DEL EDITORIAL DE LA JORNADA

Recuperar la credibilidad

Con el telón de fondo del reciente escándalo desatado por las versiones sobre la presunta relación entre el dinero confiscado al empresario Zhenli Ye Gon y la campaña presidencial panista del año pasado, el gobierno federal no da indicios de tener en mente otra manera de ganar legitimidad y credibilidad que seguir anunciando acciones contra el narcotráfico. La más reciente, la propuesta presidencial de realizar exámenes antidopaje en escuelas, es por sí sola equívoca y lamentable. Podría tal vez tener sentido si se concluyera, tras un análisis cuidadoso, que no vulnera las garantías individuales, y si la actual administración hubiera desarrollado una estrategia eficaz en el combate y la prevención de las adicciones; por sí solo, el mecanismo de control propuesto es cuestionable, porque las pruebas referidas sólo servirían para exponer a los alumnos que dieran resultados positivos al escarnio social y moral, si no es que al chantaje y a la extorsión por parte de organismos policiales.

Las declaraciones hechas ayer por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en el sentido de que no permitirá chantajes o amenazas contra el Estado mexicano, en clara alusión a las acusaciones de Zhenli, resultan endebles ante un amplio sector de la opinión pública, porque se pronuncian en el contexto de una aguda crisis de credibilidad por parte del gobierno que él encabeza.

Cabe recordar que la actual administración arrastra impugnaciones y suspicacias desde su origen, sobre todo a raíz del desaseo con que el Instituto Federal Electoral manejó los resultados de los comicios del año pasado y del incoherente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio por buena la elección pese a las severas impugnaciones y a las "irregularidades graves" que reconoció en el proceso, sin ordenar un recuento total de los votos que habría despejado las sospechas de un fraude. Por otra parte, el gobierno calderonista ha exhibido falta de claridad y de sensibilidad ante los problemas nacionales: el que las autoridades cumplan o pretendan cumplir con su obligación de combatir a la delincuencia organizada mediante el uso de la fuerza pública no significa que esa sea su única tarea ni que con ello baste para derrotar al narcotráfico. En ese sentido, es visible y lamentable la falta de atención gubernamental a los aspectos no policiales del problema, como la creciente desintegración familiar y social, la pobreza y la marginación exasperantes, y la inveterada y monumental corrupción que aqueja a las dependencias públicas.

En la edición de ayer de La Jornada se dio cuenta de los señalamientos hechos por funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo, sobre la vergonzosa desigualdad social que caracteriza a nuestro país: en México coexisten prominentes integrantes de la lista de Forbes con casi 19 millones de personas que padecen "pobreza alimentaria", es decir, que no cuentan con los recursos mínimos para adquirir la canasta básica de alimentos o, dicho en términos más simples, que pasan hambre.

La responsabilidad por el déficit de origen en la legitimidad del actual gobierno no puede ser atribuida directa ni totalmente a Calderón y a su equipo. En cambio, el desinterés del actual gobierno frente a los problemas sociales y su persistente afán mediático de mostrarse implacable con el narcotráfico, mientras descuida la explosiva problemática social del país, no contribuyen a la superación del lastre político y moral con el que empezó. Si esta administración aspira a extender su autoridad más allá de los estrictos límites legales, a construir legitimidad y credibilidad y a empezar a gobernar más con el consenso que con la fuerza del Estado, debe ir a las causas de los problemas, no limitarse a emprender operaciones espectaculares y de dudosa eficacia para paliar sus efectos.