Someter a Calderón al 29 constitucional

Recado al Congreso general

De dientes para fuera los azules y su facción calderonista en el poder presidencial, han invocado la legalidad, necesarísima, por cierto, para que el titular del Poder Ejecutivo federal, al ejercer sus facultades y obligaciones, no incurra en causa grave para su renuncia (artículo 86 de la Ley Suprema).

Y para que las acciones militares al combatir narcotráfico, narcopolítica y las demás delincuencias que tienen a la nación en “grave peligro” por la perturbación de la paz pública tengan legalidad, es indispensable el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 constitucional que a la letra dice:

“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.

Ya el operativo realizado en Michoacán puso en riesgo la división de poderes federales y los fundamentos de los Estados de la federación, mostrando abuso de poder presidencial que compromete al sistema democrático-republicano que postula la estructura jurídica y política del Estado, su gobierno y a la nación, para su convivencia sujeta al imperio de la ley sin concesiones de ninguna especie.

No deben seguir los operativos militares sin sujetarse rigurosamente a la legalidad del orden constitucional. El Estado de derecho mexicano exige someter los actos de sus gobernantes, a los principios de la ley suprema de toda la Unión, para no interrumpir su observancia.

Las delincuencias son una rebelión contra el Estado y su Constitución, por lo que es indispensable que los actos del señor Calderón vayan de la manu militari y ante todo de todo el corpus constitucional si no se quiere que el fantasma de Victoriano Huerta aparezca amenazadoramente.