25 de Enero del 2009: El Zocalo de AMLO

Andrés Manuel López Obrador encabezó la movilización del Frente Amplio Progresista en el Zócalo capitalino, donde señaló que la crisis económica empeorará las condiciones de la mayoría de los mexicanos. Anunció una nueva etapa de resistencia civil, ya que, aseguró, ‘‘el cambio no vendrá de la clase política en el gobierno, la cual está empecinada en el lucro, el discurso de la mentira y el desdén’’

Anuncia AMLO estrategia nacional ante el empeoramiento de la crisis

Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que la crisis económica empeorará, y ante ello anunció una nueva etapa de la resistencia civil para buscar soluciones colectivas que eviten cobros indebidos en el consumo de combustibles, electricidad, agua, predial, tarjetas de crédito, hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios, así como proteger las pensiones de los trabajadores que, afirmó, han perdido más de 50 mil millones de pesos en los meses recientes.

En asamblea general con miles de brigadistas reunidos en el Zócalo capitalino, el ex candidato presidencial llamó a nuevas movilizaciones ante la Secretaría de Hacienda, las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Bancos de México, y manifestó que “la triste realidad” que viven miles de mexicanos se traduce en desempleo, carestía, pobreza, inseguridad y violencia, “pero sobre todo existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración”, frente a un ambiente de insensibilidad e indolencia del gobierno.

Agradeció el apoyo y expresó su reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista (FAP), en particular el petista Alberto Anaya, el presidente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, y los perredistas Alejandro Encinas y Alejandra Barrales, presidenta del PRD capitalino, todos presentes en la reunión.

López Obrador debió aguardar 15 minutos para iniciar su discurso, pues justo cuando iba a tomar la palabra se inició el llamado a misa en Catedral; mientras algunos asistentes protestaron, otros aprovecharon para asistir a la celebración litúrgica, aunque debieron dejar en las puertas del atrio sus pancartas y propaganda. También destacó el operativo que desplegó la Policía Federal Preventiva, con elementos femeniles en toda la acera del Palacio Nacional, detrás de vallas metálicas.

En el discurso, López Obrador confirmó que a partir de febrero se instalarán 31 casas en defensa de la economía popular en las capitales de los estados, así como 16 en las delegaciones del Distrito Federal. Señaló que las acciones de resistencia civil permitirán “seguir presionando al gobierno usurpador” para que proteja al pueblo porque, dijo, “todo apunta a que la situación va a empeorar”. Ejemplificó que el peso se devaluó 40 por ciento respecto del dólar y continúa en aumento el despido masivo de trabajadores.

Cuestionó la falta de voluntad y capacidad del gobierno calderonista para enfrentar ese desafío, “porque está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral. Está atado de pies y manos. Además es muy inepto”.

Explicó que la crisis nacional se origina por la corrupción y la desigualdad, que derivan en un mal gobierno, y señaló como responsables a quienes se adueñaron del poder y de las instituciones. “En nuestro país existe una república aparente, simulada, falsa; hay poderes constitucionales, pero en los hechos un grupo los ha confiscado. Esta especie de dictadura encubierta no sólo nulificó la vida democrática, sino causó una profunda desigualdad económica y social”, resaltó.

Advirtió que en contraste “se ha creado una clase parasitaria de altos funcionarios públicos y políticos que gozan de privilegios”. Recordó que desde 2000 los gobiernos federales panistas aumentaron el gasto corriente en 72 por ciento, y que en los dos años de Felipe Calderón ha crecido en 400 mil millones de pesos.

“Ahora bien –se preguntó–, si no ha habido crecimiento económico, si hay una profunda desigualdad social y se padece de una dictadura encubierta, ¿cómo es entonces que no ha habido un estallido social? La respuesta tiene que ver con la nobleza y la vocación pacifista de nuestro pueblo, y con el papel de válvulas de escape que han jugado la economía informal y el fenómeno migratorio.”

Pero acotó que aun cuando no se ha desbordado el descontento, la manifestación más inequívoca del fracaso de la política económica vigente es “el crecimiento tan preocupante de la desigualdad y de la violencia”. Insistió en que un cambio económico no surgirá de la clase política en el gobierno, “empecinada en el lucro, en el discurso de la mentira y en el desdén, pensando que con el control de los medios de comunicación seguirá imponiéndose”. Por ello, dijo, la movilización debe continuar.

