México SA
La Jornada / Carlos Fernández Vega
■ La palabra empeñada de Beatriz Paredes
■ Calderón envía cadáveres al Senado
Si la dirigente nacional priísta, Beatriz Paredes, cumple la palabra empeñada en el debate que se desarrolla en el Senado de la República y con ello honra la declaración de principios de su partido, la “reforma” calderonista para la industria petrolera está más que muerta, y su cadáver sólo pernocta en Xicoténcatl en espera de cabal sepultura. Ello no sólo por la valiosa intervención de la tlaxcalteca, sino por algo más elemental: sin los votos tricolores, tal “reforma” simple y sencillamente no pasa. Y los tres “no” de la Paredes apuntan en tal dirección.
El sentido del voto del conjunto de partidos agrupados en el FAP, al igual que el de los panistas, está más que definido, pero ninguna de las dos fuerzas políticas es autosuficiente para cancelar o sacar adelante la intentona privatizadora del inquilino de Los Pinos e intereses que representa. Ambas requieren de la negativa o afirmativa tricolor, en el que diputados y senadores manifiestan posiciones encontradas (especialmente si se considera la cúpula legislativa que ha acostumbrado vender cada vez más caro su amor), lo que resulta paradójico, dado que todos ellos juraron respetar y defender la declaración de principios de su agrupación, la cual clara y tajantemente rechaza cualquiera intento –abierto o disfrazado, total o parcial– privatizador en materia energética.
Así, el debate petrolero en el Senado de la República se ha convertido en la agencia funeraria en donde se vela el cadáver de la “reforma” calderonista. De ese foro deben surgir propuestas sólidas y concretas que fortalezcan la actividad petrolera en beneficio de los mexicanos, no del capital privado, al tiempo que vigoricen a Pemex como impulsor del crecimiento y el desarrollo nacionales.
Aun así, no todos los muertos se enteran de su propio deceso y se aferran ante lo obvio. De ello da cuenta el más reciente “añadido” que el inquilino de Los Pinos envío al Senado de la República, una suerte de sexta “iniciativa” en materia petrolera y relativa a las obligaciones fiscales, que se une a las cinco anteriores, las del pasado 8 de abril, y que sólo confirma, por si hubiera alguna duda, que su “reforma” carece de mayor objetivo que no sea privilegiar y beneficiar al capital privado que potencial cuan idílicamente participaría en el sector petrolero nacional.
Este “añadido” al cadáver resume el proceder de sus cuatro antecesores en Los Pinos en materia fiscal: para “combatir” la raquítica captación de impuestos, el gobierno reduce la carga impositiva a los sectores privilegiados, les crea regímenes especiales a la medida o cancela créditos que el fisco generosamente concedió a esos grupos de alto poder económico con creciente poder político. Que paguen todos, menos ellos. La relación de sectores y empresas tocadas por la gracias fiscal es creciente, por mucho que los beneficiarios sean muy pocos y los resultados para el país desastrosos.
No hace mucho el doctor Agustín Carstens amenazaba a los mexicanos de a pie que si el Congreso no aprobaba la “reforma” calderonista en materia de petróleo el gobierno aumentaría los impuestos o reduciría el gasto social. Que lo entendieran bien, porque el horno no estaba para bollos, y que si nos les gustaba la “solución” hicieran la maleta y se fueran para otra parte.
Ahora nos enteramos, por medio de la “sexta” parte de la iniciativa calderonista, que pasarían a cuchillo a los mexicanos (“más impuestos o menor gasto social”), pero que, sonrientes y serviciales, les urge incorporar a esos potenciales inversionistas privados al selecto cuan espléndido paraíso fiscal en que han convertido al país. Todo en aras de “modernizar” a la industria petrolera nacional.
