Narcocandidatos, la nueva generación de políticos
Ricardo Ravelo
MÉXICO, D.F. 10 de noviembre (apro).- El pasado 15 de julio, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, encendió las luces de alerta en el país al afirmar que no puede descartarse la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrada en las campañas de algunos legisladores.
Ante un reducido grupo de corresponsales extranjeros acreditados en México, el funcionario añadió que los capos del narcotráfico se han convertido en la principal amenaza para el país, porque tratan, dijo, de hacerse del poder del Estado mexicano.
Tan pronto trascendieron dichas declaraciones, legisladores del PRI y del PRD exigieron a Valdés nombres de los diputados cuyas campañas fueron financiadas por el narcotráfico.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, fue más lejos al presentar una denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra del titular del Cisen por los presuntos delitos de: revelación de secretos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e intimidación.
Aunque México parece distante de la experiencia colombiana, donde un legislador, Pablo Escobar Gaviria, se convirtió, a la postre, en el jefe máximo del cártel de Medellín, el más poderoso que ha operado en el país sudamericano, lo cierto es que esa realidad ya bordea al país.
Sobre todo, en aquellas entidades que son asiento de los principales cárteles.
De ahí, el temor de las autoridades de que el poder corruptor del narcotráfico vaya a penetrar a los partidos políticos, de cara a las elecciones del próximo año.
No fue gratuito que tanto el presidente Felipe Calderón como el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, hayan hecho enérgicos llamados a los precandidatos de su partido a diputados federales o gobernadores a "cerrarles los espacios al narco".
El pasado 20 de septiembre, en una declaración insólita, el presidente Felipe Calderón habló de este problema ante la cúpula de su partido; dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre "los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico".
Ante la amenaza del narco, cuyo dinero se dice que ya está impulsando campañas de precandidatos a diputados federales y a gobernadores, Calderón añadió:
"Esas plagas, sin duda, han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales.
"Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano", advirtió.
En la edición del 15 de septiembre, en la columna "Expedientes abiertos", el periodista de El Universal, Roberto Rock, se refirió al escandaloso historial del aspirante más fuerte del PRI a la gubernatura de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, a quien presuntamente se le relaciona con el tráfico de drogas y con personajes emblemáticos del narco.
Dice Rock: "Se trata de Jesús Vizcarra Calderón, pariente directo de Jesús Inés Calderón Quintero, un conocido narcotraficante muerto en marzo de 1988. De acuerdo con versiones nunca esclarecidas, la fortuna del criminal desaparecido, sumada a apoyos de nombres ligados al crimen organizado como Ismael Mayo Zambada, podrían haber impulsado los negocios del señor Vizcarra, quien, por cierto, ha revolucionado el mercado al frente de su compañía Sukarne, la cual tiene ramificaciones en varios países."
Vizcarra Calderón ha sido presidente municipal de Culiacán; diputado federal en la LIX Legislatura, consejero del Comité Nacional de Financiamiento del PRI, exsecretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, entre otros cargos.
Pero hay otros personajes con historias y relaciones tan escandalosas como impunes.
En Veracruz, feudo del cártel del Golfo, se perfila como candidato del PRI a diputado federal Rómulo Salazar Macías, personaje presuntamente relacionado al narcotráfico. Esta sería la segunda ocasión que Salazar Macías busca una curul en el Congreso de la Unión.
El corredor Náutla-Costa Esmeralda-Papantla-Tuxpan, en el que políticamente se mueve Salazar Macías, está considerado como la zona de mayor movimiento de drogas en el país. Es una ruta clave, según autoridades federales, para la introducción de cuantiosos cargamentos de droga que provienen de Sudamérica y que cruzan por Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros, Tamaulipas.
De acuerdo con autoridades federales, a Salazar Macías -cuyo feudo es el distrito de Papantla, localizado al norte del estado-- también se le vinculó con dos personajes del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe de esa organización criminal.
El precandidato del PRI despliega toda su fuerza política para alcanzar la diputación federal, a pesar de que se le relaciona, al menos con dos asesinatos: el del periodista Raúl Gib Guerrero, exdirector del diario La Opinión, de Poza Rica, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.
De este segundo crimen lo acusa el pistolero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 declaró "que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar", por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios que lo ejecutaron.
La impunidad de la que goza en Veracruz Rómulo Salazar Macías es sólida. Esto ha impedido no sólo que se le investigue -o se le detenga-, sino que sea un personaje intocable, al igual que varios de sus familiares más cercanos.