Antes, Alejandro Encinas detalló la estrategia de esta nueva etapa de la resistencia civil pacífica: campaña de difusión, del 26 al 30 de enero; martes 3 de febrero, a las 17 horas, mitin frente a Hacienda, en la avenida Hidalgo de la ciudad de México, para exigir un cambio en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina, el diesel, la luz, el gas, se derogue el IETU y se protejan los fondos de pensiones; miércoles 17 de febrero, a la misma hora, asambleas del movimiento frente a las oficinas de LFC y de CFE, en las 31 entidades y el Distrito Federal.

El siguiente mes, apertura de las casas del movimiento; 3 de marzo, a las 17 horas, mitin frente a la AMB, en rechazo a las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito; miércoles 18, a la misma hora, reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento a Lázaro Cárdenas, en el Eje Central, y el 22, a las 10 horas, en el Zócalo capitalino, asamblea informativa.

En la última parte de su discurso, Andrés Manuel López Obrador exigió la cancelación del proyecto multimedia Resplandor teotihuacano y protestó por los daños ocasionados a esa zona arqueológica. También expresó su solidaridad y la del movimiento con los familiares de los 65 mineros que murieron en Pasta de Conchos, y a los mineros de Cananea, en huelga desde hace 18 meses, que “sufren acoso, represión y confabulación entre autoridades federales y el dueño de Grupo México”.

Igual solidaridad expresó a los potosinos que defienden el cerro de San Pedro, explotado por la Minera San Xavier; al pueblo de Zimapán, Hidalgo, que rechaza la construcción de un basurero de residuos tóxicos, razón por la cual, afirmó, el tribunal electoral desconoció al alcalde electo del PRD, José María Lozano. También se refirió al caso del presidente municipal electo de San Marcos, Guerrero, a quien se le quitó, dijo, el triunfo para dárselo al PRI.

Exigió la libertad de los maestros de Mexicali Héctor Manuel Lara, Carlos Antonio Castro y Álvaro Escamilla, encarcelados “con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna” por encabezar un movimiento en contra de Elba Esther Gordillo.

Demandó la libertad de los “presos políticos” de Atenco y de todos los luchadores sociales hostigados o privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente; reiteró su solidaridad a los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez; respaldó a los trabajadores técnicos de Pemex por organizarse y defender sus derechos, y expresó reconocimiento a campesinos y pescadores.


■ De camorras y corderos
■ PRD: ¿nuevo cochinero?
■ Venganzas en Oaxaca y Chiapas

Jesús Ortega (JO) ha buscado más de cinco veces entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador. La respuesta ha sido no. El presidente del comité nacional perredista, sin embargo, ha decidido dar muestras de recompostura con el movimiento lopezobradorista, que semanas atrás era desdeñado (voces del chuchismo hubo que se mostraban impacientes porque el tabasqueño “aún” no dejaba el sol azteca). En ese contexto engañoso de presunta reunificación acelerada se ha dado el regreso “activo” del orteguismo al seno del Frente Amplio Progresista, el reconocimiento de que esta agrupación debe tener oficinas proporcionadas por el PRD, la aceptación de que AMLO es el líder de un abanico tan amplio que no puede hacer campaña exclusivamente con los candidatos de color negro y amarillo y, ayer, las declaraciones de JO en el sentido de que no habrá más “problema” con López Obrador y que en el PRD terminaron “los pleitos y los conflictos camorristas”, de tal manera que en el futuro inmediato los ciudadanos verán un partido serio, maduro, propositivo y bien portado.

Las reconsideraciones de Ortega pueden provenir de la medición del daño electoral que pueden sufrir tanto el paquete chuchista de candidatos a puestos de elección popular, como el PRD en su conjunto, si persiste la confrontación entre la coalición PT-Convergencia-AMLO y el partido del sol azteca dominado por Nueva Izquierda. Más si se toma en cuenta que en lugares como Guerrero se produjo una especie de sublevación cuando la directiva local perredista, contra la línea dictada por el comité nacional, envió una solicitud por escrito a López Obrador para formar alianzas de facto que eviten el síndrome de Acapulco (cuando, divididos, PRD y PT-Convergencia abrieron el paso al triunfo del PRI).

