DIGNA OCHO A 5 AÑOS DE SU ASESINATO: EL YUNQUE INMISCUIDO EN EL CRIMEN
La muerte de Digna Ochoa
Este 19 de octubre se cumplen cinco años de la muerte de la abogada mexicana Digna Ochoa. Después de analizar varias líneas de investigación, la PGR finalmente concluyó que fue suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima sigue inconforme con el fallo y planean reabrir el caso.
16-Octubre-06
El Asesinato de Digna Ochoa (19 de octubre 2001) fue la trágica culminación de más de cinco años de amenazas en su contra.
Comprometida con la vida, Digna recibió varios premios por su destacada labor en la defensa de los derechos humanos, entre los que resaltan la Medalla Roque Dalton, el Premio Amnistía Internacional para Defensores de Derechos Humanos, el Premio de la Asociación de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Nueva York, entre otros.
El hostigamiento que padeció durante las defensas legales que como abogada realizó, fue ampliamente denunciado por la propia víctima y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del que Digna formó parte durante cerca de diez años.
La ejecución de Digna Ochoa puso en evidencia la negligente de las autoridades que desestimaron las denuncias, enrareciendo más el ambiente del crimen.
A continuación un texto del periodista Carlos Marín que publicó siete meses después del asesinato y que enmarca muy bien la forma que se llevó la averiguación del caso.
La muerte de Digna Ochoa y las alucinaciones
México, 31 de mayo 2002.- A principios de la semana, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, informó que se ha fortalecido la hipótesis del suicidio en la muerte de la abogada Digna Ochoa.
Sobresale la declaración, entre otras razones porque el propio Bátiz había dicho, el mismo día en que fue hallado el cuerpo sin vida de la defensora de derechos humanos, que se trataba de “un crimen de la ultraderecha”.
Sin proporcionar detalles, el procurador capitalino suavizó su explosiva afirmación, al sostener que sigue también investigándose la línea de un eventual asesinato.
A la pregunta directa sobre el suicidio, Bátiz respondió textualmente:
“No hemos dejado ninguna de las líneas, pero ciertamente la del suicidio está presente; es una de las que ha tomado fuerza. No quiero adelantar nada más. Me preguntaron si sigue siendo una hipótesis firme, les digo que sí, pero no es la única, no hemos tenido conclusión definitiva, se sigue trabajando”.
La probabilidad de que lo sucedido con Digna Ochoa sea, descarnadamente, un suicidio, es tan alta que la Procuraduría del DF está tomando sus precauciones:
Bátiz adelantó que se ha solicitado a organismos no gubernamentales y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que nombren a sus propios peritos para que sean ellos los que verifiquen las investigaciones que ha realizado la Procuraduría capitalina, pero todavía no obtiene respuesta.
“Lo que estamos solicitando, tal como lo propusieron algunas ong, es que se designen peritos para que verifiquen los periciales que se han hecho”.
Discreto, el procurador dejó saber que algunos de los razonamientos más importantes que sustentan la hipótesis del suicidio consisten en que no se encontró en el lugar ninguna huella de persona extraña y en cambio sí varios indicios de que la abogada estuvo sola.
“Sobre eso, nos gustaría que una pericial distinta a la nuestra, peritos expertos que pueden ser de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o propuestas por las ong, nos dieran alguna opinión”, comentó.
La Procuraduría capitalina hizo perfiles psicológicos de Digna Ochoa, investigado documentos, correspondencia, y expedientes relacionados con sus actividades.
Bátiz dijo, asimismo, que se hicieron las pruebas en las manos y en los guantes de la difunta pero no se encontraron rastros de pólvora. Sin embargo, explicó que esto se debe a las características propias de la pistola calibre .22 que fue utilizada, con el cargador hacia delante, en el cañón, por lo que la deflagración es hacia arriba. En otras palabras, esto significa que cualquier persona que use este tipo de arma puede resultar negativa en la prueba.
El duelo de la familia de Digna Ochoa se extendió instantáneamente a sus ex compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a todos quienes, desde las afanosas trincheras de los organismos no gubernamentales de México y el mundo, han creído que trabajar en favor del respeto a la dignidad de las personas es un oficio peligroso.
Desde que se conocieron los detalles medulares de la escena del crimen y los primeros peritajes, poner en duda que el de Ochoa fuese un “crimen de Estado” como los que han venido inventándose desde hace casi 20 años era un pase automático a la lista de los “políticamente incorrectos”.
“Lo más lógico”, se decía, era suponer que de la abogada se habían encargado militares o policías, debido a la serie de amenazas que precedieron su muerte.
“Amenazas” que, si se trató de un suicidio, habrá que entrecomillar.