Un dato más que confirma la poderosa cortina de impunidad que lo protege es el siguiente: La madrugada del pasado 16 de agosto, Rómulo Salazar hijo asesinó, en una riña callejera, a Pedro Silva Amador. El hecho se registró en la calle tres, a unos cinco metros de la Comisión del Agua del municipio de Papantla, y quedó registrado en la averiguación previa PAP2/278/08. Tras cometer el crimen, el hijo del precandidato priista se dio a la fuga, según se asienta en la indagatoria, y desde entonces ninguna autoridad lo ha citado a declarar.
Salazar Macías forma parte del grupo político que encabezan Carlos Brito Gómez y Edel Álvarez Peña, exdiputado local y exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz. Al mismo equipo pertenece Marcelo Montiel -actual alcalde de Coatzacoalcos-- y José Francisco Yunes Zorrilla, presidente estatal del PRI. Este equipo político fue el impulsor, en el 2004, de Tomás Ruiz González, exdirector del Sistema de Administración Tributaria, como precandidato a la gubernatura de Veracruz.
La contaminación del narcotráfico en la vida política no es nueva, aunque el presidente Felipe Calderón sostenga que en la actualidad los partidos políticos le deben cerrar el paso al crimen organizado. Ante este escenario, parece que el llamado presidencial llega demasiado tarde:
A principios de este año, el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aceptó la presencia del narcotráfico en el proceso electoral de esa entidad, enclave de los cárteles del Golfo y de Sinaloa.
El 11 de noviembre de 2007 hubo elecciones en Michoacán para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Tres meses antes de los comicios, varios precandidatos a diputados y alcaldes de todos los partidos fueron investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada (SIEDO) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio en sus tareas proselitistas.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04, Antonio Cruz Lucatero, quien fungía como alcalde de Apatzingán y era precandidato a diputado local, fue sometido a una investigación por su presunta relación con una red de distribuidores de metanfetaminas asentada en Morelia. La indagatoria sigue abierta.
Según la investigación, a Cruz Lucatero se le relacionó con Alfredo Fulgencio Saucedo y Rubén Flores Olivo, El Chespi, acusados del delito de distribución de cocaína, según el expediente PP.lll-106/2004. También se descubrió que una de las casas donde vive Flores Olivo y su esposa de nombre Liliana es propiedad de Cruz Lucatero.
A Cruz Lucatero también se le relacionó con Enoc Tafoya Torres, quien está preso desde el 2006 por sus ligas con el cártel del Golfo. Desde el penal de Puente Grande, donde está recluido, este personaje acusó a otros políticos michoacanos de estar coluditos con el crimen organizado.
Otro caso escandaloso es el del exalcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla, Rubén Gil Campos, quien fue detenido en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas.
En las recientes elecciones de alcaldes y diputados locales de Guerrero, el narcotráfico sembró el terror. El candidato a diputado local, Catarino Duarte, fue "rafagueado" por presuntos narcos: veinte tiros de rifles AK-47 y R-15 perforaron su camioneta. El aspirante perredista logró salvar la vida, pues sólo una bala rozó su brazo.
Según reportes de la prensa local, en Tierra Caliente, la mayoría de los candidatos se sentían abandonados por las autoridades, vulnerables ante el poder del narcotráfico que trataba de ganar las elecciones e imponer a sus hombres mediante el juego del terror y el uso de sus armas.
El periodista Ezequiel Flores reportó que muchos candidatos realizaron sus tareas proselitistas con chalecos antibalas o a bordo de camionetas blindadas con los más altos niveles que existen en el mercado de las corazas, por el temor al narcotráfico.
En gran medida, la ola de terror que vivió Guerrero se le atribuyó a las disputas entre los grupos armados Los Pelones y Los Zetas, que equivale a la guerra entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo que impulsaron a varios personajes a los distintos cargos de elección popular.
Tan grave está la presencia del narco en la tarea política del país -y peor el riesgo latente de que el próximo año personajes del narcotráfico abanderen a sus piezas que irán al Congreso- que el Instituto Federal Electoral ya anunció que buscará firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República para evitar que el dinero del crimen organizado entre a las próximas campañas políticas.
