EL GABINETE SOCIAL .. UNA FABRICA DE VOTOS, EL GABINETE ECONOMICO .. UNA CONTINUIDAD DEL NEOLIBERALISMO

Javier Oliva Posada (javierolivaposada@prodigy.net.mx)

Del gobierno de coalición a la promesa incumplida

Dos observaciones. La primera: es cierto que en la democracia se gana o pierde por un voto. Sí, pero en condiciones de equidad y justicia en la competencia. La segunda: un gobierno de coalición es propio de un régimen presidencial. Sí, pero la composición del gabinete abre las puertas para alcanzar acuerdos y mantener contactos con otros partidos políticos. La motivación de estas precisiones tiene su origen en los recientes anuncios respecto de los integrantes del gabinete presidencial en las áreas de economía y sociedad. La relación entre ambos planteamientos procede, a su vez, de los resultados de las elecciones federales de julio pasado, en las cuales el presidente electo, Felipe Calderón, obtuvo el triunfo por 0.56 por ciento de los votos. En la más elemental de las operaciones políticas, esta cifra, aún sin considerar la enorme polémica respecto del procedimiento y la aplicación de la ley de por medio, aconsejaría acercamientos y búsqueda de acuerdos reales.

Recuerdo cuando, en el primer debate por la Presidencia de la República, el entonces candidato presidencial del Partido Acción Nacional lanzó el anzuelo de "gabinete de coalición". La intención era clara: habrá puestos y salarios a quienes asuman el compromiso de apoyar su proyecto y administración. Como operación política es entendible. Se practica en México y en otras partes del mundo. Es cierto que la denominación no es correcta; esto es, llamar "gobierno de coalición" a la integración en tareas del gabinete a representantes de otras fuerzas políticas y partidistas en un régimen presidencial. No es un asunto superficial o un prurito conceptual. Se trata de comprender que lo que implica la coalición en el gobierno es algo más que plazas: representa acuerdos programáticos y negociación en la agenda legislativa, sin olvidar las enormes diferencias procedimientales y de funcionamiento de un régimen parlamentario. En fin.

Como se avizoraba desde el inicio de la pasada contienda, la búsqueda de apoyos para los candidatos presidenciales, más allá de sus aldeas electorales, resultaba fundamental; la promesa de integrar otros puntos de vista e incluso ideologías diferentes a la propia en un régimen vertical como es el presidencial. Pero el problema viene ahora que ya lo vimos, cuando lo dicho y expresado como una posible línea de trabajo era en realidad tan sólo una "promesa de campaña". Pero es precisamente esa inconsistencia entre el decir y el hacer ­más aún cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue tan escasa y cuestionable en el procedimiento­ la que vulnera la capacidad (si todavía hay alguna) del quehacer político y de la política misma.

Si el gabinete social es visto y entendido como una fábrica de votos, y el económico como un clara continuidad del programa neoliberal dependiente, no queda duda de que el perfil del gabinete político y de seguridad tendrá la misma tónica: se sigue el viejo y costoso criterio de preferir los compromisos y el pago de facturas por encima de la capacidad, la trayectoria y el profesionalismo (criterios predominantes, allí sí, en los regímenes parlamentarios). Me refiero a este tema, justo horas antes de que se den a conocer los nombramientos en las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República. No habrá sorpresas. Ni un solo puente de comunicación, no digamos a otros partidos políticos, sino a otros segmentos de la sociedad.

Con sinceridad, espero equivocarme. Que el presidente electo recuerde ­y le recuerden­ las condiciones en que resultó vencedor. No le bastará la exigencia de los apoyos incondicionales a su partido. Ni siquiera le alcanza para legislar. Requiere de apoyos políticos y compromisos que demuestren que la coalición en el gobierno no es un asunto de caras y posiciones, sino una tarea para la construcción de la agenda, establecer prioridades, cuya función principal es un acuerdo sobre bases programáticas. El país y la sociedad divididos no son el terreno propicio para ningún gobierno. La exclusión es pariente de algo peor: la soberbia. El costo del aprendizaje en posiciones de tan alta responsabilidad pone a prueba la disposición para el acercamiento. Los resultados de los acuerdos tardan, pero en la construcción de la democracia nadie nos dijo que era cuestión de velocidad. Es un asunto de decisión y paciencia en el oficio de gobierno.

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