Debe recordarse que en el lugar donde murió Digna Ochoa se encontró un mensaje más de contenido majadero, equivalente a un “te lo advertimos”, que dejaba un sospechoso rastro que conducía sin atajos a la Secretaría de la Defensa, puesto que la propia abogada se había encargado de propalar su certeza de que eran militares quienes la amenazaban.
“Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño”.
Son previsibles las airadas reacciones contra cualquier hipótesis que no encaje con la versión, propalada con una gran dosis de “certeza”, de que a la defensora de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro la mataron agentes del gobierno.
No será la primera vez que “el respetable” público que conforman amplios y crecientes sectores sociales adiestrados en el linchamiento político sean decepcionados por un informe que se apegue a la legalidad.
Tan ávidos de culpables y “autores intelectuales” como de acarrear leña para la hoguera, esos sectores quedarán tan decepcionados con lo que se avizora que será la conclusión de las investigaciones de la muerte de la abogada, como los que quisieron un homicidio “de Estado” en los crímenes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis Donaldo Colosio.
A Digna Ochoa la mató una bala de calibre .22 largo, que le entró por la parte posterior de la cabeza (por atrás de la oreja izquierda), y quedó alojada (no salió el proyectil) en el parietal derecho, en la mejilla opuesta.
En el lugar no aparecieron otros signos de violencia y de las investigaciones se desprende que nadie forzó la puerta.
En casos de ejecuciones incontrovertibles, los sicarios utilizan pistolas de mayor calibre, dada la fragilidad de las balas calibre.22.
Los policías judiciales están entrenados en el uso de pistolas de nueve milímetros y los militares en las de calibre .45.
Un profesional –dicen los que saben mucho de homicidios y armas-- no se expone a fracasar con “balitas”. Y, si utilizara una .22, debiera disparar varios o todos los tiros, directos a la cabeza.
¿Qué asesino deja el arma completa (sobre todo con el cañón, la pieza clave para el peritaje de las estrías en la ojiva) en el lugar del crimen, además de un recado no solamente desmesurado (matar a todos los miembros del Pro), sino indicativo de que se trata de un agente del Estado?
¿Quién pudo haber dejado una especie de letrero: “ojo, investigadores, busquen en el ejército y las policías federales, porque somos los que torturamos a los que defendía Digna”?
¿Qué ratero deja el aviso: “atención incauto, si vuelve a estacionar aquí su coche, se lo volvemos a robar”?
A veces, aunque pocas, lo que parece pato, vuela como pato y grazna como pato resulta ser una mera alucinación
Este 19 de octubre se cumplen cinco años de la muerte de la abogada mexicana Digna Ochoa. Después de analizar varias líneas de investigación, la PGR finalmente concluyó que fue suicidio. Sin embargo, la familia de la víctima sigue inconforme con el fallo y planean reabrir el caso.
16-Octubre-06
El Asesinato de Digna Ochoa (19 de octubre 2001) fue la trágica culminación de más de cinco años de amenazas en su contra.
Comprometida con la vida, Digna recibió varios premios por su destacada labor en la defensa de los derechos humanos, entre los que resaltan la Medalla Roque Dalton, el Premio Amnistía Internacional para Defensores de Derechos Humanos, el Premio de la Asociación de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Nueva York, entre otros.
El hostigamiento que padeció durante las defensas legales que como abogada realizó, fue ampliamente denunciado por la propia víctima y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, del que Digna formó parte durante cerca de diez años.
La ejecución de Digna Ochoa puso en evidencia la negligente de las autoridades que desestimaron las denuncias, enrareciendo más el ambiente del crimen.
A continuación un texto del periodista Carlos Marín que publicó siete meses después del asesinato y que enmarca muy bien la forma que se llevó la averiguación del caso.
La muerte de Digna Ochoa y las alucinaciones
México, 31 de mayo 2002.- A principios de la semana, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, informó que se ha fortalecido la hipótesis del suicidio en la muerte de la abogada Digna Ochoa.
Sobresale la declaración, entre otras razones porque el propio Bátiz había dicho, el mismo día en que fue hallado el cuerpo sin vida de la defensora de derechos humanos, que se trataba de “un crimen de la ultraderecha”.
Sin proporcionar detalles, el procurador capitalino suavizó su explosiva afirmación, al sostener que sigue también investigándose la línea de un eventual asesinato.
A la pregunta directa sobre el suicidio, Bátiz respondió textualmente:
“No hemos dejado ninguna de las líneas, pero ciertamente la del suicidio está presente; es una de las que ha tomado fuerza. No quiero adelantar nada más. Me preguntaron si sigue siendo una hipótesis firme, les digo que sí, pero no es la única, no hemos tenido conclusión definitiva, se sigue trabajando”.
La probabilidad de que lo sucedido con Digna Ochoa sea, descarnadamente, un suicidio, es tan alta que la Procuraduría del DF está tomando sus precauciones:
Bátiz adelantó que se ha solicitado a organismos no gubernamentales y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que nombren a sus propios peritos para que sean ellos los que verifiquen las investigaciones que ha realizado la Procuraduría capitalina, pero todavía no obtiene respuesta.
