PLAZA PUBLICA
Miguel Ángel Granados Chapa
Venezuela no, Colombia menos
El gobierno foxista y el Partido Acción Nacional convirtieron al presidente de Venezuela Hugo Chávez en su bestia negra. Lo utilizaron como espantajo para atemorizar a la amplia porción de la sociedad que el año pasado se disponía a votar por Andrés Manuel López Obrador, a quien sin ninguna base objetiva atribuyeron semejanzas con el mandatario venezolano. Como consecuencia, la relación diplomática con el gobierno de Caracas --empeorada de tanto en tanto por las intemperancias verbales de Fox y de Chávez-- se halla en un punto de casi ruptura, sin embajadores acreditados. La animosidad panista contra la república bolivariana se ha extendido a otros sectores con motivo de la caducidad de la licencia para transmitir en televisión abierta de la emisora Radio Caracas TV, licencia que no fue renovada. Puesto que esa medida coincidió con el debate judicial sobre el refrendo de las concesiones de medios electrónicos en México, se reavivó en la porción conservadora de la sociedad el temor causado por el populismo de Chávez, cuyo estilo personal de gobernar, basado en un coloquialismo bravucón, estorba el análisis de las acciones de fondo de su gobierno que, a diferencia del foxista, ha sacado provecho a la excepcional situación del mercado petrolero, que ha dejado amplios márgenes de ganancias a los exportadores de crudo.
Por ahora con menos énfasis, pero con objetivo claro, y al modo del de Washington, el gobierno de Felipe Calderón subraya sus afinidades con Colombia, cuyo presidente Álvaro Uribe ha sido el único gobernante de derecha que triunfó en elecciones en Sudamérica. No obstante que procedió a semejanza de Chávez, impulsando una reforma constitucional que lo beneficiara directamente para ser reelegido, Uribe no es presentado en la sociedad mexicana como un vulgar ambicioso de poder sino como un sensato jefe de Estado que requiere dilatar la duración de su gobierno para consumar sus políticas. El apoyo otorgado a Chávez y a Uribe por los votantes que los han dejado en el poder más tiempo del inicialmente ganado es medido con dos varas desde la perspectiva gubernamental mexicana y los medios de difusión que reproducen sus visiones: a Chávez lo sostiene el populacho engañado y manipulado, mientras que los colombianos que dieron a Uribe un segundo periodo son ciudadanos con sólido criterio que saben lo que quieren, semejantes a los que en nuestro país evitaron la concreción del peligro que se cernía sobre México..
Dada la afinidad entre nuestro gobierno y el de Bogotá, ha sido inevitable comparar con el Plan Colombia la nueva táctica de la diplomacia mexicana en pos de un incremento de ayuda de Washington para el combate al narcotráfico. Sin negar que se propone anudar un vínculo más fuerte en esta materia, al gobierno de Calderón le ha sido fácil negar que se aspire a un Plan México, paralelo y semejante al que lleva el nombre de aquella nación, que no es --al menos en la apariencia-- un proyecto destinado sólo a combatir el narcotráfico (su nombre oficial abarca otros fines: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado).
Para fraguar un plan así, Calderón tendría que reconocer que la situación mexicana se asemeja a la que condujo a Colombia en 1999 a adoptar ese plan que limita su soberanía y convierte al apoyo norteamericano en condición para su supervivencia. En la introducción al plan se formula un diagnóstico que el Gobierno no consideraría aplicable a México:
"No cabe duda que Colombia padece los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial, de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias del Gobierno, y corrupción en la conducta de los sectores público y privado".
Quizá en el enunciado general de los problemas de gobernabilidad podríamos decir que nos aproximamos a la realidad descrita por ese análisis. Pero hay factores centrales en la vida colombiana que no están presentes en México. Además del narcotráfico, que ha fracturado a ese país y producido violencia extrema, se han generado fuerzas de insurgencia y de contrainsurgencia cuyo poder ha significado disminuir la autoridad del Estado en vastas regiones del país. Los grupos paramilitares, por su parte, han actuado en una doble lógica, sujetos a sus posibilidades materiales sobre el terreno, por un lado, y unidos a instancias formales de búsqueda y ejercicio del poder. Actualmente, Uribe enfrenta una crisis política surgida de la explicitación de los nexos políticos y financieros de grupos contrainsurgentes con dirigentes y miembros del partido gobernante. El propio Presidente, antaño gobernador de Antioquia, no escapa a señalamientos sobre la conducta perversa de agentes del Estado que se valen de fuerzas irregulares de cuyas atrocidades resultan cómplices.
Uribe infirió a México un agravio al enviar como embajador a Luis Camilo Osorio, ex fiscal general (cargo similar al del Procurador) que se halla en entredicho por solapar actividades criminales de las fuerzas paramilitares. Sin motivo alguno, el gobierno foxista declaró indeseable al embajador de Cuba. Lo habría en cambio para formular la misma tacha al representante colombiano, aunque las afinidades entre Calderón y Uribe hace imposible pensar en tal descalificación.
