Las vísperas de lo infame

Jorge Lara Rivera

El hipócrita doble discurso de la administración federal prosigue. Proliferan promocionales en prensa, espectaculares, spots radiofónicos y televisivos del régimen, autoelogiándose para apuntalar conjuntamente a la Iniciativa México el espejismo y allanar a cómplices suyos el camino de las próximas elecciones. La proclividad del Ejecutivo panista a dar uso sectario a instituciones gubernamentales y criminalizar a conveniencia con recursos y aberraciones jurídicas (“arraigo”/condena previa, “delación”/denuncia anónima, “testigo protegido”/mercenario colaboracionismo delincuencial) cuya autorización obtuvo, presionando con su fracasada y desorganizada guerra al narco y el crimen organizado (que ya perdió hasta el nombre: “Lucha por la Seguridad Pública”) queda evidenciado por sonadas pifias de investigaciones donde primero se arraiga con lujo de fuerza y escándalo de medios, para luego dejar ir por falta de pruebas a los perjudicados; eso sí, a las calladas, sin indemnización y ni siquiera el “disculpe” (¿verdad, Fdo. Gómez Mont U.?).

Y es que esto de fabricar expedientes y promover linchamientos mediáticos va en aumento –y no sólo contra líderes obreros incómodos; se vio en el aniversario de la tragedia de la guardería “ABC” (49 niños muertos y daños permanentes infligidos a 79 sobrevivientes) de Hermosillo, Sonora, cuando, al calor de la ira y la frustración, el clamor mediáticamente azuzado y manipulado propició el ambiente que dejó al cinismo oficialista, mediante complicidades y enredos, eludir el riesgo de la justicia a panistas funcionarios federales involucrados –caso atraído por la Suprema Corte– y sacar raja política equiparando responsabilidades de aquéllos (Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam Toumeh –por omisiones actuales del IMSS en la atención de los supervivientes– y la Coordinadora de Guarderías) encargados de los controles, lineamientos y estándares a cubrir por negocios como las “guarderías subrogadas” por la especial naturaleza del cuidado de niños a su cargo, con otros –estatales– pretendiendo embarrar a Eduardo Bours Castelo, ex gobernador de la entidad, pretextando que falló Protección Civil estatal y el jefe de Bomberos nunca se presentó, sus subalternos ambos.

Nadie mencionó, por cierto, ¿dónde estaba la Secretaría de la Función Pública –esa que, ya empoderado el de “las manos limpias”, a la primera oportunidad trató de desaparecer fusionándola a otra dependencia–, sí, cuando el IMSS (cuya función sustantiva es el control normativo y velar por su aplicación de modo permanente y no sólo cuando ha ocurrido un percance o, peor, en cumplimiento de alguna consigna) autorizó abrir su negocio a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella –pariente muy ligada a la esposa del titular del Ejecutivo federal. Esa omisión protegió del escándalo a Germán Martínez Cazares, ex titular de la entonces SECODAM y a Salvador Vega Casillas, el actual Secretario de la Función Pública.

Su responsabilidad en este asunto es por omisión perjuiciosa que permitió burlar reglas básicas (carencia de salidas de emergencia, uso del suelo en cercanía de una gasolinera; normas mínimas de seguridad violentadas desde la autorización otorgada, ese espaldarazo federal al cual difícilmente podría haberse opuesto el criterio político –se entiende– de Bours Castelo. La lógica propuesta por aquéllos pretendía que todos eran responsables en igual manera; ocultando que una estricta aplicación de ésa implicaba también demandar la remoción e investigación del titular del Ejecutivo federal, por cuanto es jefe máximo, tanto del director del IMSS como del titular de la SECODAM y de todos quienes descienden de ellos en la cadena de mando que tuvieron que ver algo con el siniestro. Pero ya la Corte se ha curado en salud.

Por eso nuevos escándalos (como la publicitada aparición de armas en la avioneta caída de los malogrados colaboradores del candidato Borge, en Quintana Roo) precipitan suspicacias de previsibles conclusiones en la desatinada PGR de Núñez y Núñez, y maliciar “siembra” interesada como en el allanamiento y cateo del predio con supuesto hallazgo del kilo de explosivos plásticos. No menos oportunista que prodigiosa es la coincidente “aparición” de supuestas conversaciones achacadas a Fidel Beltrán, y dan paso a preguntas perturbadoras: por ejemplo, ¿quién graba –el CISEN, el RENAUT?– llamadas, por qué, siguiendo órdenes de quién y mandato de qué ley? ¿Se ayuda a Miguel A. Yunes L., vasallo de Elba E. Gordillo M., aliada del capo de Los Pinos? Aparte la cobarde falsía de César Nava, rasgándose vestiduras como si ignorara lo cocinado en SEDESOL, de veras da curiosidad saber quién filtró las grabaciones. Y, ¿por qué excavar en el expediente académico de Beatriz Paredes en la UNAM? Nadie se haga ilusiones: es el toque de llamada, la “guerra sucia” comenzó.