Fecalandia

María Teresa Jardí

En el siglo XX la tortura fue virtualmente legalizada por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso que antaño los ministros de la Corte nada tenían que ver con la caricatura de los que hoy son: una vergüenza para el país. Eso sí, muy bien comprados.

Las bodas “toleradas”, por los ministros conservadores que son hoy los integrantes de la Corte; las bodas “toleradas”, de quienes en función de su libertad como personas deciden casarse con quien les venga en gana, en el D.F., donde ya habían sido legalizadas, que no en toda la república, tienen que ver con el rol bien aprendido por los ministros, del policía “bueno” y del policía “malo”, usado por los torturadores.

Cada vez que dan un palo, luego “resuelven” buscando el aplauso. Impunidad declarada para los culpables en el escandaloso caso de la quema de niños en la Guardería ABC. Salida de los presos de Atenco. Sin castigo a los culpables de la escandalosa, también, violación tolerada —y quizá mandada por los jefes policíacos— a las mujeres así vejadas; e impunidad, garantizada, en el caso del homicidio de Alexis Benhumea y un menor de 14 años. Robo de las pensiones cotizadas al IMSS por los trabajadores. Aceptación de las bodas, entre personas del mismo sexo, en el D.F. Pueblo de memoria corta.

Convencidos están, los ministros, que son parte invaluable para la aplicación del sistema neoliberal con el que a unos se enriquecen hasta lo inaudito a costa de muchos millones a los que se ahorca, que la palmadita en la espalda aminora la puñalada.

La jurisprudencia decía que la primera declaración era la buena “porque esa declaración se realizaba sin asesoría de un abogado”. Abogado que, como la lógica indica, y la telebasura enseña, en muchos casos le aconseja mentir a su defendido. Aunque tampoco es del todo cierto en muchos casos que la ausencia de asesoría garantice la certeza.

También existen las primeras declaraciones —no coaccionadas— que no son ciertas. Un padre que sabe, o que cree, aunque no sea cierto, que el hijo mató a la madre o al revés. Hay mil ejemplos y por eso con el avance de la criminología en los Estados de Derecho la primera declaración no cuenta como prueba y a veces ni como indicio siquiera.

Pero aquí así lo consignaba la jurisprudencia mexicana de la Suprema Corte de Justicia y con la declaración ante la policía llegaban sentenciados los acusados ante el juez que, una a una, rechazaba las pruebas en contrario, aunque supieran que era falsa la declaración primera y aunque las pruebas acumuladas por la defensa le demostraran lo falsa que era.

Y a pesar de que con el tiempo, ante el malestar ciudadano se fueron dando las tesis necesarias para llegar a otra jurisprudencia contradictoria de la primera en el sentido de que la confesión por sí sola no era suficiente si no iba acompañada con otra declaración de un testigo, al menos, siguió imperando para los jueces (viciado el procedimiento a la mexicana que desde siempre se encuentra, y flojos que son muchas veces los jueces) como la cierta la confesión que se realizaba ante la policía.

Con la aparición de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, sumada a movimientos contra la tortura y a los que los desaparecidos tenían como causa y a otros de defensa del campesinado y de los trabajadores, de las mujeres, los discapacitados, ancianos y niños, indígenas, costureras, etc., se medio matizó el que una persona fuera así sentenciada.

Es largo de explicar, incluso porque en algunos casos, como el de los pueblos indios, pasó por cursos de capacitación para convertirse en los actores de su propia defensa. Pero eso y el logro, aunque hoy le resulte difícil de creer, en cuanto a la tortura erradicada de algunos lugares, como Chihuahua, son materia de otras colaboraciones.

Cancelados fueron del todo los avances desde Zedillo, con la contratación de brujas y desentierro de cadáveres, convertida la PGR desde entonces en cobradora de venganzas del ejecutivo en turno. Convertido el país en Foxilandia, se siguió consolidando del todo el golpe a la Corte (dado por Zedillo y en inaugurarse el país como Fecalandia), e hizo su aparición el show televisivo, convirtiendo la presentación de los detenidos, teatralmente montada, en parte del engaño encubridor de una guerra, que no es guerra, pero que con 28 mil ejecutados ya cuenta como parte de la limpia racista que contra el pueblo mexicano está cometiendo la derecha fascista. Si no son culpables para enviarlos al reclusorio virtualmente ya sentenciados luego de la presentación televisiva, sí son culpables para soltarlos en cuanto se apaguen las cámaras que la imagen al televisor, deseducativo y desinformativo, envían a los espectadores que todo se lo creen.

Es falso que una vez establecida una jurisprudencia no sea un peligro la misma. Y la jurisprudencia con la que se comete el atraco a las pensiones de los trabajadores, dado el malestar ciudadano y en medio de lo que pinta para convertirse en un movimiento de trabajadores: primero los mineros, luego los electricistas, ahora los pilotos, más la legalización del robo de las pensiones a todos los cotizantes al IMSS por ese rubro y sin poder confiar en lo dicho ni por el usurpador ni por el que hoy encabeza el lugar desde donde se privatizan las guarderías y se convierten en el —atracante— negocio de las familias de los mafiosos que hoy usurpan el poder.

Lo que queda claro es que la jurisprudencia con la que se roban las pensiones llegó para quedarse y aplicarse en un futuro cercano como el resto de males entre los que destaca la limpia de personas que Calderón encabeza como autor de la inseguridad que en México es ya casi la única certeza.