por medio del mercado bursátil, sin que ello quiera decir que fueron los únicos.
Quienes de plano se niegan a incrementar su pago de impuestos aunque éstos los cubran los consumidores, como siempre son los empresarios embotelladores y tabacaleros, que ya hicieron sentir su peso en los pasillos de San Lázaro, y, según el legislador priísta Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, "existe un acuerdo entre fracciones para no aprobar el impuesto al tabaco que propone Calderón". Paralelamente, como lo señalamos ayer, el oligopolio (controlado por las trasnacionales Coca-Cola y Pepsico) de las bebidas embotelladas amenaza con despedir a más de 36 mil trabajadores (empleos directos e indirectos), reducir en 500 millones de dólares sus inversiones y abstenerse de comprar más de 73 mil toneladas de azúcar, si aumenta el impuesto a refrescos y demás bebidas embotelladas.
En octubre del año pasado, justo en tiempos de análisis del paquete económico correspondiente a 2006, en la tribuna de San Lázaro se denunciaron actos de corrupción presuntamente cometidos por un grupo de legisladores que fueron "convencidos" (viajes, automóviles de lujo y algo más) por las trasnacionales Phillips Morris Co. (asociada con el Grupo Carso de Carlos Slim, por medio de Cigarrera La Tabacalera Mexicana) y Britsh America Tobacco (ahora BAT México, antes Cigarrera La Moderna), el poderoso dupolio que opera en el país en este sector industrial, para que no autorizaran nuevos gravámenes en detrimento de sus ventas. Lo lograron, aunque los legisladores denunciados negaron su participación en el enjuague. Algo similar sucedió en 2004 y años previos, y puede suceder en la revisión del paquete 2007.
Las rebanadas del pastel
Y entre cortes y recortes, el gobierno calderonista tira el dinero del erario e insiste en la repudiada dosis que durante seis años aplicó Vicente Fox y su "cambio" a los mexicanos: el inmisericorde cuan oneroso bombardeo propagandístico, en aras de una "legitimidad" que nunca alcanzará por la vía de los spots.
posted by H2AGUA at
9:29 a.m.
