Cambiamos para seguir iguales
Todo está como antes
Lorenzo Meyer
Lampedusa. Es frecuente oír decir que si Franz Kafka hubiera nacido en México hubiera sido un escritor costumbrista. Pues bien, si el príncipe Guiseppe Tomasi di Lampedusa, autor de “El gatopardo” no hubiera nacido en Palermo a fines del siglo XIX, sino en el México actual, también hubiera podido escribir una novela muy similar a la que le dio fama póstuma. Como se recordará, el tema central de “El Gatopardo” no es otro que lo aparente de un proceso de cambio político —la modificación de las formas de gobierno en Sicilia y de Italia—, pero que finalmente desemboca en algo muy similar a lo que había existido antes. Y es que en el México de nuestros días, entre más corre el tiempo más va quedando claro que todo lo que se creía pertenecía al antiguo régimen ha reaparecido en el nuevo.
En la obra de Lampedusa, la vieja aristocracia borbónica de Sicilia de los 1860 pareciera perder sus privilegios como consecuencia de la revolución nacionalista de Guiseppe Garibaldi y de la unificación de Italia. Sin embargo, el personaje central de la novela, Don Fabrizio, un joven aristócrata, realista y oportunista hasta el tuétano, no rechaza el cambio, sino que se une a él para luego proceder, vía un matrimonio fríamente calculado, a integrarse a la nueva clase en el poder y lograr que, en lo esencial, todo quede donde antes estaba.
El México de inicios del siglo XXI pareciera estar lleno de Fabrizios que, a voz en cuello, se han dicho entusiasmados con y por el nuevo orden supuestamente democrático pero que, en la práctica, están logrando que todo siga casi igual al pasado priista, al punto que pueden considerarse nimias las diferencias entre el llamado “nuevo régimen” y el antiguo. Pero dejemos a un lado las generalidades para examinar indicadores muy concretos que demuestran que, finalmente, la dinámica prevaleciente no busca otra cosa que modificar la superficie para que la sustancia del ejercicio del poder siga sin grandes alteraciones.
Una Corte poco suprema. El ejemplo más reciente de que todo se transforma para finalmente mantenerse inalterable lo acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al abordar el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, que a petición de un empresario productor de mezclilla, Kamel Nacif, violó las garantías individuales de una periodista, Lydia Cacho, la mujer que tuvo el atrevimiento y el valor de denunciar con nombres y apellidos al cabecilla y a los cómplices de una red de explotadores sexuales de menores de edad en Quintana Roo.
La evidencia central de la conspiración fue la difusión de una grabación telefónica obtenida ilegalmente, pero que mostró con claridad meridiana que el gobernador y el empresario se habían coludido para arrestar y llevar a juicio en Puebla y con los dados cargados, a la periodista. El objetivo del supuesto juicio, como lo dejó en claro el tono y contenido de la conversación entre gobernador y empresario, era usar lo que en México pasa por justicia para cobrar venganza y acallar a la periodista que había puesto al descubierto las acciones y el modus operandi de un pederasta amigo del empresario.
La grave acusación contra Marín, y sobre la cual la SCJN debía emitir una opinión no sólo estaba basada en la evidencia arrojada por la conferencia telefónica —prueba clara como pocas en nuestra historia reciente de la corrupción producto del contubernio del dinero con el poder político y enmarcado todo por una actividad tan inmoral como es la explotación sexual de los más indefensos—, sino en una investigación llevada al cabo por un miembro de la propia SCJN, el ministro Juan Silva Meza, y que confirmó lo que la conversación interceptada ya había probado sin lugar a duda, pero que por haber sido grabada ilegalmente no podía ser aceptada como prueba: que las garantías individuales de la periodista habían sido violadas gravemente. Sin embargo, contra la evidencia rotunda, el sentido común y el sentido elemental de la justicia, seis de los 10 magistrados presentes votaron contra las conclusiones del informe de Silva Meza y lo justificaron con argumentos tan pobres que no justifican su alto rango —y sus igualmente altos sueldos— en el Poder Judicial. Aun cuando los argumentos son conceptualmente pobres, dejan en claro que, por lo que a la ética se refiere, sí están a la altura de la forma y el contenido de la conversación Marín-Nacif.