Sin embargo, la bandera blanca esgrimida por Ortega podría ser dolosa si continúa el proceso de elección “democrática” de candidatos en demarcaciones donde el PRD tiene fuerza, pero ésta será casi inevitablemente dividida, y mediáticamente expuesta a nuevos desgastes como los sucedidos luego del “cochinero” entre Ortega y Alejandro Encinas. La hegemonía perredista del DF está en riesgo si, para sacar adelante a sus favoritos, son puestos en juego los recursos públicos y privados, oscuros o solamente turbios, de los delegados, el gobierno central capitalino y los promotores subterráneos de la división perredista (no solamente Los Pinos). Un nuevo episodio de suciedad electoral interna, debidamente difundida en medios masivos, daría aire y argumentos al panismo. Lo mismo sucedería en el estado de México, donde Peña Nieto está listo para aceitar las candidaturas “perredistas” aliadas. Y en Zacatecas el choque entre la corriente monrealista y el PRD amalista sería también causa de desunión. Ortega, ciertamente, busca negociar, lo que hasta ahora no ha podido hacer con AMLO. Pero también pudiera ser que la apariencia de cordero recon- ciliador sea una forma de fijar postura para que el probable cochinero de las programadas elecciones internas en el estado de México y el DF le sea adjudicado a los adversarios: ¡Al lobo, al lobo!, mientras el PRD se divide en zonas estratégicas y el PRI y Los Pinos se dan por bien servidos.

Astillas

El pasado 23 fue asesinado otro de los principales jefes de las “caravanas de la muerte” que actuaron en Oaxaca contra la movilización social organizada por la APPO. Aristeo López Martínez (homónimo de un directivo de la Policía Federal Preventiva asesinado en la delegación Coyoacán del Distrito Federal el 2 de mayo de 2008) fue acribillado en un vehículo deportivo amarillo, convertible y sin placas, que conducía en la capital del estado (el ahora difunto era coleccionista de automóviles y motocicletas de lujo). Este crimen se produjo a una semana de cumplirse el primer aniversario del todavía impune asesinato de Alejandro Barrita, quien fue jefe policiaco oaxaqueño también involucrado en represiones públicas y clandestinas. López Martínez era testigo protegido por la PGR (formalmente, miembro de la AFI) para aportar datos relacionados con la desaparición forzada de dos dirigentes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por cierto, al siguiente día del asesinato de López Martínez, decenas de soldados detuvieron a quienes escoltaban en un restaurante al presidente estatal del PRI, Jorge Franco, aspirante a gobernador y presunto jefe máximo de la represión extraoficial... En Chiapas se han desatado las venganzas políticas. Ayer fue encarcelado Mariano Herrán, quien fue poderoso fiscal antidrogas a nivel nacional en el último tramo del zedillismo y procurador general de justicia durante todo el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. El llamado Fiscal de hierro había sido beneficiado por Salazar con una reforma constitucional transexenal que convirtió la procuraduría en una Fiscalía General de Justicia que mantendría a Herrán hasta 2009. Juan Sabines hizo que el Congreso local transformara la Fiscalía en Ministerio de Justicia y, para sacar a Herrán, negoció convertirlo en secretario de Economía, de donde fue despedido el año pasado. Ahora, el multimencionado Herrán es acusado de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y brotan las acusaciones en su contra por violaciones de leyes y de derechos humanos. Al ex gobernador Salazar, además, se le ha retirado la guardia policiaca que conforme a disposiciones legales vigentes le corresponde tener por seis años posteriores a la finalización de su mandato, y en torno a su madre, de 80 años, se han montado operaciones policiacas intimidatorias. Además, Salazar asegura que las 24 horas del día lo siguen y vigilan nueve motocicletas y diez patrullas con policías a bordo... Y, mientras Joel Ortega, ex secretario de Seguridad Pública capitalina, continúa asomándose a actos políticos como el de ayer en el Zócalo, donde recibió saludos afectuosos tanto en el templete como en la parte baja, ¡hasta mañana, con el PAN enredado en sus dedazos, como sucedió en Campeche, donde los inconformes con los designios de Papá Mouriño consiguieron que no hubiera “destape” este sábado anterior, sino consulta a la base el 15 de marzo!