¡Al ladrón, al ladrón!
Patricia Toribio Navarro
Una costumbre muy socorrida en ciertos grupos políticos es tratar de desviar la atención acusando a los adversarios de los mismos vicios que uno practica. La sabiduría popular ha desenmascarado estas actuaciones con el mote de "al ladrón, ladrón!". Tal es la actitud asumida al parecer por la senadora perredista Claudia Corichi García, en su colaboración en este diario, con el título "La calumnia como estrategia del PRI".
La legisladora acusa la existencia de una presunta "estrategia" del PRI, impulsada por la presidenta Beatriz Paredes, para "acusar falsamente a Gobiernos emanados de otros partidos", con el propósito de posicionarse "de cara la contienda electoral del 2012". Y pone como ejemplo las acusaciones de corrupción, nepotismo, abandono, lucro y persecución política que el nuevo gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, pronunció en presencia de la mandataria saliente, Amalia García (madre de la senadora Corichi), en su discurso de toma de posesión.
No hay tal estrategia, ni tal conspiración ni tal complot del PRI en contra de los Gobiernos "emanados de otros partidos", porque el juicio sobre el desempeño de un Gobierno saliente lo realizan los ciudadanos en las urnas, no la dirigencia de un partido.
Tal vez sea cierto que Zacatecas obtuvo en la administración de Amalia García los diversos primeros y segundos lugares que la senadora enuncia como muestra de un buen Gobierno (PIB, IED, deuda pública, seguridad, empleo, etc.). Las dudas son otras:
¿Por qué, con tan buenos indicadores sociales y económicos, la ciudadanía zacatecana no refrendó en las urnas la confianza en el PRD y decidió darle una oportunidad a Miguel Alonso y al PRI?
¿Por qué, si Miguel Alonso fue un "férreo defensor del PRD" y secretario de Turismo del Gobierno perredista, marginaron y dejaron ir de su partido a tan valioso cuadro político?
¿Recibir una deuda de 110 millones de pesos en 2004 y entregarla en 5 mil 139 millones seis años después, es decir, 46 veces más alta, no es un endeudamiento alarmante?
¿Suscribir un préstamo de 300 millones de pesos con un banco privado, sin autorización del Congreso, no es un acto de lesa ilegalidad?
¿Destinar 5 mil 300 millones de pesos a la construcción de un palacio burocrático y cancelar programas de construcción de escuelas, hospitales y vivienda popular en un estado con alta marginalidad, es propio de un Gobierno de izquierda identificado "con los más necesitados"?
¿Asignar el 90 por ciento de las obras a dos compañías constructoras, a lo largo de seis años, es un ejemplo de transparencia y manejo escrupuloso de los recursos públicos?
¿Realizar 15 giras de trabajo por Europa y sólo cinco por los municipios del semidesierto zacatecano, es muestra de un Gobierno cercano a la gente?
Hace seis años, el PRI fue la segunda fuerza política en las elecciones de gobernador: ¿acaso se le asignó la Secretaría de la Contraloría o algún otro cargo en el gabinete, como ahora reclama la senadora para el PRD? Exigir o esperar cargos públicos en función del "peso político" de una organización -no en función de las capacidades y aptitudes de los servidores públicos-, es propio de la cultura patrimonialista y corporativista de la partidocracia, no de las democracias modernas.
La asignación de cargos de alta responsabilidad pública en un Gobierno, ¿es el único indicador válido para determinar si se está a favor o en contra de la equidad de género? Michelle Bachelet y Angela Merkel han señalado que es más importante impulsar el acceso masivo de las mujeres a la educación, a la economía, a la protección jurídica y a una "remuneración igual por trabajo igual", que impulsar el arribo de una minoría a cargos burocráticos. Como lo han observado diversas feministas: Reducir la lucha por la igualdad de género a la obtención de cargos políticos, es una visión muy "machista".
Por último, durante cinco años, la hija de la gobernadora ocupó dos cargos públicos: senadora y presidenta del DIF. ¿Qué opinión le merece a la legisladora la prohibición constitucional expresa de que un servidor público federal ocupe dos cargos a la vez?
Son cuestionamientos concretos que no responden a una "estrategia de calumnia" de partido alguno, sino a un reclamo ciudadano de rendición de cuentas y a la necesidad de un cambio verdadero en Zacatecas.