Durante la aprehensión y traslado de Lydia Cacho de Quintana Roo a Puebla, los policías judiciales, todos hombres, acosaron sexualmente a la periodista. En un momento, y según testimonio de ella misma, uno de sus captores le espetó: “¿Te gusta meterte con hombres, verdad?”, y acto seguido sacó su arma, le metió el cañón de la pistola en la boca y le advirtió: “Si toses se dispara”. Sin embargo, para la ministra Olga Sánchez Cordero, la conducta de los judiciales poblanos no muestra que se hayan violado los derechos de una mujer decidida a arriesgarse para denunciar un crimen como nunca lo han hecho los magistrados, sino apenas que los traslados de los acusados “no son necesariamente agradables”. En realidad, ante esa argumentación, no es necesario ahondar más para sostener que pese a la acción de una minoría de los magistrados, la SCJN demostró que en el México actual, los ciudadanos siguen indefensos ante la arbitrariedad del poder.
Finalmente, se puede inferir que la decisión de la SCJN no se explica por una supuesta lógica jurídica, sino por una de carácter político: Felipe Calderón necesita que el PRI no suspenda su colaboración con la presidencia y con el PAN, y por eso se comprometieron a salvar al gobernador Marín y mantener su impunidad. Al PRI, por su parte, le tiene sin cuidado el abuso del poder del mandatario poblano. Le es más importante apoyar a uno de los suyos, en particular a uno que en las últimas elecciones locales ganó con “carro completo”.
Elba Esther. Otro ejemplo del no cambio es el sistema educativo. La última prueba que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo a estudiantes mexicanos en 2006 en todos los estados del país, mostró que en su conocimiento de matemáticas, de ciencias y en su capacidad de lectura, los nuestros siguen ocupando el último lugar entre los 30 estados miembros de esa organización. En matemáticas, y en escala de uno a seis, el 56% de los estudiantes mexicanos obtuvieron apenas un punto o menos.
Y lo anterior no fuera ya una pésima noticia, la prueba también mostró que las entidades con peores resultados son precisamente las históricamente atrasadas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco. Así, pues, la evaluación internacional confirma al menos dos cosas: primero, que entre 2000 y 2006, durante “el gobierno del cambio” nada cambió en materia educativa, a pesar de que se tiene plena conciencia que la mejoría en la educación es la clave para que México pueda superar su permanente estado de subdesarrollo. Y segundo, que la polarización regional del desarrollo humano en vez de disminuir, se agrava.
Todos los análisis de la tragedia educativa mexicana, empezando por el de la OCDE misma, coinciden en señalar que el poderoso sindicato que dirige Elba Esther Gordillo es el gran obstáculos para el cambio educativo, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) premia a sus agremiados en función de su utilidad política y no de su capacidad pedagógica. Pero si bien el SNTE está reprobado como institución educativa ha resultado premiado por el gobierno con salarios y prestaciones por ser una excelente maquinaria electoral. Mientras un partido gana las elecciones, el país pierde el futuro.
La larga lista. Y la enumeración de lo que no cambia puede seguir. El PAN ya ha evolucionado a ser partido de un solo hombre, como lo era en su época el PRI. En materia de seguridad y narcotráfico se ha ordenado al ejército tener presencia masiva en ciertas ciudades, pero las cifras de ejecutados por el narcotráfico sigue sin abatirse —2,561 asesinatos en lo que va del año—. Pemex sigue a la deriva y los crímenes políticos del pasado siguen sin castigo. Una red llena de agujeros impide atrapar a los “peces gordos” de la corrupción. Según el IMSS, el empleo crece, pero las cifras nos dicen que lo que aumenta es el empleo precario y mientras tanto los monopolios se mantienen más fuertes que nunca.
