La guerra inútil de los cuatro mil muertos
Ricardo Monreal
A casi año y medio de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada, hay tres verdades evidentes: una, el gobierno tomó la decisión correcta al confrontar sin miramientos el crimen; dos, sin embargo la estrategia adoptada ha sido incorrecta: dar de escobazos al avispero y poner elefantes a cazar ratones; tres, no puede haber marcha atrás en la decisión, pero sí debe haber revisión de resultados y esquemas.
El país vive la mayor ola de violencia criminal en tiempos de “paz social”. Cuatro mil muertos en 16 meses; 250 ejecuciones por mes; ocho por día. Casi los niveles de muerte en Irak. El gobierno señala que es el resultado de la lucha contra el crimen organizado. Que su estrategia es correcta y está dando resultados. Los miles de muertos son la prueba de que se avanza por el camino adecuado. Si hay más ejecuciones es porque antes no se combatía el crimen organizado con la determinación de ahora.
Este argumento es una falacia. Los muertos no responden a enfrentamientos entre la delincuencia y las fuerzas del Estado. Son producto del choque entre pandillas criminales, donde las autoridades reducen su papel a simples cronistas del México rojo, a levantadores de muertos y a simples “testigos judiciales” de actos criminales.
Si la embestida oficial estuviese ganando terreno, quienes habrían emprendido la huída de las ciudades y del país serían los narcotraficantes, no los policías municipales, estatales y federales que están renunciando a sus cargos y hasta asilo político han solicitado algunos de ellos a los Estados Unidos.
Si la guerra contra el narco estuviese en la dirección correcta, los cárteles se estarían resquebrajando, pulverizando y atomizando. Por el contrario, disponen de tiempo, espacio y recursos para reorganizarse, reagruparse y formar “megacárteles”.
Si la estrategia fuese la adecuada, el gobierno no se sentiría desesperado, abandonado y traicionado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad misma. El “¡Ya basta!” lanzado desde Los Pinos hace unos días no tuvo por destinatario a los delincuentes, sino a los ciudadanos que supuestamente somos los beneficiarios de esa guerra sin cuartel.
Fue una advertencia ominosa e intimidatoria: Cuidado con aquellos legisladores que no están dispuestos a aprobar leyes que sacrifican libertades ciudadanas y garantías individuales a favor de más seguridad. Cuidado con aquellos jueces formalistas que dejan en libertad a delincuentes por errores en las consignaciones de los ministerios públicos. Cuidado con los medios de comunicación que al difundir día con día los baños de sangre del crimen organizado, aterrorizan a la opinión pública y le hacen el juego a la delincuencia. Cuidado con los ciudadanos que al atemorizarse con esta violencia criminal prefieren guardar silencio, hacerse de la vista gorda, y convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia. Cuidado con todos aquellos que nos critican.
Otros indicadores para afirmar que la estrategia no está dando los resultados esperados son los siguientes. ¿Qué impacto han tenido en el mercado ilícito de drogas y lavado de dinero los golpes al narcotráfico en México? Imperceptible. Las dosis de droga al menudeo siguen costando lo mismo en las calles de Estados Unidos y México antes de esta guerra, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que el envío de remesas a México por concepto de venta ilícita de droga creció en 2007 con relación a los años anteriores (más de 10 mmdd).
¿Cuáles son los efectos en términos de salud pública? La drogadicción ha crecido entre los jóvenes ha razón de 30% anual (es decir, en 2007 se reportaron y atendieron 30% más de casos de drogadicción juvenil con relación al 2006). En tanto que la violencia pasó del quinto al tercer lugar como causa de mortalidad en el país.