Una costumbre muy socorrida en ciertos grupos políticos es tratar de desviar la atención acusando a los adversarios de los mismos vicios que uno practica. La sabiduría popular ha desenmascarado estas actuaciones con el mote de "al ladrón, ladrón!". Tal es la actitud asumida al parecer por la senadora perredista Claudia Corichi García, en su colaboración en este diario, con el título "La calumnia como estrategia del PRI".
La legisladora acusa la existencia de una presunta "estrategia" del PRI, impulsada por la presidenta Beatriz Paredes, para "acusar falsamente a Gobiernos emanados de otros partidos", con el propósito de posicionarse "de cara la contienda electoral del 2012". Y pone como ejemplo las acusaciones de corrupción, nepotismo, abandono, lucro y persecución política que el nuevo gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso, pronunció en presencia de la mandataria saliente, Amalia García (madre de la senadora Corichi), en su discurso de toma de posesión.
No hay tal estrategia, ni tal conspiración ni tal complot del PRI en contra de los Gobiernos "emanados de otros partidos", porque el juicio sobre el desempeño de un Gobierno saliente lo realizan los ciudadanos en las urnas, no la dirigencia de un partido.
Tal vez sea cierto que Zacatecas obtuvo en la administración de Amalia García los diversos primeros y segundos lugares que la senadora enuncia como muestra de un buen Gobierno (PIB, IED, deuda pública, seguridad, empleo, etc.). Las dudas son otras:
¿Por qué, con tan buenos indicadores sociales y económicos, la ciudadanía zacatecana no refrendó en las urnas la confianza en el PRD y decidió darle una oportunidad a Miguel Alonso y al PRI?
¿Por qué, si Miguel Alonso fue un "férreo defensor del PRD" y secretario de Turismo del Gobierno perredista, marginaron y dejaron ir de su partido a tan valioso cuadro político?
¿Recibir una deuda de 110 millones de pesos en 2004 y entregarla en 5 mil 139 millones seis años después, es decir, 46 veces más alta, no es un endeudamiento alarmante?
¿Suscribir un préstamo de 300 millones de pesos con un banco privado, sin autorización del Congreso, no es un acto de lesa ilegalidad?
¿Destinar 5 mil 300 millones de pesos a la construcción de un palacio burocrático y cancelar programas de construcción de escuelas, hospitales y vivienda popular en un estado con alta marginalidad, es propio de un Gobierno de izquierda identificado "con los más necesitados"?
¿Asignar el 90 por ciento de las obras a dos compañías constructoras, a lo largo de seis años, es un ejemplo de transparencia y manejo escrupuloso de los recursos públicos?
¿Realizar 15 giras de trabajo por Europa y sólo cinco por los municipios del semidesierto zacatecano, es muestra de un Gobierno cercano a la gente?
Hace seis años, el PRI fue la segunda fuerza política en las elecciones de gobernador: ¿acaso se le asignó la Secretaría de la Contraloría o algún otro cargo en el gabinete, como ahora reclama la senadora para el PRD? Exigir o esperar cargos públicos en función del "peso político" de una organización -no en función de las capacidades y aptitudes de los servidores públicos-, es propio de la cultura patrimonialista y corporativista de la partidocracia, no de las democracias modernas.
La asignación de cargos de alta responsabilidad pública en un Gobierno, ¿es el único indicador válido para determinar si se está a favor o en contra de la equidad de género? Michelle Bachelet y Angela Merkel han señalado que es más importante impulsar el acceso masivo de las mujeres a la educación, a la economía, a la protección jurídica y a una "remuneración igual por trabajo igual", que impulsar el arribo de una minoría a cargos burocráticos. Como lo han observado diversas feministas: Reducir la lucha por la igualdad de género a la obtención de cargos políticos, es una visión muy "machista".
Por último, durante cinco años, la hija de la gobernadora ocupó dos cargos públicos: senadora y presidenta del DIF. ¿Qué opinión le merece a la legisladora la prohibición constitucional expresa de que un servidor público federal ocupe dos cargos a la vez?
Son cuestionamientos concretos que no responden a una "estrategia de calumnia" de partido alguno, sino a un reclamo ciudadano de rendición de cuentas y a la necesidad de un cambio verdadero en Zacatecas.
posted by H2AGUA at
10:46 p.m.
