Casinos, el lado oscuro de Gobernación

Rumbo de México

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a la Secretaría de Gobernación para evitar la obligación de entregar información a la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, respecto al otorgamiento de permisos para centros de apuestas en los dos últimos meses del sexenio pasado. Con este hecho se da por descontado que en el espinoso asunto de los casinos existe un lado oscuro que de publicitarse resultaría de enorme costo político no tan sólo para el Partido Acción Nacional, sino para la propia Presidencia de la República ya que en algunos lugares del país, principalmente en el norte, corre el rumor de que con el producto de dichas concesiones se pagaron gran parte de las campañas del 2006. Con todo y el deslinde que el Municipio de Monterrey realizó sobre el tema de los casinos en días pasados, en esta columna consignamos la semana pasada la lista de parientes del Alcalde Adalberto Madero Quiroga inmiscuidos en este tipo de negocios de los que abrieron uno más el fin de semana pasado en el Municipio de San Pedro, en la zona conurbada de Monterrey. Curiosamente Madero Quiroga también militante del PAN.

Ernesto Cerda Serna, Presidente del Consejo de Convergencia en Nuevo León, ha reiterado su denuncia por presuntos actos de corrupción por parte de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, al seguir otorgando permisos para la instalación de casinos, además de negarse a dar información a un cuerpo colegiado como es el Congreso de la Unión. La primera acción que ha llevado a cabo su partido ha sido el volanteo en el primer cuadro de Monterrey, además de que presentarán una denuncia pública ante el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, ya que asegura que el costo de cada permiso que es de 2 millones 600 mil dólares, llega directamente al Partido Acción Nacional, además de que el Alcalde Madero está utilizando el mismo esquema para fondear su presunta candidatura a la gubernatura regia.

Corre la versión de que la señora Martha Sahagún promovió la adjudicación de algunos permisos a connotados empresarios que le servirían de prestanombres a cambio de los llamados “combos”, para que sus estaciones de Amplitud Modulada pudieran ser incluidas en la Frecuencia Modulada. No se cuantas concesiones radiofónicas prometería la ex Primera Dama, pero después de que la Corte enmendó la plana a la llamada “ley Televisa”, el trato se deshizo. Eso explica que Eventos Festivos, S. A. de C. V., del “Grupo Empresarial Angeles Holdings”, cuyos propietarios visibles son Olegario Vázquez Aldir, José Luis Alverdi González y José Collazo, esté ofreciendo en venta su franquicia por la suma de 40 millones de dólares.

Por lo que corresponde al recurso interpuesto por la Secretaría de Gobernación para no entregar información a la Auditoria Superior de la Federación con el pretexto de que éste órgano no tiene autorización para la revisión de programas, me parece que no es un argumento válido cuando de lo que se trata es de limpiar la imagen de la dependencia encargada de la conducción de la política interna del país. No creo que con este recurso amainen las críticas por el oscuro manejo que de los centros de apuesta se ha hecho en la dependencia encabezada por Francisco Ramírez Acuña, por el contrario, la sospecha de corrupción se pudiera dar por confirmada ante el inusitado interés por negar información al órgano encargado de la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos. Quizá lo que se teme es que casos como el que relato en líneas anteriores sean corroborados y se desate otra andanada mediática contra el ex Presidente Vicente Fox.

Creo que Francisco Ramírez Acuña tiene bastantes problemas ya como para seguir engrosando la lista de pendientes. La política interior no ha caminado en el rumbo deseado por el Presidente Calderón ya que la interlocución la ha tenido que realizar de forma personal en la mayor parte de las veces. Tampoco se ha mostrado eficiencia en el resguardo de la seguridad nacional, y no me refiero únicamente a los problemas que se tienen con el Ejército Popular Revolucionario, sino a los que se están generando con la participación de los cárteles de la droga en la operación de los casinos ilegales como una forma de lavado de dinero.

No se puede ocultar el sol con un dedo, los centros de apuesta siguen proliferando en casi todo el país y la única dependencia facultada para la regulación y sanción es la Secretaría de Gobernación, pero al dejar hacer y dejar pasar no tan sólo entra en una fase de complicidad, sino que abdica de su responsabilidad a la vez que incumple con la ley y con el mandato presidencial de privilegiar la vigencia del estado de derecho.

De seguir así las cosas, lo previsible es que la situación que ya de por si es caótica, se agrave en grado tal que se tenga que solicitar la intervención del ejército para imponer la legalidad. Por ahora algunos tenedores de licencias han sido amenazados por el crimen organizado para que vendan, y en algunos lugares obligados a pagar el “derecho de piso” para seguir operando. Es tiempo de que nuestros legisladores comiencen a pensar seriamente en la estructuración de una ley que supla las complicidades generadas por el reglamento que realizó a modo el ahora senador Santiago Creel Miranda, ese que casi en su totalidad le avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, Alberto Cerda presentará hoy una denuncia ante la PGR contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Al tiempo.