“Lo que estamos solicitando, tal como lo propusieron algunas ong, es que se designen peritos para que verifiquen los periciales que se han hecho”.
Discreto, el procurador dejó saber que algunos de los razonamientos más importantes que sustentan la hipótesis del suicidio consisten en que no se encontró en el lugar ninguna huella de persona extraña y en cambio sí varios indicios de que la abogada estuvo sola.
“Sobre eso, nos gustaría que una pericial distinta a la nuestra, peritos expertos que pueden ser de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o propuestas por las ong, nos dieran alguna opinión”, comentó.
La Procuraduría capitalina hizo perfiles psicológicos de Digna Ochoa, investigado documentos, correspondencia, y expedientes relacionados con sus actividades.
Bátiz dijo, asimismo, que se hicieron las pruebas en las manos y en los guantes de la difunta pero no se encontraron rastros de pólvora. Sin embargo, explicó que esto se debe a las características propias de la pistola calibre .22 que fue utilizada, con el cargador hacia delante, en el cañón, por lo que la deflagración es hacia arriba. En otras palabras, esto significa que cualquier persona que use este tipo de arma puede resultar negativa en la prueba.
El duelo de la familia de Digna Ochoa se extendió instantáneamente a sus ex compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y a todos quienes, desde las afanosas trincheras de los organismos no gubernamentales de México y el mundo, han creído que trabajar en favor del respeto a la dignidad de las personas es un oficio peligroso.
Desde que se conocieron los detalles medulares de la escena del crimen y los primeros peritajes, poner en duda que el de Ochoa fuese un “crimen de Estado” como los que han venido inventándose desde hace casi 20 años era un pase automático a la lista de los “políticamente incorrectos”.
“Lo más lógico”, se decía, era suponer que de la abogada se habían encargado militares o policías, debido a la serie de amenazas que precedieron su muerte.
“Amenazas” que, si se trató de un suicidio, habrá que entrecomillar.
Debe recordarse que en el lugar donde murió Digna Ochoa se encontró un mensaje más de contenido majadero, equivalente a un “te lo advertimos”, que dejaba un sospechoso rastro que conducía sin atajos a la Secretaría de la Defensa, puesto que la propia abogada se había encargado de propalar su certeza de que eran militares quienes la amenazaban.
“Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar. Conste que bajo advertencia no hay engaño”.
Son previsibles las airadas reacciones contra cualquier hipótesis que no encaje con la versión, propalada con una gran dosis de “certeza”, de que a la defensora de los derechos humanos del Centro Miguel Agustín Pro la mataron agentes del gobierno.
No será la primera vez que “el respetable” público que conforman amplios y crecientes sectores sociales adiestrados en el linchamiento político sean decepcionados por un informe que se apegue a la legalidad.
Tan ávidos de culpables y “autores intelectuales” como de acarrear leña para la hoguera, esos sectores quedarán tan decepcionados con lo que se avizora que será la conclusión de las investigaciones de la muerte de la abogada, como los que quisieron un homicidio “de Estado” en los crímenes del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis Donaldo Colosio.
A Digna Ochoa la mató una bala de calibre .22 largo, que le entró por la parte posterior de la cabeza (por atrás de la oreja izquierda), y quedó alojada (no salió el proyectil) en el parietal derecho, en la mejilla opuesta.
En el lugar no aparecieron otros signos de violencia y de las investigaciones se desprende que nadie forzó la puerta.
En casos de ejecuciones incontrovertibles, los sicarios utilizan pistolas de mayor calibre, dada la fragilidad de las balas calibre.22.
Los policías judiciales están entrenados en el uso de pistolas de nueve milímetros y los militares en las de calibre .45.
Un profesional –dicen los que saben mucho de homicidios y armas-- no se expone a fracasar con “balitas”. Y, si utilizara una .22, debiera disparar varios o todos los tiros, directos a la cabeza.
¿Qué asesino deja el arma completa (sobre todo con el cañón, la pieza clave para el peritaje de las estrías en la ojiva) en el lugar del crimen, además de un recado no solamente desmesurado (matar a todos los miembros del Pro), sino indicativo de que se trata de un agente del Estado?
¿Quién pudo haber dejado una especie de letrero: “ojo, investigadores, busquen en el ejército y las policías federales, porque somos los que torturamos a los que defendía Digna”?
¿Qué ratero deja el aviso: “atención incauto, si vuelve a estacionar aquí su coche, se lo volvemos a robar”?
A veces, aunque pocas, lo que parece pato, vuela como pato y grazna como pato resulta ser una mera alucinación
posted by H2AGUA at
10:12 p.m.