MÉXICO, D.F. 10 de noviembre (apro).- El pasado 15 de julio, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, encendió las luces de alerta en el país al afirmar que no puede descartarse la posibilidad de que dinero del narcotráfico esté involucrada en las campañas de algunos legisladores.
Ante un reducido grupo de corresponsales extranjeros acreditados en México, el funcionario añadió que los capos del narcotráfico se han convertido en la principal amenaza para el país, porque tratan, dijo, de hacerse del poder del Estado mexicano.
Tan pronto trascendieron dichas declaraciones, legisladores del PRI y del PRD exigieron a Valdés nombres de los diputados cuyas campañas fueron financiadas por el narcotráfico.
El coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, fue más lejos al presentar una denuncia penal en la Procuraduría General de la República en contra del titular del Cisen por los presuntos delitos de: revelación de secretos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e intimidación.
Aunque México parece distante de la experiencia colombiana, donde un legislador, Pablo Escobar Gaviria, se convirtió, a la postre, en el jefe máximo del cártel de Medellín, el más poderoso que ha operado en el país sudamericano, lo cierto es que esa realidad ya bordea al país.
Sobre todo, en aquellas entidades que son asiento de los principales cárteles.
De ahí, el temor de las autoridades de que el poder corruptor del narcotráfico vaya a penetrar a los partidos políticos, de cara a las elecciones del próximo año.
No fue gratuito que tanto el presidente Felipe Calderón como el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Martínez, hayan hecho enérgicos llamados a los precandidatos de su partido a diputados federales o gobernadores a "cerrarles los espacios al narco".
El pasado 20 de septiembre, en una declaración insólita, el presidente Felipe Calderón habló de este problema ante la cúpula de su partido; dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre "los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico".
Ante la amenaza del narco, cuyo dinero se dice que ya está impulsando campañas de precandidatos a diputados federales y a gobernadores, Calderón añadió:
"Esas plagas, sin duda, han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales.
"Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano", advirtió.
En la edición del 15 de septiembre, en la columna "Expedientes abiertos", el periodista de El Universal, Roberto Rock, se refirió al escandaloso historial del aspirante más fuerte del PRI a la gubernatura de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, a quien presuntamente se le relaciona con el tráfico de drogas y con personajes emblemáticos del narco.
Dice Rock: "Se trata de Jesús Vizcarra Calderón, pariente directo de Jesús Inés Calderón Quintero, un conocido narcotraficante muerto en marzo de 1988. De acuerdo con versiones nunca esclarecidas, la fortuna del criminal desaparecido, sumada a apoyos de nombres ligados al crimen organizado como Ismael Mayo Zambada, podrían haber impulsado los negocios del señor Vizcarra, quien, por cierto, ha revolucionado el mercado al frente de su compañía Sukarne, la cual tiene ramificaciones en varios países."
Vizcarra Calderón ha sido presidente municipal de Culiacán; diputado federal en la LIX Legislatura, consejero del Comité Nacional de Financiamiento del PRI, exsecretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, entre otros cargos.
Pero hay otros personajes con historias y relaciones tan escandalosas como impunes.
En Veracruz, feudo del cártel del Golfo, se perfila como candidato del PRI a diputado federal Rómulo Salazar Macías, personaje presuntamente relacionado al narcotráfico. Esta sería la segunda ocasión que Salazar Macías busca una curul en el Congreso de la Unión.
El corredor Náutla-Costa Esmeralda-Papantla-Tuxpan, en el que políticamente se mueve Salazar Macías, está considerado como la zona de mayor movimiento de drogas en el país. Es una ruta clave, según autoridades federales, para la introducción de cuantiosos cargamentos de droga que provienen de Sudamérica y que cruzan por Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros, Tamaulipas.
De acuerdo con autoridades federales, a Salazar Macías -cuyo feudo es el distrito de Papantla, localizado al norte del estado-- también se le vinculó con dos personajes del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza de Osiel Cárdenas Guillén, exjefe de esa organización criminal.
El precandidato del PRI despliega toda su fuerza política para alcanzar la diputación federal, a pesar de que se le relaciona, al menos con dos asesinatos: el del periodista Raúl Gib Guerrero, exdirector del diario La Opinión, de Poza Rica, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.
De este segundo crimen lo acusa el pistolero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 declaró "que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar", por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios que lo ejecutaron.
La impunidad de la que goza en Veracruz Rómulo Salazar Macías es sólida. Esto ha impedido no sólo que se le investigue -o se le detenga-, sino que sea un personaje intocable, al igual que varios de sus familiares más cercanos.