La “sexta” de Calderón pretende “crear un régimen fiscal especial y competitivo para que particulares participen en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en la zona del Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México, con reducción de impuestos de entre 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos en la actualidad. Es una propuesta (…) con miras a ‘incentivar la inversión’ (privada). Plantea reducir la carga fiscal a las empresas extranjeras que perforen en busca de petróleo en esas zonas y se les permite también mayores márgenes para deducir impuestos, que serán de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas, en el caso de los yacimientos en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en los campos de Chicontepec. El pago que Pemex hará a los consorcios perforadores, con los que se firmarán contratos de desempeño, será con base en el volumen del yacimiento y el precio del barril de petróleo en el mercado mundial” (La Jornada). Se trata, en síntesis, de privilegiar al capital privado en materia fiscal para que se lleve las ganancias limpias de polvo y paja, mientras refuerzan el régimen de expoliación a la paraestatal y los mexicanos pagan los costos.
En el cadavérico paquete calderonista de “reforma” ni de lejos se aborda uno de los aspectos fundamentales para resolver la inanición financiera que han provocado en Pemex: una reforma fiscal real, amplia, de fondo, que elimine los regímenes especiales y demás gracias concedidas al gran capital, nacional y foráneo, que han promovido la expoliación de Petróleos Mexicanos (como ellos no pagan, de alguna parte hay que sacar dinero), el inequitativo reparto de la carga tributaria y la acumulación de fortunas insultantes, amén de convertir al país en uno de los que menor captación reporta en este renglón a nivel mundial. Si no se incorpora este elemento al análisis y a las decisiones, de poco servirían las modificaciones en la industria petrolera y su relación con el crecimiento y el desarrollo nacionales.
Las rebanadas del pastel
Las dos varas: el fisco “retiene” a Pemex 103 por ciento de sus utilidades; paralelamente, autoriza a los grandes grupos privados del país una evasión anual “legal”, por medio de los regímenes especiales, cercana a 500 mil millones de pesos, más la suculenta cancelación, también anual, de miles de millones en “créditos fiscales”. Entonces, si no se resuelve esta aberración sólo seguiremos dando vueltas a la noria.
■ La palabra empeñada de Beatriz Paredes
■ Calderón envía cadáveres al Senado
Si la dirigente nacional priísta, Beatriz Paredes, cumple la palabra empeñada en el debate que se desarrolla en el Senado de la República y con ello honra la declaración de principios de su partido, la “reforma” calderonista para la industria petrolera está más que muerta, y su cadáver sólo pernocta en Xicoténcatl en espera de cabal sepultura. Ello no sólo por la valiosa intervención de la tlaxcalteca, sino por algo más elemental: sin los votos tricolores, tal “reforma” simple y sencillamente no pasa. Y los tres “no” de la Paredes apuntan en tal dirección.
El sentido del voto del conjunto de partidos agrupados en el FAP, al igual que el de los panistas, está más que definido, pero ninguna de las dos fuerzas políticas es autosuficiente para cancelar o sacar adelante la intentona privatizadora del inquilino de Los Pinos e intereses que representa. Ambas requieren de la negativa o afirmativa tricolor, en el que diputados y senadores manifiestan posiciones encontradas (especialmente si se considera la cúpula legislativa que ha acostumbrado vender cada vez más caro su amor), lo que resulta paradójico, dado que todos ellos juraron respetar y defender la declaración de principios de su agrupación, la cual clara y tajantemente rechaza cualquiera intento –abierto o disfrazado, total o parcial– privatizador en materia energética.
Así, el debate petrolero en el Senado de la República se ha convertido en la agencia funeraria en donde se vela el cadáver de la “reforma” calderonista. De ese foro deben surgir propuestas sólidas y concretas que fortalezcan la actividad petrolera en beneficio de los mexicanos, no del capital privado, al tiempo que vigoricen a Pemex como impulsor del crecimiento y el desarrollo nacionales.