¿Cuál es el balance en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho y de seguridad ciudadana? De las casi cuatro mil ejecuciones registradas durante esta guerra no convencional, en el 98% de los casos no hay detenidos o procesados. Es decir, los índices de impunidad siguen intocados. Mientras que en términos de derechos ciudadanos asistimos a la “guantanamización” de las garantías individuales, es decir, a la generalización de las detenciones por excepción y arrestos preventivos, así como al crecimiento de denuncias contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones y abusos a las garantías fundamentales (634 quejas durante la actual administración, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta guerra, en términos estrictamente presupuestales? Un cálculo conservador del costo de movilización y mantenimiento de las tropas y cuerpos policiales en estos 16 meses nos habla de 10 mil millones de pesos, mientras que los decomisos en efectivo y en especie ascienden a 2,500 mdp según los escasos reportes oficiales. Sobre las cifras de detenidos en estos operativos hay serias divergencias oficiales. Mientras el señor Felipe Calderón informó en su última gira a los Estados Unidos de 22 mil personas, la Sedena reconoce sólo 4 mil 763 detenidos.
¿Se contuvo la amenaza de infiltración del narcotráfico en la política? No. A lo largo de 2007 trascendió en la opinión pública la creciente participación de bandas del narcotráfico en algunas campañas electorales para presidencias municipales, mediante apoyos económicos, logísticos, de seguridad y hasta de espionaje político a candidatos de diversos partidos políticos. Se habló de casos en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El hecho fue reconocido por el mismo procurador general de la República.
Por estos indicadores elementales se puede concluir que la “guerra no convencional” diseñada y operada por la actual administración es militar, económica y socialmente inútil. Mientras más efectivos hay en las calles, más narcoejecuciones se presentan.
Mientras más alto es el presupuesto en materia de seguridad pública, más avanza la violencia como fenómeno social. Y mientras más se endurece la Constitución y la legislación penal, más alta es la impunidad. Algo anda mal en esta “guerra no convencional” y no son únicamente errores de operación, sino de conceptualización misma. Con esta forma de enfrentar a las bandas delincuenciales, donde se combaten los efectos, no las causas, nunca ganaremos la guerra a la delincuencia organizada, los muertos seguirán creciendo insensiblemente a niveles de genocidio, las avispas terminarán por someter al cazador y los ratones por hacer huir en estampida a los elefantes.
A casi año y medio de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada, hay tres verdades evidentes: una, el gobierno tomó la decisión correcta al confrontar sin miramientos el crimen; dos, sin embargo la estrategia adoptada ha sido incorrecta: dar de escobazos al avispero y poner elefantes a cazar ratones; tres, no puede haber marcha atrás en la decisión, pero sí debe haber revisión de resultados y esquemas.
El país vive la mayor ola de violencia criminal en tiempos de “paz social”. Cuatro mil muertos en 16 meses; 250 ejecuciones por mes; ocho por día. Casi los niveles de muerte en Irak. El gobierno señala que es el resultado de la lucha contra el crimen organizado. Que su estrategia es correcta y está dando resultados. Los miles de muertos son la prueba de que se avanza por el camino adecuado. Si hay más ejecuciones es porque antes no se combatía el crimen organizado con la determinación de ahora.
Este argumento es una falacia. Los muertos no responden a enfrentamientos entre la delincuencia y las fuerzas del Estado. Son producto del choque entre pandillas criminales, donde las autoridades reducen su papel a simples cronistas del México rojo, a levantadores de muertos y a simples “testigos judiciales” de actos criminales.
Si la embestida oficial estuviese ganando terreno, quienes habrían emprendido la huída de las ciudades y del país serían los narcotraficantes, no los policías municipales, estatales y federales que están renunciando a sus cargos y hasta asilo político han solicitado algunos de ellos a los Estados Unidos.
Si la guerra contra el narco estuviese en la dirección correcta, los cárteles se estarían resquebrajando, pulverizando y atomizando. Por el contrario, disponen de tiempo, espacio y recursos para reorganizarse, reagruparse y formar “megacárteles”.
Si la estrategia fuese la adecuada, el gobierno no se sentiría desesperado, abandonado y traicionado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad misma. El “¡Ya basta!” lanzado desde Los Pinos hace unos días no tuvo por destinatario a los delincuentes, sino a los ciudadanos que supuestamente somos los beneficiarios de esa guerra sin cuartel.
