FALLO INATACABLE ..... FALLO INACATABLE

Legalidad no siempre significa legitimidad

Eduardo González Velázquez

La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es jurídicamente inatacable, no existe instancia alguna para hacerlo; pero política, social y moralmente es inacatable. Si bien es cierto que el proceso electoral en su vía jurídica ya terminó, y que los magistrados del Tribunal no encontraron elementos suficientes para anular la elección presidencial del 2 de julio o para ordenar un recuento total de los votos, y de esa manera dar certeza y legitimidad al presidente electo, el proceso electoral en su etapa política y de movilización social aún no concluye; de hecho, el final del conflicto poselectoral todavía no se puede avizorar con claridad y todo parece indicar que el encono social y la polarización que vive el país continuarán en aumento, atizando la peor crisis política que hemos tenido en los últimos años.Con la decisión del TEPJF, los magistrados enviaron un mensaje muy claro a la sociedad mexicana: la ley se pueda violar y el castigo dependerá del trasgresor de la legalidad; la pena será inversamente proporcional al poder y a la jerarquía del violador, a mayor poder menor castigo. Esta afirmación se desprende de las argumentaciones y razonamientos de los magistrados, quienes sostuvieron que a pesar de que “las declaraciones del presidente Vicente Fox se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección”, las actitudes del jefe del Ejecutivo federal fueron “hechos aislados y no determinantes” para el resultado final; así como la participación evidentemente ilegal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la campaña en favor de Felipe Calderón, pero sobre todo en contra del ex candidato presidencial de la colación Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.Para continuar en la misma línea de los sinsentidos y del gatopardismo de la política mexicana, los magistrados no aceptaron que las elecciones hubiesen sido limpias, ni necesariamente legales, o que haya prevalecido el principio de equidad. Contrariamente, el documento de la validez de la elección sostiene que se presentaron vastas irregularidades, pero que los magistrados no tuvieron suficiente información para juzgar si las anomalías influyeron en el resultado, por lo que las elecciones no fueron limpias pero sí válidas.Con esa decisión, el TEPJF pasó la responsabilidad de demostrar la ilegalidad de la elección a los miembros de la coalición, y como los simpatizantes de López Obrador no pudieron comprobar el impacto electoral que tuvieron las acciones de Vicente Fox y el CCE, la culpa les fue endosada.Y llegó la cura en salud: “no hay elección perfecta, pensar lo contrario es una utopía, es una realidad de la que todos debemos partir, una fantasía que ni los más avezados en ciencia política se atreverían a desmentir. Lo destacable es que hay que juzgar los acontecimientos de acuerdo con nuestra realidad fáctica y no con base en quimeras”. Cierto es que el Tribunal no es una fiscalía, pero en casos especiales cuenta con facultades y puede ordenar el perfeccionamiento de las pruebas necesarias para allegarse la información requerida para su resolución, así se establece en el inciso 20 del artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, evidentemente no lo hicieron, no ejercieron un poder que les confiere el marco jurídico mexicano. Afirman que no pudieron anular la elección porque no contaron con la suficiente información, lo que no dicen es que tampoco pidieron la ampliación de las pruebas que demostrasen las enormes irregularidades del proceso electoral.Consecuentemente, el fallo del TEPJF cuenta con la formalidad jurídica, pero no tiene la formalidad que da la legitimidad, la validez es legal pero no legítima, porque los magistrados ignoraron lo estipulado en el artículo 41 de la Constitución Mexicana, que establece los criterios que deben regir los procesos electorales: equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.A estas alturas el país ya no soporta un divorcio entre las prácticas y los discursos de la clase política; cuando el gobierno habla de fortalecer las instituciones y el estado de derecho pero no actúa en consecuencia, uno no puede más que recordar los inicios de nuestra vida independiente, donde el discurso decía que se imponía “establecer un Estado soberano e independiente gobernado por instituciones republicanas y consolidar un sistema representativo”, cuando en la práctica nacíamos como país con una sociedad dominada por las tradiciones corporativas y distinciones étnicas. Hoy vivimos un proceso similar: tenemos un país dramáticamente dividido como producto, no del 2 de julio, sino a consecuencia de la ofensiva concentración de la riqueza en muy pocas manos y el monopolio de los procesos políticos en poder de una casta que se siente cuasi divina.Felipe Calderón Hinojosa fue declarado presidente electo. Pero sobre cuáles bases sociales y políticas levantará su gobierno. Felipe tendrá el poder pero no la autoridad. El poder lo dan las armas, el atropello de la sociedad, la violación de los derechos políticos, la represión militar y policiaca y el dinero al servicio de los poderosos. La autoridad de un gobernante se obtiene mediante el ejercicio legítimo de sus funciones y, por ende, se la otorga el pueblo. Como escribimos hace algunas semanas, Felipe Calderón vivirá una Presidencia cercada, teniendo que entrar por la puerta de atrás para no confrontar el repudio de la sociedad mexicana generado por el fraude electoral.