Aun así, no todos los muertos se enteran de su propio deceso y se aferran ante lo obvio. De ello da cuenta el más reciente “añadido” que el inquilino de Los Pinos envío al Senado de la República, una suerte de sexta “iniciativa” en materia petrolera y relativa a las obligaciones fiscales, que se une a las cinco anteriores, las del pasado 8 de abril, y que sólo confirma, por si hubiera alguna duda, que su “reforma” carece de mayor objetivo que no sea privilegiar y beneficiar al capital privado que potencial cuan idílicamente participaría en el sector petrolero nacional.
Este “añadido” al cadáver resume el proceder de sus cuatro antecesores en Los Pinos en materia fiscal: para “combatir” la raquítica captación de impuestos, el gobierno reduce la carga impositiva a los sectores privilegiados, les crea regímenes especiales a la medida o cancela créditos que el fisco generosamente concedió a esos grupos de alto poder económico con creciente poder político. Que paguen todos, menos ellos. La relación de sectores y empresas tocadas por la gracias fiscal es creciente, por mucho que los beneficiarios sean muy pocos y los resultados para el país desastrosos.
No hace mucho el doctor Agustín Carstens amenazaba a los mexicanos de a pie que si el Congreso no aprobaba la “reforma” calderonista en materia de petróleo el gobierno aumentaría los impuestos o reduciría el gasto social. Que lo entendieran bien, porque el horno no estaba para bollos, y que si nos les gustaba la “solución” hicieran la maleta y se fueran para otra parte.
Ahora nos enteramos, por medio de la “sexta” parte de la iniciativa calderonista, que pasarían a cuchillo a los mexicanos (“más impuestos o menor gasto social”), pero que, sonrientes y serviciales, les urge incorporar a esos potenciales inversionistas privados al selecto cuan espléndido paraíso fiscal en que han convertido al país. Todo en aras de “modernizar” a la industria petrolera nacional.
La “sexta” de Calderón pretende “crear un régimen fiscal especial y competitivo para que particulares participen en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en la zona del Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México, con reducción de impuestos de entre 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos en la actualidad. Es una propuesta (…) con miras a ‘incentivar la inversión’ (privada). Plantea reducir la carga fiscal a las empresas extranjeras que perforen en busca de petróleo en esas zonas y se les permite también mayores márgenes para deducir impuestos, que serán de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas, en el caso de los yacimientos en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en los campos de Chicontepec. El pago que Pemex hará a los consorcios perforadores, con los que se firmarán contratos de desempeño, será con base en el volumen del yacimiento y el precio del barril de petróleo en el mercado mundial” (La Jornada). Se trata, en síntesis, de privilegiar al capital privado en materia fiscal para que se lleve las ganancias limpias de polvo y paja, mientras refuerzan el régimen de expoliación a la paraestatal y los mexicanos pagan los costos.
En el cadavérico paquete calderonista de “reforma” ni de lejos se aborda uno de los aspectos fundamentales para resolver la inanición financiera que han provocado en Pemex: una reforma fiscal real, amplia, de fondo, que elimine los regímenes especiales y demás gracias concedidas al gran capital, nacional y foráneo, que han promovido la expoliación de Petróleos Mexicanos (como ellos no pagan, de alguna parte hay que sacar dinero), el inequitativo reparto de la carga tributaria y la acumulación de fortunas insultantes, amén de convertir al país en uno de los que menor captación reporta en este renglón a nivel mundial. Si no se incorpora este elemento al análisis y a las decisiones, de poco servirían las modificaciones en la industria petrolera y su relación con el crecimiento y el desarrollo nacionales.
Las rebanadas del pastel
Las dos varas: el fisco “retiene” a Pemex 103 por ciento de sus utilidades; paralelamente, autoriza a los grandes grupos privados del país una evasión anual “legal”, por medio de los regímenes especiales, cercana a 500 mil millones de pesos, más la suculenta cancelación, también anual, de miles de millones en “créditos fiscales”. Entonces, si no se resuelve esta aberración sólo seguiremos dando vueltas a la noria.
posted by H2AGUA at
10:15 a.m.