Fue una advertencia ominosa e intimidatoria: Cuidado con aquellos legisladores que no están dispuestos a aprobar leyes que sacrifican libertades ciudadanas y garantías individuales a favor de más seguridad. Cuidado con aquellos jueces formalistas que dejan en libertad a delincuentes por errores en las consignaciones de los ministerios públicos. Cuidado con los medios de comunicación que al difundir día con día los baños de sangre del crimen organizado, aterrorizan a la opinión pública y le hacen el juego a la delincuencia. Cuidado con los ciudadanos que al atemorizarse con esta violencia criminal prefieren guardar silencio, hacerse de la vista gorda, y convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia. Cuidado con todos aquellos que nos critican.
Otros indicadores para afirmar que la estrategia no está dando los resultados esperados son los siguientes. ¿Qué impacto han tenido en el mercado ilícito de drogas y lavado de dinero los golpes al narcotráfico en México? Imperceptible. Las dosis de droga al menudeo siguen costando lo mismo en las calles de Estados Unidos y México antes de esta guerra, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que el envío de remesas a México por concepto de venta ilícita de droga creció en 2007 con relación a los años anteriores (más de 10 mmdd).
¿Cuáles son los efectos en términos de salud pública? La drogadicción ha crecido entre los jóvenes ha razón de 30% anual (es decir, en 2007 se reportaron y atendieron 30% más de casos de drogadicción juvenil con relación al 2006). En tanto que la violencia pasó del quinto al tercer lugar como causa de mortalidad en el país.
¿Cuál es el balance en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho y de seguridad ciudadana? De las casi cuatro mil ejecuciones registradas durante esta guerra no convencional, en el 98% de los casos no hay detenidos o procesados. Es decir, los índices de impunidad siguen intocados. Mientras que en términos de derechos ciudadanos asistimos a la “guantanamización” de las garantías individuales, es decir, a la generalización de las detenciones por excepción y arrestos preventivos, así como al crecimiento de denuncias contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones y abusos a las garantías fundamentales (634 quejas durante la actual administración, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta guerra, en términos estrictamente presupuestales? Un cálculo conservador del costo de movilización y mantenimiento de las tropas y cuerpos policiales en estos 16 meses nos habla de 10 mil millones de pesos, mientras que los decomisos en efectivo y en especie ascienden a 2,500 mdp según los escasos reportes oficiales. Sobre las cifras de detenidos en estos operativos hay serias divergencias oficiales. Mientras el señor Felipe Calderón informó en su última gira a los Estados Unidos de 22 mil personas, la Sedena reconoce sólo 4 mil 763 detenidos.
¿Se contuvo la amenaza de infiltración del narcotráfico en la política? No. A lo largo de 2007 trascendió en la opinión pública la creciente participación de bandas del narcotráfico en algunas campañas electorales para presidencias municipales, mediante apoyos económicos, logísticos, de seguridad y hasta de espionaje político a candidatos de diversos partidos políticos. Se habló de casos en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El hecho fue reconocido por el mismo procurador general de la República.
Por estos indicadores elementales se puede concluir que la “guerra no convencional” diseñada y operada por la actual administración es militar, económica y socialmente inútil. Mientras más efectivos hay en las calles, más narcoejecuciones se presentan.
Mientras más alto es el presupuesto en materia de seguridad pública, más avanza la violencia como fenómeno social. Y mientras más se endurece la Constitución y la legislación penal, más alta es la impunidad. Algo anda mal en esta “guerra no convencional” y no son únicamente errores de operación, sino de conceptualización misma. Con esta forma de enfrentar a las bandas delincuenciales, donde se combaten los efectos, no las causas, nunca ganaremos la guerra a la delincuencia organizada, los muertos seguirán creciendo insensiblemente a niveles de genocidio, las avispas terminarán por someter al cazador y los ratones por hacer huir en estampida a los elefantes.
posted by H2AGUA at
3:16 p.m.