Un dato más que confirma la poderosa cortina de impunidad que lo protege es el siguiente: La madrugada del pasado 16 de agosto, Rómulo Salazar hijo asesinó, en una riña callejera, a Pedro Silva Amador. El hecho se registró en la calle tres, a unos cinco metros de la Comisión del Agua del municipio de Papantla, y quedó registrado en la averiguación previa PAP2/278/08. Tras cometer el crimen, el hijo del precandidato priista se dio a la fuga, según se asienta en la indagatoria, y desde entonces ninguna autoridad lo ha citado a declarar.
Salazar Macías forma parte del grupo político que encabezan Carlos Brito Gómez y Edel Álvarez Peña, exdiputado local y exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz. Al mismo equipo pertenece Marcelo Montiel -actual alcalde de Coatzacoalcos-- y José Francisco Yunes Zorrilla, presidente estatal del PRI. Este equipo político fue el impulsor, en el 2004, de Tomás Ruiz González, exdirector del Sistema de Administración Tributaria, como precandidato a la gubernatura de Veracruz.
La contaminación del narcotráfico en la vida política no es nueva, aunque el presidente Felipe Calderón sostenga que en la actualidad los partidos políticos le deben cerrar el paso al crimen organizado. Ante este escenario, parece que el llamado presidencial llega demasiado tarde:
A principios de este año, el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, aceptó la presencia del narcotráfico en el proceso electoral de esa entidad, enclave de los cárteles del Golfo y de Sinaloa.
El 11 de noviembre de 2007 hubo elecciones en Michoacán para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Tres meses antes de los comicios, varios precandidatos a diputados y alcaldes de todos los partidos fueron investigados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia organizada (SIEDO) por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y por disponer de dinero sucio en sus tareas proselitistas.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04, Antonio Cruz Lucatero, quien fungía como alcalde de Apatzingán y era precandidato a diputado local, fue sometido a una investigación por su presunta relación con una red de distribuidores de metanfetaminas asentada en Morelia. La indagatoria sigue abierta.
Según la investigación, a Cruz Lucatero se le relacionó con Alfredo Fulgencio Saucedo y Rubén Flores Olivo, El Chespi, acusados del delito de distribución de cocaína, según el expediente PP.lll-106/2004. También se descubrió que una de las casas donde vive Flores Olivo y su esposa de nombre Liliana es propiedad de Cruz Lucatero.
A Cruz Lucatero también se le relacionó con Enoc Tafoya Torres, quien está preso desde el 2006 por sus ligas con el cártel del Golfo. Desde el penal de Puente Grande, donde está recluido, este personaje acusó a otros políticos michoacanos de estar coluditos con el crimen organizado.
Otro caso escandaloso es el del exalcalde de Izúcar de Matamoros, Puebla, Rubén Gil Campos, quien fue detenido en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas.
En las recientes elecciones de alcaldes y diputados locales de Guerrero, el narcotráfico sembró el terror. El candidato a diputado local, Catarino Duarte, fue "rafagueado" por presuntos narcos: veinte tiros de rifles AK-47 y R-15 perforaron su camioneta. El aspirante perredista logró salvar la vida, pues sólo una bala rozó su brazo.
Según reportes de la prensa local, en Tierra Caliente, la mayoría de los candidatos se sentían abandonados por las autoridades, vulnerables ante el poder del narcotráfico que trataba de ganar las elecciones e imponer a sus hombres mediante el juego del terror y el uso de sus armas.
El periodista Ezequiel Flores reportó que muchos candidatos realizaron sus tareas proselitistas con chalecos antibalas o a bordo de camionetas blindadas con los más altos niveles que existen en el mercado de las corazas, por el temor al narcotráfico.
En gran medida, la ola de terror que vivió Guerrero se le atribuyó a las disputas entre los grupos armados Los Pelones y Los Zetas, que equivale a la guerra entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo que impulsaron a varios personajes a los distintos cargos de elección popular.
Tan grave está la presencia del narco en la tarea política del país -y peor el riesgo latente de que el próximo año personajes del narcotráfico abanderen a sus piezas que irán al Congreso- que el Instituto Federal Electoral ya anunció que buscará firmar un convenio con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República para evitar que el dinero del crimen organizado entre a las próximas campañas políticas.
posted by H2AGUA at
10:54 p.m.