Hasta el momento, entre más transcurre el tiempo actual más se parece al que se creía superado. Pese a todo, lo que sí está cambiando es la sociedad; la relación entre ésta y las estructuras corruptas y anquilosadas se hace cada vez más disfuncional. De la necesidad de resolver esa contradicción pudiera surgir un cambio genuino. Ojalá.—
Lorenzo Meyer
Lampedusa. Es frecuente oír decir que si Franz Kafka hubiera nacido en México hubiera sido un escritor costumbrista. Pues bien, si el príncipe Guiseppe Tomasi di Lampedusa, autor de “El gatopardo” no hubiera nacido en Palermo a fines del siglo XIX, sino en el México actual, también hubiera podido escribir una novela muy similar a la que le dio fama póstuma. Como se recordará, el tema central de “El Gatopardo” no es otro que lo aparente de un proceso de cambio político —la modificación de las formas de gobierno en Sicilia y de Italia—, pero que finalmente desemboca en algo muy similar a lo que había existido antes. Y es que en el México de nuestros días, entre más corre el tiempo más va quedando claro que todo lo que se creía pertenecía al antiguo régimen ha reaparecido en el nuevo.
En la obra de Lampedusa, la vieja aristocracia borbónica de Sicilia de los 1860 pareciera perder sus privilegios como consecuencia de la revolución nacionalista de Guiseppe Garibaldi y de la unificación de Italia. Sin embargo, el personaje central de la novela, Don Fabrizio, un joven aristócrata, realista y oportunista hasta el tuétano, no rechaza el cambio, sino que se une a él para luego proceder, vía un matrimonio fríamente calculado, a integrarse a la nueva clase en el poder y lograr que, en lo esencial, todo quede donde antes estaba.
El México de inicios del siglo XXI pareciera estar lleno de Fabrizios que, a voz en cuello, se han dicho entusiasmados con y por el nuevo orden supuestamente democrático pero que, en la práctica, están logrando que todo siga casi igual al pasado priista, al punto que pueden considerarse nimias las diferencias entre el llamado “nuevo régimen” y el antiguo. Pero dejemos a un lado las generalidades para examinar indicadores muy concretos que demuestran que, finalmente, la dinámica prevaleciente no busca otra cosa que modificar la superficie para que la sustancia del ejercicio del poder siga sin grandes alteraciones.
Una Corte poco suprema. El ejemplo más reciente de que todo se transforma para finalmente mantenerse inalterable lo acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al abordar el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, que a petición de un empresario productor de mezclilla, Kamel Nacif, violó las garantías individuales de una periodista, Lydia Cacho, la mujer que tuvo el atrevimiento y el valor de denunciar con nombres y apellidos al cabecilla y a los cómplices de una red de explotadores sexuales de menores de edad en Quintana Roo.
La evidencia central de la conspiración fue la difusión de una grabación telefónica obtenida ilegalmente, pero que mostró con claridad meridiana que el gobernador y el empresario se habían coludido para arrestar y llevar a juicio en Puebla y con los dados cargados, a la periodista. El objetivo del supuesto juicio, como lo dejó en claro el tono y contenido de la conversación entre gobernador y empresario, era usar lo que en México pasa por justicia para cobrar venganza y acallar a la periodista que había puesto al descubierto las acciones y el modus operandi de un pederasta amigo del empresario.
La grave acusación contra Marín, y sobre la cual la SCJN debía emitir una opinión no sólo estaba basada en la evidencia arrojada por la conferencia telefónica —prueba clara como pocas en nuestra historia reciente de la corrupción producto del contubernio del dinero con el poder político y enmarcado todo por una actividad tan inmoral como es la explotación sexual de los más indefensos—, sino en una investigación llevada al cabo por un miembro de la propia SCJN, el ministro Juan Silva Meza, y que confirmó lo que la conversación interceptada ya había probado sin lugar a duda, pero que por haber sido grabada ilegalmente no podía ser aceptada como prueba: que las garantías individuales de la periodista habían sido violadas gravemente. Sin embargo, contra la evidencia rotunda, el sentido común y el sentido elemental de la justicia, seis de los 10 magistrados presentes votaron contra las conclusiones del informe de Silva Meza y lo justificaron con argumentos tan pobres que no justifican su alto rango —y sus igualmente altos sueldos— en el Poder Judicial. Aun cuando los argumentos son conceptualmente pobres, dejan en claro que, por lo que a la ética se refiere, sí están a la altura de la forma y el contenido de la conversación Marín-Nacif.