Venezuela no es modelo a seguir. Pero mucho menos lo es Colombia.
El gobierno foxista y el Partido Acción Nacional convirtieron al presidente de Venezuela Hugo Chávez en su bestia negra. Lo utilizaron como espantajo para atemorizar a la amplia porción de la sociedad que el año pasado se disponía a votar por Andrés Manuel López Obrador, a quien sin ninguna base objetiva atribuyeron semejanzas con el mandatario venezolano. Como consecuencia, la relación diplomática con el gobierno de Caracas --empeorada de tanto en tanto por las intemperancias verbales de Fox y de Chávez-- se halla en un punto de casi ruptura, sin embajadores acreditados. La animosidad panista contra la república bolivariana se ha extendido a otros sectores con motivo de la caducidad de la licencia para transmitir en televisión abierta de la emisora Radio Caracas TV, licencia que no fue renovada. Puesto que esa medida coincidió con el debate judicial sobre el refrendo de las concesiones de medios electrónicos en México, se reavivó en la porción conservadora de la sociedad el temor causado por el populismo de Chávez, cuyo estilo personal de gobernar, basado en un coloquialismo bravucón, estorba el análisis de las acciones de fondo de su gobierno que, a diferencia del foxista, ha sacado provecho a la excepcional situación del mercado petrolero, que ha dejado amplios márgenes de ganancias a los exportadores de crudo.
Por ahora con menos énfasis, pero con objetivo claro, y al modo del de Washington, el gobierno de Felipe Calderón subraya sus afinidades con Colombia, cuyo presidente Álvaro Uribe ha sido el único gobernante de derecha que triunfó en elecciones en Sudamérica. No obstante que procedió a semejanza de Chávez, impulsando una reforma constitucional que lo beneficiara directamente para ser reelegido, Uribe no es presentado en la sociedad mexicana como un vulgar ambicioso de poder sino como un sensato jefe de Estado que requiere dilatar la duración de su gobierno para consumar sus políticas. El apoyo otorgado a Chávez y a Uribe por los votantes que los han dejado en el poder más tiempo del inicialmente ganado es medido con dos varas desde la perspectiva gubernamental mexicana y los medios de difusión que reproducen sus visiones: a Chávez lo sostiene el populacho engañado y manipulado, mientras que los colombianos que dieron a Uribe un segundo periodo son ciudadanos con sólido criterio que saben lo que quieren, semejantes a los que en nuestro país evitaron la concreción del peligro que se cernía sobre México..
Dada la afinidad entre nuestro gobierno y el de Bogotá, ha sido inevitable comparar con el Plan Colombia la nueva táctica de la diplomacia mexicana en pos de un incremento de ayuda de Washington para el combate al narcotráfico. Sin negar que se propone anudar un vínculo más fuerte en esta materia, al gobierno de Calderón le ha sido fácil negar que se aspire a un Plan México, paralelo y semejante al que lleva el nombre de aquella nación, que no es --al menos en la apariencia-- un proyecto destinado sólo a combatir el narcotráfico (su nombre oficial abarca otros fines: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado).
Para fraguar un plan así, Calderón tendría que reconocer que la situación mexicana se asemeja a la que condujo a Colombia en 1999 a adoptar ese plan que limita su soberanía y convierte al apoyo norteamericano en condición para su supervivencia. En la introducción al plan se formula un diagnóstico que el Gobierno no consideraría aplicable a México:
"No cabe duda que Colombia padece los problemas de un Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial, de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias instancias del Gobierno, y corrupción en la conducta de los sectores público y privado".
Quizá en el enunciado general de los problemas de gobernabilidad podríamos decir que nos aproximamos a la realidad descrita por ese análisis. Pero hay factores centrales en la vida colombiana que no están presentes en México. Además del narcotráfico, que ha fracturado a ese país y producido violencia extrema, se han generado fuerzas de insurgencia y de contrainsurgencia cuyo poder ha significado disminuir la autoridad del Estado en vastas regiones del país. Los grupos paramilitares, por su parte, han actuado en una doble lógica, sujetos a sus posibilidades materiales sobre el terreno, por un lado, y unidos a instancias formales de búsqueda y ejercicio del poder. Actualmente, Uribe enfrenta una crisis política surgida de la explicitación de los nexos políticos y financieros de grupos contrainsurgentes con dirigentes y miembros del partido gobernante. El propio Presidente, antaño gobernador de Antioquia, no escapa a señalamientos sobre la conducta perversa de agentes del Estado que se valen de fuerzas irregulares de cuyas atrocidades resultan cómplices.
Uribe infirió a México un agravio al enviar como embajador a Luis Camilo Osorio, ex fiscal general (cargo similar al del Procurador) que se halla en entredicho por solapar actividades criminales de las fuerzas paramilitares. Sin motivo alguno, el gobierno foxista declaró indeseable al embajador de Cuba. Lo habría en cambio para formular la misma tacha al representante colombiano, aunque las afinidades entre Calderón y Uribe hace imposible pensar en tal descalificación.
Venezuela no es modelo a seguir. Pero mucho menos lo es Colombia.