Durante la aprehensión y traslado de Lydia Cacho de Quintana Roo a Puebla, los policías judiciales, todos hombres, acosaron sexualmente a la periodista. En un momento, y según testimonio de ella misma, uno de sus captores le espetó: “¿Te gusta meterte con hombres, verdad?”, y acto seguido sacó su arma, le metió el cañón de la pistola en la boca y le advirtió: “Si toses se dispara”. Sin embargo, para la ministra Olga Sánchez Cordero, la conducta de los judiciales poblanos no muestra que se hayan violado los derechos de una mujer decidida a arriesgarse para denunciar un crimen como nunca lo han hecho los magistrados, sino apenas que los traslados de los acusados “no son necesariamente agradables”. En realidad, ante esa argumentación, no es necesario ahondar más para sostener que pese a la acción de una minoría de los magistrados, la SCJN demostró que en el México actual, los ciudadanos siguen indefensos ante la arbitrariedad del poder.
Finalmente, se puede inferir que la decisión de la SCJN no se explica por una supuesta lógica jurídica, sino por una de carácter político: Felipe Calderón necesita que el PRI no suspenda su colaboración con la presidencia y con el PAN, y por eso se comprometieron a salvar al gobernador Marín y mantener su impunidad. Al PRI, por su parte, le tiene sin cuidado el abuso del poder del mandatario poblano. Le es más importante apoyar a uno de los suyos, en particular a uno que en las últimas elecciones locales ganó con “carro completo”.
Elba Esther. Otro ejemplo del no cambio es el sistema educativo. La última prueba que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo a estudiantes mexicanos en 2006 en todos los estados del país, mostró que en su conocimiento de matemáticas, de ciencias y en su capacidad de lectura, los nuestros siguen ocupando el último lugar entre los 30 estados miembros de esa organización. En matemáticas, y en escala de uno a seis, el 56% de los estudiantes mexicanos obtuvieron apenas un punto o menos.
Y lo anterior no fuera ya una pésima noticia, la prueba también mostró que las entidades con peores resultados son precisamente las históricamente atrasadas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco. Así, pues, la evaluación internacional confirma al menos dos cosas: primero, que entre 2000 y 2006, durante “el gobierno del cambio” nada cambió en materia educativa, a pesar de que se tiene plena conciencia que la mejoría en la educación es la clave para que México pueda superar su permanente estado de subdesarrollo. Y segundo, que la polarización regional del desarrollo humano en vez de disminuir, se agrava.
Todos los análisis de la tragedia educativa mexicana, empezando por el de la OCDE misma, coinciden en señalar que el poderoso sindicato que dirige Elba Esther Gordillo es el gran obstáculos para el cambio educativo, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) premia a sus agremiados en función de su utilidad política y no de su capacidad pedagógica. Pero si bien el SNTE está reprobado como institución educativa ha resultado premiado por el gobierno con salarios y prestaciones por ser una excelente maquinaria electoral. Mientras un partido gana las elecciones, el país pierde el futuro.
La larga lista. Y la enumeración de lo que no cambia puede seguir. El PAN ya ha evolucionado a ser partido de un solo hombre, como lo era en su época el PRI. En materia de seguridad y narcotráfico se ha ordenado al ejército tener presencia masiva en ciertas ciudades, pero las cifras de ejecutados por el narcotráfico sigue sin abatirse —2,561 asesinatos en lo que va del año—. Pemex sigue a la deriva y los crímenes políticos del pasado siguen sin castigo. Una red llena de agujeros impide atrapar a los “peces gordos” de la corrupción. Según el IMSS, el empleo crece, pero las cifras nos dicen que lo que aumenta es el empleo precario y mientras tanto los monopolios se mantienen más fuertes que nunca.
Hasta el momento, entre más transcurre el tiempo actual más se parece al que se creía superado. Pese a todo, lo que sí está cambiando es la sociedad; la relación entre ésta y las estructuras corruptas y anquilosadas se hace cada vez más disfuncional. De la necesidad de resolver esa contradicción pudiera surgir un cambio genuino. Ojalá.—
posted by H2AGUA at
8:58 p.m.
